El fallo sobre los desayunos y meriendas escolares permite al Gobierno de Entre Ríos continuar con la transformación del sistema alimentario

El Gobierno de Entre Ríos destaca la intervención de la Justicia en relación con el nuevo esquema de alimentación escolar y adoptará de manera inmediata las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución.

Al mismo tiempo, el fallo ratifica las facultades del Poder Ejecutivo provincial para organizar el Programa Alimentario Escolar, determinar los mecanismos de adquisición, seleccionar los productos dentro del marco legal, establecer los menúes, definir proveedores, disponer controles y administrar los recursos.

Asimismo, la sentencia reconoce valor probatorio a la documentación técnica presentada por la Provincia y considera acreditado que la centralización de las compras surgió de un diagnóstico previo orientado a mejorar la trazabilidad, los controles y la homogeneidad de la prestación.

El Gobierno provincial valora el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control. Una política pública que busca mayor transparencia también debe estar abierta al control de la Justicia y tener capacidad para corregir aquello que sea necesario.

En ese sentido, la Provincia realizará las adecuaciones correspondientes respecto de los productos alcanzados por la resolución. El objetivo no es defender un producto, una marca o una empresa, sino garantizar una mejor alimentación para los estudiantes entrerrianos.

La transformación del sistema comenzó a trabajarse prácticamente desde el inicio de la gestión y, luego de más de un año de trabajo, derivó en una licitación pública y abierta. El objetivo es contar con mayor trazabilidad y poder conocer qué se compra, cuánto se paga, dónde se entrega y qué recibe cada estudiante.

El nuevo esquema es mixto: desayunos y meriendas tendrán una organización provincial, mientras que los almuerzos continuarán siendo administrados por las escuelas, que seguirán realizando compras de alimentos en comercios y proveedores de cada localidad.

El Gobierno continuará analizando los fundamentos jurídicos de la sentencia y los pasos procesales correspondientes. Mientras tanto, cumplirá lo dispuesto por la Justicia y continuará avanzando con la transformación del sistema alimentario escolar, fortaleciendo los controles, la transparencia y la calidad de la alimentación que reciben los chicos entrerrianos.

Al hacer lugar a la Acción de Amparo Colectivo interpuesta contra el Superior Gobierno de la Provincia, la Justicia provincial le ordenó al Estado abstenerse de ofrecer, servir o distribuir cualquier tipo de alimento no perecedero industrializado destinado a desayunos y meriendas en escuelas públicas que contenga sellos de advertencia o leyendas precautorias, conforme al artículo 12 de la Ley Nacional N.º 27642 de Promoción de la Alimentación Saludable.

El origen del conflicto

La controversia se originó con la firma del Decreto N.º 852/2026 por parte del Gobernador de la Provincia, el cual autorizó un llamado a Licitación Pública para la contratación de un servicio centralizado de provisión, logística y distribución de alimentos no perecederos destinados a los desayunos y meriendas de los comedores escolares por un plazo inicial de dos años (ciclos lectivos 2026 y 2027). De acuerdo con la denuncia de los amparistas, este nuevo modelo modificó estructuralmente el sistema alimentario tradicional, el cual consistía en que las escuelas recibían directamente fondos o insumos para adquirir e incorporar alimentos frescos, de elaboración local y con comercios de cercanía.

La nueva política impuso una centralización masiva adjudicando la provisión de alimentos industriales a la empresa TEKNOFOOD S.A. Al examinar de cerca los envoltorios de los productos industriales predeterminados de la marca "Abanderado" (de TEKNOFOOD) que estaban próximos a distribuirse, las familias constataron con alarma que estos presentaban sellos octogonales negros de advertencia. Al leer las etiquetas de ingredientes, descubrieron una composición industrial compleja que incluía harinas enriquecidas, grasas animales (óleo vacuno), aditivos complejos, humectantes (como glicerina y propilenglicol), colorantes artificiales y el azúcar listado como segundo ingrediente.

Los demandantes fundamentaron que: “...la sustitución de alimentos frescos, locales y no ultraprocesados por productos industrializados fortificados no satisface, por sí sola, el derecho a una alimentación adecuada de niños y niñas y adolescentes...”.

