Mientras el Departamento Ejecutivo avanza con un sumario administrativo, una denuncia penal y un pedido de remoción en el Concejo Deliberante, la defensa legal cuestiona de raíz la validez del operativo contable montado en la Comuna.

El Debate Pregón: Desde el Ejecutivo confirmaron el inicio de tres vías concurrentes: sumario, denuncia penal y pedido de remoción. ¿En qué estado procesal se encuentra su defendido?

Dr. Marcelo Sánchez: Legalmente mi defendido aún no ha sido notificado ni imputado en el ámbito penal. Al momento, solo se nos ha anoticiado el inicio de un sumario administrativo con una suspensión provisoria por 30 días. Lo llamativo es que el dictamen del asesor legal esboza supuestos incumplimientos de manera laxa, pero formalmente aún no sabemos qué hecho concreto se le atribuye en el sumario; ni siquiera le han pedido explicaciones todavía.

EDP: La Secretaría de Hacienda matizó que lo que existía era una "salida irregular" de fondo fijo sin los requisitos formales.

M.S.: Lo que ha estado pasando denota una marcada animosidad. El Ejecutivo tomó conocimiento de la existencia de un recibo temporal por 1.500.000 pesos firmado de puño y letra por el Tesorero en una de las cajas exteriores. Apresuradamente, convocaron al escribano con el único fin de constatar la existencia física de ese papel antes de que desapareciera por el flujo normal de la actividad municipal.

La extracción temporal de dinero de la caja chica mediante recibos internos para afrontar contingencias inmediatas es una práctica habitual y prevista por los usos del Tribunal de Cuentas. Si un área necesita pagar de urgencia una carta documento, el tesorero entrega el efectivo y guarda un recibo firmado por el empleado. Cuando el agente regresa con la factura oficial, el recibo provisorio se destruye y el gasto se incorpora formalmente. El apuro del Municipio radicaba en "encontrar" el recibo firmado por Estapé antes de que se formalizara el comprobante definitivo, para instalar en la opinión pública que se estaba llevando el dinero.

EDP: ¿Y dónde se encontraba ese dinero al momento del procedimiento notarial?

M. S.: El dinero siempre estuvo dentro del Municipio. Lo que ocurre es que durante el arqueo se negaron terminantemente a abrir la caja fuerte principal de la Tesorería. Si hubiesen continuado el procedimiento adecuadamente abriendo la caja fuerte, habrían encontrado los fondos o los documentos de respaldo correspondientes. Cuando llegue el momento del descargo formal, Estapé planteará este vicio metodológico: ¿con qué rigor técnico me acusan de un faltante si ni siquiera revisaron la totalidad de las dependencias?

EDP: El concepto que quedó instalado en la comunidad es el de un faltante de fondos en las cuentas públicas. ¿Cómo responde a esa calificación?

M. S.: Técnicamente es imposible hablar de desfalco cuando existe un documento firmado por la máxima autoridad de la Tesorería autorizando la salida. Mi cliente no ocultó nada; dejó asentada su firma haciéndose cargo de la extracción en la caja que custodiaba otra empleada, precisamente para que a ella le cerraran los números al finalizar la jornada.

Nadie que pretenda defraudar al Estado deja un recibo con sus datos y su firma en el lugar del hecho. Tampoco se puede argumentar que Estapé sea responsable de las demoras en rendir cuentas al poder legislativo; la obligación de confeccionar los balances es una responsabilidad política del Ejecutivo, no de los cuadros técnicos de control.

Además, hoy la Tesorería opera con un sistema informatizado y trazable. El Secretario de Hacienda, el Contador y el Tesorero poseen usuarios y claves individuales. Cada movimiento que realiza Estapé queda grabado con una huella digital inalterable. No podemos ser tan ingenuos de pensar en una intencionalidad dolosa en un entorno donde todo genera una alerta automática.

EDP: El Concejo Deliberante tiene previsto dar tratamiento inmediato al pedido de remoción. ¿Qué análisis hace de este paso legislativo?

