Este jueves, el Senado dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto impulsado por el oficialismo que modifica las reglas para desalojos, contratos de alquiler, expropiaciones y regularización dominial. La iniciativa ahora debe pasar por la Cámara de Diputados. Si obtiene la aprobación, establecerá un nuevo esquema para recuperar inmuebles urbanos y rurales, con procedimientos judiciales más rápidos y herramientas específicas para determinados casos.

Uno de los principales cambios se concentra en los desalojos. El proyecto establece que estas acciones tramiten mediante un juicio sumarísimo, que alcanza tanto a inmuebles urbanos como rurales. Sin embargo, el proyecto no habilita a los propietarios a desalojar por cuenta propia a inquilinos u ocupantes: la intervención judicial continuará como requisito y será un juez quien determine la restitución del inmueble.

El proyecto contempla la posibilidad de una entrega anticipada del inmueble en determinadas situaciones. Cuando la demanda se dirija contra intrusos o tenedores precarios, el juez podrá ordenar la restitución inmediata si considera verosímil el derecho invocado por el propietario y el demandante presenta una caución juratoria.

La medida podrá solicitarse después de la notificación de la demanda, y el juez deberá resolver el pedido dentro de los cinco días. El proceso continuará aunque la propiedad se haya entregado de manera anticipada. La caución juratoria implica que quien solicita la medida asume el compromiso legal de responder por los daños que pudiera ocasionar si posteriormente se determina que no tenía derecho a obtener la restitución.

El proyecto también contempla la desocupación anticipada por falta de pago o vencimiento del contrato, bajo las condiciones previstas por las partes y mediante caución juratoria. Para evitar pedidos indebidos, la iniciativa establece una sanción para el propietario que oculte información relevante, como pagos realizados por el inquilino o la existencia de un contrato distinto: en esos casos, el juez podrá imponer una multa de hasta diez veces el último alquiler a favor de la contraparte.

La iniciativa también amplía la legitimación activa: no solo el propietario podrá iniciar una acción, sino también quien invoque un derecho o interés legítimo afectado por la ocupación del inmueble. En los procesos de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, el proyecto limita los medios de prueba a la documental y la pericial.

En los contratos de alquiler de vivienda, el propietario deberá realizar una intimación fehaciente de pago antes de iniciar una demanda de desalojo por falta de pago. El plazo mínimo será de 10 días corridos desde la recepción de la notificación, y el propietario deberá indicar el lugar de pago correspondiente.

Este punto marca una diferencia con la versión original del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, que contemplaba reducir ese plazo a tres días. Si el inquilino no regulariza la deuda una vez vencido ese período, el propietario podrá iniciar la acción judicial de desalojo mediante el procedimiento sumarísimo.

La iniciativa incorpora nuevas alternativas para notificar a las partes. Si el contrato establece un domicilio electrónico, este podrá utilizarse para comunicar tanto la demanda como la intimación de pago. Cuando no exista un domicilio especial, la notificación podrá realizarse en el propio inmueble que será objeto del desalojo.

El proyecto también establece reglas específicas para el trabajo del notificador, que podrá identificar el inmueble por distintos medios, incluso mediante fotografías, y solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando resulte necesario. Además, deberá identificar a los ocupantes, consultar cuál es su relación con el demandado y dejar constancia de esa información. La notificación en el inmueble deberá alcanzar a todas las personas presentes, aunque no hayan sido denunciadas en la demanda.

El proyecto incorpora un reconocimiento judicial temprano para determinados casos. Ante situaciones de deterioro, uso abusivo, falta de pago o intrusión, el juez deberá ordenar una inspección dentro de las 72 horas desde la primera providencia, con el objetivo de identificar a quienes ocupan el inmueble y con intervención del Defensor Oficial.

En la etapa de lanzamiento, el mandamiento podrá autorizar expresamente el uso de la fuerza pública y el allanamiento, así como la apertura de cerraduras, incluso cuando el inmueble aparente estar desocupado. El oficial de Justicia podrá designar, además, un depositario para los bienes muebles que encuentre dentro de la propiedad.

El proyecto establece un procedimiento especial cuando en el inmueble viven menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. Antes de ejecutar el lanzamiento, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y al Ministerio Público Tutelar, y otorgar un plazo de hasta diez días para procurar una alternativa habitacional transitoria. En estos casos, la caución juratoria solo será admisible cuando el derecho del actor resulte inequívoco y no existan terceros de buena fe.

El proyecto también incorpora cambios en materia de expropiaciones. Establece que la declaración de utilidad pública deberá contar con una justificación específica y restrictiva, y fija un límite del 30% para el lucro cesante dentro de la indemnización. Además, dispone que el Estado no podrá transferir el dominio de un inmueble sin haber abonado previamente la compensación correspondiente.

Otro de los cambios apunta a los registros inmobiliarios: el proyecto habilita el uso de documentación digital en los Registros de la Propiedad Inmueble de todo el país. A su vez, actualiza la denominada Ley Pierri para facilitar la regularización dominial de viviendas únicas ocupadas públicamente durante al menos diez años.

Después de más de diez horas de debate, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto denominado de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce modificaciones vinculadas con los desalojos y las expropiaciones.

La votación terminó con 37 votos afirmativos y 33 negativos, en una sesión en la que el oficialismo debió realizar modificaciones importantes para conseguir los apoyos necesarios.

Para Gualeguay, uno de los datos centrales de la jornada estuvo en el voto de Romina María Almeida, senadora nacional oriunda de nuestra ciudad y representante de La Libertad Avanza, quien votó a favor de la iniciativa.

Los tres representantes entrerrianos en la Cámara alta no votaron de la misma manera.

Romina Almeida (La Libertad Avanza) acompañó el proyecto del Gobierno nacional con su voto afirmativo.

También votó a favor Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza).

En cambio, Adán Bahl (Justicialista) se pronunció en contra.

De esta manera, la representación de Entre Ríos terminó con dos votos favorables y uno negativo.

Aunque La Libertad Avanza había trabajado previamente para asegurarse el respaldo de bloques aliados, durante las negociaciones el proyecto perdió algunos de sus puntos más controvertidos.

En primer lugar, el oficialismo decidió eliminar el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros, ante las dificultades para reunir los votos necesarios.

Posteriormente también quedó afuera el apartado que pretendía introducir modificaciones a la Ley Nacional de Manejo del Fuego, luego de que creciera el rechazo entre distintos sectores de la Cámara alta.

