La destitución del Tesorero Municipal, Rodolfo Estapé, sancionada este jueves por la noche por el Concejo Deliberante, consolidó un conflicto político e institucional de alto impacto local que venía gestándose en las últimas semanas. El caso, que comenzó con denuncias del Ejecutivo respecto a presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y la posterior suspensión provisoria del funcionario mediante un decreto, alcanzó su punto culminante en el recinto legislativo con la aprobación de la ordenanza de remoción definitiva.La cronología de los hechos que derivaron en la destitución tomó estado público cuando El Debate Pregón publicó que el gobierno local detectó un faltante de dinero en las arcas municipales y ordenó el desplazamiento preventivo de Estapé para iniciar una investigación interna.

Desde el oficialismo se denunció a Estapé por la vía administrativa y penal, y se lo desplazó de inmediato. Por a defensa de Estapé se desmintieron las acusaciones afirmando que "el dinero siempre estuvo en el municipio" y atribuyó la maniobra a una puesta en escena para justificar el desplazamiento.  A esto se sumaron los cuestionamientos sobre el balance del Corso local, donde se ventilaron deudas no registradas del Club Quilmes que avivaron las sospechas sobre el funcionamiento de los controles contables de la Comuna.

La palabra de Sánchez

Tras conocerse la sanción de la ordenanza, el abogado defensor de Estapé, Marcelo Sánchez, reveló en declaraciones exclusivas los pasos judiciales que seguirán y lanzó duras críticas al procedimiento implementado por el Ejecutivo. Sánchez confirmó que la Justicia Contencioso Administrativa rechazó una medida cautelar preliminar que buscaba frenar el tratamiento en el Concejo Deliberante, aunque aclaró que el proceso de revisión de los actos municipales sigue en marcha."Todo fue previendo que esto iba a pasar anoche, así que quedó a la espera porque no era clara la resolución", detalló el letrado y siguió: “Le van a dar traslado al municipio y va a tener que contestar en qué legislación funda su decisión. A partir de ahí, el contencioso administrativo va a tomar la decisión de suspender o no".Para Sánchez, el marco temporal en el que operaron el Ejecutivo y el Legislativo demuestra una intencionalidad puramente política que vulnera las garantías administrativas. "Creo que con el sumario administrativo, después de todo lo que hicieron, o van a tener que cesantearlo o van a tener que suspenderlo para poder justificar la destitución, porque si después no le imputan nada, ¿cómo va a quedar la destitución? Ahora que lo destituyeron, sí o sí lo van a tener que sancionar. No le va a quedar otra que esperar que lo sancionen y luego ir a cuestionar esa sanción al contencioso administrativo", analizó. El defensor apuntó contra el argumento legislativo utilizado por el oficialismo: “Vino del Ejecutivo la propuesta, viene con toda una línea argumental, porque ellos no saben lo que pasa en una tesorería si el Ejecutivo no les hubiese mandado el proyecto de ordenanza. Ellos lo destituyeron antes de sancionarlo, básicamente. Todavía el tipo no está ni siquiera condenado y ya le sacaron su cargo de tesorero. Ni siquiera se lo sacaron provisionalmente mientras dure el sumario administrativo. Lo cual implica que ahora el municipio lo va a tener que sancionar sí o sí para no dejar en offside al legislativo. La decisión política del Ejecutivo era destituirlo porque el tipo ya no les era funcional, y entonces mandaron la ordenanza y el legislativo obró como un notario del Ejecutivo, sancionando una ordenanza incluso sin que el Ejecutivo todavía lo sancione. Eso es el corolario de todo esto, una locura".

El riesgo del precedente institucional, según la oposición

La votación en el recinto contó con dos abstenciones, de Micaela Cevasco y Martín González, del bloque Más por Entre Ríos. González fundamentó su postura argumentando que las pruebas presentadas en el expediente administrativo carecían de la solidez necesaria para justificar un desplazamiento de tal magnitud de forma tan apresurada. "Hubo dos abstenciones, que fueron la de Micaela y la mía. Pero lo que se discutía ahí en definitiva era el precedente que se está sentando", advirtió el edil opositor. "Lo que subió a discutir es un proyecto de ordenanza para autorizar al Ejecutivo a que saque al tesorero con elementos muy endebles. Lo que nosotros planteamos antes de discutir la cuestión de fondo era que se sustanciara el sumario administrativo como corresponde, si así eso subía al Concejo y teníamos más elementos. El tipo está suspendido por un mes, tranquilamente podríamos haber estado un mes esperando. Sin embargo, lo mandaron para arriba y decidieron hacerlo rápido".