M. S.: Nos preocupa profundamente la celeridad con la que el oficialismo pretende resolver esto, contando simplemente con la mayoría automática de votos, sin esperar siquiera a que concluyan los plazos mínimos del sumario administrativo o la investigación de la Justicia. Estamos hablando de un empleado público con 23 años de carrera intachable y 18 años de ejercicio continuo en el cargo de Tesorero. Si el proceso se ejecuta vulnerando el debido proceso y mañana la Justicia nos da la razón, el juicio millonario resultante contra la Municipalidad no lo pagarán los funcionarios de turno; lo va a pagar "Juan Pueblo" de sus propios impuestos. Institucionalmente es de una fragilidad alarmante.

El Tesorero y el Contador son las figuras creadas por la Constitución de Entre Ríos y la Ley de Municipios para ejercer el control de legalidad y limitar el poder político. Si con un sumario express y una mayoría simple podés deshacerte con tanta ligereza del técnico que tiene la función legal de controlarte, el sistema democrático y la institucionalidad se dañan. 

Tras la detección de presuntas irregularidades en el área de Tesorería, el Departamento Ejecutivo aceleró los mecanismos de control interno y trasladó el debate al plano legislativo y judicial. En paralelo, una intimación por una deuda del Club Quilmes, puso el ojo sobre el Balance Oficial del Corso 2026. Para echar luz sobre estos temas, El Debate Pregón dialogó con la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad, Claudia Buso.

Sumario, auditoría y el futuro de la Tesorería Municipal

EDP: Desde el Departamento Ejecutivo se ha impulsado un pedido de remoción para el Tesorero Municipal, instancia que debe pasar por el Concejo Deliberante. ¿Cómo se está articulando este procedimiento?

Claudia Buso: Ante la gravedad de la situación, desde el Municipio activamos tres procedimientos en simultáneo de forma inmediata: el sumario administrativo correspondiente, la elevación del proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante solicitando la remoción del funcionario y, por último, la denuncia penal. El proyecto de ordenanza quedó a despacho de comisión y el dictamen se tratará formalmente este jueves en la sesión pública del cuerpo.

EDP: Mientras se aguarda la resolución legislativa, ¿cuál es la situación del área en el día a día?

C.B.: En el marco del sumario se dispuso una suspensión provisoria por el término de 30 días, con el consecuente apartamiento del cargo del titular. Para garantizar la continuidad de la gestión y el normal funcionamiento de los pagos de la administración pública, se designó interinamente a un empleado de planta del área de Tesorería, que es la persona que habitualmente cubría los reemplazos legales.

EDP: En términos técnicos, ¿qué detectaron los mecanismos de control para derivar en estas medidas?

C. B.: Se realizó un procedimiento de rutina denominado arqueo de caja, que consiste en la verificación física de los fondos disponibles y la compulsa de los comprobantes que respaldan cada movimiento de efectivo. En esa primera instancia, coordinada por el Contador Municipal, se detectaron irregularidades metodológicas vinculadas a la falta de comprobantes que respaldaran debidamente la salida de fondos. Al día siguiente se constató que faltaba documentación que sí había formado parte del arqueo previo. Ante esto, se ordenó un nuevo arqueo, ambos validados ante escribano público.

EDP: Se ha hablado públicamente de un faltante de dinero de las arcas públicas. ¿Se pudo cuantificar ese monto o el problema radica únicamente en los papeles de respaldo?

C. B.: El viernes se determinó con precisión la afectación en el segmento de "fondo fijo". Al constatarse la anomalía, se intimó al funcionario por escrito. Él se presentó en el Palacio Municipal y reintegró el teléfono corporativo, los documentos y el dinero en efectivo que conservaba bajo su custodia. Lo que se investiga aquí es una irregularidad sustancial en el circuito de egreso de una determinada cifra de dinero que se ejecutó por fuera de las normativas vigentes y sin cumplir con los requisitos legales indispensables que rigen para la contabilidad pública. El carril penal ya está en manos de la Justicia.

Los números del Carnaval y el control de las licitaciones

La divulgación de una deuda del Club Quilmes de 15 millones de pesos, correspondientes al 50% restante del canon de la cantina N° 5 adjudicada por Licitación Pública, puso la lupa sobre el Balance del Corso 2026.

EDP: Tomó estado público la intimación que el Municipio le realizó al Club Quilmes por deudas pendientes en el canon de las cantinas del Corso. ¿Cómo evalúa esta situación?