La red que construyó la demanda colectiva

Los padres de los estudiantes; AGMER; Fundación CAUCE (Cultura Ambiental, Causa Ecologista): Aportó el encuadre socio-ambiental y de defensa de los derechos colectivos; CONUER (Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos): Aportó la perspectiva científica, advirtiendo que la adición sintética de vitaminas y minerales en ultraprocesados "no neutraliza los efectos nocivos de su matriz alimentaria" repleta de azúcares libres, sodio y aditivos químicos. Además, señalaron una flagrante incoherencia del Estado: mientras se exigían menús saludables para los almuerzos escolares (prohibiendo productos con sellos), para los desayunos y meriendas se pretendía normalizar la entrega de ultraprocesados.

La defensa de la Fiscalía de Estado

El Superior Gobierno de Entre Ríos, representado por el Fiscal de Estado Julio César Rodríguez Signes y el Adjunto Martín Rettore Elena, solicitó el rechazo absoluto del amparo basándose en argumentos procedimentales y normativos. Sostuvieron que el amparo era inadmisible debido a que la provincia de Entre Ríos nunca dictó una ley de adhesión formal a la Ley Nacional de Etiquetado Frontal (N.º 27642), argumentando que "no resulta posible infringirla en este territorio".

La defensa de TEKNOFOOD S.A.: La empresa adjudicataria, a través de su Director Guillermo Kemps, alegó que al tratarse de una provisión institucional para consumo dentro de las escuelas, sus envases "no llevan -ni deben llevar- sellos de advertencia" por estar exceptuados del etiquetado frontal de cara al público general, amparándose en supuestos dictámenes de organismos técnicos.La vía administrativa: El Estado pretendía que las familias dirimieran la validez de los decretos y la licitación de compras (Ley N.º 5140) ante la justicia ordinaria del fuero Contencioso Administrativo, un proceso que suele demorar años.

Los fundamentos de la sentencia

Frente a la exigencia estatal de obligar a los padres a transitar el largo laberinto de un juicio contencioso administrativo ordinario antes de acceder a la justicia de amparo, el magistrado resolvió: “...exigir a los amparistas el agotamiento previo de las vías ordinarias equivaldría a diferir la protección de un derecho de realización cotidiana e inmediata -la alimentación de los alumnos durante el ciclo lectivo en curso- a un momento en el que la eventual lesión ya se habría consumado, privando de eficacia práctica a la tutela perseguida.”.

El núcleo de la sentencia abordó el argumento de la falta de adhesión a la Ley de Etiquetado Frontal. El magistrado estableció que la salud de la niñez no puede estar supeditada a la inacción legislativa de una jurisdicción local: “La adhesión provincial es relevante para instrumentar el mecanismo local de fiscalización y control, mas no constituye un requisito de vigencia de la prohibición en sí, que integra un piso mínimo de protección en materia de salud pública establecido por el Congreso de la Nación...”.

Asimismo, determinó de manera indubitable que el artículo 12 de la Ley N.º 27642 (que prohíbe introducir productos con sellos en entornos escolares) es una norma operativa de aplicación inmediata y no una mera declaración programática, ya que: “El art. 12 identifica con precisión la conducta prohibida -comercializar, promocionar o publicitar-, el ámbito espacial en que rige la prohibición -los establecimientos educativos-, y el criterio objetivo que determina qué productos quedan alcanzados -la presencia de sellos de advertencia conforme al perfil de nutrientes ya definido por el Código Alimentario Argentino y el Decreto 151/2022-.”.

El magistrado dejó en claro que la intervención de la Justicia no buscaba entrometerse en el diseño o la conveniencia técnica de las políticas públicas del Poder Ejecutivo, sino verificar el estricto cumplimiento de la ley vigente. “Una cosa es elegir entre distintas alternativas jurídicamente permitidas y otra, sustancialmente diferente, sostener que la Administración dispone de libertad para apartarse de una prohibición legal expresa. El control aquí ejercido se ciñe a un juicio de legalidad estricto, circunscripto a la verificación del cumplimiento de un mandato legal puntual, previamente definido por el legislador.”.