Con esos cambios, el oficialismo consiguió finalmente reunir los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa, frente a 33 senadores que se pronunciaron en contra.

Uno de los ejes centrales apunta a fortalecer la protección de la propiedad privada y modificar procedimientos relacionados con la ocupación de inmuebles.

La iniciativa contempla cambios orientados a agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones consideradas ilegítimas, reduciendo los tiempos judiciales para que los propietarios puedan recuperar los inmuebles.

También introduce modificaciones sobre el régimen de expropiaciones, reforzando requisitos y garantías vinculados con la indemnización que debe recibir el propietario cuando el Estado dispone una expropiación por razones de utilidad pública.

Tras la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto deberá continuar ahora con su trámite parlamentario.

Maximiliano Abad (UCR - Buenos Aires); Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza - San Luis); Romina María Almeida (La Libertad Avanza - Entre Ríos); Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza - Córdoba); Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones); Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza - San Luis); Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy); Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza - Jujuy); Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza - Entre Ríos); Patricia Bullrich (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza - Neuquén); Agustín Coto (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego); Andrea Marcela Cristina (Frente PRO - Chubut); Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas - Corrientes); Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza - Río Negro); Eduardo Horacio Galaretto (UCR - Santa Fe); Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza - Chaco); Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO - Misiones); Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza - Salta); María Victória Huala (Frente PRO - La Pampa); Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza - Córdoba); Mariana Juri (UCR - Mendoza); Daniel Ricardo Kroneberger (UCR - La Pampa); Carolina Losada (UCR - Santa Fe); Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza - Neuquén); Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego); Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza - Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza - San Juan); María Emilia Orozco (La Libertad Avanza - Salta); Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza - La Rioja); Francisco Manuel Paoltroni (La Libertad Avanza - Formosa); Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social - Misiones); Silvana Lorena Schneider (UCR - Chaco); Rodolfo Alejandro Suárez (UCR - Mendoza); Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut); Mercedes Gabriela Valenzuela (UCR - Corrientes) y Eduardo Alejandro Vischi (UCR - Corrientes).

Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal - Catamarca); Beatriz Luisa Ávila (Independencia - Tucumán); Adán Humberto Bahl (Justicialista - Entre Ríos); Daniel Pablo Bensusán (Justicialista - La Pampa); Jorge Milton Capitanich (Justicialista - Chaco); José María Carambia (Movere por Santa Cruz); Lucía Benigna Corpacci (Justicialista - Catamarca); Julieta Corroza (La Neuquinidad); Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista - Buenos Aires); Juliana Di Tullio (Justicialista - Buenos Aires); Natalia Elena Gadano (Movere por Santa Cruz); María Celeste Giménez Navarro (Justicialista - San Juan); María Teresa Margarita González (Justicialista - Formosa); Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista - Santa Cruz); Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista - Santa Fe); Carlos Alberto Linares (Justicialista - Chubut); Cándida Cristina López (Justicialista - Tierra del Fuego); María Florencia López (Justicialista - La Rioja); Juan Luis Manzur (Justicialista - Tucumán); Ana Inés Marks (Justicialista - Río Negro); José Miguel Ángel Mayans (Justicialista - Formosa); Sandra Mariela Mendoza (Convicción Federal - Tucumán); María Carolina Moisés (Convicción Federal - Jujuy); Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago); José Emilio Neder (Justicialista - Santiago del Estero); Mariano Recalde (Justicialista - Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal - La Rioja); Flavia Royón (Primero los Salteños); Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal - San Luis); Martín Ignacio Soria (Justicialista - Río Negro); Sergio Mauricio Uñac (Justicialista - San Juan); Alejandra María Vigo (Provincias Unidas - Córdoba) y Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

La votación terminó con 37 votos afirmativos y 33 negativos, aunque La Libertad Avanza debió hacer concesiones para garantizar la sanción. Luego de haber eliminado previamente el capítulo referido a la extranjerización de tierras, el oficialismo también tuvo que retirar los artículos que proponían modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

El respaldo al proyecto fue aportado por 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la UCR y tres del PRO, además de legisladores provinciales.

Entre quienes acompañaron estuvieron los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola y la chubutense Edith Terenzi.

En contra se pronunciaron 24 senadores del interbloque justicialista, tres de Convicción Federal y otros legisladores de bloques provinciales.

Uno de los puntos de mayor discusión estuvo relacionado con la intención del Gobierno de reformar la actual Ley de Manejo del Fuego.

El oficialismo no consiguió reunir los votos necesarios entre los bloques dialoguistas y finalmente decidió retirar ese capítulo para evitar poner en riesgo el resto de la iniciativa.

Entre quienes rechazaban las modificaciones se encontraban los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, José Carambia, Natalia Gadano y representantes de otras fuerzas provinciales.

La legislación vigente establece restricciones para modificar el uso de terrenos afectados por incendios. En el caso de bosques nativos y humedales, la prohibición se extiende durante 60 años, mientras que para tierras agropecuarias alcanza los 30 años.

El Gobierno pretendía flexibilizar esas restricciones bajo el argumento de que el régimen actual puede terminar perjudicando a propietarios cuyos campos o inmuebles resultaron afectados por incendios.

El capítulo relacionado con los desalojos consiguió el respaldo de 36 senadores. En esa votación particular, la chubutense Edith Terenzi decidió abstenerse.

La reforma apunta a establecer mecanismos más ágiles para recuperar inmuebles ante determinadas situaciones de ocupación y, al mismo tiempo, incorpora modificaciones vinculadas con los procedimientos de expropiación.

De esta manera, el oficialismo consiguió avanzar con uno de los proyectos que impulsaba en el Senado, aunque para alcanzar los votos necesarios debió resignar dos aspectos importantes de la propuesta original: primero, el capítulo sobre extranjerización de tierras y, posteriormente, las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordaron mantener los cambios que consensuaron los senadores libertarios y las bancadas dialoguistas sobre la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros.

Bullrich informó a los periodistas acreditados en el Senado que el ministro aceptó las reformas incluidas en el proyecto, y remarcó: "El 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados". La senadora y el ministro mantuvieron una reunión durante la tarde en el Senado, de la cual también participó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.

Uno de los puntos que había generado malestar entre Bullrich y el ministro es el referido a las potestades que tendrán las provincias para aprobar una venta a un inversor extranjero, donde se deja abierta la posibilidad de que puedan dictar sus propias normas. Sobre esta cuestión, Bullrich sostuvo: "Las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias".

