Cronología del caso

El conflicto institucional en la Municipalidad de Gualeguay tomó estado público cuando las autoridades detectaron un presunto faltante de dinero en las arcas municipales, hecho que derivó en la apertura de una investigación interna y el desplazamiento preventivo de Rodolfo "Quito" Estapé de su cargo como Tesorero Municipal.  Desde el inicio del procedimiento administrativo, el caso generó amplia repercusión en la comunidad ante las versiones que señalaban irregularidades graves en el manejo de los fondos públicos.

Posteriormente, las declaraciones de la secretaria de Hacienda, Claudia Buso, aportaron mayores detalles sobre el avance del sumario y las supuestas inconsistencias detectadas, haciendo foco en cuestiones ligadas al balance, la rendición de cuentas y el manejo de los recursos.

Sin embargo, la posición de la defensa mantuvo una tesitura contrapuesta: sostuvo de forma constante que no existió sustracción ni perjuicio fiscal para las arcas de la Comuna, argumentando que el dinero permaneció siempre en el edificio municipal y señalando que durante las inspecciones iniciales no se procedió a la apertura de la caja fuerte de la Tesorería para verificar la disponibilidad real de los fondos.

El proceso administrativo tuvo recientemente su desenlace en el ámbito municipal con la reunión del Órgano de Disciplina. Con una votación dividida de 2 a 1 —impulsada por el representante del Ejecutivo y el voto del concejal oficialista, frente al rechazo del representante gremial—, el intendente ratificó la medida de exoneración contra Estapé.

"Pasó a ser una cuestión exclusivamente técnica"

En diálogo con nuestro medio, el abogado de Rodolfo Estapé, Dr. Marcelo Sánchez, brindó precisiones sobre el desarrollo del sumario administrativo, cuestionó la validez legal de la sanción aplicada y detalló la estrategia judicial que llevarán adelante.

—EDP: ¿Cómo fue el desarrollo del procedimiento que resolvió la exoneración?

—Se hizo el procedimiento administrativo, el sumario completo, al cual tuvimos acceso irrestricto a toda la prueba, pudimos acceder a todo y llegó el momento de la comisión de disciplina. El Ejecutivo hizo un dictamen, yo hice un descargo y el sindicato hizo un descargo siguiendo mis lineamientos en contra del dictamen del Ejecutivo. El tema es que el que vota por el Ejecutivo es el mismo asesor legal que es el mismo sumariante. Y el voto del Concejo Deliberante es de un concejal oficialista. Así que, con el Órgano de Disciplina en 2 a 1, decidieron exonerarlo.

—EDP: ¿Cuál es el argumento central de la Defensa?

—La cuestión finalmente se tornó técnica, porque para mí no está probado el faltante de dinero. Estapé, en la oportunidad en la que hizo el descargo, señaló que se hizo todo el arqueo ese día, pero nunca nadie le preguntó dónde estaba el dinero equivalente al recibo que él había puesto en la caja. Él entendía que poniendo un recibo en la caja y reservando el dinero en la caja fuerte de la Tesorería —porque lo necesitaba para hacer cambio— era suficiente; que era una cuestión meramente administrativa en la cual puso un recibo para reservar el dinero en la caja fuerte, como habíamos hablado la vez pasada.

Quedó probado que la caja fuerte no se abrió, quedó probado que ninguno de ellos sabía lo que había en la caja fuerte y lo que quedó probado también —o que para mí es dudoso— es que ellos dicen que al otro día Estapé fue temprano a la mañana, puso el dinero en la caja fuerte y sacó el recibo. Él dice: "No, yo antes de irme ese mismo día saqué el recibo, puse el dinero en la caja; o sea, nunca faltó el dinero básicamente, eliminé el recibo y acredité el dinero adentro.

“Lo que pasa es que ustedes se dieron cuenta recién al otro día a las 12 del mediodía cuando fueron a buscar la caja del día anterior. Ahí es donde se dieron cuenta de que yo había sacado el recibo y había puesto el dinero, pero ese movimiento lo hice el mismo día en que ustedes hicieron el primer arqueo”.

