El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de Zonas Frías, que restringe el subsidio de gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna, y deja sin ese beneficio a más de un millón de personas. La iniciativa fue sancionada por 38 votos contra 8.

Con la sanción, el Gobierno podrá reducir el déficit energético en 272 millones de pesos y ordenar las deudas que mantiene con la empresa distribuidora de energía mayorista Cammesa. La ley, ya aprobada previamente en la Cámara de Diputados, afectará a más de un millón de usuarios, ya que elimina el subsidio para 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis.

El proyecto fija que el subsidio se mantendrá únicamente para usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También conservarán el beneficio los hogares del ReNaBap, los veteranos de Malvinas y los hogares con integrantes que tengan el Certificado Único de Discapacidad.

En cambio, perderán el subsidio las ciudades que contaban con este beneficio desde 2021 en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis. Otro punto que generó cuestionamientos de la oposición es que el descuento se aplica sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura.

Quienes pierdan el subsidio por zona fría podrán tramitar una rebaja de tarifas si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, que actualmente se ubican en torno a los $4.800.000.

La ley también prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045 y establece un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con Cammesa.

El debate se inició luego de que el Senado sancionara la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que sufrió modificaciones y fue girada en revisión a la Cámara de Diputados. Antes de comenzar el tratamiento de Zonas Frías, el presidente del bloque del peronismo, José Mayans, anticipó el retiro de su bancada del recinto, por lo que el oficialismo debió garantizar por sus propios medios el quórum de 37 senadores necesario para la votación.

En la misma sesión, el Senado aprobó por amplia mayoría los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de que las designaciones y remociones de los directores requieran solo el aval de la cámara alta por mayoría absoluta. Las reformas al texto votado por Diputados fueron aprobadas por 66 votos contra dos, superando ampliamente los dos tercios, lo que hace difícil que la Cámara baja revierta la decisión.

En general, la iniciativa fue aprobada por 46 votos contra 22, con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Independencia, Provincias Unidas, el Movimiento por Misiones, Despierta Chubut, la Neuquinidad y Moveré Santa Cruz.

El oficialismo debió ceder en uno de los puntos centrales del proyecto para conseguir los votos necesarios: aceptó reducir de dos tercios a mayoría absoluta el requisito para designar y remover al presidente y a los directores de la autoridad monetaria, lo que implicó un retroceso respecto del esquema original impulsado por el presidente Javier Milei, que exigía el voto de dos tercios de ambas cámaras.

El Senado tendrá su séptima sesión del período ordinario el jueves 17 de septiembre, previsiblemente en horas de la mañana, para tratar dos temas que le interesan particularmente al Gobierno nacional: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal.

Ambas iniciativas obtuvieron dictamen la semana pasada, el miércoles 9 de septiembre, y de ser aprobadas sin modificaciones se convertirán directamente en ley. El paso de las dos por la Cámara de Diputados se había dado el 26 de agosto, con aprobaciones holgadas, sobre todo en el caso de la reforma del Banco Central.

La iniciativa del Gobierno redefine la misión central del BCRA como "la preservación del valor de la moneda nacional", eliminando los objetivos múltiples que había fijado la reforma de 2012 bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

El proyecto también prohíbe que la entidad financie al Tesoro y endurece las condiciones para remover al presidente del BCRA y a los integrantes del directorio, exigiendo causales específicas y una aprobación de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso, además de la decisión del Poder Ejecutivo. Prevé, asimismo, la eliminación de las reservas de libre disponibilidad, cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.

En el caso de Inocencia Fiscal II, el proyecto establece límites para funcionarios públicos, un pedido de los bloques aliados a raíz del antecedente de Manuel Adorni. Entre los principales cambios, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio que hoy rigen para acceder al régimen, con el objetivo de incentivar a los ahorristas, y se flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa" entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, buscará sumar también esta semana el proyecto de reforma de la Ley de Biocombustibles, que eleva los cortes de bioetanol del 12 al 15% y de biodiésel del 7,5 al 10%. Este tema iba a ser central si la semana pasada se hubiera realizado la sesión, pero finalmente se postergó por diferencias en torno al texto final.

El oficialismo también pretende incorporar a la sesión del 17 de septiembre los proyectos de traspaso de competencia judicial a la Ciudad de Buenos Aires, vinculados a la transferencia de la función judicial en materia criminal y correccional de menores.

En cambio, no se tratarán esta semana los tres proyectos sobre desarrollo del mercado de carbono en la Argentina, presentados por la senadora Flavia Royón, los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, y el senador Jorge Capitanich, respectivamente. Según trascendió, esas iniciativas necesitan más acercamientos entre los bloques y quedarán para una sesión posterior.

El Senado debatió este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la ley de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas centrales para el programa económico del Gobierno de Javier Milei que La Libertad Avanza busca sancionar antes de fin de mes. Los proyectos, ya aprobados por la Cámara de Diputados, fueron analizados en sendos plenarios de comisiones, con la presencia de funcionarios del Banco Central y especialistas en derecho tributario.

El cronograma arrancó a las 10.30 con un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión, presidida por el macrista Martín Goerling Lara, y de Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Agustín Monteverde, que contó con las exposiciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning. Por la tarde, a las 17.30, fue el turno de Inocencia Fiscal II, debatido en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Ambas iniciativas ya cuentan con media sanción de la Cámara baja. La reforma a la Carta Orgánica del BCRA fue aprobada con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, mientras que Inocencia Fiscal II obtuvo 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones. En relación con este último proyecto, se establecieron límites para la participación de funcionarios en el debate, a pedido de los bloques aliados, a raíz de un antecedente vinculado al vocero presidencial Manuel Adorni.

Entre los principales cambios que introduce Inocencia Fiscal II, con el fin de incentivar a los ahorristas, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio que rigen actualmente para acceder al régimen, y se flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa" entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En cuanto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la iniciativa del Gobierno define como misión central de la entidad "la preservación del valor de la moneda nacional". De esta manera, elimina los objetivos múltiples que había incorporado la reforma de 2012, sancionada durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa aprobada en Diputados prohíbe además de manera terminante que la entidad monetaria financie al Tesoro Nacional, a las provincias o a los municipios.