González alertó sobre el impacto a largo plazo que esta metodología puede tener sobre los órganos de control interno de la administración pública local, los cuales requieren de estabilidad institucional para ejercer sus funciones sin presiones políticas de turno. "A mí lo que me preocupa es el precedente que se sienta para cualquier intendente que venga con los argumentos de ese proyecto de ordenanza y con lo justificados que estaban en el expediente administrativo, que era bastante endeble, como te digo. Cualquier intendente que venga puede sacar con una mayoría simple al contador o al tesorero. Al contador también, que es el mismo mecanismo. Y es el control interno del municipio... o sea, ¿no me gusta la cara del que me controla y lo saco?", concluyó el concejal.

Con la destitución consumada en el plano legislativo, el conflicto se traslada ahora a dos escenarios paralelos: por un lado, el desarrollo del sumario interno en el municipio que determine si existieron faltas administrativas o perjuicio económico; y por el otro, la batalla judicial en los tribunales contencioso-administrativos, donde la defensa buscará revertir la remoción del cargo de Estapé.

Desde la oposición remarcaron la urgencia de recibir respuestas en el plazo establecido de diez días y enfatizaron que el foco debe ponerse en la responsabilidad sobre el control de los recursos de la comunidad.

En estos días tomó estado parlamentario un pedido de informes que apunta directamente al corazón de la administración de los recursos públicos locales. El proyecto surge en una semana marcada por dos acontecimientos críticos: la denuncia y pedido de remoción del Tesorero Municipal por parte del propio Ejecutivo tras la detección de un supuesto faltante de dinero, y la intimación a un club local por una deuda no reflejada en las utilidades de la máxima fiesta de la ciudad.

Al respecto, la concejala Micaela Cevasco (Más por Entre Ríos), impulsora de la iniciativa, dialogó con este medio y remarcó la necesidad de que el Municipio brinde respuestas perentorias ante lo que calificó en el documento como "trascendidos públicos de gravedad". "Todos los vecinos y vecinas de Gualeguay merecen que los fondos y cada centavo sea administrado con responsabilidad y transparencia", argumentó justificando la solicitud de un plazo perentorio de diez días para que el Ejecutivo remita la documentación respaldatoria.

Las cuentas del Carnaval bajo la lupa

El primer eje de la presentación radica en las inconsistencias detectadas en la liquidación del Carnaval 2026. Según consta en los considerandos del documento, tras la presentación pública del balance oficial de la última edición, se conoció la existencia de deudas pendientes vinculadas a la explotación de cantinas. Específicamente, trascendió la intimación al Club Quilmes por una cifra cercana a los 15 millones de pesos en concepto de canon de explotación.

Sobre este punto, Cevasco aclaró que la intención legislativa no busca penalizar a la entidad civil involucrada. "Bajo ningún punto de vista queremos caerle al club que tiene esta deuda millonaria, sino poner el foco en la responsabilidad que tiene que tener el Municipio y quienes manejan la plata de todos los vecinos", diferenció. En ese sentido, la concejala apuntó a los mecanismos de control interno de la comuna: "Desde la Secretaría de Hacienda se debería haber hecho lo que estaba claramente establecido en el pliego licitatorio".

Ante este escenario, el articulado del pedido de informes exige al Ejecutivo que remita copia íntegra del balance económico-financiero del Carnaval 2026, detallando cuentas a cobrar y el tratamiento contable otorgado a los créditos pendientes. Asimismo, la requisitoria amplía el espectro temporal y solicita las rendiciones de las ediciones 2023 2024 y 2025, con un foco especial en los movimientos realizados a través de plataformas de cobro electrónico y billeteras virtuales —especialmente Mercado Pago—, incluyendo conciliaciones bancarias, titulares de las cuentas y transferencias efectuadas durante los últimos cuatro ejercicios.