—EDP: ¿Cuáles son los ejes de discusión en el expediente?

—Más allá de esto que vuelvo a repetir, que para mí no está probado o que el Ejecutivo presume pero no ha acreditado, hay dos temas técnicos. Uno: si el tesorero tenía facultades de hacer este movimiento sin necesidad de pedirle autorización al Ejecutivo. Ellos dicen que Estapé no podría haber hecho eso sin pedir autorización del Ejecutivo. Y Estapé dice: "No, yo en uso de mis facultades como tesorero incluso puedo decirles a ustedes que no hagan esto. Yo administro y decido reservar este dinero y sacarlo de la disponibilidad de la administración pública porque necesito hacer otra cosa, en este caso buscar cambio".

La segunda cuestión es si por el estatuto municipal vos podés juzgar al tesorero o tenés que juzgarlo a través de otra normativa. Nosotros sostenemos que el artículo 2 del estatuto municipal dice que los funcionarios o empleados que estén designados por ordenanza o por cargos previstos en la Constitución están excluidos del estatuto del empleado municipal. Con lo cual, por sus funciones de tesorero no lo podrían juzgar en los términos del estatuto municipal, es decir, no lo podrían exonerar por su función de tesorero. Y la Municipalidad directamente dice: "Yo lo único que tengo es el estatuto y por eso lo juzgo por el estatuto".

—EDP: ¿Qué cuestionamientos realizan sobre la conformación del Órgano de Disciplina?

—Otra cuestión para tener en cuenta es la conformación del Órgano de Disciplina: cómo el sumariante, que es quien hace el dictamen, termina siendo después el que aporta la mayoría para el voto de la exoneración. Termina siendo juez y parte.

Y la tercera cuestión es si la exoneración aparece como la medida más adecuada o si ha excedido al ser la más grave de todas; si con una sanción menor hubiese sido suficiente o con la sola destitución como tesorero. Esos son los tres ejes de discusión que se plantearon en el sumario. O sea, lo que primero era un desfalco, un robo, que faltaba el dinero, que el tesorero se la fumaba, que tenía problemas con el juego, con adicciones y todo eso que salió en los medios, finalmente terminó siendo una discusión acerca de si el tesorero tenía facultades para extraer ese dinero y reservarlo en la caja fuerte o si necesitaba autorización del Ejecutivo.

—EDP: ¿Cómo es el tema del manejo del fondo fijo?

—El tema del fondo fijo son documentos, papeles. Ellos dicen: "Vos te llevaste el fondo fijo y no lo pusiste a disposición de la Municipalidad". Y él dice: "No, el fondo fijo está bajo mi custodia y a ustedes no les importa el fondo fijo porque es decisión 100% mía qué hago con él. Son los bienes que están bajo mi custodia como tesorero, personal e independientemente del Ejecutivo. Yo decido cuándo pido más plata, cuándo rindo, cuándo no rindo o cuándo pido que me lo amplíen, a medida que voy necesitando. No es necesario que lo tenga físicamente en la Municipalidad; lo puedo tener en mi maletín y llevarlo y traerlo todo el tiempo porque es mi custodia".

Vuelvo a lo mismo: pasaron a ser cuestiones exclusivamente técnicas. Algo que se puso en los medios o se denunció como un gran peculado, un gran robo o un gran desfalco, en realidad fue una cuestión exclusivamente técnica donde nunca faltó el dinero.

—EDP: ¿Cuáles son los contrapuntos directos sobre las imágenes de las cámaras de seguridad?

—Ellos tienen la posición de que “Quito” el 27 de mayo se llevó el dinero de la Municipalidad y lo puso el 28 de mayo temprano. Pero Quito les dice: "No, yo saqué el dinero de la caja el 27 de mayo a las 8:30 o 9 de la mañana y lo reservé en la caja fuerte. Cuando ustedes vieron que dejé el recibo en la caja cobradora, armaron todo esto con escribano para cagarme, básicamente".