La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, encabeza la ofensiva legislativa para despachar durante septiembre una batería de proyectos pendientes que, además de las normas económicas, incluye las reformas de Salud Mental, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y la aprobación de pliegos. El oficialismo busca acelerar el tratamiento de estas iniciativas antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre, dejando para octubre la discusión sobre la reforma electoral y la eventual eliminación o suspensión de las PASO.

El Senado sesionará este jueves desde las 14 para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo resolviera retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras. La Libertad Avanza buscará avanzar con las reformas que permanecieron en la iniciativa, vinculadas con desalojos, expropiaciones y el manejo del fuego.

La decisión de eliminar los cambios sobre tierras rurales se confirmó este miércoles, a menos de 24 horas de la sesión. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, reunió a los senadores después de comprobar que no estaban garantizados los votos necesarios para aprobar ese apartado. La propuesta retirada pretendía elevar del 15% al 25% el límite de tierras que podían quedar en manos extranjeras, una modificación que había generado cuestionamientos de distintos sectores y resistencias entre gobernadores que habitualmente acompañaron iniciativas del Gobierno.

Con el capítulo de la Ley de Tierras fuera de discusión, el oficialismo y sus aliados deberán reunir el quórum necesario para comenzar la sesión y posteriormente conseguir los votos para aprobar el resto del proyecto.

La sesión tendrá además una particularidad: Victoria Villarruel no estará al frente del Senado, debido a que quedará transitoriamente a cargo del Poder Ejecutivo durante el viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia.

Antes de ingresar al tratamiento del proyecto, los senadores deberán resolver otro punto que podría resultar relevante ante una votación ajustada: la participación virtual de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama. La senadora mendocina solicitó conectarse de manera remota debido a que cursa un embarazo de 32 semanas que le impide viajar en avión. El legislador catamarqueño, en tanto, realizó el mismo pedido mientras atraviesa una rehabilitación después de haber sido sometido a una operación de rodilla. Villarruel autorizó previamente la posibilidad de que ambos participaran desde sus respectivas provincias por razones médicas, aunque la decisión definitiva deberá ser avalada por el cuerpo antes de comenzar el debate.

Uno de los capítulos que permanecerá en discusión contempla modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta elimina el período de 60 años durante el cual actualmente existen restricciones para modificar el uso de superficies afectadas por incendios en bosques nativos, implantados y áreas naturales. El proyecto mantiene, sin embargo, la obligación de realizar tareas destinadas a la restauración de los terrenos alcanzados por el fuego.

También propone eliminar una parte del artículo 22 de la Ley 26.815 que establece restricciones durante 30 años sobre terrenos incendiados ubicados en zonas agropecuarias o pastizales. La normativa vigente limita allí la realización de emprendimientos inmobiliarios, determinadas actividades agropecuarias y los cambios en el uso del suelo.

Otro de los puntos centrales será la modificación del Código Civil y Comercial en materia de desalojos. El proyecto amplía las personas habilitadas para solicitar esa medida y establece que podrá hacerlo "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". "El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil", indica el texto que llegará al recinto.

La iniciativa contempla además un plazo de hasta diez días para ofrecer una solución habitacional cuando el procedimiento involucre a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores que se encuentren en situación de desamparo.

En materia de expropiaciones, el proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá ser interpretada de manera restrictiva. También incorpora el lucro cesante dentro de las indemnizaciones cuando sea una consecuencia "directa e inmediata" de la expropiación. Asimismo, establece un límite máximo de 90 días para la denominada "ocupación temporánea anormal", otra de las modificaciones incluidas dentro de la reforma impulsada por el Ejecutivo.

Finalmente, la iniciativa contempla la creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, organismo que tendrá entre sus funciones administrar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria. A través de ese sistema se buscará centralizar trámites vinculados con el pago de tasas y la obtención de informes, certificados y copias expedidas por los registros de la propiedad inmueble de las distintas jurisdicciones del país.

La reforma previsional en Entre Ríos comenzará este miércoles una nueva etapa legislativa con su ingreso formal a la Cámara de Diputados, donde será girada a comisiones tras obtener media sanción en el Senado. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial apunta a modificar distintos artículos de la Ley Nº 8.732 y avanzar hacia la denominada "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional".

La iniciativa tomará estado parlamentario durante la segunda sesión especial del 147° período legislativo, convocada para las 11, en el reinicio de la actividad parlamentaria tras el receso invernal.

El oficialismo buscará imprimirle un ritmo ágil al debate para avanzar hacia la sanción definitiva de una de las principales reformas impulsadas por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

El proyecto ya atravesó un extenso proceso de análisis en la Cámara de Senadores, donde permaneció durante poco más de un mes en estudio antes de ser aprobado. Durante ese período pasó por distintas comisiones, recibió modificaciones y fue debatido en numerosas reuniones antes de llegar al recinto.

En Diputados, sin embargo, el tratamiento podría desarrollarse en un plazo considerablemente menor. El antecedente inmediato es el proyecto que dio origen a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), que tuvo un amplio debate en el Senado y luego fue aprobado con mayor rapidez por la Cámara baja.

El proyecto denominado "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional" introduce modificaciones sobre distintos artículos de la Ley Nº 8.732, que regula el funcionamiento del sistema previsional entrerriano.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la reforma busca garantizar la sustentabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones y adecuar el régimen previsional a la situación económica de la provincia. Ahora, la iniciativa será analizada por las comisiones de Diputados antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo.

La media sanción en el Senado se produjo durante la sesión del pasado 15 de julio, en una jornada atravesada por un fuerte clima de conflictividad política y sindical. Mientras los legisladores debatían el proyecto, cientos de manifestantes nucleados en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones se concentraron frente a la Casa Gris para expresar su rechazo a la iniciativa.

Las organizaciones sindicales sostuvieron que la reforma afecta derechos adquiridos de trabajadores activos y jubilados y cuestionaron que el proyecto traslade el peso del déficit previsional sobre el sistema público. La protesta alcanzó momentos de máxima tensión cuando algunos manifestantes avanzaron hacia los accesos del edificio legislativo.