La legisladora explicó además que Sturzenegger "tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho", y que le explicaron que tenían que ver con "una mirada federal del uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones sobre zonas fronterizas para facilitar inversiones". Bullrich remarcó que se trata de "un proyecto consensuado entre todos los bloques", y que "no pone en peligro la soberanía, ya que la propiedad de la tierra no afecta la soberanía nacional; las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros".

Las diferencias dentro del oficialismo y la ausencia de algunos aliados que iban a votar el proyecto obligaron al Gobierno a postergar por cuarta vez el debate de esta iniciativa en la sesión del pasado 16 de julio, cuyo eje central es la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

El texto fija que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites y, en ejercicio de sus competencias, podrá establecer el régimen jurídico aplicable a tal efecto.

Se prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Toda adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros deberá ser inscripta en el Registro Nacional de Tierras Rurales previsto en el artículo 14 de la ley.

La adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por parte de extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se elimina el artículo del silencio administrativo, por el cual, si no había un pronunciamiento de la provincia o la Nación en un plazo de seis meses, la venta quedaba consagrada automáticamente.

EDP: Unas palabras sobre la nueva bandera de Aldea Asunción.

Otaegui: Estas son las cosas que a uno lo ponen muy contento: poder estar acompañando a todo el sector de las Comunas y de las Juntas de Gobierno. Justamente hoy, en el Día de la Bandera, se presenta el emblema que va a representar e identificar de ahora en más a la Comuna de Aldea Asunción. A mí siempre me gusta estar presente y apoyar lo que se hace en cada localidad. En este caso, el presidente comunal, Mauricio Frare, junto a todo su equipo, ha tenido una idea excelente y creo que toda la comunidad va a estar muy feliz de tener su propia bandera.

EDP: ¿Cómo evalúa la situación actual de las comunas y juntas de gobierno del departamento?

Otaegui: Creo que están muy bien, fundamentalmente por el enorme esfuerzo que están haciendo. Todos los dirigentes que están a cargo —tanto los presidentes comunales como los de las juntas de gobierno— están a la altura de las circunstancias. Nos toca atravesar una coyuntura difícil, donde los recursos son pocos. Es muy importante que se visibilice todo lo que se está haciendo. En cada lugar se nota cómo se optimizan los recursos disponibles, que no siempre son los que uno quisiera, y se vuelcan en beneficio de los vecinos. Aquí mismo, en Aldea Asunción, acabamos de ver que la Comuna adquirió un tractor nuevo. En el Sexto Distrito, que son dos comunas que ya venían con rodaje, se viene trabajando muy bien en el mantenimiento de caminos, el acompañamiento a las escuelas y la infraestructura interna. Lo propio ocurre en las dos comunas nuevas, algo que logramos sancionar hace poco por ley: Estación Lazo y el Quinto Distrito. En el caso de Lazo, ya contaban con la infraestructura de la junta y su propio edificio; y en el Quinto Distrito logramos que una escuela que iba a ser demolida porque se construyó un edificio nuevo, quede ahora como sede de la Comuna. Son acciones que, acompañadas por el gobierno provincial, buscan que la gente del interior profundo del departamento sienta que tiene un pedacito del Estado cada vez más cerca.

EDP: ¿Se busca incentivar el arraigo y evitar el éxodo rural en el Departamento Gualeguay?

Otaegui: Sí, por supuesto, y además es lo que manda la Constitución Provincial, que reconoce como organizaciones sociales básicas a las comunas y a los municipios. El formato de junta de gobierno es un esquema que ha quedado relegado y que viene transformándose desde gestiones anteriores. Con la última ley aprobada, pasamos entre 20 y 25 juntas a la categoría de comunas en toda la provincia.Dar este paso es clave porque les otorga autonomía. Una junta de gobierno no la tiene; depende administrativamente de la provincia. En cambio, la Comuna —al igual que un municipio— tiene autonomía para decidir su rumbo, gestionar su administración con mucha mayor agilidad y, fundamentalmente, recibir una mayor cantidad de recursos económicos.Ojalá que en este año y medio de gestión que nos queda podamos terminar de regularizar el mapa del departamento. En algunos lugares de la provincia se ha optado por unificar dos juntas cercanas para formar una sola comuna con más espaldas. Ese camino podríamos proyectarlo aquí para el Séptimo y el Octavo Distrito; ambos presidentes trabajan muy bien y en conjunto, y la unión significaría más recursos para toda esa zona. También nos quedaría evaluar la incorporación del Cuarto Distrito bajo algún esquema similar para que todo el territorio departamental quede cubierto por comunas autogestivas.

EDP: ¿Cómo observa la situación general y las principales demandas de la región?

Otaegui: El escenario es difícil. Hoy se está haciendo un gran esfuerzo por solucionar el estado de los caminos. Gracias al trabajo de los presidentes comunales se ven mejoras en varios sectores viales del departamento, pero sabemos que con la estructura actual de Vialidad Provincial no alcanza.Nuestra urgencia y ocupación actual está en que este año se concreten obras de infraestructura claves. Estamos gestionando en conjunto con los presidentes de juntas y comunas para que este mismo año salgan las licitaciones de las calzadas sumergibles: la del Arroyo Cantoni, la del Arroyo Vizcacha, en La Invernada para el Octavo Distrito.

EDP: ¿Qué alternativas legislativas o administrativas están impulsando para agilizar estas obras?

Otaegui: El gobernador tiene la firme idea de descentralizar a través de dos herramientas ágiles: los convenios directos de Vialidad con las comunas y la creación de consorcios camineros. Respecto a esto último, estimo que en los próximos 15 o 20 días estaremos aprobando la Ley de Consorcios en la Cámara de Senadores.Hacer una licitación o pedir un presupuesto tradicional en Vialidad puede demorar muchísimos meses. En cambio, si firmamos convenios directos, las comunas —que tienen la autonomía que mencionábamos antes— ejecutan con mayor rapidez. Esto nos urge aún más ante los pronósticos meteorológicos que anuncian la llegada del fenómeno de "El Niño". Con la infraestructura vial que hoy tiene el departamento, el panorama ante intensas lluvias puede ser muy complejo. Si bien está previsto que llegue una motoniveladora nueva y algunas herramientas más para la zonal de Vialidad, los recursos materiales siguen siendo insuficientes.  Por eso me estoy ocupando personalmente de acelerar los convenios y la ley, para permitir que los productores y las autoridades comunales, mediante fondos provinciales, conformen estos consorcios y atiendan los caminos vecinales con la agilidad que la producción y los vecinos necesitan.

