El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) formalizó mediante la Resolución Nº 01/26, publicada en el Boletín Oficial Nº28.251, el nuevo esquema de precios que las distribuidoras eléctricas de Entre Ríos aplicarán a partir del mes en curso.

La medida, firmada por el interventor del organismo, Dr. Marcos Rodríguez Allende, surge tras los cambios en los precios de referencia del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación y las recientes políticas de alivio de carga fiscal dictadas por el gobierno provincial.

Uno de los puntos centrales de la normativa es la continuidad de la tregua en el incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD). Según los considerandos de la resolución, se dispuso la “suspensión transitoria y excepcional del traslado a los usuarios finales del servicio eléctrico en la Provincia de Entre Ríos, de la adecuación del VAD”, manteniéndose los valores de agosto de 2024 hasta fines de febrero de 2026.

Además, la resolución ratifica un beneficio específico para los sectores más vulnerables. En su texto se detalla el “otorgamiento de un subsidio destinado a los usuarios residenciales urbanos y rurales registrados al mes de diciembre de 2025 en el Segmento Nivel 2- Menores Ingresos (RASE), equivalente al seis por ciento (6%) sobre el VAD”, con un tope de consumo de 300 kWh mensuales.

Los puntos clave de la resoluciónEn su parte dispositiva, la resolución establece las pautas técnicas y administrativas para la facturación de las empresas ENERSA y las cooperativas eléctricas del interior:

Dispone “aprobar los nuevos valores del cuadro tarifario que obran en el Anexo, para el mes de enero de 2026, por lo motivos y fundamentos explicitados en los considerandos de la presente”.Establece el traslado de los costos nacionales al cuadro local: “Considerar de aplicación los Precios de Referencia de la Potencia (Potref), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM y los valores de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión”.Instruye a las empresas a informar con claridad el beneficio provincial, indicando que “deberán incluir en la facturación de los usuarios beneficiarios del subsidio tarifario establecido, una leyenda destacada indicando ‘Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial’”.Protege a las instituciones sociales al establecer que para “Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo... se les deberá aplicar el precio correspondiente al consumo base de los usuarios residenciales del Nivel 2”.Finalmente, el EPRE aclaró que la vigencia de estos valores queda sujeta a que no existan nuevas modificaciones por parte de la Secretaría de Energía de la Nación. Asimismo, el organismo se mantiene a la espera de la reglamentación del Decreto Nacional N° 943/25, que podría introducir cambios futuros en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.

A partir de enero, se incrementarán las tarifas de luz 1,6% y de gas 1,85%. Este mes, el Gobierno ya había autorizado aumentos en los precios mayoristas de la luz y el gas del orden del 2% y el 2,5% respectivamente.

Desde el gobierno confirmaron a Infobae que está previsto avanzar desde marzo con una revisión tarifaria que implicará incrementos en los servicios públicos de la energía, prevén, no mayores a los dos dígitos para los hogares y una profundización de la motosierra sobre los subsidios.

Mietras tanto, el ministro de Economía Luis Caputo espera dar una señal en línea con los objetivos del Gobierno de llevar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a un nivel que permita al Banco Central de la República Argentina (BCRA) recortar el ritmo de crawling peg al 1% mensual. El proceso de llevar la inflación a esos niveles, hasta que eventualmente sea cero, es una de las condiciones principales que se puso el Gobierno para salir del cepo en 2025.

Las tarifas finales que pagan los usuarios se componen de cuatro ítems: el costo de la energía, el transporte, la distribución y, sobre eso, los impuestos. Sobre el primer ítem es dónde se canalizan los subsidios del Estado, mientras que sobre en transporte y distribución no hay subvenciones. Cada hogar percibe o no descuentos según su categoría dentro de la segmentación de subsidios: ingresos altos (N1), ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3).

La secretaría de Energía que conduce María Tettamanti trabaja en poner en marcha desde mediados de 2025 un nuevo esquema de subvenciones. La premisa es que existan solo dos tipos de usuarios bajo un sistema similar al de la tarifa social que se aplicó durante la gestión de Mauricio Macri: los que tienen y los que no reciben subvención. El Presupuesto 2025 preveía un recorte en subsidios de más de USD 3.000 millones, similar al que se dio este año.

Según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hay 9,5 millones de usuarios de energía eléctrica agrupados entre N2 (6,3 millones) y N3 (3,2 millones) que reciben subsidios, de un total de 16,2 millones de usuarios. En gas, son 5,3 millones con subvenciones de los 9,5 millones de usuarios totales residenciales, de los cuales los N2 son 3,2 millones.

Tettamanti tiene un trabajo complejo en este frente, pero en el Gobierno consideran que la desaceleración de la inflación, con su consecuente mejora de los ingresos, permitirá que más familias consigan capacidad de pago en sus facturas. Por ahora casi el 60% de los usuarios del país recibe asistencia.

La secretaría de Energía también tiene por delante una revisión de tarifas con transportistas y distribuidoras, que se espera sea finalizado para abril. Un proceso en el que ambas partes deberán ponerse de acuerdo en las tarifas que se van a cobrar y las inversiones en la red para los próximos cinco años. En las compañías reconocen que en 2024 pudieron sanear sus balances gracias a los incrementos que habilitó el Gobierno, que llegaron en algunos casos al 500 por ciento, aunque es preciso recordar que se trata de dos componentes de los cuatro que hay en la factura.

En esa foto estaban autoridades de Enersa, el gobernador Gustavo Bordet, el senador Francisco Morchio y representantes del municipio. 

La foto hubiese estado casi completa si además hubiesen estado presentes legisladores nacionales como Marcela Antola y Edgardo Kueider, senador que había estado en nuestra ciudad semanas atrás por este problema.

Los vecinos de Gualeguay y la provincia se encuentran preocupados por los valores que se pagan todos los meses en la factura.

Los planteos no son nuevos y han disparado debates y medidas al respecto.

Así, por ejemplo, la intendenta Verónica Berisso en su discurso de apertura del Periodo Ordinario Anual de Sesiones 2023 le dedicó un considerable tramo a las decisiones que en ese sentido impulsan desde el municipio. 

En esa línea señaló: “Sabemos que nuestra provincia cuenta con una de las tarifas eléctricas más altas del país, y pagarla para muchos ciudadanos se hace extremadamente cuesta arriba aunque se trate de un servicio esencial”.

Y continuó: “Desde el municipio no hemos estado ajenos a esta problemática, es por eso, que no ahora, sino en 2019 tomamos la determinación de  bajar las tasas municipales en la tarifa eléctrica (…) lo que hace que Gualeguay sea uno de los departamentos de la provincia con más baja tarifa”. 

Pero Berisso no es la única que se encuentra atenta a este tema y los reclamos en ese sentido son de vieja data. 

Así, a modo de ejemplo, en la cuarta sesión de la Cámara de Senadores de Entre Ríos del año  2018 se dio tratamiento a un proyecto de comunicación de Francisco Morchio junto a otros pares por el cual se solicitaba al Poder Ejecutivo entrerriano “medidas para la reducción de la carga impositiva que grava el consumo de luz en todo el territorio provincial".

Claro está, este tema no pasó tampoco desapercibido para el gobernador Gustavo Bordet quien a principios del mes pasado anunció que había dispuesto la eliminación del impuesto provincial en la boleta de la luz. 

“Actuamos para ayudar a las familias entrerrianas ante el impacto que significó la quita de subsidios producto de la segmentación tarifaria (…) Por eso, primero suspendimos la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) que estaba previsto para febrero, y ahora eliminamos el impuesto provincial de la tarifa eléctrica. De esta manera, no habrá ningún cargo en la boleta de la luz que corresponda a la provincia”, explicó el mandatario.