Durante el debate se escucharon golpes sobre los vidrios y la puerta principal de la Casa de Gobierno, mientras un cordón policial impedía el ingreso de los manifestantes al edificio. Finalmente, el oficialismo logró reunir los votos necesarios para otorgar media sanción al proyecto.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del interbloque de Juntos por Entre Ríos y el acompañamiento de las senadoras justicialistas Gladys Domínguez y Nancy Miranda, quienes resultaron determinantes para alcanzar la mayoría.

Con ese resultado, el proyecto inició el camino hacia Diputados, donde el Gobierno provincial buscará convertir en ley una reforma que considera clave para garantizar el equilibrio financiero del sistema previsional entrerriano.

La Libertad Avanza volvió a postergar por cuarta vez en el Senado el debate del proyecto de propiedad privada, ya que no tenía los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de agosto el tratamiento de este proyecto, que abrió una grieta entre libertarios y aliados que no quieren votar la reforma de la ley de tierras, la cual establece que los empresarios extranjeros solo podrán adquirir unas 1.000 hectáreas.

Como había anticipado la Agencia de Noticias Argentinas desde el mediodía, ya circulaban versiones de que el debate se iba a postergar hasta el 6 de agosto, debido a que el oficialismo no lograba reunir los votos para aprobar los artículos que permiten a los empresarios extranjeros comprar tierras rurales.

Bullrich propuso pasar a cuarto intermedio hasta agosto el debate de propiedad privada, luego de aprobar los ascensos en la Cancillería, 29 pliegos a la Justicia y un proyecto sobre la provincia de Tucumán.

En cambio, el oficialismo logró aprobar los 29 pliegos judiciales, entre los cuales se encuentra la prórroga del pliego de Víctor Pesino, dado que si no se votaba, el magistrado no habría podido continuar en el cargo al cumplir 75 años el próximo 27 de julio.

Tras el ingreso formal del proyecto de Reforma Previsional a la Legislatura entrerriana, los gremios provinciales profundizaron sus acciones en defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. En ese contexto, el sindicato docente mantiene un estado de alerta y movilización permanente. En declaraciones exclusivas brindadas a este medio, Vladimir Firpo, Secretario General de AGMER Gualeguay, impugnó la totalidad de la iniciativa impulsada por el Gobernador Rogelio Frigerio y advirtió sobre el severo impacto que tendrá en el bolsillo de activos y pasivos. “Estamos absolutamente en contra porque ninguno de los puntos que tiene esta ley beneficia a las familias de los jubilados de Entre Ríos. Es un proyecto que, sin dudas, no viene a traer ningún beneficio ni a los jubilados actuales ni a los futuros”, disparó Firpo, marcando la postura unificada del sindicato en el marco del plan de lucha que sostienen junto a la Intersindical provincial.

El dirigente local cuestionó además la falta de transparencia del oficialismo durante las semanas previas. “Recién tuvimos contacto con el articulado completo de la ley el viernes pasado. Anteriormente, el Gobierno provincial solo había lanzado 'vectores' a modo de títulos que no implicaban la letra chica del proyecto”, criticó.

La tensión escaló el pasado miércoles, cuando la propuesta tomó estado parlamentario en la Cámara de Senadores, motivando una masiva movilización docente en Paraná. “Estuvimos presentes desde AGMER con todas las seccionales y compañeros de la provincia, poniendo el cuerpo, la palabra y nuestro reclamo en la plaza frente a la Casa de Gobierno. Logramos ingresar los secretarios generales y miembros de comisión directiva a la sesión, en una instancia simbólica, para marcar presencia mientras los senadores votaban a qué comisiones iba a ser girado el proyecto”, relató Firpo sobre la jornada de protesta.

Aportes, edad y el fin del 82% móvil

Al adentrarse en los aspectos técnicos de la normativa, el referente de AGMER Gualeguay desmitificó el discurso oficial que asegura que la reforma no alterará los derechos adquiridos. "Es mentira que no va a afectar a ningún jubilado. El sueldo se va a ver perjudicado y atenta directamente contra el 82% móvil", aseguró, para luego detallar los cuatro ejes más nocivos del articulado:

-Aportes discrecionales a ciegas:

El gremio denuncia la imposición de aportes previsionales adicionales a cargo del propio afiliado para cubrir lo que el Ejecutivo denomina "desequilibrios financieros". Al respecto, Firpo alertó: "Lo dejamos entre comillas porque el texto no fija límites de tiempo, ni porcentajes, ni montos. Deja librado al criterio del Poder Ejecutivo cualquier tipo de descuento o nuevo aporte personal para la Caja".

-Aumento encubierto de la edad jubilatoria:

Aunque formalmente se prescinda de una modificación directa a los regímenes especiales, el proyecto introduce penalizaciones severas. "Atraviesa y altera la instancia de la edad jubilatoria que tenemos hoy. Se va a obligar a seguir aportando el 19% hasta cumplir la edad de la jubilación ordinaria común, que nuclea a todos a los 65 años de edad. Además, la edad por jubilación avanzada se eleva de los 68 a los 70 años", especificó.

-Licuación del haber inicial:

Uno de los puntos más sensibles para el escalafón docente es la modificación de la base temporal para el cálculo del primer haber. El proyecto estipula computar los últimos 20 años de aportes en lugar de los últimos 10 vigentes en la actualidad. "Esto perjudica a gran parte de los docentes. Cuando el trabajador recién se inicia tiene menor carga horaria y menor cantidad de horas cátedra. Ampliar el cálculo a 20 años diluye significativamente el promedio y reduce el haber jubilatorio", argumentó el dirigente.

-Recortes en Pensiones:

Firpo denunció que el derecho a pensión también sufrirá restricciones severas mediante "nuevas definiciones de edad y exigencia de otros requisitos" que restringen el acceso al beneficio.

La mirada sobre Casiano Otaegui

Frente a este escenario, desde la conducción de AGMER Gualeguay señalaron que la única alternativa para frenar el avance legislativo es la confluencia de todos los sectores estatales en las calles. "Tenemos que estar de pie. Los docentes y todos los sectores de la provincia estaremos en lucha para rechazar profundamente que los diputados y senadores aprueben esta ley", afirmó.