Al confrontar la información y los pliegos acompañados por la propia demandada, el tribunal constató que existían al menos 23 productos marca "Abanderado" de la empresa TEKNOFOOD S.A. ofertados con presencia de sellos octogonales negros, evidenciando una inminente transgresión de la prohibición nacional y una amenaza directa a la salud de los alumnos.

El fallo de la sentencia

La orden impartida al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos es categórica:

Abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación (CGE) productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias.

Garantizar de forma simultánea e ininterrumpida la provisión de productos saludables no alcanzados por la prohibición, protegiendo la regularidad del servicio alimentario para miles de niños que asisten a las escuelas entrerrianas.Imponer las costas judiciales en su totalidad al Estado Provincial como parte vencida en el pleito.

La postura del Gobierno provincial

-Recusación al juez: El Gobierno interpuso una recusación contra el juez Juan Francisco Malvasio (vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná), argumentando un prejuzgamiento que vulnera la imparcialidad requerida en el proceso.

-Cuestionamiento sobre la calidad nutricional: La Fiscalía de Estado señala que el magistrado, al convocar al proceso colectivo, dio por sentado en su resolución que los alimentos a proveer tienen una "aptitud dañosa" o de causar un "perjuicio a la salud". El Estado sostiene que la calidad y seguridad nutricional de los insumos es un punto en debate que aún debe ser probado fehacientemente mediante peritajes durante el juicio, y no asumido a priori.

-Objeción procedimental: El Gobierno cuestiona además la forma y oportunidad en que el juez convocó públicamente a potenciales afectados mediante el Registro de Procesos Colectivos, argumentando que se utilizó para subsanar deficiencias de "legitimación activa" de los denunciantes originales.

-Defensa del modelo: Sostienen la validez y la transparencia del proceso de licitación para la compra centralizada como un mecanismo para optimizar la provisión de insumos alimentarios a las escuelas.

La postura del gremio docente y las comunidades educativas

-Rechazo a la estigmatización: AGMER denuncia la existencia de una "campaña sucia" impulsada con fondos públicos para deslegitimar y estigmatizar a equipos directivos, docentes, cocineros y comercios locales que tradicionalmente sostuvieron el servicio del comedor.

-Defensa del sistema tradicional e histórico: Resaltan que durante años fueron las comunidades educativas y los proveedores locales quienes garantizaron el plato de comida a los estudiantes, afrontando incluso retrasos en los pagos en contextos de crisis.

-Exigencia de alimentos saludables: Cuestionan el nuevo esquema por el suministro de alimentos ultraprocesados y reclaman una alimentación variada, sana y con presupuesto adecuado en defensa de la escuela pública como un derecho social.

-Falta de transparencia e interlocución: Reclaman que el gobierno de Rogelio Frigerio avanzó con la licitación y contratación de la firma Teknofood S.A. sin convocar, informar ni consultar previamente a los actores que día a día gestionan los comedores en el territorio.

-Denuncia por irregularidades: El gremio denunció además que fue objeto de un ciberataque (hackeo) al formulario digital habilitado para que la comunidad adhiera al amparo colectivo.

Estado actual del conflicto judicial

Actualmente, el sistema centralizado se encuentra suspendido gracias a la medida cautelar que otorgó el juez Malvasio. Luego de que este rechazara la recusación formulada por el Estado, la causa completa —tanto la cautelar apelada como la continuidad del magistrado en la investigación— quedó a la espera de una resolución del pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos.

El debate sobre la alimentación en los establecimientos educativos de Entre Ríos sumó en los últimos días un fuerte cruce entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el gremio docente AGMER, en medio de un conflicto judicializado que llegó al Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La postura oficial: Gualeguay en la mira por la precariedad de los desayunos

Desde el Ejecutivo provincial, la secretaria de Gestión Social, Nancy Ballejos, justificó la necesidad de cambiar el sistema de comedores al presentar auditorías con marcadas irregularidades en distintos departamentos.