Y añadió: “Es injusto que nuestra provincia no reciba beneficios acordes al aporte que hace al sistema energético nacional a través de la represa Salto Grande” y que “la represa de Salto Grande tiene que ser de los entrerrianos” e instó a los legisladores de la oposición a apoyar este reclamo.

“No podemos estar pagando la energía eléctrica como la pagamos en Entre Ríos cuando somos generadores y podemos abastecer tres veces el consumo que tenemos en la provincia”, subrayó y recordó que el senador nacional Edgardo Kueider “ha presentado un muy buen proyecto en el Senado con el cual estamos trabajando”.

En el marco de esa búsqueda de apoyos, Kueider visitó Gualeguay dos semanas después donde brindó una charla sobre su proyecto de ley de reducción de la tarifa eléctrica y provincialización de la represa de Salto Grande.

 En ese marco, el legislador dialogó con El Debate Pregón al respecto y señaló: “La represa de Salto Grande es generadora de electricidad para todo el país, produce una energía muy barata sin embargo Cammesa nos vende a los entrerrianos la energía diez veces más cara”.

“Por eso tenemos una fuerte discusión con el sistema eléctrico nacional. Queremos favorecer a las provincias del interior en detrimento de la concentración que se da en Buenos Aires que es la energía más barata del país a contrapelo de nosotros que la producimos barata y la pagamos cara”, explicó.

A esa discusión también se sumaron diputados nacionales como Marcela Antola y Rogelio Frigerio, Gustavo Hein y Gabriela Lena quienes a principios de este mes presentaron en la Cámara Baja un proyecto de ley para bajar el IVA en las facturas de energía eléctrica y para que la provincia reciba más porcentaje de las regalías por la producción de energía de Salto Grande, concretamente, que estas regalías se eleven del 12% al 50%.

En diálogo con El Debate Pregón, el Gerente de Relaciones Institucionales de Enersa, Pablo Bertochi, en su visita a Gualeguay con motivo de la inauguración de la nueva sucursal indicaba que: “La tarifa ha subido casi por mil a través de Cammesa, que es la distribuidora mayorista que nos vende a nosotros. Enersa no ha subido ni siquiera un 2 por ciento la tarifa, son ajustes nacionales que se han dado por los distintos aumentos que se han venido haciendo desde Macri a hoy”.

Dadas así las cosas, resolver el componente nacional de la tarifa resulta indispensable para que los vecinos paguen un precio razonable por un servicio esencial. 

Sería lo justo, y es urgente.

Rodrigo Cassella

La Secretaría de Energía convocó a una audiencia pública para dar tratamiento a los precios del gas natural "respecto de la porción del precio que el Estado podrá tomar a su cargo".

Así lo anticipó el organismo, que definió que el encuentro se celebrará el 6 de diciembre próximo, a partir de las 10:00, de manera virtual.

Solo requerirán inscripción aquellos que se anoten en carácter de oradores, ya que quienes pretendan participar visualmente, podrán hacerlo vía streaming, aclaró Energía.

Y detalló que los oradores interesados deberán inscribirse en forma previa y hasta dos días hábiles administrativos previos a la celebración de la audiencia, a través del formulario de inscripción disponible en el sitio web de la Secretaría de Energía.

Podrá participar toda persona humana o jurídica, pública o privada, "que invoque un interés simple, difuso o de incidencia colectiva", de acuerdo con una resolución oficial.

Para la Secretaría, recurrir a la modalidad virtual permite "garantizar una amplia participación federal de la ciudadanía de todo el territorio nacional".

Luego de la audiencia, Energía dictará, en caso de corresponder, "el acto administrativo que establezca el costo del gas natural a ser trasladado a los usuarios y las usuarias", según el texto oficial.

El organismo consideró necesaria la participación de la ciudadanía en relación con la porción del precio del gas que pagan los usuarios, "a efectos de administrar el impacto del costo a ser trasladado posteriormente, conforme las potestades del regulador en materia de pase a tarifa".

A esta audiencia se suma la que convocó el viernes último el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para analizar la "adecuación transitoria de tarifas" de las concesionarias Edenor y Edesur, que se realizará el 23 de enero de 2023 de manera remota.

Esa audiencia se encuadra en el "proceso de renegociación de la RTI (Revisión Tarifaria Integral) y con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por las concesionarias", según el organismo de control. 

Lo hizo a través de la resolución 610/2022 publicada en el Boletín Oficial, que puso en vigencia los nuevos cuadros tarifarios "por regiones, teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad" con 18 precios diferentes, detallados en el anexo de la norma.

Los incrementos solamente serán aplicados a los usuarios del nivel 1, de mayores ingresos, y a aquellos que no hayan completado el formulario de inscripción al Registro de Accesos a los Subsidios a la Energía (RASE); en tanto los niveles 2 (menores ingresos) y 3 (ingresos medios) no tendrán ninguna modificación respecto de la tarifa que estaban abonando, publicó Télam.

Así, los usuarios y las usuarias comprendidos en el segmento del nivel 1 pagarán el costo pleno de los servicios públicos de gas natural por red contenido en la factura, en un proceso gradual y en tercios bimestrales, de modo tal que, al finalizar el año en curso, estén abonando el costo pleno de la energía que se les factura.

De acuerdo con los nuevos cuadros, un usuario de la distribuidora Metrogas, que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pasará a pagar en el primer incremento (que se reflejará en la facturación de septiembre) $13,42 por metro cúbico, lo que representa un incremento del 33,5% en relación con los $ 10,05 por m3 que abona en la actualidad.

Con el segundo aumento (de 38,66% respecto del nivel de septiembre), pagará $18,606 por metro cúbico en noviembre, en tanto en el tercero y último (vigente en las facturas de enero de 2023), el cargo correspondiente será de $25,80 por metro cúbico, con un aumento del 38,18% en relación con el nivel previo.

Los usuarios de la provincia de Tierra del Fuego (área operada por Camuzzi Gas del Sur) tendrán a partir del 31 de agosto el precio de gas por metro cúbico más bajo, de $6,37; y los de la zona norte bonaerense (Gas Natural Ban) el más alto, de $13,93; tras el primer ajuste.

Estos valores aumentarán a partir del 31 de octubre a $8,83 y $19,32 respectivamente; y luego el 31 de diciembre volverán a subir a $12,25 y $26,79.

Los valores que regirán a partir del 31 de agosto

Entre esos dos extremos, en orden decreciente los valores por metro cúbico que regirán a partir del 31 de agosto y se reflejarán en las facturas de septiembre y noviembre de 2022 y enero de 2023 serán los siguientes:

• Corrientes y Entre Ríos - GasNEA: $13,64, $18,92 y $26,23

• Paraná (Entre Ríos) - Redengas: $13,56, $18,80 y $26,07

¿Quiénes están incluidos en el nivel 1?

De acuerdo con los criterios establecidos en el decreto 332/2022, para estar incluido en el nivel 1 los usuarios deberán reunir al menos una de estas condiciones:

- ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (actualmente $364.758,80)

- ser titular de tres o más automóviles con antigüedad menor a cinco años, de tres o más inmuebles, de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo

- ser titular de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena

La Secretaría de Energía formalizó la vigencia de las nuevas tarifas para el gas natural que serán de aplicación a los usuarios y las usuarias residenciales del servicio por red nivel 1, de conformidad con la gradualidad y ajuste temporal establecido por el Gobierno, entre el 31 de agosto y el 31 de diciembre.