La sesión extraordinaria se extendió hasta la madrugada y estuvo marcada por cruces entre legisladores oficialistas y opositores, negociaciones políticas de último minuto y una fuerte movilización en las inmediaciones del Congreso.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, alertó durante su discurso que la iniciativa sería “inconstitucional” y que, según su visión, derivará en un aumento de la “litigiosidad” en el mercado de trabajo. El peronismo y otros sectores de la oposición criticaron el proyecto por considerar que implica un retroceso en derechos laborales fundamentales.

El proyecto incorpora cambios sustanciales en la legislación laboral vigente, con el objetivo, según el Gobierno, de “modernizar” un sistema que consideran obsoleto y que genera altos niveles de empleo informal. Entre sus puntos principales se destacan:

Originalmente, el proyecto también contemplaba cambios en Ganancias y en la financiación de obras sociales sindicales, pero esos artículos se negociaron y quedaron fuera para asegurar los votos de gobernadores y bloques dialoguistas.

Mientras transcurría la votación, grupos de manifestantes se concentraron en la Plaza Congreso, generando momentos de tensión con las fuerzas de seguridad. Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hubo alrededor de 40 demorados y una docena de detenidos, aunque la Comisión Provincial por la Memoria reportó hasta 60 personas detenidas. Hubo también heridos en la protesta.

El presidente de la Nación y varios miembros de su gabinete difundieron en sus cuentas en redes sociales imágenes de incidentes con un reducido grupo que lanzó bombas molotov, a quienes denominaron despectivamente como “kukas”. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó los hechos a sectores de la izquierda.

El Ejecutivo definió la media sanción como “un punto de inflexión en la historia laboral argentina” y la defendió como un paso clave para generar empleo formal, reducir la litigiosidad y actualizar una legislación que, según sus defensores, estaba desfasada ante los desafíos económicos actuales.

En tanto, sectores sindicales y opositores anticiparon que no solo seguirán la discusión en Diputados sino que evaluarán acciones judiciales, al considerarla una norma que vulnera garantías constitucionales y derechos consagrados en el Artículo 14 bis de la Constitución, que protege la estabilidad y organización sindical de los trabajadores.

En el marco de la visita, también se acercaron a la Escuela N° 39, donde se está colaborando con el recambio de pisos, una intervención que apunta a mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.

Desde el distrito destacaron la presencia del senador y remarcaron la importancia de trabajar de manera conjunta para gestionar nuevas obras y recursos que permitan seguir fortaleciendo la infraestructura y los servicios para la comunidad.

Durante la ceremonia, Almeida y Bahl estuvieron acompañados por sus familias, mientras que Benegas Lynch participó sin acompañantes.

La nueva composición del Senado, resultado de la elección del 26 de octubre, presenta un reacomodamiento de fuerzas políticas:

Con esta jura, el escenario legislativo nacional inicia una nueva etapa marcada por la ampliación del espacio libertario y una reducción de las bancadas históricas, configurando un Senado con nuevas correlaciones de fuerza de cara al próximo período parlamentario.

“Emitir el voto es el acto más importante de nuestra democracia”, le dijo Dora Bogdan a  este medio.

Emergencia pediátricaEl proyecto establece la asignación prioritaria de recursos para insumos, infraestructura, personal médico y equipamiento indispensables para la atención pediátrica. También incluye cláusulas de recomposición salarial para quienes trabajan en salud infantil y la eximición del pago del impuesto a las ganancias sobre horas extras y guardias en casos críticos. El Hospital Garrahan es mencionado como hospital de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad. El impacto fiscal previsto entre julio y diciembre rondaría los $ 65.573 millones, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Universidades públicasEl texto vetado obliga a que el Ejecutivo actualice el presupuesto universitario en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del período 1 de mayo al 31 de diciembre de 2024, aplicable desde el 1 de enero de 2025. También plantea que los aumentos salariales para docentes y personal no docente deban tener carácter remunerativo y bonificable, y que la negociación paritaria ocurra cada tres meses como máximo. 

Para que los vetos sean rechazados sobre tablas, se requerirán los votos de dos tercios del Senado. Esto no se considera un problema para quienes buscan la reactivación de ambas leyes, dado que en la votación original del 21 de agosto pasado el proyecto pediátrico obtuvo 62 adhesiones y el universitario, 58, sobre un total de 72 senadores. En esa ocasión, los rechazos provinieron de ciertos sectores libertarios y del oficialismo. En el caso universitario, también hubo abstenciones de legisladores que luego pidieron más tiempo para analizar.

Los senadores del bloque Juntos Por Entre Ríos, a través de un comunicado, expresaron su apoyo a la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de suspender toda actualización de haberes y dietas de los senadores y funcionarios de esta Cámara en los términos del artículo 1º del Decreto 1391.

En el mismo, los senadores justifican la decisión: “En más de una oportunidad, como bloque, hemos señalado que, Entre Ríos, estructuralmente tiene una limitada autonomía financiera atento a la fuerte dependencia de los recursos de origen nacional y el alto componente de gastos inflexibles en sus erogaciones, sobre todo en personal y caja de jubilaciones”.“Esto refleja un muy bajo grado de libertad presupuestaria, acotando el margen de estrategias ante contingencias”, continúan los senadores en el documento, donde también señalan que “resolver esta ecuación llevará varios años de reordenamiento del gasto” y que “estamos en ese camino”.

“Los recortes de recursos de origen nacional que sufrieron las provincias en 2024 se profundizaron en este primer semestre. Deben dictarse nuevas medidas, y si queremos seguir prestando servicios básicos del estado, seguramente si se mantiene el contexto macroeconómico nacional deberán ser más drásticas”, agregaron.

Por último, destacaron “el coraje del gobernador por la demanda ante el gobierno nacional al iniciar juicio por cifras millonarias que debieron ser reclamadas mucho antes” y que “eran recursos de los entrerrianos que hoy reflejan el estado de rutas, escuelas y hospitales”.