El caso del Tesorero

El segundo componente que motivó la presentación legislativa se vincula a las actuaciones administrativas y judiciales que derivaron en el desplazamiento del Tesorero Municipal, un hecho que sacudió la política local tras la confirmación desde el propio Ejecutivo sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos. El pedido de informes solicita formalmente conocer qué funcionarios y agentes municipales tuvieron intervención directa en el control y registro de las partidas, así como también si existen auditorías internas, investigaciones administrativas en curso o expedientes sumariales vinculados al área en los períodos mencionados. Respecto a esta arista, la concejal Cevasco se mostró cauta pero firme en el reclamo de claridad: "Hay que ser muy cuidadosos con el presunto delito que hay sobre lo del Tesorero, pero la sociedad exige saber qué pasó".

La próxima semana se tratará en audiencia pública el pedido de remoción presentado por el Ejecutivo ante el Concejo Deliberante. 

Mientras el Departamento Ejecutivo avanza con un sumario administrativo, una denuncia penal y un pedido de remoción en el Concejo Deliberante, la defensa legal cuestiona de raíz la validez del operativo contable montado en la Comuna.

El Debate Pregón: Desde el Ejecutivo confirmaron el inicio de tres vías concurrentes: sumario, denuncia penal y pedido de remoción. ¿En qué estado procesal se encuentra su defendido?

Dr. Marcelo Sánchez: Legalmente mi defendido aún no ha sido notificado ni imputado en el ámbito penal. Al momento, solo se nos ha anoticiado el inicio de un sumario administrativo con una suspensión provisoria por 30 días. Lo llamativo es que el dictamen del asesor legal esboza supuestos incumplimientos de manera laxa, pero formalmente aún no sabemos qué hecho concreto se le atribuye en el sumario; ni siquiera le han pedido explicaciones todavía.

EDP: La Secretaría de Hacienda matizó que lo que existía era una "salida irregular" de fondo fijo sin los requisitos formales.

M.S.: Lo que ha estado pasando denota una marcada animosidad. El Ejecutivo tomó conocimiento de la existencia de un recibo temporal por 1.500.000 pesos firmado de puño y letra por el Tesorero en una de las cajas exteriores. Apresuradamente, convocaron al escribano con el único fin de constatar la existencia física de ese papel antes de que desapareciera por el flujo normal de la actividad municipal.

La extracción temporal de dinero de la caja chica mediante recibos internos para afrontar contingencias inmediatas es una práctica habitual y prevista por los usos del Tribunal de Cuentas. Si un área necesita pagar de urgencia una carta documento, el tesorero entrega el efectivo y guarda un recibo firmado por el empleado. Cuando el agente regresa con la factura oficial, el recibo provisorio se destruye y el gasto se incorpora formalmente. El apuro del Municipio radicaba en "encontrar" el recibo firmado por Estapé antes de que se formalizara el comprobante definitivo, para instalar en la opinión pública que se estaba llevando el dinero.

EDP: ¿Y dónde se encontraba ese dinero al momento del procedimiento notarial?

M. S.: El dinero siempre estuvo dentro del Municipio. Lo que ocurre es que durante el arqueo se negaron terminantemente a abrir la caja fuerte principal de la Tesorería. Si hubiesen continuado el procedimiento adecuadamente abriendo la caja fuerte, habrían encontrado los fondos o los documentos de respaldo correspondientes. Cuando llegue el momento del descargo formal, Estapé planteará este vicio metodológico: ¿con qué rigor técnico me acusan de un faltante si ni siquiera revisaron la totalidad de las dependencias?

EDP: El concepto que quedó instalado en la comunidad es el de un faltante de fondos en las cuentas públicas. ¿Cómo responde a esa calificación?

M. S.: Técnicamente es imposible hablar de desfalco cuando existe un documento firmado por la máxima autoridad de la Tesorería autorizando la salida. Mi cliente no ocultó nada; dejó asentada su firma haciéndose cargo de la extracción en la caja que custodiaba otra empleada, precisamente para que a ella le cerraran los números al finalizar la jornada.

Nadie que pretenda defraudar al Estado deja un recibo con sus datos y su firma en el lugar del hecho. Tampoco se puede argumentar que Estapé sea responsable de las demoras en rendir cuentas al poder legislativo; la obligación de confeccionar los balances es una responsabilidad política del Ejecutivo, no de los cuadros técnicos de control.