Lo hizo a través de la resolución 610/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial, que puso en vigencia los nuevos cuadros tarifarios “por regiones, teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad”.

Los incrementos solamente serán aplicados a los usuarios del nivel 1, de mayores ingresos, y a aquellos que no hayan completado el formulario de inscripción al Registro de Accesos a los Subsidios a la Energía (RASE), en tanto los niveles 2 (menores ingresos) y 3 (ingresos medios) no tendrán ninguna modificación respecto de la tarifa que estaban abonando.

Así, los usuarios y las usuarias comprendidos en el segmento del nivel 1 pagarán el costo pleno de los servicios públicos de gas natural por red contenido en la factura, en un proceso gradual y en tercios bimestrales, de modo tal que, al finalizar el año en curso, estén abonando el costo pleno de la energía que se les factura.

De acuerdo con los nuevos cuadros, los usuarios de la provincia de Tierra del Fuego tendrán a partir del 31 de agosto el precio de gas por metro cúbico más bajo, de $ 6,37; y los de la zona norte bonaerense el más alto, de $ 13,93; tras el primer ajuste.

Estos valores aumentarán a partir del 31 de octubre a $ 8,83 y $ 19,32 respectivamente; y luego el 31 de diciembre volverán a subir a $ 12,25 y $ 26,79.

Mientras las consultoras privadas anticipan al menos 6% de inflación para el mes de abril, mayo empieza con nuevos aumentos: telefonía e internet, alquileres, expensas, prepagas médicas, GNC, empleados de casas particulares y hasta Netflix. Uno a uno, qué incrementos que afectarán los bolsillos este mes.

Telefonía, cable e internet

En el caso de telefonía, cable e internet, el Gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) oficializó a través del Boletín Oficial dos aumentos de 9,5% que impactarán en mayo y en julio, respectivamente.

También se fijaron valores máximos que pueden cobrar las compañías de telefonía móvil. Cabe recordar que el aumento estipulado en enero pasado del 9,8% alcanzó exclusivamente a las empresas de internet, telefonía fija y televisión por cable y satelital, que tengan menos de 100 mil clientes.

Alquileres

Respecto a los alquileres, mientras la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados mantiene álgidos debates protagonizados por inquilinos, por un lado, y martilleros públicos, inmobiliarias y propietarios, por otro, para reformar la actual legislación; la actualización para nuevos alquileres o renovación de contratos se ubicará alrededor del 55%, específicamente el índice arroja 53,9%.

Así lo informó el Foro Profesional Inmobiliario, que destacó la escasez en la oferta de inmuebles para alquilar, ya que muchos propietarios aguardan la inminente reforma de la Ley. En la Ciudad de Buenos Aires, un alquiler en promedio (2 ambientes), ronda los 50 mil pesos, sin contar expensas.

Expensas

En ese sentido, de la mano de los acuerdos paritarios de encargados de edificios, las expensas aumentaron un 20% en abril, pero el incremento impactará desde el mes de mayo.

En junio (impactado en julio) volverá a haber un aumento que rondará otro 15%, según informaron desde la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH). En la Ciudad de Buenos Aires, las expensas para un departamento 2 ambientes promedio oscilan entre los 10 y 20 mil pesos.

Prepagas médicas

Asimismo, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, también autorizó el aumento de las cuotas de la medicina prepaga. Los afiliados deberán abonar un 8% más a partir de mayo, un 10% desde junio y otro 4% en julio.

Hasta abril, las cuotas habían aumentado un 22,5% en cuotas: 9% en enero, 12% (en dos partes de 6%) en marzo y otro 1% en abril. Así, el acumulado en julio alcanzaría el 51,3%.

El decreto aclara que la medida alcanza a todas las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

GNC

El GNC también sufrirá un aumento en las estaciones de servicio debido a la renovación de los contratos con las empresas distribuidoras y del impacto de las últimas subas de precio en la nafta común, que es el principal indicador para el valor de los demás combustibles.

El aumento alcanzará un 15,5%, lo cual implica entre $5 y $7 por metro cúbico según cada provincia. Así, el valor del metro cúbico en la Ciudad alcanzará los $50 y en el resto del país promediará los $67, aunque en algunos casos como Mar del Plata o La Rioja el metro cúbico costará $80.

Empleados de casa particulares

Además, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un incremento del 9%.

Sumando al 12% que se acordó en marzo y el 6% en abril, el aumento total alcanza un 65% en el año paritario que inició en junio del 2021 y termina en este mes de mayo.

En junio impactará además el aumento paritario correspondiente al nuevo período 2022-2023; el Ministerio de Trabajo anticipó que se prevé un aumento del 15%.

Netflix

Hasta la plataforma de streaming más usada, Netflix, anunció un aumento en sus tarifas a partir de mayo. A través de un comunicado anunciaron que están “actualizando los precios ofreciendo diferentes opciones para que los miembros puedan elegir un plan que se ajuste a su presupuesto”.

El “Plan Básico”, que no incluye más de una pantalla en simultáneo y solo tiene calidad SD pasará de $379 a un valor de $429 mensuales; el “Plan Estándar” que permite ver HD y en hasta dos dispositivos en simultáneo abandonará los $639 mensuales de abril y alcanzará los $799; el “Plan Premium”, que incluye calidad UHD y hasta cuatro pantallas en simultáneo pasará de $939 a $1199 por mes.

Colegios privados

En la misma línea, la cuota de los colegios de gestión privada tendrán un ajuste en tres cuotas hasta alcanzar el 25% en septiembre, aunque éste ajuste dependerá de cada jurisdicción.

Asimismo, los costos de matrícula tendrán un aumento retroactivo del 8% a partir de la cuota de marzo, otro 8% a partir de julio y un 9% más a partir de septiembre.

Por ejemplo, la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires autorizó el aumento en cuotas para aquellos colegios que reciben una subvención parcial o total por parte del Estado en el pago de sueldos.

Luz y gas

Por último, se esperan aumentos en los servicios de luz y gas que se aplicarían a partir de junio. El 10 de mayo comenzarán las convocatorias de las audiencias públicas estipuladas por la Secretaría de Energía y oficializadas por Darío Martínez a través del Boletín Oficial.

Las audiencias para tratar los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), serán el 10 de mayo a las 10 y se aplicarán a partir de junio. Asimismo, la asamblea que tratará el aumento en la luz y los subsidios en ambos servicios para el período 2022-2023, se llevará a cabo el 12 de mayo a la misma hora. (Pagina 12)

Tras el duro dato de inflación de marzo, la Secretaría de Energía convocó a audiencias públicas para actualizar tarifas. Serán los días 10,11 y 12 de mayo para las tarifas de Gas y Electricidad por redes y la correspondiente segmentación de subsidios.

"El nuevo esquema se regirá por el principio de gradualidad", aclara el comunicado oficial. La totalidad de los beneficiarios de tarifa social de Gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que para aquellos usuarios de Electricidad del AMBA que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.

Por su parte, el 10% de usuarios residenciales de los Servicios de Gas y de Electricidad, con mayor capacidad de pago de la sociedad, dejará de recibir el beneficio de subsidio a la Energía.

Por su parte, el 10% de usuarios residenciales de los Servicios de Gas y de Electricidad, con mayor capacidad de pago de la sociedad, dejará de recibir el beneficio de subsidio a la energía.

De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17%. Por su lado esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios de Gas del país se ubicará en 21,5% con leves variaciones según las regiones.

"La Secretaría de Energía con Respectivas Resoluciones, estableció la convocatoria a las Audiencias Públicas, que pondrán a consideración de los usuarios, estos mecanismos y actualizaciones tarifarias, que contemplarán especialmente la situación de los sectores vulnerables y de menor capacidad de pago, dentro de los márgenes allí definidos y que se regirá por el principio de gradualidad", expresó el comunicado oficial.