C. B.: En los tres años que llevo al frente de la Secretaría de Hacienda, es la primera vez que afrontamos una situación de esta naturaleza con una entidad adjudicataria. De acuerdo con los pliegos, las instituciones debían integrar el 50% del canon en enero y el 50% restante en febrero. El Club Quilmes cumplió con la primera cuota, pero incurrió en mora en la segunda. Desde el área técnica realizamos un seguimiento semanal y la Secretaría de Turismo mantuvo reuniones con la comisión del club.

EDP: El descargo del club alude a dificultades financieras derivadas de obras de infraestructura y de una contingencia médica con un jugador. ¿Hubo contemplación de esa realidad social?

C. B.: Entiendo perfectamente la función social que cumplen Quilmes y todos los clubes de nuestra ciudad, y somos sensibles a esas realidades económicas. Pero como funcionarios públicos tenemos la obligación legal de velar por el patrimonio del Estado local. Ante la persistencia de la mora, correspondía iniciar el expediente administrativo y girar las actuaciones a la Asesoría Letrada para la intimación formal. Después se estudiará qué sanción le cabe al Club.

EDP: A partir de esto surgieron dudas en el arco político local respecto a los números finales de la fiesta. ¿Cómo se computó técnicamente esa deuda dentro del Balance Oficial?

C. B.: Ese ingreso pendiente no está declarado como percibido en el balance del Corso por la sencilla razón de que no fue cobrado. La contabilidad de este evento se rige bajo el estricto criterio de "lo percibido"; es decir, solo se computa lo efectivamente ingresado a las arcas del Estado. Es una lástima que se hayan arrojado mantos de sospecha sobre la transparencia de los números. Ayer, la concejal Cevasco se acercó a mi oficina para informarme que presentaría un pedido de informes en el Concejo sobre los últimos cuatro balances del carnaval. Le manifesté que el pedido es legítimo y que las puertas de esta Secretaría están siempre abiertas. Lo correcto hubiese sido preguntar primero si el monto estaba incluido o no, en lugar de sembrar dudas públicamente. El cierre del balance general experimentó una lógica demora precisamente porque estábamos aguardando la definición de la cobranza de Quilmes y la rendición de una de las comparsas. Al confirmarse que el club no disponía de los fondos de forma inmediata, se procedió al cierre excluyendo esa partida de los ingresos percibidos.

EDP: Pensando en el Corso 2027, ¿se evalúan modificaciones en los pliegos de las cantinas para evitar que se repitan estos descalces?

C. B.: Ningún otro club incurrió en esta situación, por lo que entendemos que fue un emergente de la realidad financiera particular de esa institución. No obstante, la intención del Ejecutivo para la próxima edición es modificar las pautas temporales: exigiremos que el canon licitado esté íntegramente abonado antes del inicio de la primera noche del carnaval. Para ello, iniciaremos los procesos licitatorios con mucha mayor antelación. Si un adjudicatario incumple los pagos en el mes de octubre o noviembre, el Municipio contará con el margen de tiempo necesario para dar de baja la concesión y lanzar un nuevo llamado a licitación.

Obras públicas y concesiones: el estado de las licitaciones locales

Párrafo aparte, Buso detalló la marcha de las licitaciones clave para el reordenamiento urbano y turístico de Gualeguay. Respecto a la postergada licitación para la obra de pavimento intertrabado, Buso aclaró que se encuentra en su tercer llamado. "En la última apertura, los dos únicos oferentes presentaron omisiones de carácter formal en el Sobre N° 1. Al encontrarse ambas empresas en estricta igualdad de condiciones, la normativa nos faculta a otorgar un plazo perentorio de 48 horas para subsanar los requisitos de forma. Ese plazo ya venció y este viernes se procederá formalmente a la apertura del Sobre N° 2 con las propuestas económicas", detalló la Secretaria.

Por último, en relación a las concesiones de las áreas turísticas y gastronómicas de la ciudad, la funcionaria confirmó que el concurso de precios correspondiente a las cantinas de la zona del Puerto ya fue adjudicado formalmente y se notificó a los beneficiarios. En tanto, el concurso para la explotación del Parador de la Costanera ingresó en una fase de revisión administrativa. "Uno de los oferentes que no resultó adjudicado solicitó formalmente la vista de las actuaciones a través de un representante legal. Se le entregará toda la documentación respaldatoria como corresponde, abriéndose el período de ley por si la firma decide instrumentar alguna impugnación formal a la adjudicación realizada por la Comuna", concluyó.