En el plano estrictamente político y departamental, Firpo envió un mensaje directo al representante de Gualeguay en la Cámara Alta provincial: "Desde Gualeguay, sin dudas, ponemos nuestra mirada hacia el senador Casiano Otaegui. Esperamos que al momento de votar, lo haga con la mano en el corazón, pensando en los trabajadores, en los jubilados docentes y en el pueblo que fue quien de algún modo legitimó su banca".

"Esperamos que la definición política pueda modificarse y que esta ley finalmente no salga", concluyó el dirigente gremial.

El pedido fue formalizado durante la sesión de este martes en la Cámara Alta, donde se aprobó un proyecto de comunicación presentado por el senador por Victoria, Víctor Sanzberro (PJ), y el senador Alberto Otaegui (Juntos por Entre Ríos). La iniciativa insta al Poder Ejecutivo a convocar de manera inmediata a dicho ámbito de diálogo institucional.

Según se informó, la solicitud se enmarca en la investigación que lleva adelante la Fiscalía por la presunta entrega clientelar de módulos y mercadería alimentaria. En ese contexto, los legisladores reclaman que autoridades del Ejecutivo provincial brinden precisiones sobre los mecanismos de autorización, entrega, control y rendición de cuentas de la asistencia alimentaria distribuida durante el último año.

Durante el tratamiento del proyecto, el senador Sanzberro explicó que la iniciativa complementa una nota enviada el pasado 4 de enero a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, solicitando formalmente la reunión de la Mesa de Diálogo Social. “No está en nuestro ánimo ni en nuestra voluntad mirar para el costado; creemos que la Mesa de Diálogo Social debe reunirse de manera extraordinaria”, expresó el legislador.

El proyecto aprobado señala que “se vería con agrado que la señora ministra de Desarrollo Humano convoque en forma urgente y extraordinaria a una reunión de la Mesa de Diálogo Social” y propone una agenda de trabajo que incluye un informe detallado del Ministerio sobre la cantidad total de módulos y mercadería entregados en 2025, el listado de organizaciones receptoras y los procedimientos de relevamiento, control y rendición.

Además, los senadores solicitan conocer el estado actual de los controles administrativos y logísticos destinados a garantizar la trazabilidad y el destino final de la asistencia alimentaria a las familias en situación de vulnerabilidad, así como las medidas adoptadas o a adoptar frente a las denuncias periodísticas y los procedimientos judiciales en curso, incluyendo la colaboración con la Justicia y la eventual realización de auditorías.

Finalmente, el pedido incorpora propuestas para fortalecer la transparencia y el control participativo de la Mesa de Diálogo Social, entre ellas la digitalización de las entregas, la publicación periódica de información y la implementación de auditorías externas independientes.

De este modo, el Senado vuelve a tener actividad en el recinto antes del recambio legislativo, mientras el Gobierno nacional define el alcance del período de sesiones extraordinarias, donde buscará avanzar con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

Entre Ríos renovó este año las tres bancas que posee en la Cámara Alta. Dejan sus cargos Alfredo De Angeli (PRO), Stella Olalla (UCR) y Stefanía Cora (Peronismo), para dar paso a los nuevos legisladores que representarán a la provincia durante los próximos seis años.

La Alianza La Libertad Avanza, que alcanzó el 52% de los votos, se quedó con dos de los tres escaños. Así, Joaquín Benegas Lynch —residente desde hace casi dos décadas en La Paz— llega al Senado acompañado por la gualeya Romina Almeida, quien también respondió a la lista libertaria.

Por su parte, Adán Bahl, referente de Fuerza Patria, será el senador por la minoría peronista a partir del 10 de diciembre.

Hoy, la presencia de Romina Almeida en la jura marcará un hecho destacado para Gualeguay: una representante local ocupará un lugar clave en las decisiones nacionales durante los próximos seis años.

El resultado consagró a ALLA como la fuerza más votada en la provincia, lo que le permitirá sumar dos bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados. De esta forma, Romina Almeida acompañará desde la Cámara Alta a Benegas Lynch, mientras que Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider ocuparán lugares en Diputados.

En segundo lugar se ubicó la alianza Fuerza Entre Ríos (PJ), que alcanzó el 35,69% de los votos y logrará incorporar a Guillermo Michel y Laura Marclay como diputados, además de Adán Bahl como senador.

El recambio legislativo se concretará el 10 de diciembre, cuando finalicen los mandatos de Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Marcela Antola, Nancy Ballejos y Atilio Benedetti en la Cámara de Diputados, y de Alfredo De Angeli, Stella Maris Olalla y Stefanía Cora en el Senado.

Desde El Debate Pregón, seguimos de cerca el crecimiento político de Romina Almeida, una figura que ha ganado protagonismo dentro del espacio libertario provincial. En notas anteriores, destacó su compromiso con la defensa de las instituciones, la gestión transparente y el impulso de políticas de desarrollo local desde una mirada federal.

Almeida tiene 47 años, nació en Gualeguay y vive en Paraná desde hace más de cuatro décadas. Durante 15 años estuvo a cargo de la pyme familiar Leitis, una fábrica de galletitas saladas. Una curiosidad del destino quiso que personas de la función pública que conoció de la mano de la empresa esté hoy en la lista que ocupará un cargo en el Senado

Su llegada al Senado representa también un hecho significativo para Gualeguay, ya que será la primera vez que una representante local accede a una banca nacional desde las filas de La Libertad Avanza.

La sesión fue presidida por la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, junto a las autoridades de la Cámara, con la presencia de 17 legisladores que garantizaron el quórum.

El proyecto recibió el respaldo de los ocho senadores de Juntos por Entre Ríos, tres de Más para Entre Ríos y de la legisladora del bloque unipersonal Peronismo Federal. En cambio, cinco senadores de Más para Entre Ríos votaron en contra.

El senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) sostuvo que la medida apunta a “refinanciar y reestructurar el actual stock de deuda, cercano a los 700 millones de dólares”, heredado de créditos internacionales tomados en 2017 y renegociados en 2021. Aclaró que no se trata de nueva deuda, sino de ordenar la existente, y remarcó que los excedentes de la reestructuración se destinarán exclusivamente a obra pública.

En la misma línea, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos) destacó que muchos municipios de su departamento arrastran deudas que limitan su crecimiento y que la ley permitirá mayor previsibilidad financiera. Subrayó la necesidad de evitar futuros compromisos en moneda extranjera.