· Criterios para la actualización

Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo, una corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos, representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior.

Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre serán inferiores a sus aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de sus ingresos en términos reales, con el objetivo de proteger los ingresos reales y mejorar el aspecto distributivo de la política de subsidios.

De esta manera el Gobierno pone a consideración un esquema de tarifario para el bienio 2022-2023 que contempla tres niveles:

Usuarios de Gas beneficiarios de la tarifa social, para quienes no habrá otro incremento en su factura este año, y para el próximo año calendario, esa corrección será equivalente al 40% del CVS del año anterior. Para los beneficiarios de tarifa social de Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará el 6%.

Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior. En función de este esquema, para el año 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en el pasado mes de marzo, el incremento propuesto para el mes de junio será en promedio del 17% para las tarifas de Electricidad de los usuarios del AMBA, y del 21.5% promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de Gas de todo el país. Las variaciones exactas variarán según cada categoría de tarifa residencial y también la región para los usuarios de Gas.

La franja del 10% de usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago, dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético, publicó Télam. (APFDigital)

Habrá aumentos en el monotributo de casi 53% a partir del 2022, lo que sumará presión al bolsillo en un escenario de alta inflación. En la misma proporción se incrementarán los topes de facturación de cada categoría.

El aporte se ajustará desde enero según el incremento acumulado por las jubilaciones en el 2021, que arrojó 52,6%, consignaron fuentes oficiales. Ese es el nivel de suba que se les debería aplicar a los valores de facturación admitida en cada categoría.

Lo mismo aumentarán los importes correspondientes al componente impositivo y los aportes al sistema previsional y a la obra social, en los casos que corresponda.

Monotributo: cómo quedarán los topes de facturación

En tanto, las facturaciones máximas para estar en el régimen llegarán a $3.969.420 (actividades de servicios) y $5.648.790 (comercio).

En la categoría A, la más baja, se podrá tener ingresos de hasta $564.879. En la B, el tope será de $839.685, para citar algunos ejemplos.

En cuanto a los aportes, irán desde los $4.040 en la categoría más baja, hasta $30.401 en la más alta, que es la "K", para comercios.

Más ajuste: se viene la quita de subsidios para las tarifas

En otra señal del viraje de las políticas económicas el Gobierno, el secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó este jueves que la segmentación de tarifas se empezará a implementar "en los primeros meses" del año próximo, lo que implicará una quita de subsidios a algunos sectores.

Destacó que será una herramienta que quedará instalada para las gestiones que vengan en la Argentina".

El Gobierno busca reducir los subsidios a la energía en aquellos hogares que estén en condiciones de afrontar las subas.

Con ese objetivo, ya pidió a las distribuidoras que se corrijan errores en los datos de las personas que figuran como contratantes del servicio, cuando en realidad los habitantes de las propiedades son otras personas. Serían más de un millón en el caso de la electricidad.

La baja de subsidios permitirá mejorar las cuentas públicas, una condición que el FMI exige para poder encaminar un acuerdo.

"El año que viene se va a empezar a implementar. Esperemos que sea lo antes posible, en los primeros meses, pero no podría definir una fecha, porque estamos en ese esquemas de elaboración", resaltó Martínez.

En declaraciones a medios acreditados en la Casa Rosada, el funcionario puntualizó que la segmentación "va a comenzar de a poco y creo que va a superar muestra gestión".

"Es una herramienta que se quedará instalada para las gestiones que vengan en la Argentina y cada vez será mejor", enfatizó.

En ese marco, el funcionario argumentó: "Es un uso más inteligente de los subsidios. No es ahorrar o dejar de ahorrar, sino usarlos de una manera más eficiente para poder llegar de una manera más concreta a aquel que realmente lo necesita".

"La evolución de las tarifas tiene que ser siempre muy por debajo del salario. El salario es el que tiene que evolucionar en términos reales", subrayó.

Además, indicó que la segmentación es un proceso que están "iniciando", y completó: "A partir del año que viene vamos a empezar a dar los primeros pasos. Es una herramienta que se va a ir perfeccionando a lo largo de los años en la Argentina" .

El funcionario defendió el congelamiento de tarifas durante la pandemia. Consideró que fue una "decisión importantísima este año entendiendo la situación de una pandemia que nos complicaba".

"Los incrementos no han superado el dígito. Entendemos siempre como eje rector que de ninguna manera pueden evolucionar las tarifas por encima de los salarios", enfatizó.

Fuente: iProfesional

El gobierno extendió hasta el 30 de abril de 2022 el congelamiento de las tarifas de electricidad. Así lo informó a través de una resolución la Secretaría de Energía que encabeza Darío Martínez. En paralelo, se les garantizó a las distribuidoras eléctricas un precio de referencia hasta el fin de verano para evitar argumentos a favor de trasladar un aumento de costos a las boletas de los usuarios.

La resolución recordó que las tarifas se encuentran "subsidiadas por el Estado Nacional de acuerdo a cada segmento de demanda, en mayor medida en el sector Residencial" y remarcó que "con el objetivo de transparentar la aplicación de fondos públicos al costo de la energía, es necesario informar a los usuarios en su factura, el monto correspondiente al subsidio del Estado, visualizando de esta forma el importe que debería abonar el usuario, de no existir el subsidio", publicó Ámbito.

Las distribuidoras solo tienen permitido trasladarse a los clientes un determinado porcentaje del costo de la generación de electricidad, mientras que el resto del costo lo debe cubrir el Estado a través de subsidios o lo deben absorber las mismas distribuidoras.

En lo que va de 2021 ya se destinaron subsidios por $900.000 millones, lo cual posibilita que los usuarios paguen menos del 30% del costo real de la electricidad.

Cabe recordar que la Ley N°27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública declaró en diciembre de 2019 la emergencia pública en distintas materias, entre ellas la tarifaria, "para reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente".

Los porteños y bonaerenses pagan un tercio por su consumo de luz en relación a lo que abonan los entrerrianos y los cordobeses por ese mismo concepto. Un hogar en Neuquén o Tucumán recibe boletas que duplican las que le llegan a un cliente en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La falta de homogeneidad en las tarifas de distribución eléctrica (luz) vuelve a repetir un cuadro ya experimentado, entre 2007 y 2015.

Según un cálculo de Edenor, cada cliente de esa empresa paga cerca de US$ 13 mensuales (al tipo de cambio oficial y para un consumo de 275 kw/h, que es una suerte de cliente R2-R3, considerado como de baja demanda). En Mendoza, ese cliente paga US$ 20. En Santa Fe y San Luis, entre US$ 21 y US$ 22. Entre Ríos, con US$ 33 para esa vivienda, y Córdoba, con US$ 36, lideran la tabla, casi el triple que los porteños y bonaerenses.

Una factura de bajo consumo residencial orilla los $ 500 mensuales -antes de impuestos- en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, las zonas de concesión de Edenor y Edesur. Esa boleta es de $ 1.407 en Córdoba. En Neuquén, está rozando los $ 1.000. En la siguiente categoría tarifaria, pero también dentro de consumos menores, porteños y bonaerenses pagan $ 1.000 mensuales, mientras que una vivienda en Tucumán recibe una factura de $ 2.000 por ese concepto.

