La oposición había convocado a una sesión en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70, el decreto de desregulación económica firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, pero no logró reunir el quórum necesario. El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, interpretó ese resultado como una muestra de respaldo de los gobernadores a la agenda del oficialismo. Según planteó, una eventual derogación del decreto habría significado volver a regulaciones que, a su entender, perjudicaron el mercado de alquileres y frenaron la actividad económica.

En diálogo con Radio Mitre, Santilli ubicó al decreto, junto con la Ley Bases, entre las herramientas centrales de la gestión nacional, y afirmó que permitió modificar normas que, según su visión, limitaban la actividad económica y la llegada de inversiones.

“No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”, afirmó en referencia a la sesión que impulsaba la oposición.

El funcionario cuestionó especialmente la posibilidad de que se revirtiera la derogación de la anterior ley de alquileres, a la que responsabilizó por la caída de la oferta de viviendas y el encarecimiento de los contratos. “El DNU 70 trajo muchas soluciones a un país que estaba regulado, lleno de problemas y que no te permitía desenvolverte”, sostuvo. También mencionó el acceso al servicio de internet satelital Starlink, incluido en el decreto, y señaló que la conectividad en zonas rurales puede favorecer la radicación de trabajadores y las actividades vinculadas al campo.

Consultado por el vínculo con los mandatarios aliados o dialoguistas, Santilli aseguró que el Ejecutivo acompaña los proyectos productivos de las provincias y enumeró iniciativas mineras, energéticas e industriales que, según dijo, generarán empleo en distintas regiones.

“Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”, enfatizó.

Como ejemplo, citó una recorrida por la zona limítrofe entre Salta y Catamarca, donde destacó un acuerdo entre ambas provincias para el cobro de regalías mineras y la inauguración de una segunda planta de la firma coreana Posco, que según sus declaraciones prevé más de 1.200 puestos de trabajo.

En clave política, el jefe de Gabinete advirtió a los gobernadores sobre un eventual regreso del kirchnerismo, al que atribuyó la intención de revisar los regímenes de promoción de inversiones. “Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores, que el kirchnerismo viene diciendo que va a revisar y retroceder en los regímenes de inversiones. Entonces, yo pregunto: ¿qué va a pasar con Neuquén y Río Negro?”, planteó, y sumó como ejemplos a Córdoba, Santa Fe, San Juan y Salta.

Santilli se mostró optimista respecto de que el Congreso avance con la reforma electoral que busca suspender las primarias, a las que criticó por su costo y por la cantidad de veces que obligan a votar. “¿Qué diputado y senador va a estar en frente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces?”, se preguntó, y estimó que una elección primaria puede costar 200 millones de dólares para definir candidaturas internas de los partidos.

“Yo creo que va a funcionar. Vamos a tener reforma electoral”, expresó.

Para respaldar esa expectativa, recordó que el Gobierno logró aprobar otros proyectos cuya viabilidad parlamentaria había sido puesta en duda, como la reforma laboral y cambios en materia de seguridad.

El funcionario también fue consultado por los desmanes registrados en las inmediaciones del Congreso durante la movilización por el financiamiento universitario. Repudió a quienes protagonizaron hechos de violencia y los diferenció del reclamo educativo.

“Repudio totalmente a los delincuentes violentos, estos energúmenos que van a las marchas a agredir, a tirar piedras, a romper todo”, afirmó.

En defensa de la política universitaria del Gobierno, Santilli sostuvo que el presupuesto para las casas de estudio en 2024 aumentó un 270 por ciento respecto de 2023, que se canceló una deuda de 10.000 millones de pesos y que los fondos para hospitales universitarios pasaron de 7.000 millones a más de 100.000 millones de pesos. Ante las críticas opositoras por el cumplimiento de la ley de financiamiento, aseguró: “Hemos cumplido el 100 % de la cautelar”, y aclaró que otros aspectos de la norma siguen en discusión judicial.

Para cerrar, vinculó las protestas y los cuestionamientos al Gobierno con un intento de desestabilización. “Lo que parece es que tuvieran temor a la competencia. Entonces, lo que necesitan es desestabilizar, romper la calle”, concluyó.

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió este martes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para analizar los temas de la agenda conjunta entre la Nación y la provincia, además de los proyectos legislativos sobre el Presupuesto 2027 y la Reforma Política.

Durante el encuentro, Frigerio y Santilli conversaron sobre el Presupuesto 2027, la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos y una propuesta de mejora tarifaria para el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, que en caso de concretarse permitiría contar con fondos para nuevas obras en la provincia.

Además, ambos funcionarios hicieron un seguimiento de obras que ya están en ejecución: los avances en la Ruta 18, el sistema de tratamiento de afluentes y efluentes cloacales de Villaguay y la nueva planta potabilizadora de agua de Concordia.

El diputado nacional Esteban Paulón intimó al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que dé cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario. En la presentación, el legislador le recordó el fallo de la Corte Suprema de Justicia y le exigió que informe de manera fehaciente el cronograma y los plazos de ejecución de la norma "sin trampas ni atajos".

"Tres jefes de Gabinete y la misma ley sin cumplir", sintetizó Paulón, en referencia a las gestiones previas de Guillermo Francos y Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete. El diputado remarcó que su reclamo "no es una sugerencia" y recordó que la Ley 27.795 fue votada dos veces por el Congreso de la Nación.

Paulón adelantó que, si no hay novedades respecto de la ejecución de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, avanzará con acciones judiciales y penales por los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El reclamo se da luego de que, tras el decreto que suspendió la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley, el Consejo Interuniversitario Nacional recurriera a la Justicia. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 había ordenado de manera cautelar el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795, que regula la actualización de las remuneraciones del personal docente y no docente universitario y de las becas estudiantiles. Esa decisión fue luego confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones y ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

La semana pasada, el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, había señalado que, tras conversaciones con autoridades de la Secretaría de Educación, los giros presupuestarios establecidos en la ley se realizarán el 15 de julio.