La medida se enmarca en el decreto parlamentario 344/25, firmado por la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel. A través del mismo, se habilita a los senadores y senadoras que así lo deseen, a rechazar total o parcialmente los aumentos que se derivan de las paritarias alcanzadas por la Asociación del Personal Legislativo (APL). El último acuerdo paritario implicó un reajuste acumulativo del 1,3% en los salarios de marzo, abril y mayo, además de un bono de $100.000 para trabajadores legislativos.

En ese contexto, De Ángeli dirigió una carta a Villarruel comunicando su decisión:

“Me dirijo a usted a fin de comunicar mi decisión respecto de la opción, en relación con los conceptos alcanzados: dieta, gastos de representación y desarraigo”, expresó el legislador, haciendo uso del artículo 3 del decreto que permite la renuncia voluntaria al aumento.

Por su parte, Stella Olalla comunicó su decisión a través de la red social X (ex Twitter), señalando:

“Vivimos un momento difícil en el país, donde muchos argentinos y argentinas hacen enormes esfuerzos para salir adelante. Estoy convencida de que la política también debe acompañar con gestos claros, responsables y coherentes con esa realidad”, expresó.

Ambos legisladores coincidieron en la necesidad de mantener una función pública austera y comprometida con la realidad económica que atraviesa gran parte de la sociedad.

Además de De Ángeli y Olalla, también rechazaron el aumento senadores de los bloques de La Libertad Avanza y la UCR, entre ellos Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto, Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela, Carolina Losada y Martín Lousteau.

La opción de renunciar al aumento regirá desde marzo hasta el 31 de diciembre de 2025. En medio del debate por la equidad salarial y el rol del Estado, este gesto busca marcar un mensaje político de sensibilidad y responsabilidad ante la crisis.

—Redacción: El Debate Pregónwww.debatepregon.com.ar

s una iniciativa que fue presentada por el Senador de San Salvador, Marcelo Berthet, en el período legislativo anterior y considera que estas empresas que ofrecen un servicio que sostiene una impronta local y regional “más allá de replicar canales de emisión nacional o provincial, prestan un servicio de información respecto del que hacer de la propia comunidad”, se destaca en los fundamentos.

Esta mañana se dio un intenso intercambio en el que los legisladores oyeron la postura de integrantes de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, que agrupa a operados de cable de toda la provincia. Estuvieron encabezados por su titular, Daniel Delfino.

Fundamentos del proyecto

El proyecto fue presentado por el senador de San Salvador, Marcelo Berthet, y tuvo en cuenta el interés público ya que en general son los operadores de cable los que se ocupan de informar de manera continua el acontecer local y esto debe ser un valor para ser preservado de algún modo por el Estado.

Para el legislador contemplar exenciones impositivas para el sector apunta a fortalecer la identidad de las microrregiones y de la provincia, como así también sostener una actividad de neto corte local.

En la reunión relató además que se busca salvar una situación generada por cambios que se dieron en la ley impositiva entrerriana y cambiaron algunos alcances y tipificaciones, llevando con esto a que las empresas de televisión por cable locales sean alcanzadas por tributos de los que hasta ese entonces estaban exentas.

Además se contempló que estos prestadores, empresarios pequeños de cada localidad, también ofrecen el servicio de internet – que se encuentra gravado por ingresos brutos-, lo cual genera una distorsión y hace necesaria una modificación normativa a los fines de alcanzar el objetivo buscado con la exención apuntada.

Para lograr un encuadre correcto el proyecto propone que se fije un monto determinado de facturación anual “hasta el cual tales servicios estarán exentos, el que deberá determinarse anualmente en la Ley Impositiva, modalidad ésta que permitirá continuar poniendo el énfasis en el contribuyente y mantener el beneficio”.

El proyecto sustituye el Inciso d) del Artículo 197º del Código Fiscal (T.O. 2022), y propone una nueva redacción.

Durante la reunión los legisladores recibieron una copia de la redacción para que sean analizados en vistas a la posibilidad de avanzar en un próximo encuentro hacia la confección de un dictamen.

Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones

Estuvieron presentes, por citar algunos, representantes de las operadoras de cable de Urdinarrain, Islas, Rosario del Tala, Nogoyá, Santa Elena y Villaguay.

Después de una introducción realizada por los senadores Dal Molín y Berthet, el presidente de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, Daniel Delfino, agradeció la invitación y la posibilidad de poder expresarse.

Contó a los legisladores que la actividad ha tenido un fuerte desarrollo en las últimas décadas, con un notorio crecimiento, indicando que se comenzó a prestar el servicio “porque en los pueblos no había. Se creció siempre en base a inversiones privadas, siempre fue una industria de capitales entrerrianos y ha mantenido el federalismo en lo local”.

Recordó la importancia que tiene para ellos lo normado por la Constitución entrerriana, que en su artículo 70 indica que el Estado, dentro de su competencia, protegerá y alentará la explotación de sus recursos radioeléctricos y los medios de comunicación radicados en su territorio, como herramienta para su fortalecimiento de sus regiones y la conformación de su identidad cultural.

Expresó que está clara la actividad porque los propios legisladores, durante sus actividades, pueden ver cómo se hace un seguimiento de las actividades que se hacen en el territorio.

Detalló a los senadores presentes cuales son los impuestos a los que deben hacer frente y quienes son los organismos recaudadores.

Mencionó que por ejemplo hacen frente a un fondo fiduciario que es recaudado por ENACOM, un organismo que está intervenido, que tal vez sea disuelto, pero continúa con el proceso de recaudación.

“Somos una entidad que siempre estuvo exenta de los ingresos brutos, pero ante un reacomodamiento y cambios en el texto años anteriores, generó que las empresas quedaran incluidas para hacer un pago que antes no tenían”, explicó Delfino.

Reveló ante la comisión que junto a alguno de los legisladores presentes (Berthet y Dal Molín) se reunieron con autoridades de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), para hacer una redacción adecuada que permita volver a la situación anterior, contemplando las necesidades de las operadoras locales de cable.

Todo apunta a lograr un encuadramiento que permitiera mantener un beneficio porque se trata de medianos emprendimientos. “Somos entrerrianos”, remarcó en varias oportunidades, destacando además la creación de empleo local. Habló también del vínculo con las universidades.

Observó que lo local tiene preponderancia y si preguntó cómo sería la circulación de noticias de una pequeña localidad si las operadoras no se ocuparan. “Tal vez se debería recurrir a alguien que tal vez está en Capital Federal”, reflexionó.