Las diferencias en las tarifas tienen que ver con el área de jurisdicción. Cada provincia tiene su propia distribuidora eléctrica a la que autoriza incrementos en los márgenes. La regulación de las concesiones de Edesur y Edenor habían pasado -durante el gobierno de Mauricio Macri- a un ente que conformarían la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pero la administración de Alberto Fernández revirtió esa decisión y devolvió esas concesiones a la órbita del Estado nacional.

Aunque todos los hogares pagan el mismo costo por la electricidad consumida, la diferencia está en los márgenes que aplican las distribuidoras que los abastecen. Es lo que cobra cada compañía por prestar su servicio. Eso se llama "valor agregado de distribución".

La energía consumida está subsidiada para todos, porque el precio es uniforme en todo el país. La diferencia son los cargos de distribución e impuestos, que establece cada provincia.

Desde febrero de 2019 hasta mediados de 2021, la mayoría de los gobernadores autorizaron incrementos en ese cargo. La inflación acumulada en ese período supera el 100%.

La secretaría de Energía autorizó, en mayo, un 9% de suba para las empresas bajo su jurisdicción (Edenor y Edesur). La provincia de Buenos Aires -que regula las concesiones de Edelap, Eden, Edea y Edes- se plegó al gobierno nacional y también avaló un 9% "Esta dispersión tarifaria no es nueva, para finales de 2015, el congelamiento de tarifas por más de una década en AMBA generó una enorme brecha tarifaria en relación con las tarifas provinciales que aumentaron de acuerdo con la inflación", explicó Alejandro Eintoss, coordinador de la Comisión de Energía de la Fundación Alem.

"Un usuario de Córdoba y Santa Fe pagaba facturas entre 6 y 7 veces superiores a un usuario del AMBA con igual consumo para finales de 2015. Todo indica que la política tarifaria nacional nos lleva a recorrer el mismo camino", añadió Eintoss, que recopiló los datos antes expuestos.

En una factura de luz, cerca del 40% es el costo de generación eléctrica. El 36% es el margen de las distribuidoras, y el 23% corresponde a impuestos. El resto son costos de transmisión.

Excluyendo los impuestos, lo que se paga en una boleta va en un 51% a cubrir el costo de generación y 47% se queda la distribuidora.

El costo de generación eléctrica es el mismo para todo el país. La diferencia pasa por los márgenes de cada distribuidora. La "cobertura" de las boletas sobre el costo de la generación eléctrica es del 30%. Es decir que 7 de cada 10 pesos de lo que cuesta generar la electricidad lo paga el Estado. Es el nivel más bajo desde 2016. En 2015, los subsidios cubrían casi un 90% de los costos.

De todas formas, las distribuidoras tampoco vienen pagando toda la electricidad que consumen sus clientes. Las firmas le deben cerca de $ 200.000 millones a Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico, bajo control estatal. Las empresas no cubren sus costos pero se financian con Cammesa.

Edet (Tucumán) y Epec (Córdoba) lideran los aumentos en los últimos dos años. La distribuidora tucumana incrementó sus tarifas en un 71% en la categoría de consumo 300 kw/h mensuales. Epec subió un 71% a los clientes con mayor consumo (por ejemplo 600 kw/h), aunque igual el promedio de sus ajustes va del 64% al 74%.

Edemsa, la distribuidora de Mendoza, cuyos accionistas, el grupo Vila-Manzano, compraron el control de Edenor, remarcó un 32% en ese territorio cuyano. Enersa, de Entre Ríos, subió un 24%-25% las categorías de consumo menores, pero en los segmentos que demandan más electricidad remarcó hasta un 97%.

Según un cálculo de Edenor, cada cliente de esa empresa paga cerca de US$ 13 mensuales (al tipo de cambio oficial y para un consumo de 275 kw/h, que es una suerte de cliente R2-R3, considerados como de baja demanda). En Mendoza, ese cliente paga US$ 20. En Santa Fe y San Luis, entre US$ 21 y US$ 22. Entre Ríos, con US$ 33 para esa vivienda, y Córdoba, con US$ 36, lideran la tabla.

La factura de Buenos Aires, en torno a los US$ 13, es un tercio que la equivalente en Chile, que es US$ 38. Es casi un cuarto de lo que paga el promedio en Brasil (US$ 42), siempre dentro de ese mismo consumo. Esa boleta escala a un rango de entre US$ 58 a US$ 67 en otros latinos, como Perú y Uruguay. Una factura similar en España promedia los US$ 80, los US$ 79 en Reino Unido y US$ 69 en Francia. Los datos corresponden a una presentación hecha por Edenor a los inversores, cuando explicó sus pérdidas del primer semestre.

El Senado de la Nación aprobó esta madrugada, y convirtió en ley, el proyecto que propone una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas, luego de un debate de más de seis horas en el que obtuvo el respaldo del oficialista Frente de Todos y de un sector del opositor interbloque de Juntos por el Cambio que votó dividido.

El proyecto, que había sido aprobada a principios de mes en la Cámara de Diputados, recibió en el Senado 51 votos a favor y doce en contra.

La iniciativa modifica el artículo 75 del Presupuesto 2021 para beneficiar a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.

Además, reduce en alrededor del 50 por ciento las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.

También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.

La ley alcnza a beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo, a jubilados de hasta 4 salarios mínimos, a empleadas de casas particulares y a veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Finalmente, la iniciativa prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de temperaturas bajas comprendidos en este beneficio.

Mientras el oficialismo votó en bloque a favor del proyecto, el principal interbloque de la oposición se dividió y sólo ocho de sus integrantes apoyaron la propuesta porque beneficiaba, puntualmente, a las provincias que representan: los jujeños Silvia Giacoppo y Mario Fiad, la santacruceña María Belén Tapia, los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay; el puntano Claudio Poggi, el sanjuanino Roberto Basualdo y el fueguino Pablo Blanco.

El titular de la bancada oficialista, José Mayans, defendió la política energética del gobierno de Alberto Fernández y atacó a la administración de Mauricio Macri al argumentar que "las energéticas en el año 2019 fugaron 7500 millones de dólares".

Luego "del gobierno de Macri tuvimos que declarar la emergencia energética. Había trabajadores, pymes, pensionados, que no sabían qué hacer con la factura de gas", recordó Mayans.

Además, cuestionó del gobierno anterior el aumento de las tarifas y se preguntó: "¿Qué tipo de sinceramiento es ese?".

En cambio, su colega de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sostuvo que "detrás de esta buena intención, estamos perdiendo de vista que entramos en una pendiente que eliminó la posibilidad de que este país sea autosuficiente en materia energética".

Además, hizo una autocrítica del ajuste de tarifas durante el gobierno de Mauricio Macri al mencionar que "el sinceramiento de tarifas fue muy duro" y reconoció que "del modo que se implementó tuvo sus consecuencias directas en materia electoral".

No obstante, se preguntó si "¿es un acto de justicia beneficiar con los subsidios a los que están en condiciones de afrontar el pago de las facturas en pandemia?" y mencionó que "es una inmoralidad para quien se vea beneficiado y tiene los recursos para pagar".

El oficialista neuquino Oscar Parrilli, sostuvo que "todo ciudadano, sea rico o pobre, tiene derecho a pagar una tarifa que corresponda al costo del servicio que recibe".

"Si es excesivo, aunque viva en Puerto Madero, no tenemos que hacerle pagar una tarifa que no corresponde. ¿Por qué le vamos a hacer pagar el gas diez veces lo que realmente se beneficia?", explicó.

Su compañera de bancada, la mendocina Anabel Fernández Sagasti mencionó que "un tercio de los argentinos serán beneficiados por esta ley".

"Esto es un paso fundamental en nuestro camino de reconstruir una Argentina que garantice derechos", sentenció.