Desde el bloque opositor interno, el senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) manifestó que la iniciativa “autoriza nueva deuda” y cuestionó que se presente como mera reestructuración. Por su parte, Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) advirtió que el texto no incluye información clave sobre vencimientos, tasas ni condiciones de refinanciación, lo que, según señaló, impide garantizar que la provincia no se sobreendeude.

Tras la aprobación en el Senado, el proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda provincial pasará a la Cámara de Diputados, donde continuará el debate político y legislativo sobre el manejo de los compromisos financieros de Entre Ríos.

Este martes, pasado el mediodía, los presidentes de las Comisiones de Legislación General, y de Presupuesto y Hacienda, Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) y Gustavo Vergara (Diamante- Juntos Por Entre Ríos) y junto a los senadores miembros, acordaron dar dictamen favorable con modificación del artículo 4, al proyecto de ley de “Sostenibilidad de la deuda pública de la provincia de Entre Ríos”.

Luego del encuentro, el senador Vergara expresó: “En la reunión conjunta hubo un dictamen que se va a ingresar en la sesión de hoy a las 19 horas y estamos programando sesionar en forma especial el martes próximo para darle tratamiento”. Y aclaró: “El dictamen va con modificación del artículo 4, donde en concreto se especifica la autorización del Poder Ejecutivo para invitar a los municipios que hayan tomado el crédito internacional con la ley anterior a que se puedan adherir y tomar las mismas condiciones que va a tener la provincia en esta nueva renegociación”, explicó el legislador.

Sostenibilidad de la deuda pública de la provincia de Entre Ríos

El proyecto de ley, de autoría del Poder Ejecutivo, autoriza al mismo a concretar actos, operaciones, mecanismos y/o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, que juzgue más apropiados para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial y/o pagos referentes al inciso 7: Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos, incluyendo la restitución al Tesoro Provincial de los fondos erogados por tales conceptos durante el ejercicio 2025, hasta un monto total que no podrá exceder los U$S 500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones), o su equivalente en Pesos conforme al tipo de cambio vigente al momento del efectivo ingreso de los fondos.

Las operaciones podrán celebrarse en pesos o en moneda extranjera. El Poder Ejecutivo podrá asegurar el cumplimiento de las distintas obligaciones asumidas conforme las autorizaciones que prevé esta Ley, mediante la afectación en garantía y/o cesión de los derechos de la Provincia, sobre las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales o el régimen que lo sustituya o modifique, como así también los recursos tributarios derivados de la propia administración y recaudación provincial y que integran la Fuente Tesoro Provincial.

Participaron de la reunión, junto a los presidentes de cada comisión, los senadores: Juan Pablo Cosso (Villaguay- Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos); y las senadoras Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal); Claudia Silva (Paraná- Más para Entre Ríos) y Patricia Díaz (La Paz- Más para Entre Ríos).

La votación contó con el respaldo del bloque oficialista libertario, junto con legisladores de sectores del radicalismo, Las Provincias Unidas, la mayor parte del PRO y otros federales alineados con gobernadores cercanos al presidente Javier Milei. Además, once senadores del interbloque kirchnerista se sumaron al voto afirmativo, evidenciando una fractura en ese espacio político.

Entre los senadores kirchneristas que acompañaron la iniciativa se encuentran Guillermo Andrada (Catamarca), Sergio Leavy (Salta), Teresa González (Formosa), Carolina Moisés (Jujuy), Sergio Uñac (San Juan), Juan Manzur (Tucumán), Fernando Salino (San Luis) y los santiagueños José Emilio Neder, Claudia Abdala de Zamora y Gerardo Montenegro.

Por otro lado, los 20 votos negativos provinieron en su mayoría de legisladores radicales como Flavio Fama (Catamarca), Martín Lousteau (CABA), Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), así como de senadores cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos José Mayans (Formosa), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Oscar Parrilli (Neuquén) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires).

El oficialismo y sus aliados sostuvieron que la eliminación de las PASO representa un ahorro económico significativo y responde a la necesidad de evitar gastos innecesarios en un contexto de ajuste fiscal. El jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, argumentó que el sistema de primarias se había convertido en una herramienta para legitimar candidaturas previamente definidas, sin competencia real. "Es momento de parar de gastar y abusar de los impuestos de los argentinos", afirmó.

En contraposición, los detractores de la iniciativa señalaron que la suspensión de las PASO debilita la democracia y altera las reglas electorales en un año clave. Pablo Blanco, uno de los opositores más vehementes, advirtió que la medida afecta la transparencia del sistema electoral y que "rompe con la tradición democrática de no modificar las reglas en año electoral".

Otro de los discursos más críticos fue el del senador Francisco Paoltroni (Formosa), quien enfatizó que las PASO fueron clave en el ascenso de Javier Milei a la presidencia. "Nunca estuvo en la agenda de La Libertad Avanza suspender las PASO. Esto es la casta de la casta", sentenció.

Desde el oficialismo, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, defendió la medida como parte del plan de austeridad del Gobierno, aunque originalmente la iniciativa contemplaba la eliminación definitiva de las PASO y no solo su suspensión.

Con la aprobación de esta ley, el Ejecutivo de Javier Milei logra una importante victoria legislativa en una de las semanas más complicadas para su administración debido al escándalo del "Criptogate $LIBRA". La sesión, que comenzó pasadas las 12:30 con el quorum justo, también estuvo marcada por un minuto de silencio en honor a la familia Bibas, cuyos cuerpos fueron entregados por el grupo terrorista Hamás al Estado de Israel.

La decisión de suspender las PASO reconfigura el escenario político de cara a las próximas elecciones, dejando en manos de los partidos la responsabilidad de definir sus candidaturas sin una instancia de votación previa. La medida generará un intenso debate en el ámbito político y social en los próximos meses, con impacto directo en la estrategia electoral de los principales frentes políticos.

El punto de discusión fue la denominada "cláusula antiproscriptiva" o "cláusula Petri", que establecía que la inhabilitación por Ficha Limpia aplicaba solo si el fallo de segunda instancia confirmatorio de un delito de corrupción era anterior al año electoral. La nueva redacción consensuada fija como límite 180 días antes de las elecciones generales.