Y en cuanto al fondo fijo, le dicen: "Vos el 28 dejaste el dinero, sacaste el recibo y te llevaste el fondo fijo". Y él les responde: "Sí, me llevé el fondo fijo, pero lo tengo bajo mi custodia. El 28 fui a trabajar temprano porque el 27 a la tarde me comí la cabeza de que me estaban haciendo una cama. Entonces el 28 a la mañana fui temprano y como me sentí mal me fui; me llevé el teléfono y el fondo fijo conmigo porque como veía que venían con malas intenciones, no les iba a dejar el fondo fijo ahí a libre disposición para que me metieran o me sacaran algún papel y me terminaran cagando".

Ellos aceptan en el sumario que, si bien no hubo perjuicio para la Municipalidad porque nunca faltó el dinero ni tuvieron necesidad de utilizarlo y no contar con él, la actitud que tuvo el tesorero de obrar sin haber pedido autorización le causó perjuicio a la Municipalidad. O sea, van por la moralina, no por la cuestión del faltante físico o disponible de dinero.

No tienen acreditado concretamente que el dinero físico haya estado fuera del municipio; presumen que estuvo afuera. Cuando él les dice que estuvo en la caja fuerte y al otro día van y constatan que el dinero está de vuelta y falta el recibo, dicen: "En algún momento viniste y lo pusiste". Buscan las cámaras y lo encuentran ingresando, abriendo la caja fuerte y buscando papeles adentro. Dicen: "En ese momento sacaste el recibo y pusiste el dinero". Pero él es el tesorero, maneja la caja fuerte todo el tiempo.

Así como lo pudo haber hecho el 28 temprano a la mañana, lo hizo el 27 a última hora cuando se fue y le puso llave. ¿Por qué no traen el video del viernes 27 a última hora cuando cerró la caja fuerte y le puso llave? Porque van a ver la misma actividad: a él abriendo de frente a la caja fuerte y de espaldas a la cámara, poniendo papeles, sacando cosas y cerrando con llave. El video no muestra nada.

—EDP: ¿Cómo continuará el trámite en el plano administrativo y legal?

—El miércoles vamos a ir al Concejo Deliberante a hacer una apelación fundada en estos argumentos, en la inversión de la carga de la prueba y en argumentos técnicos que hacen a la apelación y al planteo que llevaremos a la justicia posteriormente. Vamos al Concejo Deliberante para agotar la vía administrativa y luego iremos a la Cámara Contencioso Administrativa haciéndole juicio al Municipio para denunciar que la destitución es ilegal, está mal hecha, es nula y por todos estos argumentos que estoy dando.

La destitución del Tesorero Municipal, Rodolfo Estapé, sancionada este jueves por la noche por el Concejo Deliberante, consolidó un conflicto político e institucional de alto impacto local que venía gestándose en las últimas semanas. El caso, que comenzó con denuncias del Ejecutivo respecto a presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y la posterior suspensión provisoria del funcionario mediante un decreto, alcanzó su punto culminante en el recinto legislativo con la aprobación de la ordenanza de remoción definitiva.La cronología de los hechos que derivaron en la destitución tomó estado público cuando El Debate Pregón publicó que el gobierno local detectó un faltante de dinero en las arcas municipales y ordenó el desplazamiento preventivo de Estapé para iniciar una investigación interna.

Desde el oficialismo se denunció a Estapé por la vía administrativa y penal, y se lo desplazó de inmediato. Por a defensa de Estapé se desmintieron las acusaciones afirmando que "el dinero siempre estuvo en el municipio" y atribuyó la maniobra a una puesta en escena para justificar el desplazamiento.  A esto se sumaron los cuestionamientos sobre el balance del Corso local, donde se ventilaron deudas no registradas del Club Quilmes que avivaron las sospechas sobre el funcionamiento de los controles contables de la Comuna.