"Un tercio de los argentinos serán beneficiados por esta ley. Esto es un paso fundamental en nuestro camino de reconstruir una Argentina que garantice derechos"

ANABEL FERNÁNDEZ SAGASTI

Por el contrario, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado aclaró que no estaba "en contra de subsidiar a los que menos tienen", pero cuestionó que "se van a subsidiar a quienes no necesitan los subsidios y, en el camino, el país perderá la soberanía energética".

En la vereda de enfrente, su compañera de bancada, la jujeña Silvia Giacoppo, argumentó que "con este proyecto cumplimos con la manda constitucional que nos impone acciones para que logren la igualdad positiva de nuestra población".

Finalmente, la peronista santafecina María de los Ángeles Sacnun, habló de "derechos constitucionalmente protegidos" y mencionó que "el concepto de energía va ligado al proyecto de Nación", al tiempo que la subrayó "como un derecho humano".

Las tarifas de gas y electricidad y el precio de los combustibles no tendrán nuevos aumentos en lo que resta del año, a pesar de la "presión" que representa la suba del precio internacional del petróleo, aseguró el secretario de Energía, Darío Martínez.

El funcionario remarcó que esa es la decisión de "el presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner)" luego de los sucesivos incrementos en los valores de a nafta y el gasoil en el primer tramo de 2021, así como los ajustes en las tarifas de luz y gas.

La decisión oficial también se da a conocer luego del conflicto por el porcentaje de incremento de las tarifas de luz entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien expresó su rechazo a un segundo aumento en ese sentido.

En declaraciones al diario Río Negro, Martínez señaló que "el presidente y la vicepresidenta decidieron este año que ya hay muchas dificultades" en materia de inflación y en consecuencia "no tener un impacto en cuanto a las tarifas es una decisión que nosotros trasladamos". A pesar de la suba del crudo (el barril de Brent cotiza a US$ 74,25 y el WTI a US$ 72,21), el secretario puntualizó que "el precio actual (de los combustibles) debería ser así hasta fin de año".

"Eso genera una tensión entre el Estado y las productoras pero nosotros creemos que en el segundo semestre no deberían variar los precios, no debería haber incrementos", remarcó. En ese sentido, los datos de inflación de mayo, con una suba global del 3,3% mostraron un aumento de los precios de los combustibles y las tarifas de servicios públicos que superaron el nivel general.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en la región del Gran Buenos Aires, el subgrupo "Electricidad, gas y otros combustibles" tuvo un alza del 3,5% en relación con los niveles de abril, en tanto "Combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar" mostró un incremento del 11,3%.

Martínez abordó la cuestión de los subsidios otorgados por el Estado para neutralizar el alza de las tarifas, que algunos especialistas critican por no diferenciar a los usuarios según su nivel socioeconómico. En ese sentido, indicó que en el Gobierno se quiere "hacer un uso inteligente de los subsidios", pero admitió que "es un proceso complejo de armado de base de datos que nunca se hizo y, en un contexto de pandemia, es más difícil todavía".

En cuanto a la ley de Promoción de Inversiones de hidrocarburos, señaló que existe un borrador "que tiene varias alternativas" y se está a la espera de "la validación con las autoridades máximas de Gobierno". Una vez que se tenga ese visto bueno, se avanzará en el diálogo con "las productoras, provincias, trabajadores, Pymes, cámaras y todos los involucrados", dijo.

Asimismo, destacó la importancia del desarrollo de los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta y destacó la posibilidad de conseguir financiamiento de parte de China, "con la que se firmó un memorándum de entendimiento, ya que puede demandar entre US$ 3.000 y US$ 3.500 millones".

El Gobierno publicó en un anexo del Boletín Oficial las actas previas al decreto con la oficialización de una suba del 6% en la tarifa de gas desde junio. Se prevé que en las próximas horas el Enargas publique los nuevos cuadros. El aumento era el pactado y fue firmado por todas las compañías.

Se trata del primer ajuste desde junio de 2019. Las distribuidoras habían solicitado una recomposición de sus márgenes en torno al 50% por la "emergencia económica", pero el Gobierno -por ahora- rechazó el pedido.

Cabe recordar que hace semanas el oficialismo atravesó una interna entre quienes sostienen que el Estado no debe incrementar el peso de los subsidios energéticos en términos del PBI, como el ministro Martín Guzmán, y quienes afirman que ante las elecciones y la crisis las tarifas deben seguir pisadas.

Vale remarcar que la corrección es considerada como una "transición" ya que el Poder Ejecutivo instruyó paralelamente a los entes reguladores a llevar adelante una revisión "integral".

A mediados de mayo, el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley sobre "Zonas Frías" que busca bajar hasta 50% las tarifas de gas en más de 50 municipios bonaerenses, de Mendoza, San Juan, San Luis y Salta con temperaturas bajo cero en invierno.

El proyecto fue presentado con la firma del presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, y resulta del trabajo entre legisladores y legisladoras de diferentes bloques que acordaron en conjunto el texto luego de analizar varias propuestas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, celebró la tarea conjunta de los bloques y dijo que este proyecto "implica llevar alivio a los usuarios y usuarias de gas y eso genera un impacto directo en el bolsillo".

Por su parte, Máximo Kirchner explicó que el proyecto "se trata de un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas". "Quienes desconocen la realidad de la Argentina y hablaban de veredas calefaccionadas o de que los argentinos y argentinas malgastaban el gas le hicieron un gran daño al poder adquisitivo de nuestro pueblo", agregó.

Previamente, en mayo se había levantado el congelamiento de las tarifas eléctricas que estaba vigente desde diciembre de 2019 con la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

En medio de la disputa interna dentro del oficialismo, se autorizó una suba del 9% para las distribuidoras Edenor y Edesur.

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) Federico Bernal, adelantó que el ajuste incluirá una mejora en los ingresos brutos de las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Camuzzi, EcoGas, Litoral Gas, Gasnor y Gas Nea de entre 20% y 25%, combinado con un congelamiento del margen bruto de las transportistas (TGN y TGS).

"Ya está el OK de las distribuidoras, ahora falta el proceso de trámites internos dentro del Poder Ejecutivo Nacional. En las tarifas de gas, estoy cumpliendo a rajatabla el Decreto de Necesidad y Urgencia 1020 y el marco regulatorio", señaló Bernal, en declaraciones al matutino El Cronista.

Por caso, un cliente residencial de Naturgy gasta actualmente $ 1.640 mensuales en promedio y, con el aumento a autorizarse, pagaría $110 más.

Para el caso de Metrogas, el consumo de una familia tipo es de 1300 metros cúbicos (m3) por año: en invierno, una factura es de casi $2500 y, con la actualización, subiría $200.

También quedará fijo el precio mayorista del gas -en "boca de pozo" o en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que las distribuidoras compran a las productoras como YPF, Total Austral, Tecpetrol, Pampa Energía, Pan American Energy (PAE), Compañía General de Combustibles (CGC), Wintershall Dea y Pluspetrol, entre otras.

También está incluido el gas que le compran a la estatal Integración Energética Argentina (IEASA).

A mediados de marzo último, se realizaron las audiencias públicas para definir el precio del gas en boca de pozo y los márgenes habilitados para su transporte y distribución, con el fin de levantar el congelamiento que rige desde abril de 2019.

"El presidente Alberto Fernández nos encargó como objetivo cardinal en materia de servicios públicos de gas por redes y electricidad, tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar; tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva", subrayó Bernal en una de esas audiencias.

Si las tarifas permanecieran congeladas, se debería disponer de una partida adicional de $56.087 millones de pesos, además de lo ya previsto en el Presupuesto Nacional para 2021, según proyecciones del Enargas.