De acuerdo con el calendario electoral, la fecha límite establecida sería el 29 de abril, seis meses antes de los comicios generales del 26 de octubre. Los fallos de segunda instancia emitidos después de esa fecha no afectarán la candidatura de los postulantes condenados.

El consenso se logró en una reunión en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que participaron legisladores del oficialismo y la oposición dialoguista, así como el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Las tensiones en torno a Ficha Limpia

El oficialismo enfrentó dificultades en diciembre pasado para aprobar la norma, cuando la falta de compromiso de sus propios diputados impidió el quórum, lo que generó sospechas de un posible acuerdo con el kirchnerismo para beneficiar a la ex presidenta Cristina Kirchner. Como respuesta, el presidente Javier Milei encomendó la redacción de una nueva versión del proyecto.

El ministro de Defensa, Luis Petri, impulsó la "cláusula antiproscriptiva" con el apoyo de la diputada del PRO Silvia Lospennato. Sin embargo, los bloques de la oposición dialoguista rechazaron esta cláusula y acusaron al Gobierno de querer apropiarse del proyecto.

La sesión de este miércoles promete ser tensa, con intensos cruces entre los bloques. Sin embargo, la radical Karina Banfi destacó que esta será la "tercera y definitiva" oportunidad para darle media sanción a Ficha Limpia y avanzar en su tratamiento en el Senado. El debate será clave para definir la transparencia electoral y el rol de la Justicia en la inhabilitación de candidatos condenados por corrupción.

Para las 9 horas del miércoles 23 de octubre se convocó a la Comisión de Legislación General, que preside el senador Jaime Benedetti, para tratar los temas que se detallan a continuación:

1. Expediente N°26.748, proyecto de por el que se deroga la Ley 4.506 y sus modificatorias, sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia.2. Expediente N°26.749, proyecto de Ley sobre el Derecho de acceso a la Información Pública.3. Expediente N°26.785, proyecto de Ley sobre Transparencia y Ética Pública.4. Expediente N°26.783, proyecto de Ley por el que se deroga la Ley Nº10.533 de gastos reservados.5. Expediente N°27.188, proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a transferir un inmueble a título de donación en favor de la comuna de Líbaros, Departamento Uruguay.6. Expediente N°26.750, proyecto de Ley por el que se crea el Régimen Legal de Transición de Gobierno Provincial.

En tanto, a las 11, se reunirán los senadores que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. En la oportunidad, se abordarán acuerdos pendientes en Comisión.

El cuerpo de senadores sancionó por unanimidad el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Se trata de un proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se modifica la Ley Provincial N° 10.895, que se creó en el ámbito de la provincia de Entre Ríos.

Al respecto, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), miembro informante y presidente de la Comisión de Legislación General, se refirió al trabajo con especialistas en la temática y representantes del sector, e indicó que con esta reforma las empresas entrerrianas ya no deberán estar inscriptas en el registro nacional, y explicó: “Estamos hablando de la industria del conocimiento, que conforme a algunos datos, el año pasado ocupó unas 500.000 personas, lo que representa alrededor del 7% del trabajo formal”.

“Esta es una actividad que, en la ley nacional, nació allá por 2004 como una necesidad de darle algún incentivo a lo que en aquel entonces, en nuestro país, recién era una industria incipiente como era la industria del software. Y cumplió con su objetivo la ley nacional y después fue modificada, ampliada. La ley 10.895 lo que hacía era adherir y, además, creaba un registro provincial del proyecto de Economía del Conocimiento, pero que tenía la dificultad de que las empresas radicadas en Entre Ríos, de acuerdo a esa ley, debían también estar inscriptas en el registro nacional, el cual era bastante complejo de cumplir”, señaló.

El legislador también mencionó que “los beneficios son los clásicos que podemos dar a nuestra provincia normalmente, que es la exención en ingresos brutos, en el impuesto inmobiliario, también la reducción de la tarifa eléctrica porque toma en cuenta la Ley de Promoción Industrial”. Además, remarcó que “las modificaciones pretenden ampliar la base de beneficiarios y estimular al sector”, y afirmó que “con esta reforma estamos apostando al desarrollo de todas estas empresas, alentando el trabajo, el empleo y la productividad”.

Por su parte, el senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) destacó las palabras del senador precedente, y  sostuvo que es “la cuarta economía que está aportando en el último año con 8.100 millones de dólares a las exportaciones de nuestro país, desde las distintas empresas o las distintas industrias que trabajan en la Economía del Conocimiento. En Entre Ríos, están ambas costas”, y ratificó: “Estamos dando un enorme contenido a menor presión impositiva, fomento al trabajo y a la Economía del Conocimiento”.

Otros proyectos

Con despacho de la Comisión de Legislación General, los legisladores sancionaron el proyecto de ley de autoría de la diputada Mariel Ávila y los diputados José María Kramer, Laura Strattta y Yari Seyler, por el que se adopta en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos la implementación del logotipo «Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal» creado por la Organización de la Naciones Unidas 2015-ONU.

También se aprobó el Proyecto de Ley de autoría del senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), por el que se modifica el Artículo 1 de la Ley N°10.962, que contaba con despacho favorable de la comisión de Legislación General. El mismo fue enviado a revisión a la Cámara de Diputados.

Proyectos de Declaración y Comunicación

Fueron aprobados 16 Proyectos de Declaración presentados por los senadores, y un Proyecto de Comunicación de autoría de la senadora Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), en el cual se sugiere al Poder Ejecutivo Provincial que, a la mayor brevedad, proceda a la adquisición de vacunas contra el dengue, realizando una adecuada campaña de vacunación, tal como ya lo están haciendo otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, entre otras.

Diputados y senadores aprobaron un aumento para las dietas del 6,5% en dos tramos. Uno desde el 1° de julio pasado de 3,5% y el 3% restante desde el 1° de agosto. La Comisión Negociadora paritaria del Congreso, que reúne a los sectores sindicales que representan a los trabajadores y los representantes de ambas cámaras legislativas, se reunió y resolvió el aumento.

La medida tiene impacto mayor en las dietas de los senadores nacionales cuyos ingresos están atados a los incrementos salariales. Por lo tanto, las dietas en bruto alcanzarán los nueve millones de pesos.