La palabra de Sánchez

Tras conocerse la sanción de la ordenanza, el abogado defensor de Estapé, Marcelo Sánchez, reveló en declaraciones exclusivas los pasos judiciales que seguirán y lanzó duras críticas al procedimiento implementado por el Ejecutivo. Sánchez confirmó que la Justicia Contencioso Administrativa rechazó una medida cautelar preliminar que buscaba frenar el tratamiento en el Concejo Deliberante, aunque aclaró que el proceso de revisión de los actos municipales sigue en marcha."Todo fue previendo que esto iba a pasar anoche, así que quedó a la espera porque no era clara la resolución", detalló el letrado y siguió: “Le van a dar traslado al municipio y va a tener que contestar en qué legislación funda su decisión. A partir de ahí, el contencioso administrativo va a tomar la decisión de suspender o no".Para Sánchez, el marco temporal en el que operaron el Ejecutivo y el Legislativo demuestra una intencionalidad puramente política que vulnera las garantías administrativas. "Creo que con el sumario administrativo, después de todo lo que hicieron, o van a tener que cesantearlo o van a tener que suspenderlo para poder justificar la destitución, porque si después no le imputan nada, ¿cómo va a quedar la destitución? Ahora que lo destituyeron, sí o sí lo van a tener que sancionar. No le va a quedar otra que esperar que lo sancionen y luego ir a cuestionar esa sanción al contencioso administrativo", analizó. El defensor apuntó contra el argumento legislativo utilizado por el oficialismo: “Vino del Ejecutivo la propuesta, viene con toda una línea argumental, porque ellos no saben lo que pasa en una tesorería si el Ejecutivo no les hubiese mandado el proyecto de ordenanza. Ellos lo destituyeron antes de sancionarlo, básicamente. Todavía el tipo no está ni siquiera condenado y ya le sacaron su cargo de tesorero. Ni siquiera se lo sacaron provisionalmente mientras dure el sumario administrativo. Lo cual implica que ahora el municipio lo va a tener que sancionar sí o sí para no dejar en offside al legislativo. La decisión política del Ejecutivo era destituirlo porque el tipo ya no les era funcional, y entonces mandaron la ordenanza y el legislativo obró como un notario del Ejecutivo, sancionando una ordenanza incluso sin que el Ejecutivo todavía lo sancione. Eso es el corolario de todo esto, una locura".

El riesgo del precedente institucional, según la oposición

La votación en el recinto contó con dos abstenciones, de Micaela Cevasco y Martín González, del bloque Más por Entre Ríos. González fundamentó su postura argumentando que las pruebas presentadas en el expediente administrativo carecían de la solidez necesaria para justificar un desplazamiento de tal magnitud de forma tan apresurada. "Hubo dos abstenciones, que fueron la de Micaela y la mía. Pero lo que se discutía ahí en definitiva era el precedente que se está sentando", advirtió el edil opositor. "Lo que subió a discutir es un proyecto de ordenanza para autorizar al Ejecutivo a que saque al tesorero con elementos muy endebles. Lo que nosotros planteamos antes de discutir la cuestión de fondo era que se sustanciara el sumario administrativo como corresponde, si así eso subía al Concejo y teníamos más elementos. El tipo está suspendido por un mes, tranquilamente podríamos haber estado un mes esperando. Sin embargo, lo mandaron para arriba y decidieron hacerlo rápido".

González alertó sobre el impacto a largo plazo que esta metodología puede tener sobre los órganos de control interno de la administración pública local, los cuales requieren de estabilidad institucional para ejercer sus funciones sin presiones políticas de turno. "A mí lo que me preocupa es el precedente que se sienta para cualquier intendente que venga con los argumentos de ese proyecto de ordenanza y con lo justificados que estaban en el expediente administrativo, que era bastante endeble, como te digo. Cualquier intendente que venga puede sacar con una mayoría simple al contador o al tesorero. Al contador también, que es el mismo mecanismo. Y es el control interno del municipio... o sea, ¿no me gusta la cara del que me controla y lo saco?", concluyó el concejal.

Con la destitución consumada en el plano legislativo, el conflicto se traslada ahora a dos escenarios paralelos: por un lado, el desarrollo del sumario interno en el municipio que determine si existieron faltas administrativas o perjuicio económico; y por el otro, la batalla judicial en los tribunales contencioso-administrativos, donde la defensa buscará revertir la remoción del cargo de Estapé.

Desde la oposición remarcaron la urgencia de recibir respuestas en el plazo establecido de diez días y enfatizaron que el foco debe ponerse en la responsabilidad sobre el control de los recursos de la comunidad.