En ese relevamiento, la funcionaria puso como ejemplo negativo a una escuela de Gualeguay, donde las actas oficiales de supervisión registraron una secuencia de cinco días consecutivos en los que el desayuno de las y los alumnos se limitó exclusivamente a té con pan o té con galletas.

Ballejos argumentó que el modelo descentralizado genera grandes inequidades —con escuelas que sirven solo frutas o infusiones sin sólidos— e incluso maniobras ilícitas como la compra de cigarrillos y electrodomésticos con fondos alimentarios. Por ello, defendió la implementación de un esquema centralizado para desayunos y meriendas que asegure un "piso común de calidad y trazabilidad".

"Mientras discutimos el sistema, hay escuelas donde los chicos desayunan una manzana en invierno o mate cocido con un pedazo de pan. Esa es la realidad que tenemos que transformar", fundamentó Ballejos.

La respuesta gremial: rechazo a la empresa Teknofood y alerta por "ultraprocesados con hasta seis sellos"

Del otro lado de la discusión, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y un colectivo de familias y organizaciones sociales presentaron otra arista del conflicto, rechazando de plano la contratación centralizada de la empresa Teknofood S.A.

Desde el gremio y los equipos legales amparistas advirtieron que la solución propuesta por el Gobierno atenta contra la salud de los estudiantes y vulnera la Ley de Etiquetado Frontal (Ley 27.642):

•Productos ultraprocesados: El secretario general de AGMER, Abel Antivero, remarcó que el Estado está entregando "productos y no alimentos", convirtiendo la nutrición escolar en una variable de ajuste. "Para que los chicos puedan aprender bien, tienen que estar bien alimentados", aseveró.

•Exceso de octógonos de advertencia: La abogada de AGMER, Verónica Fischbach, precisó que se detectaron mercaderías con múltiples sellos de advertencia: "Seis sellos tiene el budín, dos tienen las galletitas y dos los cerealitos".

•Incumplimiento legal: El abogado Rubén Pagliotto enfatizó que según la normativa vigente, la sola presencia de un sello de advertencia por exceso de sodio, grasas o azúcares debería prohibir el ingreso de ese producto a los entornos escolares.

•Logística deficiente: Seccionales del gremio advirtieron sobre las dificultades operativas que implica almacenar las seis entregas anuales masivas que prevé la firma proveedora, sin la infraestructura adecuada en los edificios escolares.

Un conflicto que define el STJ

Mientras el Gobierno insiste en que el nuevo esquema unificado evitará la discrecionalidad detectada en localidades como Gualeguay, AGMER y más de 400 amparistas aguardan el fallo del Superior Tribunal de Justicia para frenar la distribución de estos ultraprocesados. Mientras tanto, la discusión de fondo sigue abierta. 

Ante las versiones difundidas durante las últimas semanas acerca de Teknofood SA, la compañía consideró necesario aportar información sobre su trayectoria, su modelo de trabajo y, particularmente, sobre sus experiencias en las provincias de Corrientes y San Juan. A través de un comunicado de prensa, Teknofood destacó que la empresa fue "concebida para nutrir" y agregó: "Un niño puede haber comido y saciado el hambre y, sin embargo, no haberse alimentado correctamente".

Con más de tres décadas de trayectoria, 3.500 millones de prestaciones brindadas y presencia en al menos 16 provincias, la empresa aseguró que trabaja junto con profesionales y proveedores locales para adaptar cada programa a las necesidades de su territorio, y que su llegada a Entre Ríos busca integrarse al entramado productivo provincial y fortalecerlo.

Según el comunicado, Teknofood ya cuenta con una oficina local y un depósito en Colonia Avellaneda, y contrató a las primeras 30 nutricionistas entrerrianas, quienes monitorearán el servicio en más de 900 escuelas y capacitarán al personal en recepción, almacenamiento, preparación e higiene de los alimentos, además de promover hábitos saludables. A esa estructura se suma una empresa transportista que prevé incorporar alrededor de 50 personas. La compañía remarcó que en todas las etapas prioriza la contratación de trabajadores, servicios, insumos y proveedores locales que cumplan las condiciones técnicas, sanitarias y operativas requeridas.