Reveló a los legisladores que lo relacionado con el pago de tributos, hay presentaciones judiciales, de lo que están en conocimiento la ATER.

Comentó que si se logra la sanción del proyecto se terminará con la recurrencia a los tribunales para tratar de sostener los beneficios. El proyecto de ley apunta a dar beneficios a empresas que se desempeñan en localidades que tienen hasta 60000 habitantes.

Muchas de estas empresas también prestan el servicio de acceso a internet, es que es facturado aparte del servicio de cable y tributa de acuerdo a lo dispuesto por la ATER.

Después comentaron sobre el pago a otros organismos, como por ejemplo SADAIC y también hubo intercambios sobre el impacto que tiene la aparición de plataformas a las que se accede a través de las redes.

Con el fin de alcanzar el consenso necesario para firmar el dictamen y avanzar al debate en la Cámara Alta, el Gobierno aceptó una serie de cambios propuestos por la oposición sobre el paquete fiscal. En ese marco, se hicieron modificaciones sobre Ganancias, monotributo, Bienes Personales y el blanqueo de capitales.

En concreto, para Ganancias, uno de los cambios centrales es el que introduce un diferencial para los salarios de la zona patagónica, un reclamo reiterado de los gobernadores de esa región, que argumentaban que el costo de vida en las provincias del sur es más elevado.

Por esa razón, el artículo 78 bis incorporado a la iniciativa plantea que “cuando se trate de empleados en relación de dependencia y jubilados que vivan en las provincias y/o, en su caso, partido, a que hace referencia el artículo 1° de la Ley 23.272 y sus modificaciones, las deducciones mencionadas en el artículo 30 se incrementarán en un 22% (veintidós por ciento)”. La zona patagónica comprende La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y el partido bonaerense de Patagones.

Otro cambio es que habrá posibilidad de deducir los intereses que paga un deudor por créditos hipotecarios UVA, justo en semanas en que un grupo de bancos públicos y privados volvieron a ofrecer ese tipo de préstamos atados a la inflación más una tasa de interés adicional.

Si se aprueba el proyecto del Gobierno en el Senado -aunque después necesitará revalidación en Diputados-, los asalariados pagarán el impuesto a las Ganancias a partir de una remuneración bruta mensual de $1.800.000 (en términos netos, es un salario de $1.494.000) si no aplican deducciones por cónyuge ni por hijos, ni tampoco por determinados gastos que podrán descontarse del ingreso a los fines del cálculo del tributo.

El artículo 100° del paquete fiscal prorroga la existencia de la figura del monotributo social, que había sido eliminada en la redacción original de la iniciativa, y que prevé para determinados sectores ligados a la economía popular que el componente de pago impositivo por formar parte del régimen simplificado sea más bajo que la categoría inicial del monotributo.

“Cuando el pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) sea un sujeto inscripto en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Capital Humano y tenga una facturación anual menor al 50% de la Categoría A, no deberá ingresar el impuesto integrado contemplado en el artículo 11 del Anexo de la Ley N° 24.977″, plantea la norma modificada.

El proyecto del Gobierno actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300 y 330 por ciento. El ingreso tope anual sería de $68 millones y elimina la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para estar en el régimen simplificado. También, subirían los montos de toda la escala y los importes a pagar.

Los monotributistas de la categoría A, de menores ingresos, podrían facturar hasta $6.450.000 anuales. Para aquellos que se encuentren en la categoría K, la más alta, el monto asciende a 68 millones de pesos. Además, habría un aumento en importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado, y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social.

En relación al texto que salió aprobado de Diputados, se destacan cinco grandes cambios sobre el blanqueo. Por un lado, se estableció que no se podrán blanquear criptomonedas en el exterior, cómo había sido establecido en primera instancia.

Por otro lado, se estableció que los inmuebles a nombre de sociedades sólo se podrán blanquear si estaban declarados por la sociedad.

Además, la prohibición de los funcionarios de adherir al blanqueo pasó de 5 a 10 años. En lo que hace a parientes de funcionarios, incluyeron en la prohibición a hermanos y todos los de primero y segundo grado.

Por último, se incluyeron herramientas para las provincias y las inversiones productivas, como posible destino sin impuesto de los fondos que se depositarán en cuentas especiales.

Los cambios en el paquete fiscal también alcanzaron al impuesto a los Bienes Personales. En concreto, se estableció una suba del 20% en las alícuotas para quienes ingresen al blanqueo.

En concreto, para los contribuyentes en general la alícuota será de 1,5% para 2023; 1,25% para 2024; 1% para 2025; 0,75% para 2026, y 0,25% para 2027 en adelante.

Quienes ingresen al blanqueo, en cambio, pagarán 1,8% en 2023,. 1,5% en 2024, 1,2% en 2025, 0,9% en 2026 y 0,3% del 2027 en adelante.

En tanto, se mantuvo la suba del piso a $100 millones del piso a partir del cual se deberá tributar por el período fiscal de 2023 -cuya declaración deberá hacerse a partir del mes próximo- mientras que la deducción por la vivienda personal asciende para el mismo ejercicio a los $350 millones.

En esta sesión, los senadores aprobaron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que modifica el artículo 37° de la Ley 9602 de Presupuesto de la Administración Provincial, el cual trata sobre el aumento del porcentaje destinado al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, que pasa a constituirse del 20% al 50% de lo recaudado en concepto del Impuesto Inmobiliario Rural. El Fondo estará administrado por la Dirección Provincial de Vialidad.

El senador y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), brindó fundamentos para la aprobación de este proyecto, y explicó: “Los caminos, las rutas provinciales, sean troncales o salidas secundarias a la producción, son de interés de todos los senadores. Puedo asegurar que somos permanentemente interpelados por productores y vecinos de zonas rurales en la necesidad de encontrar soluciones. El proyecto tiene un solo artículo. La simpleza del mismo, sin embargo, no significa que no tenga importancia en el marco de las políticas públicas”.

Además, destacó la incorporación al proyecto de un aporte del senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), que consta en que “si los recursos afectados a este Fondo no fueran invertidos en su totalidad, los saldos no utilizados pasarán al siguiente ejercicio conservando la afectación dispuesta en este artículo”.