En estos días tomó estado parlamentario un pedido de informes que apunta directamente al corazón de la administración de los recursos públicos locales. El proyecto surge en una semana marcada por dos acontecimientos críticos: la denuncia y pedido de remoción del Tesorero Municipal por parte del propio Ejecutivo tras la detección de un supuesto faltante de dinero, y la intimación a un club local por una deuda no reflejada en las utilidades de la máxima fiesta de la ciudad.

Al respecto, la concejala Micaela Cevasco (Más por Entre Ríos), impulsora de la iniciativa, dialogó con este medio y remarcó la necesidad de que el Municipio brinde respuestas perentorias ante lo que calificó en el documento como "trascendidos públicos de gravedad". "Todos los vecinos y vecinas de Gualeguay merecen que los fondos y cada centavo sea administrado con responsabilidad y transparencia", argumentó justificando la solicitud de un plazo perentorio de diez días para que el Ejecutivo remita la documentación respaldatoria.

Las cuentas del Carnaval bajo la lupa

El primer eje de la presentación radica en las inconsistencias detectadas en la liquidación del Carnaval 2026. Según consta en los considerandos del documento, tras la presentación pública del balance oficial de la última edición, se conoció la existencia de deudas pendientes vinculadas a la explotación de cantinas. Específicamente, trascendió la intimación al Club Quilmes por una cifra cercana a los 15 millones de pesos en concepto de canon de explotación.

Sobre este punto, Cevasco aclaró que la intención legislativa no busca penalizar a la entidad civil involucrada. "Bajo ningún punto de vista queremos caerle al club que tiene esta deuda millonaria, sino poner el foco en la responsabilidad que tiene que tener el Municipio y quienes manejan la plata de todos los vecinos", diferenció. En ese sentido, la concejala apuntó a los mecanismos de control interno de la comuna: "Desde la Secretaría de Hacienda se debería haber hecho lo que estaba claramente establecido en el pliego licitatorio".

Ante este escenario, el articulado del pedido de informes exige al Ejecutivo que remita copia íntegra del balance económico-financiero del Carnaval 2026, detallando cuentas a cobrar y el tratamiento contable otorgado a los créditos pendientes. Asimismo, la requisitoria amplía el espectro temporal y solicita las rendiciones de las ediciones 2023 2024 y 2025, con un foco especial en los movimientos realizados a través de plataformas de cobro electrónico y billeteras virtuales —especialmente Mercado Pago—, incluyendo conciliaciones bancarias, titulares de las cuentas y transferencias efectuadas durante los últimos cuatro ejercicios.

El caso del Tesorero

El segundo componente que motivó la presentación legislativa se vincula a las actuaciones administrativas y judiciales que derivaron en el desplazamiento del Tesorero Municipal, un hecho que sacudió la política local tras la confirmación desde el propio Ejecutivo sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos. El pedido de informes solicita formalmente conocer qué funcionarios y agentes municipales tuvieron intervención directa en el control y registro de las partidas, así como también si existen auditorías internas, investigaciones administrativas en curso o expedientes sumariales vinculados al área en los períodos mencionados. Respecto a esta arista, la concejal Cevasco se mostró cauta pero firme en el reclamo de claridad: "Hay que ser muy cuidadosos con el presunto delito que hay sobre lo del Tesorero, pero la sociedad exige saber qué pasó".

La próxima semana se tratará en audiencia pública el pedido de remoción presentado por el Ejecutivo ante el Concejo Deliberante. 

Mientras el Departamento Ejecutivo avanza con un sumario administrativo, una denuncia penal y un pedido de remoción en el Concejo Deliberante, la defensa legal cuestiona de raíz la validez del operativo contable montado en la Comuna.

El Debate Pregón: Desde el Ejecutivo confirmaron el inicio de tres vías concurrentes: sumario, denuncia penal y pedido de remoción. ¿En qué estado procesal se encuentra su defendido?