La resolución lleva la firma de las autoridades del Senado, María Laura Izzo, secretaria administrativa y Agustín Giustinian, secretario parlamentario; por Diputados Laura Oriolo, secretaria administrativa y Diego Molina Gómez, secretario general de Diputados y los sectores sindicales. Norberto Di Prospero y Fabián Zacardi por la poderosa APL, Asociación del Personal Legislativo, Claudio Britos de ATE, Martín Roig de Unión del personal civil de la Nación.

En diputados no tendrán impacto ya que Martín Menem no incluyó el aumento de las dietas legislativas al aumento de los trabajadores.

“El gobernador manifestó que era necesaria esta ley para poder cumplir con algunos compromisos que están pendientes con empresas de los que tenemos con diferentes obras, a la provincia de Entre Ríos. Nosotros vamos a dar esta herramienta que necesita para que eso se pueda solucionar y confiamos en que los meses que vienen por delante veamos en nuestros departamentos que las obras puedan continuar”, introdujo la senadora Nancy Miranda (Frente Más para Entre Ríos).

En tanto, el jefe de la bancada de Juntos por Entre Ríos, Gustavo Vergara, se refirió a que “la base de la reforma, atendiendo al mensaje del gobernador, se concentra en la imposibilidad financiera de afrontar por parte de la provincia el volumen de deuda y de vencimiento que se están generando en estos momentos”. Además, manifestó que los objetivos es la misma “no es solamente cuidar las finanzas de la provincia y permitir un marco de renegociación de la obra pública y de los contratos sino también tiene que ver con la protección a nuestras empresas de construcción” y valoró “el acompañamiento que puede haber del entorno de la oposición para que se pueda crear un marco de discusión” y manifestó el deseo de que” prontamente podamos estar reactivando toda la obra pública de la provincia”.

Asimismo, el senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) se refirió a algunas consideraciones realizadas por el bloque opositor: “El proyecto omite un aspecto que resulta central, que es la mención a cuáles son los contratos de obra que van a estar afectados por esta declaración de emergencia. Necesitábamos contar con una nómina detallada de la obra, conocer su estado de ejecución, la fuente de financiamiento, el monto histórico de los contratos y el organismo que tiene a cargo la obra”. Luego, remarcó que “una parte importante de la obra pública tenía comprometido su financiamiento por parte del Estado Nacional y que, como es sabido, ha sido suspendida, pero como no tenemos esta nómina detallada de la obra, tampoco sabemos cuál es esta parte importante de la obra que contaba con financiamiento nacional que ahora resultó suspendido y no es un tema menor porque se trata ni más ni menos de lo que hay que reclamar desde nuestra provincia a la Nación”.

A su vez, sostuvo que “sería una buena práctica y compatible con la transparencia conocer el plan de gobierno en materia de obra pública, saber cuáles van a ser las situaciones que al amparo de esta ley que se va a sancionar se van a revisar y qué medidas se van a adoptar en base a esta ley y qué obras se van a priorizar y cuáles van a continuar”.

En la misma línea, el senador y presidente del bloque Más Para Entre Ríos, Martín Oliva (Uruguay) expresó que “en el interior de nuestro bloque se ha generado un marco de discusión, no toda la que debería darse en el marco de un tratamiento sobre esto” y manifestó que “a mi espacio le endilgaron falta de transparencia, muchas veces, y me parece que hacer contrataciones, y hacer de manera directa, y no con los mecanismos administrativos e institucionales que tiene nuestra provincia, es un sesgo a eso que se quiere llevar adelante”. No obstante, señaló que “en estos primeros 100 días, que hemos acompañado todos y cada uno de los instrumentos que han sido solicitados, la escucha de los grandes actores, y reconociendo que no toda la información solicitada nos llegó, siempre creemos necesario acompañar”.

Emergencia Alimentaria

Durante la sesión tomó estado parlamentario el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que se declara en el ámbito de la provincia de Entre Ríos el estado de emergencia pública en materia de Seguridad Alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2024.

También el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que cual se autoriza la donación de un inmueble de propiedad del Estado Provincial a favor de la Municipalidad de Villa Paranacito, departamento Islas del Ibicuy.

Modificación a la Ley de Aranceles de Abogados y Procuradores

En esta sesión, se aprobó el proyecto de ley de autoría de la diputada Carina Ramos (mandato cumplido), por el que se modifica la Ley N°7.046 de Aranceles de Abogados y Procuradores. El mismo vuelve a la Cámara de Diputados.

Al respecto, el senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos) manifestó que esta reforma “hace una ley que se ajuste a la realidad, comparada con las distintas provincias del centro de la República Argentina”. Al respecto de las modificaciones, explicó que las misma “tienen que ver con un nuevo sistema, con una nueva forma de establecer la unidad de criterio para fijar la unidad arancelaria” y que, por otro lado, “también se establece que toda regulación deberá contener el monto procesado en moneda de curso legal, junto con la unidad de juristas en el momento de la resolución”.

Además, el senador Juan Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos) expresó el acompañamiento del bloque a este proyecto, remarcando que “esta ley dignifica el trabajo de los abogados y visibilizan también las dificultades que venía teniendo la abogacía hace muchísimos años  por la falta de actualización de la unidad de juristas, por la manera en que se regulaban los honorarios y por su actualización, y sobre todo en contextos de inflación”. Además, destacó en “la labor del Colegio de la Abogacía de la provincia por estar siguiendo de cerca esta ley”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

El intendente de Paraná, Adán Bahl, precandidato a gobernador por Más para Entre Ríos dio a conocer su lista de senadores provinciales. Se trata de los 17 representantes de los departamentos que son figuras de relevancia en sus respectivos territorios.

En su nómina, van como candidatos titulares Hugo Maín (Paraná), Patricia Díaz (La Paz), Miguel Kremer (Diamante), Víctor Sanzberro (Victoria), Julio Savio (Nogoyá), Héctor Ahibe (Gualeguay), Juan Diego Conti (Tala), Martín Oliva (Uruguay), Esteban Martín Piaggio (Gualeguaychú), Gabriel García (Ibicuy), Juan Pablo Cosso (VIllaguay), Mayda Cresto (Concordia), Nancy Miranda (Federal), Marisa Follonier (Colón), Marisa Peletti (Feliciano), Luis Brarda (Federación) y Marcelo Berthet (San Salvador).