Por su parte, senador Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) manifestó el acompañamiento de la oposición a este proyecto del Ejecutivo: “Estamos convencidos de acompañar esto, porque nosotros sabemos que, por los caminos de nuestra provincia, más allá de la producción, también los docentes van a clase, el sistema sanitario presta su atención y las fuerzas de seguridad se trasladan. Entonces, entendemos que el producido del trabajo es importante, pero los otros elementos también son trascendentales. Van a hacer falta muchos años, pero no es solamente mirar para atrás sino para el futuro, como estamos haciendo en este caso”.

Además, se aprobaron 10 proyectos de declaración y 2 de comunicación.

La situación crítica por la que están pasando los clubes es una preocupación creciente en la dirigencia deportiva en la provincia de Entre Ríos, ya que están teniendo dificultades para hacer frente a los gastos corrientes que tienen para funcionar.La brusca quita de subsidios del gobierno nacional sumado a la modificación del cuadro tarifario implicó un aumento significativo de la tarifa eléctrica para los clubes. “Estamos en un escenario que presenta a los clubes una evidente situación de debilidad financiera, la cual se agudizó en los últimos meses, por lo que vemos necesario reforzar el respaldo del gobierno provincial ante el evidente retiro del gobierno nacional” sostuvo el legislador del Departamento Tala. El objetivo que persigue esta iniciativa es morigerar el impacto que el aumento tarifario eléctrico tuvo sobre las arcas de los clubes. De acuerdo al Relevamiento Nacional de Clubes y Entidades Deportivas (RENACED), al cabo de 2023, en Entre Ríos existían 489 entidades identificadas.El proyecto de Comunicación insta a que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de Energía, implemente un incremento en los porcentajes del subsidio de tarifa sobre los consumos de electricidad que actualmente se aplica a las Instituciones Deportivas de primer, segundo y tercer grado y centros deportivos educacionales, que se dediquen a fomento y/o práctica del deporte, radicados en el territorio de la Provincia. 

En la Provincia se viene aplicando determinados porcentajes de subsidio a la tarifa eléctrica de los clubes desde el año 2026. El decreto vigente en la actualidad (1780/16 MPIyS) es aplicado en un 28% para todas las Instituciones Deportivas Tarifa 1 y Tarifas T2 y T3: Subsidio y en un 35% para aquellas Instituciones Deportivas que cedan total o parcialmente sus instalaciones a título no oneroso para la práctica deportiva de instituciones educativas, Tarifa 1 y Tarifas T2 y T3.

Según se lee en los fundamentos del proyecto de comunicación presentado por Conti “los clubes son la base del desarrollo deportivo de la provincia y resultan fundamentales en términos de la organización del deporte, ya que se hacen cargo de gran parte de la formación deportiva y social de las personas. Son espacios donde se fomenta la inclusión, el bienestar físico y mental, el trabajo colaborativo y solidario. Son lugares de educación, contención y formación de valores que luego sirven para otros ámbitos de la vida.”Esta situación por la que atraviesa el país y la provincia tiene consecuencias que afectan directamente a los clubes. “La cuota social y la cuota por actividades deportivas son una fuente importante de ingresos de los clubes medianos y grandes, siendo muy importante también en los clubes chicos. En este sentido, hay que considerar el contexto económico de muchas familias entrerrianas que, ante la baja del poder adquisitivo, comienzan a darse de baja como socios ante la imposibilidad de pagar la cuota, lo que genera una disminución en la masa societaria de los clubes y, consecuentemente, en sus ingresos económicos” afirmó el senador. Finalmente, el senador aclaro que, “si bien esta propuesta tiene por objetivo a compensar una situación de complejidad financiera y funcional de estas instituciones, no daría una solución definitiva por la gravedad del contexto, pero sí los ayudaría a reducir el impacto de la elevación de costos, por lo que seguiremos trabajando junto al sector para ayudarlos en otras gestiones e iniciativas”.

Senadores justicialistas impulsan una reducción de la factura de energía eléctrica para las universidades públicas de Entre Ríos: “Del mismo modo que hoy el Estado provincial subsidia la energía para sectores productivos, el deporte y la cultura, impulsamos un aporte para las universidades productoras de conocimiento”, expresó el jefe de la bancada de Más para Entre Ríos, Martín Oliva.

La iniciativa, en la que está trabajando junto a sus pares, apunta a lograr un aporte del Estado provincial con el fin de mitigar el impacto que están sufriendo las universidades públicas, con asiento en la provincia de Entre Ríos, producto de la quita del subsidio a la tarifa eléctrica aplicada por el gobierno nacional.

De esta manera, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) tendrían una quita del 30% en sus facturas de luz.

“La educación pública gratuita y de calidad es un derecho universal y un bien público y social, que no se puede ni se debe medir en términos de rentabilidad”, afirmó el senador.

El proyecto de Ley de Régimen Transición de Gobierno Provincial, impulsado por el Poder Ejecutivo, será abordado este miércoles a las 11 en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores.La iniciativa propone establecer las bases para que el traspaso de mando entre las autoridades en funciones y las de un gobierno electo se concrete de un modo eficiente, transparente y ordenado.En este marco es que busca prohibir las designaciones de planta permanente, las transferencias de dependencias y las recategorizaciones en el último año de gestión, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo.El proyecto fue aprobado por unanimidad de los diputados a fines de febrero: tuvo el acompañamiento de los bloques de la derecha y del PJ, que terminó dando luz verde a la iniciativa debido a que el oficialismo aceptó varias modificaciones que subsanaron las “serias inconsistencias” que tenía el proyecto original.

Tras la ceremonia, realizada este jueves en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) en Paraná, la vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, se refirió al discurso del mandatario entrerriano. Valoró la importancia de “conocer la realidad de nuestra provincia” entendiendo que “nos sirve como punto de partida para gestionar, trabajar en territorio y estar cerca de la gente”.

En esta línea, consideró que “la responsabilidad y el compromiso de la gestión es lograr un cambio profundo para vivir en la provincia que nos merecemos”. Y añadió: “Hay una Entre Ríos mejor, posible y hacia ella estamos avanzando”.

Por su parte, el senador Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos) dio su opinión sobre los conceptos expresados por el gobernador ante el pleno de ambas cámaras.

“Es necesario que los entrerrianos sepan con claridad la situación actual de la administración pública provincial”, aseveró el presidente de bloque de Juntos por Entre Ríos tras destacar que los objetivos de la gestión “tienen que ver con poner en el centro de escena a los entrerrianos, a la seguridad, la educación y las políticas alimentarias que se están fortaleciendo para atender este difícil momento que estamos transcurriendo”.  Mencionó además la necesidad de “lograr un rumbo en la provincia, generar ejes para la industria, el comercio, la actividad turística, que son sectores que nos pueden sacar adelante”.