Dr. Marcelo Sánchez: Legalmente mi defendido aún no ha sido notificado ni imputado en el ámbito penal. Al momento, solo se nos ha anoticiado el inicio de un sumario administrativo con una suspensión provisoria por 30 días. Lo llamativo es que el dictamen del asesor legal esboza supuestos incumplimientos de manera laxa, pero formalmente aún no sabemos qué hecho concreto se le atribuye en el sumario; ni siquiera le han pedido explicaciones todavía.

EDP: La Secretaría de Hacienda matizó que lo que existía era una "salida irregular" de fondo fijo sin los requisitos formales.

M.S.: Lo que ha estado pasando denota una marcada animosidad. El Ejecutivo tomó conocimiento de la existencia de un recibo temporal por 1.500.000 pesos firmado de puño y letra por el Tesorero en una de las cajas exteriores. Apresuradamente, convocaron al escribano con el único fin de constatar la existencia física de ese papel antes de que desapareciera por el flujo normal de la actividad municipal.

La extracción temporal de dinero de la caja chica mediante recibos internos para afrontar contingencias inmediatas es una práctica habitual y prevista por los usos del Tribunal de Cuentas. Si un área necesita pagar de urgencia una carta documento, el tesorero entrega el efectivo y guarda un recibo firmado por el empleado. Cuando el agente regresa con la factura oficial, el recibo provisorio se destruye y el gasto se incorpora formalmente. El apuro del Municipio radicaba en "encontrar" el recibo firmado por Estapé antes de que se formalizara el comprobante definitivo, para instalar en la opinión pública que se estaba llevando el dinero.

EDP: ¿Y dónde se encontraba ese dinero al momento del procedimiento notarial?

M. S.: El dinero siempre estuvo dentro del Municipio. Lo que ocurre es que durante el arqueo se negaron terminantemente a abrir la caja fuerte principal de la Tesorería. Si hubiesen continuado el procedimiento adecuadamente abriendo la caja fuerte, habrían encontrado los fondos o los documentos de respaldo correspondientes. Cuando llegue el momento del descargo formal, Estapé planteará este vicio metodológico: ¿con qué rigor técnico me acusan de un faltante si ni siquiera revisaron la totalidad de las dependencias?

EDP: El concepto que quedó instalado en la comunidad es el de un faltante de fondos en las cuentas públicas. ¿Cómo responde a esa calificación?

M. S.: Técnicamente es imposible hablar de desfalco cuando existe un documento firmado por la máxima autoridad de la Tesorería autorizando la salida. Mi cliente no ocultó nada; dejó asentada su firma haciéndose cargo de la extracción en la caja que custodiaba otra empleada, precisamente para que a ella le cerraran los números al finalizar la jornada.

Nadie que pretenda defraudar al Estado deja un recibo con sus datos y su firma en el lugar del hecho. Tampoco se puede argumentar que Estapé sea responsable de las demoras en rendir cuentas al poder legislativo; la obligación de confeccionar los balances es una responsabilidad política del Ejecutivo, no de los cuadros técnicos de control.

Además, hoy la Tesorería opera con un sistema informatizado y trazable. El Secretario de Hacienda, el Contador y el Tesorero poseen usuarios y claves individuales. Cada movimiento que realiza Estapé queda grabado con una huella digital inalterable. No podemos ser tan ingenuos de pensar en una intencionalidad dolosa en un entorno donde todo genera una alerta automática.

EDP: El Concejo Deliberante tiene previsto dar tratamiento inmediato al pedido de remoción. ¿Qué análisis hace de este paso legislativo?

M. S.: Nos preocupa profundamente la celeridad con la que el oficialismo pretende resolver esto, contando simplemente con la mayoría automática de votos, sin esperar siquiera a que concluyan los plazos mínimos del sumario administrativo o la investigación de la Justicia. Estamos hablando de un empleado público con 23 años de carrera intachable y 18 años de ejercicio continuo en el cargo de Tesorero. Si el proceso se ejecuta vulnerando el debido proceso y mañana la Justicia nos da la razón, el juicio millonario resultante contra la Municipalidad no lo pagarán los funcionarios de turno; lo va a pagar "Juan Pueblo" de sus propios impuestos. Institucionalmente es de una fragilidad alarmante.