En cuanto a la competencia para la gobernación, la primera instancia que deberán superar las y los candidatos para llegar a la Casa Gris son las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el 13 de agosto. En tanto, los comicios generales serán el 22 de octubre.

A nivel provincial, cinco fuerzas políticas presentaron candidatos a la gobernación: Más para Entre Ríos, Juntos por Entre Ríos, La Libertad Avanza, el MST en el Frente de Izquierda; y la unidad de la Confederación Vecinalista de Entre Ríos/Partido SOL.

Además de Gobernador y Vice; en estas elecciones 2023 se elegirán cuatro diputados nacionales, 34 diputados/as provinciales; 17 senadores/as provinciales y 83 intendentes/as.

Durante la sesión, se dio media sanción al proyecto de ley, autoría del Poder Ejecutivo, por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna San Pedro, Distrito Mandisoví, del Departamento Federación.

Además, se trató el proyecto de ley de autoría del Ejecutivo, por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Arroyo Corralito, Distrito Antonio Tomás, del Departamento Paraná.

Pidió la palabra el senador Adrián Fuertes (Villaguay - Frente Justicialista) y, tras dar los fundamentos correspondientes, expresó: “Tiene dictamen unánime de nuestra comisión, por eso es que les pido a mis pares que sean evaluados y aprobados por este cuerpo porque todos hemos coincidido y entendemos que es un acto de reivindicación para la ruralidad de nuestra provincia este paulatino proceso de transformación en común a nuestra junta de gobierno”.

Luego, obtuvo media sanción el proyecto de ley autoría del Ejecutivo por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Médanos, Distrito Médanos y Ceibas, del Departamento Islas del Ibicuy.

Y el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al Gobierno de Entre Ríos a aceptar la donación de un inmueble de propiedad de la Municipalidad de General Campos.

Los legisladores convirtieron en ley un proyecto de autoría del Ejecutivo por el que se autoriza al Gobierno provincial a aceptar la donación formulada por la Municipalidad de Hernández de un inmueble con destino al uso exclusivo del Superior Tribunal de Justicia para la construcción de la sede del Juzgado de Paz local.

También se dio media sanción a la iniciativa del senador Horacio Amavet por el que se declara de “utilidad pública y sujeto a expropiación” una fracción de inmueble, identificado bajo Matrícula Nº 4584, la cual será destinada a dar continuidad a una calle pública vecinal, para el acceso a la “Reserva natural protegida de usos múltiples de los pájaros y sus pueblos libres”, ubicado en Colonia Elía, del Departamento Uruguay.Sobre tablasDurante el debate legislativo, quedó aprobado el proyecto de ley de la diputada Carina Ramos, por el que se modifica la Ley Nº 11.037 de Grados para la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

Al respecto, la senadora Flavia Maidana (Nogoyá - Frente Justicialista) fundamentó la iniciativa y explicó que el proyecto genera “un orden orgánico y funcional en la orquesta con una innumerable cantidad de beneficios para todos sus integrantes desde el ingreso hacia la misma”.

Luego, agradeció a sus pares por el acompañamiento y saludó a los integrantes de la orquesta presentes en el recinto.

Por su parte, el senador Francisco Morchio (Gualeguay - Cambiemos) también se refirió a la iniciativa y destacó que el proyecto se aprueba por unanimidad en ambas cámaras.Modificación del Código FiscalPor fuera de lista, ingresó la iniciativa que establece la modificación del Código Fiscal.

Al respecto, pidió la palabra el senador Jorge Maradey (Gualeguaychú - Frente Justicialista), como miembro informante de la Comisión de Legislación General. Explicó que el proyecto fue tratado este miércoles de manera conjunta por las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, esta última encabezada por el senador Amilcar Genre Bert. En la oportunidad, participó el contador Germán Grané, director ejecutivo de ATER, quien explicó los alcances de esta normativa.

“Esta iniciativa postula la reforma de algunos artículos del Código Fiscal a los fines de realizar una adecuación normativa que brinde respuesta a los actores de ciertas actividades productivas y de servicio y que en el marco de la pandemia de COVID sufrieron un impacto económico relevante. Por otra parte, se promueve la incorporación de herramientas para hacer más efectivo y simple el control de los obligados tributarios”, explicó en los fundamentos. Luego, informó que al proyecto se le realizaron unos “ajustes formales”, por lo que vuelve a la Cámara de origen.

Sobre el mismo tema, habló el senador Rubén Dal Molin (Federación - Cambiemos), mencionando los puntos centrales del proyecto. “Estamos muy de acuerdo con el proyecto de ley”, dijo el legislador, tras asegurar que su espacio acompañará la iniciativa.Proyectos de los senadoresEn la misma sesión se dio tratamiento al proyecto de ley, autoría de la senadora Claudia Gieco, por el que se establece la “Promoción y protección integral de la primera infancia”.

También se trató un proyecto de Amilcar Genre Bert, por el que se establece el “Régimen de protección, recuperación, repoblación y reintroducción de la fauna autóctona de Entre Ríos”.

Luego, el proyecto de ley de autoría de la senadora Flavia Maidana, que tiene por objeto “establecer la carga horaria mínima que deberán contemplar los planes de estudios para calificar a una carrera de grado como universitaria”.

Y se dio tratamiento al proyecto de Armando Gay, por el que se autoriza al gobierno provincial a transferir a título de donación a favor de la Municipalidad de Concordia un inmueble de propiedad del Estado provincial.Homenaje a un carnavaleroTras solicitar un cuarto intermedio, en el recinto se realizó un homenaje al gualeguaychuense Juan Carlos “Juancho” Martínez, por ser pionero y aportar a la cultura carnavalera de la ciudad.

A través de una iniciativa del senador Jorge Maradey, se lo declaró “personalidad destacada de la cultura” y se le entregó una placa recordatoria.

En la oportunidad, también se proyectó un video sobre la historia y la vida de “Juancho”, nacido en 1934, destacado actor, transformista, modisto, integrante y director de comparsas.

Luego, mediante zoom, Martínez -muy emocionado- compartió unas palabras y agradeció el reconocimiento.Fuente: El Entre Ríos / Vicegobernación de Entre Ríos