Respecto de los cuestionamientos por su desempeño en otras provincias, la empresa sostuvo que los faltantes de alimentos que tomaron estado público en Corrientes ocurrieron en una etapa posterior, cuando el servicio educativo estaba a cargo de otro proveedor. "Atribuir esos episodios a Teknofood altera la secuencia de los hechos", afirmó la compañía, que además señaló que continúa prestando normalmente otro programa provincial para comedores comunitarios, en el marco de la Licitación Pública N.º 24/23.

Sobre la causa judicial en San Juan por un supuesto sobreprecio del 100%, la empresa remarcó que trabaja en esa provincia desde 2006 y que la continuidad del sistema a través de sucesivas administraciones de distinto signo político constituye un antecedente de su estabilidad. Además, sostuvo que durante 2024 y comienzos de 2025 aceptó actualizaciones de precios inferiores a las que surgían del mecanismo contractual, con el propósito de colaborar con esa provincia y sostener el servicio. Frente a una nueva licitación cuyas condiciones técnicas, a criterio de la empresa, reducían los estándares del sistema, Teknofood decidió no presentarse e impugnó aspectos del pliego y de la evaluación.

La llegada de Teknofood a la provincia se da en medio de una fuerte polémica por el nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares implementado por el Gobierno de Entre Ríos, que reemplazó el esquema de compras mediante tarjetas que utilizaban las escuelas por un sistema centralizado para 996 establecimientos. El Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos y la Asociación Entrerriana de Nutrición cuestionaron el reemplazo de alimentos y preparaciones adquiridos localmente por productos industrializados, mientras que equipos directivos de escuelas de Concordia hablaron de un posible "retroceso nutricional".

El desembarco del nuevo esquema de desayunos y meriendas centralizados en los establecimientos educativos tuvo un freno de mano este mediodía en pleno departamento Gualeguay. Mientras nutricionistas de la firma Teknofood realizaban un relevamiento y mantenían reuniones en escuelas locales acompañadas por la Directora de Comedores del Departamento Gualeguay, la notificación de una medida cautelar de la Justicia provincial interrumpió abruptamente las actividades previstas, obligando a suspender la agenda en el acto.

La decisión judicial que paralizó la transición fue dictada por el juez Juan Malvasio en el marco de una acción de amparo colectivo impulsada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Fundación Cauce y un colectivo de padres y madres.

En su resolución, el magistrado resolvió ordenar al Gobierno provincial que “se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del Consejo General de Educación productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias en los términos del Art. 12 de la Ley 27642” (Ley de Promoción de la Alimentación Saludable / Etiquetado Frontal).

Regreso al esquema tradicional

Además de frenar el reparto de los módulos alimentarios empaquetados, el fallo dispone expresamente que el Poder Ejecutivo provincial deberá “garantizar en forma simultánea e ininterrumpida la provisión de productos no alcanzados por dicha prohibición, bajo la modalidad vigente antes de la implementación del sistema centralizado”.

De este modo, hasta tanto la Justicia tramite el fondo de la cuestión y dicte una sentencia definitiva, la prestación del servicio alimentario en las escuelas de Gualeguay y del resto de la provincia deberá continuar operando bajo el sistema descentralizado habitual.

La novedad judicial generó un alivio momentáneo en sectores docentes y comunidades educativas locales que venían manifestando reparos sobre el valor nutricional de las viandas empaquetadas respecto a la elaboración e insumos frescos que se gestionan tradicionalmente en cada comedor.

La reestructuración en el sistema de provisión de alimentos para los comedores escolares y comunitarios de Entre Ríos encendió un intenso debate que repercute con fuerza en Gualeguay. Mientras el Gobierno provincial fundamenta las transformaciones en la necesidad de ordenar la administración, mejorar el valor nutricional y corregir severas irregularidades detectadas en establecimientos educativos, referentes políticos locales de distintos espacios cuestionan severamente la contratación de una firma proveedora externa. Advierten sobre la fuga de capitales del circuito comercial de la ciudad y el encarecimiento global de la prestación.