El Tesorero y el Contador son las figuras creadas por la Constitución de Entre Ríos y la Ley de Municipios para ejercer el control de legalidad y limitar el poder político. Si con un sumario express y una mayoría simple podés deshacerte con tanta ligereza del técnico que tiene la función legal de controlarte, el sistema democrático y la institucionalidad se dañan. 

Tras la detección de presuntas irregularidades en el área de Tesorería, el Departamento Ejecutivo aceleró los mecanismos de control interno y trasladó el debate al plano legislativo y judicial. En paralelo, una intimación por una deuda del Club Quilmes, puso el ojo sobre el Balance Oficial del Corso 2026. Para echar luz sobre estos temas, El Debate Pregón dialogó con la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad, Claudia Buso.

Sumario, auditoría y el futuro de la Tesorería Municipal

EDP: Desde el Departamento Ejecutivo se ha impulsado un pedido de remoción para el Tesorero Municipal, instancia que debe pasar por el Concejo Deliberante. ¿Cómo se está articulando este procedimiento?

Claudia Buso: Ante la gravedad de la situación, desde el Municipio activamos tres procedimientos en simultáneo de forma inmediata: el sumario administrativo correspondiente, la elevación del proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante solicitando la remoción del funcionario y, por último, la denuncia penal. El proyecto de ordenanza quedó a despacho de comisión y el dictamen se tratará formalmente este jueves en la sesión pública del cuerpo.

EDP: Mientras se aguarda la resolución legislativa, ¿cuál es la situación del área en el día a día?

C.B.: En el marco del sumario se dispuso una suspensión provisoria por el término de 30 días, con el consecuente apartamiento del cargo del titular. Para garantizar la continuidad de la gestión y el normal funcionamiento de los pagos de la administración pública, se designó interinamente a un empleado de planta del área de Tesorería, que es la persona que habitualmente cubría los reemplazos legales.

EDP: En términos técnicos, ¿qué detectaron los mecanismos de control para derivar en estas medidas?

C. B.: Se realizó un procedimiento de rutina denominado arqueo de caja, que consiste en la verificación física de los fondos disponibles y la compulsa de los comprobantes que respaldan cada movimiento de efectivo. En esa primera instancia, coordinada por el Contador Municipal, se detectaron irregularidades metodológicas vinculadas a la falta de comprobantes que respaldaran debidamente la salida de fondos. Al día siguiente se constató que faltaba documentación que sí había formado parte del arqueo previo. Ante esto, se ordenó un nuevo arqueo, ambos validados ante escribano público.

EDP: Se ha hablado públicamente de un faltante de dinero de las arcas públicas. ¿Se pudo cuantificar ese monto o el problema radica únicamente en los papeles de respaldo?

C. B.: El viernes se determinó con precisión la afectación en el segmento de "fondo fijo". Al constatarse la anomalía, se intimó al funcionario por escrito. Él se presentó en el Palacio Municipal y reintegró el teléfono corporativo, los documentos y el dinero en efectivo que conservaba bajo su custodia. Lo que se investiga aquí es una irregularidad sustancial en el circuito de egreso de una determinada cifra de dinero que se ejecutó por fuera de las normativas vigentes y sin cumplir con los requisitos legales indispensables que rigen para la contabilidad pública. El carril penal ya está en manos de la Justicia.

Los números del Carnaval y el control de las licitaciones

La divulgación de una deuda del Club Quilmes de 15 millones de pesos, correspondientes al 50% restante del canon de la cantina N° 5 adjudicada por Licitación Pública, puso la lupa sobre el Balance del Corso 2026.

EDP: Tomó estado público la intimación que el Municipio le realizó al Club Quilmes por deudas pendientes en el canon de las cantinas del Corso. ¿Cómo evalúa esta situación?

C. B.: En los tres años que llevo al frente de la Secretaría de Hacienda, es la primera vez que afrontamos una situación de esta naturaleza con una entidad adjudicataria. De acuerdo con los pliegos, las instituciones debían integrar el 50% del canon en enero y el 50% restante en febrero. El Club Quilmes cumplió con la primera cuota, pero incurrió en mora en la segunda. Desde el área técnica realizamos un seguimiento semanal y la Secretaría de Turismo mantuvo reuniones con la comisión del club.