Además, hoy la Tesorería opera con un sistema informatizado y trazable. El Secretario de Hacienda, el Contador y el Tesorero poseen usuarios y claves individuales. Cada movimiento que realiza Estapé queda grabado con una huella digital inalterable. No podemos ser tan ingenuos de pensar en una intencionalidad dolosa en un entorno donde todo genera una alerta automática.

EDP: El Concejo Deliberante tiene previsto dar tratamiento inmediato al pedido de remoción. ¿Qué análisis hace de este paso legislativo?

M. S.: Nos preocupa profundamente la celeridad con la que el oficialismo pretende resolver esto, contando simplemente con la mayoría automática de votos, sin esperar siquiera a que concluyan los plazos mínimos del sumario administrativo o la investigación de la Justicia. Estamos hablando de un empleado público con 23 años de carrera intachable y 18 años de ejercicio continuo en el cargo de Tesorero. Si el proceso se ejecuta vulnerando el debido proceso y mañana la Justicia nos da la razón, el juicio millonario resultante contra la Municipalidad no lo pagarán los funcionarios de turno; lo va a pagar "Juan Pueblo" de sus propios impuestos. Institucionalmente es de una fragilidad alarmante.

El Tesorero y el Contador son las figuras creadas por la Constitución de Entre Ríos y la Ley de Municipios para ejercer el control de legalidad y limitar el poder político. Si con un sumario express y una mayoría simple podés deshacerte con tanta ligereza del técnico que tiene la función legal de controlarte, el sistema democrático y la institucionalidad se dañan. 

Tras la detección de presuntas irregularidades en el área de Tesorería, el Departamento Ejecutivo aceleró los mecanismos de control interno y trasladó el debate al plano legislativo y judicial. En paralelo, una intimación por una deuda del Club Quilmes, puso el ojo sobre el Balance Oficial del Corso 2026. Para echar luz sobre estos temas, El Debate Pregón dialogó con la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad, Claudia Buso.

Sumario, auditoría y el futuro de la Tesorería Municipal

EDP: Desde el Departamento Ejecutivo se ha impulsado un pedido de remoción para el Tesorero Municipal, instancia que debe pasar por el Concejo Deliberante. ¿Cómo se está articulando este procedimiento?

Claudia Buso: Ante la gravedad de la situación, desde el Municipio activamos tres procedimientos en simultáneo de forma inmediata: el sumario administrativo correspondiente, la elevación del proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante solicitando la remoción del funcionario y, por último, la denuncia penal. El proyecto de ordenanza quedó a despacho de comisión y el dictamen se tratará formalmente este jueves en la sesión pública del cuerpo.

EDP: Mientras se aguarda la resolución legislativa, ¿cuál es la situación del área en el día a día?

C.B.: En el marco del sumario se dispuso una suspensión provisoria por el término de 30 días, con el consecuente apartamiento del cargo del titular. Para garantizar la continuidad de la gestión y el normal funcionamiento de los pagos de la administración pública, se designó interinamente a un empleado de planta del área de Tesorería, que es la persona que habitualmente cubría los reemplazos legales.

EDP: En términos técnicos, ¿qué detectaron los mecanismos de control para derivar en estas medidas?

C. B.: Se realizó un procedimiento de rutina denominado arqueo de caja, que consiste en la verificación física de los fondos disponibles y la compulsa de los comprobantes que respaldan cada movimiento de efectivo. En esa primera instancia, coordinada por el Contador Municipal, se detectaron irregularidades metodológicas vinculadas a la falta de comprobantes que respaldaran debidamente la salida de fondos. Al día siguiente se constató que faltaba documentación que sí había formado parte del arqueo previo. Ante esto, se ordenó un nuevo arqueo, ambos validados ante escribano público.

EDP: Se ha hablado públicamente de un faltante de dinero de las arcas públicas. ¿Se pudo cuantificar ese monto o el problema radica únicamente en los papeles de respaldo?

C. B.: El viernes se determinó con precisión la afectación en el segmento de "fondo fijo". Al constatarse la anomalía, se intimó al funcionario por escrito. Él se presentó en el Palacio Municipal y reintegró el teléfono corporativo, los documentos y el dinero en efectivo que conservaba bajo su custodia. Lo que se investiga aquí es una irregularidad sustancial en el circuito de egreso de una determinada cifra de dinero que se ejecutó por fuera de las normativas vigentes y sin cumplir con los requisitos legales indispensables que rigen para la contabilidad pública. El carril penal ya está en manos de la Justicia.