La crítica local: fuga de fondos del comercio de Gualeguay y dudas sobre el costo

Desde el ámbito político de Gualeguay, dirigentes de la oposición y de sectores internos del radicalismo coincidieron en marcar los efectos negativos que tendrá la medida sobre la economía departamental y la cadena productiva.

Eduardo Della Giustina, referente de UCR Activa Entre Ríos, envió un documento en el que comparó el cambio de modelo con históricas políticas alimentarias de la provincia, señalando que pasar de compras distribuidas territorialmente a un esquema concentrado en la empresa Teknofood perjudica de forma directa a la industria y al comercio entrerriano.

"La alimentación escolar distribuida territorialmente sostiene almacenes, panaderías, supermercados, carnicerías y distribuidores de cada pueblo y ciudad. Ese dinero vuelve a circular en salarios, compras e impuestos locales", argumentó. Asimismo, puso el foco en el incremento del gasto público: "La propia ministra Verónica Berisso reconoció que el sistema actual cuesta aproximadamente $22.000 millones anuales y que con el nuevo esquema ascenderá a $42.000 millones. Si la nueva modalidad costará casi el doble, el Gobierno debe demostrar con informes técnicos qué mejora concreta justifica esa diferencia. Centralizar no es sinónimo de eficiencia".

En una línea similar, el dirigente del PJ Gualeguay, Marcelo Sánchez, cuantificó el impacto directo en la ciudad a través de sus redes sociales, estimando pérdidas millonarias para la plaza local. "$100.000.000 mensuales es lo que pierde Gualeguay por la decisión de comprar alimentos en Buenos Aires", aseveró Sánchez, advirtiendo que la privatización de la copa de leche y los refuerzos alimentarios derivará en "menos consumo local, menos trabajo en los negocios y mayor riesgo de despidos". El dirigente peronista sostuvo además que con esta modalidad "se pierde la inmediatez de la necesidad real y se raciona el hambre de los niños".

La posición del Gobierno: ordenamiento, auditorías y control de fondos

Ante las severas críticas, las autoridades provinciales salieron a defender el rediseño del servicio poniendo énfasis en el control de las partidas y en el combate a las irregularidades operativas detectadas en las instituciones.

En diálogo exclusivo con El Debate Pregón, el Director de Comedores de la Provincia, Lautaro Azzalini, detalló los motivos que impulsaron la revisión del mecanismo tradicional de transferencia directa de dinero a directivos y comisiones. Azzalini expuso situaciones anómalas descubiertas durante relevamientos e inspecciones administrativas en el territorio, ejemplificando con un caso registrado en el departamento: "En una escuela de Gualeguay faltaron diez millones de pesos", afirmó el funcionario para ilustrar las inconsistencias contables halladas entre los fondos girados y la efectiva prestación recibida por los alumnos.

Por su parte, la Ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso —responsable de la carter a a nivel provincial—, respaldó públicamente la implementación del nuevo sistema de provisión de alimentos empaquetados y raciones de la empresa Teknofood. La funcionaria admitió la diferencia en el presupuesto global —que pasará de los $22.000 millones actuales a una cifra cercana a los $42.000 millones—, pero justificó la erogación argumentando que el esquema anterior presentaba graves fallas de fiscalización, desvíos y una calidad nutricional heterogénea. Según la postura ministerial, el nuevo contrato garantiza estándares bromatológicos uniformes, logística asegurada e inocuidad alimentaria en toda la provincia.

Las cifras del debate

La controversia por los comedores expone una discusión de fondo sobre la administración de los recursos públicos y sus efectos en la economía regional:

$22.000 millones vs. $42.000 millones: Es la brecha presupuestaria anual reconocida por la provincia entre el sistema de giro de fondos descentralizado y el nuevo esquema de provisión estandarizada.

$100 millones mensuales: Es el monto que, según estimaciones de la dirigencia local de Gualeguay, dejará de circular en la red de comercios, proveedores y distribuidores de la ciudad.

$10 millones: La cifra correspondiente a una de las inconsistencias detectadas en una institución educativa de Gualeguay, citada por el Director provincial de Comedores como argumento para justificar el cambio de paradigma hacia un modelo auditado.