EDP: El descargo del club alude a dificultades financieras derivadas de obras de infraestructura y de una contingencia médica con un jugador. ¿Hubo contemplación de esa realidad social?

C. B.: Entiendo perfectamente la función social que cumplen Quilmes y todos los clubes de nuestra ciudad, y somos sensibles a esas realidades económicas. Pero como funcionarios públicos tenemos la obligación legal de velar por el patrimonio del Estado local. Ante la persistencia de la mora, correspondía iniciar el expediente administrativo y girar las actuaciones a la Asesoría Letrada para la intimación formal. Después se estudiará qué sanción le cabe al Club.

EDP: A partir de esto surgieron dudas en el arco político local respecto a los números finales de la fiesta. ¿Cómo se computó técnicamente esa deuda dentro del Balance Oficial?

C. B.: Ese ingreso pendiente no está declarado como percibido en el balance del Corso por la sencilla razón de que no fue cobrado. La contabilidad de este evento se rige bajo el estricto criterio de "lo percibido"; es decir, solo se computa lo efectivamente ingresado a las arcas del Estado. Es una lástima que se hayan arrojado mantos de sospecha sobre la transparencia de los números. Ayer, la concejal Cevasco se acercó a mi oficina para informarme que presentaría un pedido de informes en el Concejo sobre los últimos cuatro balances del carnaval. Le manifesté que el pedido es legítimo y que las puertas de esta Secretaría están siempre abiertas. Lo correcto hubiese sido preguntar primero si el monto estaba incluido o no, en lugar de sembrar dudas públicamente. El cierre del balance general experimentó una lógica demora precisamente porque estábamos aguardando la definición de la cobranza de Quilmes y la rendición de una de las comparsas. Al confirmarse que el club no disponía de los fondos de forma inmediata, se procedió al cierre excluyendo esa partida de los ingresos percibidos.

EDP: Pensando en el Corso 2027, ¿se evalúan modificaciones en los pliegos de las cantinas para evitar que se repitan estos descalces?

C. B.: Ningún otro club incurrió en esta situación, por lo que entendemos que fue un emergente de la realidad financiera particular de esa institución. No obstante, la intención del Ejecutivo para la próxima edición es modificar las pautas temporales: exigiremos que el canon licitado esté íntegramente abonado antes del inicio de la primera noche del carnaval. Para ello, iniciaremos los procesos licitatorios con mucha mayor antelación. Si un adjudicatario incumple los pagos en el mes de octubre o noviembre, el Municipio contará con el margen de tiempo necesario para dar de baja la concesión y lanzar un nuevo llamado a licitación.

Obras públicas y concesiones: el estado de las licitaciones locales

Párrafo aparte, Buso detalló la marcha de las licitaciones clave para el reordenamiento urbano y turístico de Gualeguay. Respecto a la postergada licitación para la obra de pavimento intertrabado, Buso aclaró que se encuentra en su tercer llamado. "En la última apertura, los dos únicos oferentes presentaron omisiones de carácter formal en el Sobre N° 1. Al encontrarse ambas empresas en estricta igualdad de condiciones, la normativa nos faculta a otorgar un plazo perentorio de 48 horas para subsanar los requisitos de forma. Ese plazo ya venció y este viernes se procederá formalmente a la apertura del Sobre N° 2 con las propuestas económicas", detalló la Secretaria.

Por último, en relación a las concesiones de las áreas turísticas y gastronómicas de la ciudad, la funcionaria confirmó que el concurso de precios correspondiente a las cantinas de la zona del Puerto ya fue adjudicado formalmente y se notificó a los beneficiarios. En tanto, el concurso para la explotación del Parador de la Costanera ingresó en una fase de revisión administrativa. "Uno de los oferentes que no resultó adjudicado solicitó formalmente la vista de las actuaciones a través de un representante legal. Se le entregará toda la documentación respaldatoria como corresponde, abriéndose el período de ley por si la firma decide instrumentar alguna impugnación formal a la adjudicación realizada por la Comuna", concluyó.