El debate en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno envió a la Cámara de Diputados el pasado 17 de septiembre en medio de la escalada de tensión con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas, tiene fecha confirmada de inicio: este miércoles 30 de septiembre.

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12, en el marco de un cronograma de trabajo que finalizaría el martes 6 de octubre con la firma de los dictámenes. El oficialismo marcará el pulso del debate, ya que controla la conducción de las tres comisiones a través de Carlos Zapata (Defensa), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana Santillán (Relaciones Exteriores).

El proyecto prevé el endurecimiento de las penas, con hasta 20 años de prisión, para quienes exploten o cooperen con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, además de inhabilitar a esas personas o empresas para operar en la Argentina.

La iniciativa reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía las prohibiciones, que ya no alcanzarían solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. Se crea además un registro público de infractores, con los que el Estado y los particulares tendrían prohibido contratar, y se incorpora el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

Otro de los ejes es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo coordinaría las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, y podría disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, y restringir importaciones y exportaciones.

Entre las prerrogativas más resonantes figura la autorización para derribar aeronaves y hundir buques considerados hostiles, como último recurso tras agotar otras instancias de un protocolo de actuación.

El texto también prohíbe los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas, e incorpora nuevos delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar con operaciones clandestinas de inteligencia, y realizar, con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación.

Además, redefine las funciones de la Defensa Nacional, autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales, y crea por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que habilitaría la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas con quienes estén inscriptos allí.

Desde la oposición, el proyecto genera fuerte resistencia. Un diputado nacional de Unión por la Patria, que el viernes había organizado en la Cámara baja una audiencia informativa denominada "¿Soberanía o patio trasero?", calificó la iniciativa como un "caballo de Troya" y sostuvo que, detrás de la reivindicación de Malvinas, se esconde "un plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado comandado por Donald Trump y Marco Rubio".

Según su lectura, se trataría de "una extorsión política por Malvinas", al incluir las sanciones vinculadas a las islas en el mismo proyecto que crea el Consejo de Seguridad Nacional, de manera que votar en contra "parezca votar contra Malvinas". Sobre el RePET, cuestionó que permita congelar bienes "sin orden judicial previa" a partir de una inscripción por "motivos razonables para sospechar" y sin causa penal, y objetó que el proyecto habilite instalar radares militares en cualquier provincia sin aprobación de la jurisdicción correspondiente, además de permitir la coordinación con Estados extranjeros sobre territorio argentino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este sábado a la disputa por las Islas Malvinas y advirtió que un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido podría transformarse en un "desastre potencial". Sus declaraciones se produjeron durante una visita oficial a Irlanda, después de reunirse en Dublín con el primer ministro irlandés Micheál Martin, en medio de una renovada tensión diplomática entre ambos países por la disputa de soberanía.

Ante una consulta periodística, el mandatario calificó la situación de las islas como "muy interesante" y sostuvo que actualmente Argentina y el Reino Unido son "dos países" que están "enfadados" entre sí. También recordó el antecedente histórico de la ocupación británica: "Los británicos entraron y se apoderaron de ellas", expresó, aunque aclaró que desconocía cuál sería la disposición actual del Reino Unido ante un escenario de mayor tensión.

"Estoy seguro de que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo", afirmó Trump, según declaraciones reproducidas por la agencia EFE. El mandatario aclaró que hablaba de una situación hipotética y no anunció ninguna iniciativa diplomática concreta, ni informó haber recibido pedidos de mediación por parte de Argentina o del Reino Unido.

Trump vinculó además su análisis con los problemas internos que atraviesa el Reino Unido, al mencionar cuestiones relacionadas con la inmigración y la energía, y puso en duda que Londres tuviera actualmente disposición para afrontar un eventual despliegue militar a gran distancia.

Las declaraciones de Trump se conocieron pocos días después de que el Gobierno argentino anunciara una serie de medidas vinculadas con la cuestión Malvinas. El 4 de septiembre, el presidente Javier Milei había presentado iniciativas destinadas a reforzar el reclamo de soberanía y los controles sobre actividades económicas desarrolladas sin autorización argentina, entre ellas la reglamentación de sanciones para empresas vinculadas con la exploración o explotación de hidrocarburos en áreas reclamadas por el país, además de mayores recursos para Defensa y el impulso de una Base Naval Integrada en Ushuaia.

En ese marco, el Ejecutivo también creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior dentro de la Cancillería, con el objetivo de coordinar las actuaciones estatales relacionadas con Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, e inició procesos sancionatorios contra decenas de empresas y personas presuntamente vinculadas con actividades económicas en la zona.

Los dichos de Trump se suman a un contexto en el que el propio Reino Unido había asegurado, días atrás, que sería "implacable" en la defensa de su posición sobre las Malvinas. Por el momento, las palabras del presidente estadounidense se limitaron a plantear que una eventual escalada sería riesgosa y a manifestar confianza en una posible mediación, sin que se haya anunciado ninguna gestión formal de Estados Unidos entre Argentina y el Reino Unido.