Y agregó: “El gobierno de Frigerio y mi rol como legislador van a ser de mucha cercanía y acompañamiento, sin distinción de ningún tipo por color de partido político”.

En tanto, el senador Martin Oliva (Uruguay- Frente Más para Entre Ríos) expresó: “Creo que es muy importante que la democracia renueve esta apertura en este tiempo. La democracia es un ejercicio que llevamos todos quienes recibimos el voto del pueblo”.

Luego, el legislador provincial opinó: “En esta oportunidad que nos encontramos en esta Asamblea, no coincido con algunas de las apreciaciones que llevó adelante el señor gobernador, pero uno tiene que ser respetuoso”. Y siguió: “Creo que nuestra provincia ha trabajado diversos temas como salud y turismo. Siempre habrá cosas para mejorar, pero debo ser respetuoso y la institucionalidad del momento hace que mi palabra sea, en este caso, moderada”, cerró el presidente del bloque Frente Más para Entre Ríos.

Fuente:HCSER

La Cámara de Senadores de Entre Ríos realizó este miércoles la séptima sesión del 144º Período Legislativo, presidida por el vicepresidente primero Daniel Olano (Islas-Frente Justicialista).

Durante la sesión, se dio media sanción al proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna San Pedro, Distrito Mandisoví, del Departamento Federación.

Además, se trató el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Arroyo Corralito, Distrito Antonio Tomás, del Departamento Paraná.

Pidió la palabra el senador Adrián Fuertes (Villaguay – Frente Justicialista) y tras dar los fundamentos correspondientes expresó: “Tiene dictamen unánime de nuestra comisión, por lo que pido a mis pares que sean evaluados y aprobados por este cuerpo porque todos hemos coincidido y entendemos que es un acto de reivindicación para la ruralidad de nuestra provincia este paulatino proceso de transformación en común a nuestra junta de gobierno”, aseveró el legislador.

Luego, obtuvo media sanción el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Médanos, Distrito Médanos y Ceibas, del Departamento Islas del Ibicuy.

Y el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación de un inmueble de propiedad de la Municipalidad de General Campos.

Las y los legisladores convirtieron en ley el proyecto de autoría del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a aceptar la donación formulada por la Municipalidad de Hernández de un inmueble con destino al uso exclusivo del Superior Tribunal de Justicia para la construcción de la sede del Juzgado de Paz de Hernández.

También se dio media sanción a la iniciativa del senador Horacio Amavet por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción del inmueble, identificado bajo Matrícula N° 4.584, la cual será destinada a dar continuidad a una calle pública vecinal, para el acceso a la Reserva natural protegida de usos múltiples de los pájaros y sus Pueblos Libres, ubicado en Colonia Elia, del Departamento Uruguay.

• Sobre tablas

Durante el debate legislativo, quedó aprobado el proyecto de ley de la diputada Carina Ramos por el que se modifica la Ley Nº 11.037 de Grados para la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

Al respecto, la senadora Flavia Maidana (Nogoyá- Frente Justicialista) fundamentó la iniciativa y explicó que el proyecto genera “un orden orgánico y funcional en la orquesta con una innumerable cantidad de beneficios para todos sus integrantes desde el ingreso hacia la misma”. Luego agradeció a sus pares por el acompañamiento y saludó a los integrantes de la Orquesta presentes en el recinto.

Por su parte, el senador Francisco Morchio (Gualeguay- Cambiemos) también se refirió a la iniciativa y destacó que el proyecto se aprueba por unanimidad en ambas Cámaras.

• Modificación del Código Fiscal

Por fuera de lista, ingresó la iniciativa que establece la modificación del Código Fiscal. Al respecto, pidió la palabra el senador Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista), como miembro informante de la Comisión de Legislación General. Explicó que el proyecto fue tratado este miércoles de manera conjunta por las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, esta última encabezada por el senador Amilcar Genre Bert.

En la oportunidad, participó el contador Germán Grané, director ejecutivo de ATER, quién explicó los alcances de esta normativa. “Esta iniciativa postula la reforma de algunos artículos del Código Fiscal a los fines de realizar una adecuación normativa que brindenla respuesta a los actores de ciertas actividades productivas y de servicio y que en el marco de la pandemia de covid sufrieron un impacto económico relevante. Por otra parte, se promueve la incorporación de herramientas para hacer más efectivo y simple el control de los obligados tributarios”, explicó en los fundamentos. Luego informó que al proyecto se le realizaron unos “ajustes formales” por lo que vuelve a la Cámara de origen.

Sobre el mismo tema, habló el senador Rubén Dal Molin (Federación- Cambiemos) mencionando los puntos centrales del proyecto. “Estamos muy de acuerdo con el proyecto de ley”, dijo el legislador tras asegurar que su espacio acompañará la iniciativa.

• Proyectos de las y los senadores

En la sesión se dio tratamiento al proyecto de Ley de autoría de la senadora Claudia Gieco, por el que se establece la Promoción y Protección Integral de la Primera Infancia.

También se trató el proyecto de Ley de autoría del senador Amilcar Genre Bert, por el que se establece el Régimen de protección, recuperación, repoblación y reintroducción de la fauna autóctona de Entre Ríos.

Luego, el proyecto de Ley de autoría de la senadora Flavia Maidana, que tiene por objeto establecer la carga horaria mínima que deberán contemplar los planes de estudios para calificar a una carrera de grado como universitaria.

Y se dio tratamiento al proyecto de Ley de autoría del senador Armando Gay, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir a Título de Donación a favor de la Municipalidad de Concordia un inmueble de propiedad del Estado Provincial.

• Homenaje en el recinto

Tras solicitar un cuarto intermedio, en el recinto se realizó un homenaje al gualeguaychuense Juan Carlos “Juancho” Martínez, por ser pionero y aportar a la cultura carnavalera de la ciudad de Gualeguaychú.

A través de una iniciativa del senador Jorge Maradey, se lo declaró personalidad destacada de la cultura y se le entregó una placa recordatoria. En la oportunidad, también se proyectó un video sobre la historia y la vida de “Juancho”, nacido en 1934, destacado actor, transformista, modisto, integrante y director de comparsas. Luego, mediante zoom, Martínez emocionado compartió unas palabras y agradeció el reconocimiento.