De acuerdo con datos elaborados por la Secretaría de Energía, el costo de la provisión de gas natural para todo el sistema rondará este año los $110.000 millones.

El Gobierno nacional consideró que el aumento de tarifas debe ser "razonable" y "cuidando el bolsillo" de la gente, es decir, una suba que "no atente contra el ingreso de los trabajadores", informaron fuentes oficiales.

"Lo que siempre hablamos es de un aumento razonable; pero siempre cuidando el bolsillo de las familias", dijeron voceros de Casa Rosada, y ejemplificaron que el aumento del esquema del expresidente Mauricio Macri "previsto para esta fecha era del 120 por ciento, y termina siendo del 9%".

La gestión del presidente Alberto Fernández trabajará "en la segmentación" para que los subsidios "lleguen mejor a donde tienen que llegar", indicaron los voceros, aunque admitieron que el proyecto de segmentación "es complejo y todavía no está".

"Puede haber ideas, pero no hay un proyecto específico de segmentación, pero nada de esto está atado al acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional)", aclararon.

Para el Gobierno, "es importante que la industria cuente con energía a precios razonables y que las familias tengan tarifas acordes a su poder adquisitivo", señalaron desde Casa Rosada, y se remarcó que "esta discusión tiene que ver con exceso de rentabilidad durante cuatro años" de la gestión anterior.

En el arranque de mayo ya hay previstos una serie de aumentos de servicios públicos y privados que tendrán impacto en la inflación: prepagas, combustibles y, aunque aun no definido, se esperan ajustes en las tarifas de gas.

Según los analistas, la inflación de este mes podría rondar entre 3,3% y el 3,9%. La mayoría estima que recién se podrían ver niveles más bajos a partir del tercer trimestre, aunque junio aun podría estar por encima del 3 por ciento.

Prepagas: Luego de la suba de 4,5% en abril, las cuotas de los servicios de medicina privada y planes de salud se incrementarán nuevamente un 5,5%. Como los incrementos fueron autorizados a comienzos de abril -y las empresas deben anunciarlos a los usuarios con al menos 30 días de anticipación- parte de la suba de abril también impactará en las cuotas de mayo de forma retroactiva.

Combustibles: Se espera el tercer tramo de los aumentos escalonados para las naftas y el gasoil que fueron anunciados por la petrolera YPF, y que luego también son aplicados por el resto de las compañías del sector. Ya registraron subas en marzo, abril y se prevé que en mayo completen un 15% en total.

Se espera el tercer tramo de los aumentos escalonados para las naftas y el gasoil que fueron anunciados por la petrolera YPF, y que luego también son aplicados por el resto de las compañías

Además, este sábado subió 30% el precio del Gas Natural Comprimido (GNC) para vehículos: el metro cúbico costará cerca de $35, entre $8 y $9 más que el valor anterior.

Telecomunicaciones: Las compañías de telefonía celular ya anunciaron alzas de sus tarifas para los próximos meses. En el caso de Claro y Movistar, las subas son de 8% en mayo y 7% en junio. Mientras que para los usuarios de Personal es de 10% a partir de junio. Las empresas dieron aviso al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pero aún no recibieron la autorización formal.

Tarifas de gas: El Gobierno confirmó -a través de Federico Bernal, interventor del Enargas- un aumento del 6% para usuarios residenciales. Sin embargo, los cuadros tarifarios de transición aun no fueron publicados en el Boletín Oficial y por lo tanto las empresas aun no pueden aplicarlos a las tarifas de este mes.

Tarifas de electricidad: El Gobierno oficializó un incremento del 9% para mayo para los usuarios del AMBA (que corresponde a las empresas Edenor y Edesur). Según trascendió, sería el primero de dos aumentos en el año con lo que la suba total llegaría a 15 por ciento.

Niveles rezagados

"En el último año, los servicios públicos casi no han incrementado sus precios. En marzo el precio del gas y la electricidad había crecido menos del 1% interanual, y el transporte público un 15%, cuando la inflación del período superó ampliamente el 40%. Los precios de estos sectores, junto con el dólar oficial, son los que hoy conforman en buena medida el ancla inflacionaria de la política económica", detalló el economista Pablo Besmedrisnik, director Invenómica.

"Las comunicaciones y las prepagas han mostrado mayor capacidad de ajuste, pero aún están muy por debajo del promedio de la inflación general. Este conjunto de líneas representa aproximadamente un 13% de la canasta de consumo, y es allí donde se verificaría el impacto directo e inmediato de un descongelamiento. Sin embargo, el efecto no se agota allí, sino que se generan presiones inflacionarias indirectas y tardías al trasladarse a sectores productivos y comerciales", agregó el economista.

Hoy no están dadas las condiciones para anticipar una moderación sostenida en la inflación (Besmedrisnik)

Los combustibles líquidos -nafta y gasoil- también fueron parte de la estrategia de los precios que se mantuvieron con aumentos por debajo de la inflación durante una gran parte del 2020. "Los resultados obtenidos no solo no fueron buenos, sino que esta política está engendrando fuertes desequilibrios que se pondrán de manifiesto en el mercado de cambios, en las cuentas fiscales y en algún salto futuro en los precios de las tarifas", estimó Besmedrisnik. Y agregó que hoy no están dadas las condiciones para anticipar una moderación sostenida en la inflación.

El factor que tiene más impacto en los niveles de inflación sigue siendo el ritmo de aumentos de los precios de los alimentos que viene creciendo igual o por encima del promedio, lo que afecta especialmente afectando especialmente los niveles de pobreza e indigencia.

Desde la consultora ACM, estiman una inflación para mayo entre 3,3% y 3,9%. "Veremos cómo se comportan los alimentos. Es difícil bajar la dinámica en ese rubro, porque los aumentos de costos de transporte y otros rubros más los shocks de oferta en algunos productos, como la carne, complican la moderación", estimó el economista Jorge Neyro.

"La economía está entrando en una nueva nominalidad. La convergencia al 30% que proyectó Guzmán no se va a cumplir, el cierre de las paritarias en torno al 35% da cuenta de eso" (Caprarulo)

Con este escenario, los analistas descartan que la proyección de inflación anual del 29% estimada en el Presupuesto 2021 se cumpla y ya estiman niveles superiores al 40%. "La economía está entrando en una nueva nominalidad. La convergencia al 30% que proyectó (el ministro Martín) Guzmán no se va a cumplir, el cierre de las paritarias en torno al 35% da cuenta de eso. El problema es que así también hay más presión sobre las tarifas: las actualizaciones que se negociaron hasta el momento pierden efectividad. Para los próximos meses es esperable que los reclamos de las empresas se recrudezcan", anticipó Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica.

"En abril también la inflación va a ser alta, entorno al 4%. Pero la política fiscal contractiva que estableció Economía desde fines del año pasado, junto con la reducción de los agregados monetarios que implementó el BCRA deberían empezar a causar efecto. Principalmente, marcando una tendencia más fuerte a la baja durante el segundo semestre. Ahora bien, si la crisis sanitaria se profundiza y las restricciones van en aumento los brotes verdes en los precios pueden tardar más de lo esperado", concluyó el economista.

Tanto la Jefatura de Gabinete como el Ministerio de Economía están trabajando en un esquema transitorio, de emergencia para este año, cuyo objetivo central es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

El gobierno apunta a que las tarifas no suban por encima de los salarios. Para lograr este propósito, evalúan la aplicación de tres indicadores a los efectos de la corrección tarifaria para los próximos meses: la fórmula de ajuste de las jubilaciones y los índices de precios al productor y salarios.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ratificó que tanto la Jefatura de Gabinete como el Ministerio de Economía están trabajando en un esquema transitorio, de emergencia para este año, cuyo objetivo central es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. La iniciativa oficial contempla, precisó, incentivos impositivos para las empresas.

La idea de las autoridades es evitar que el aumento de los servicios deteriore el poder adquisitivo de la población. Por esta razón la fórmula en estudio tomará como referencia los salarios.

Aún no está definido qué indicador se utilizará. Podría ser el que elabora el INDEC que incluye tanto al empleo registrado como al trabajo informal (el año pasado registró una suba de 33%). Una segunda posibilidad es la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que elabora el Ministerio de Trabajo y refleja la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia (en 2020 subió casi 35%).

Para atender la situación del sector pasivo y los segmentos más carenciados, también se prevé contemplar en la fórmula de corrección de las tarifas al índice que se utiliza para ajustar jubilaciones y Asignación Universal por Hijo (combina en un 50% la recaudación de la ANSES y en otro 50% la variación salarial).

La tercera variable en consideración es el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIN que mide la evolución promedio de los precios a los que el productor y/o importador directo vende sus productos en el mercado doméstico, información que figura en el índice de precios mayoristas. Es decir de alguna manera refleja también la variación del tipo de cambio.

Las autoridades aún se encuentran analizando en qué porcentaje incidirá cada una de estas tres variables en la fórmula de ajuste. Para acompasar las tarifas con estos indicadores, el presidente Fernández anticipó que elaborará un proyecto de ley.

Este sistema se aplicará hasta tanto se culmine el trabajo técnico que permitirá diferenciar usuarios en función de sus ingresos y consumos.

Fuente: Ámbito Financiero

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) llamó a una reunión a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, como televisión por cable, Internety telefonía , tras negar una autorización para ajustes de tarifas el 20%.

Autoridades del Enacom tienen previsto reunirse con representantes de las principales compañías esta semana para definir los pasos a seguir en materia de tarifas.

El Gobierno pretende que el incremento que quieren aplicar las empresas sea en cuotas e inferior: podría haber un ajuste mensual del 5% en enero, otro del 5% en febrero y un último incremento -al menos por ahora- del 5% en marzo.

En un plan mensual de $3.400, un ajuste del 5% equivale a $170; al mes siguiente, el 5% es $178,50; y al siguiente, el 5% es $187,43; por ello, si se decidiera un alza acumulativa el incremento real sería del 15,8% al finalizar los tres meses.

No obstante, los porcentajes de incremento aún no fueron confirmados y las autoridades del Enacom prevén debatir los costos con las compañías que brindan los servicios de televisión por cable, Internet y telefonía.

En la noche del martes, las empresas que brindan servicios de Internet, televisión cable y telefonía comenzaron a comunicar a sus clientes que definieron aumentar 20 por ciento las tarifas a partir de enero próximo.

Los costos de estos servicios se habían congelado hasta fin de año, en medio de la pandemia de coronavirus; ahora, las empresas salieron a comunicar el ajuste afirmando que contaban con un primer visto bueno del Gobierno.

"Con el fin de poder mantener la calidad de los servicios y en virtud de que la última actualización de precios fue realizada en el marzo de este año, informamos que el 1 de enero de 2021 modificaremos los mismos hasta un 20%", informó en la factura de diciembre la empresa Cablevisión Fibertel a sus clientes.

El secretario de Energía de la Nación, Daniel Martínez, confirmó que el Gobierno dará fin a la política de congelamiento de tarifas para los servicios de luz y de gas y que a partir de enero de 2021 comenzará a poner en marcha un nuevo sendero de ajuste de precios.

Según explicó el funcionario al diario Río Negro, el Poder Ejecutivo ya definió que no habrá una nueva prórroga del decreto que firmó el ex presidente Mauricio Macri y que, en ese entonces, frenaba el cronograma de suba de las tarifas previsto para 2019, en medio de la campaña electoral de ese año.

El decreto tiene fecha de finalización el próximo 17 de diciembre pero, según dijo Martínez, el cuadro tarifario actual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

El funcionario habló con TN e hizo referencia a que en la generación de energía y el transporte no hay problemas, pero admitió que "sí hay" en la distribución, por lo que señaló: "Vamos a trabajar para bajar los cortes de luz; los vamos a tener, pero esperemos lograr bajarlos a lo largo del tiempo".

En lo que se refiere a las tarifas, el ajuste que están pensando en la Secretaría de Energía junto al equipo del ministro Martín Guzmán es el que acompañe la inflación, por lo que en 2021 será de 29 por ciento según lo establece el presupuesto.

Con este esquema, los usuarios afrontarán el año próximo el 43% del costo estimado para la electricidad, nivel similar al del año 2016.

La modificación del proceso tarifario se había conversado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), poco adepto a este tipo de subsidios en la reciente misión técnica del organismo que visitó Buenos Aires. Así fue que técnicos del FMI partieron de la Argentina no sólo con la promesa política respecto del incremento de los precios relativos, sino también con los números que demuestran que el Gobierno nacional no solo no tiene la intención de mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos sino que no puede hacerlo y las aumentará.

El gasto proyectado para el año próximo en materia de subsidios a la energía y al transporte es de $805.855 millones, que equivale a 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y representa el mismo nivel que el previsto para 2020. Así se desprende de un trabajo que realizó y publicó hoy la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y que ya se encuentra en los despachos de cada uno de los legisladores. Según el informe, el 77,4% de los fondos serán destinados a subvencionar al sector de gas y electricidad, mientras que el 22,6% se asigna al transporte.

Desde mediados del año pasado que el costo de los servicios tanto residenciales como industriales están congelados. Por lo menos en lo que se refiere al transporte, el gas y la electricidad en la zona del AMBA. Corría agosto de 2019 y el ex presidente Mauricio Macri, ayer se lo reconoció a Infobae, ponía fin a su gobierno desde el punto de vista económico y se extendía hasta diciembre el congelamiento de las tarifas con la intención de recuperar votos de cara a las elecciones.

La nueva gestión dijo que iba a congelar los aumentos de tarifas hasta tener una revisión total del cronograma de incrementos. En medio de esto llegó la pandemia y la cuarentena y se definió no tocarlas hasta diciembre de 2020. Pero las estimaciones del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas es que durante el 2021 no habrá más pandemia y que será el momento en que deberán irse desarmando muchos de los subsidios que se presentaron por la pandemia.

El trabajo de la oficina del Congreso explica que desde 2017 las subvenciones a la energía crecieron 0,5% del PBI y en 2021 se ubicarán en 1,7%, igual que este año. El mayor registro fue en 2014, con 2,8 por ciento.

Las partidas más significativas corresponden al sector eléctrico, con $446.579 millones previstos en el Proyecto de Presupuesto para el 2021, suba real del 4 por ciento.

Se destinarán $71.736 millones en subsidios a la oferta de gas natural, lo que representa un incremento de 5,3% respecto al cierre previsto para 2020. Se prevé también una suba de los subsidios a la demanda de gas, incluyendo una mayor subvención a las garrafas de gas licuado.

En lo que se refiere al transporte, el análisis de la oficina del Congreso señala que los subsidios se mantendrían en 0,5% con relación al PBI, con un aumento para automotores y un recorte para los trenes.

Los viajes en días hábiles se incrementarán 200% y los $12.740 millones para financiar la tarifa social implican una caída en términos reales de 17,7% en relación al cierre previsto para 2020.

En los últimos meses el 91% de los costos fue cubierto con subsidio y el factor de ocupación es del 5%.