Los números del Carnaval y el control de las licitaciones

La divulgación de una deuda del Club Quilmes de 15 millones de pesos, correspondientes al 50% restante del canon de la cantina N° 5 adjudicada por Licitación Pública, puso la lupa sobre el Balance del Corso 2026.

EDP: Tomó estado público la intimación que el Municipio le realizó al Club Quilmes por deudas pendientes en el canon de las cantinas del Corso. ¿Cómo evalúa esta situación?

C. B.: En los tres años que llevo al frente de la Secretaría de Hacienda, es la primera vez que afrontamos una situación de esta naturaleza con una entidad adjudicataria. De acuerdo con los pliegos, las instituciones debían integrar el 50% del canon en enero y el 50% restante en febrero. El Club Quilmes cumplió con la primera cuota, pero incurrió en mora en la segunda. Desde el área técnica realizamos un seguimiento semanal y la Secretaría de Turismo mantuvo reuniones con la comisión del club.

EDP: El descargo del club alude a dificultades financieras derivadas de obras de infraestructura y de una contingencia médica con un jugador. ¿Hubo contemplación de esa realidad social?

C. B.: Entiendo perfectamente la función social que cumplen Quilmes y todos los clubes de nuestra ciudad, y somos sensibles a esas realidades económicas. Pero como funcionarios públicos tenemos la obligación legal de velar por el patrimonio del Estado local. Ante la persistencia de la mora, correspondía iniciar el expediente administrativo y girar las actuaciones a la Asesoría Letrada para la intimación formal. Después se estudiará qué sanción le cabe al Club.

EDP: A partir de esto surgieron dudas en el arco político local respecto a los números finales de la fiesta. ¿Cómo se computó técnicamente esa deuda dentro del Balance Oficial?

C. B.: Ese ingreso pendiente no está declarado como percibido en el balance del Corso por la sencilla razón de que no fue cobrado. La contabilidad de este evento se rige bajo el estricto criterio de "lo percibido"; es decir, solo se computa lo efectivamente ingresado a las arcas del Estado. Es una lástima que se hayan arrojado mantos de sospecha sobre la transparencia de los números. Ayer, la concejal Cevasco se acercó a mi oficina para informarme que presentaría un pedido de informes en el Concejo sobre los últimos cuatro balances del carnaval. Le manifesté que el pedido es legítimo y que las puertas de esta Secretaría están siempre abiertas. Lo correcto hubiese sido preguntar primero si el monto estaba incluido o no, en lugar de sembrar dudas públicamente. El cierre del balance general experimentó una lógica demora precisamente porque estábamos aguardando la definición de la cobranza de Quilmes y la rendición de una de las comparsas. Al confirmarse que el club no disponía de los fondos de forma inmediata, se procedió al cierre excluyendo esa partida de los ingresos percibidos.

EDP: Pensando en el Corso 2027, ¿se evalúan modificaciones en los pliegos de las cantinas para evitar que se repitan estos descalces?

C. B.: Ningún otro club incurrió en esta situación, por lo que entendemos que fue un emergente de la realidad financiera particular de esa institución. No obstante, la intención del Ejecutivo para la próxima edición es modificar las pautas temporales: exigiremos que el canon licitado esté íntegramente abonado antes del inicio de la primera noche del carnaval. Para ello, iniciaremos los procesos licitatorios con mucha mayor antelación. Si un adjudicatario incumple los pagos en el mes de octubre o noviembre, el Municipio contará con el margen de tiempo necesario para dar de baja la concesión y lanzar un nuevo llamado a licitación.

Obras públicas y concesiones: el estado de las licitaciones locales

Párrafo aparte, Buso detalló la marcha de las licitaciones clave para el reordenamiento urbano y turístico de Gualeguay. Respecto a la postergada licitación para la obra de pavimento intertrabado, Buso aclaró que se encuentra en su tercer llamado. "En la última apertura, los dos únicos oferentes presentaron omisiones de carácter formal en el Sobre N° 1. Al encontrarse ambas empresas en estricta igualdad de condiciones, la normativa nos faculta a otorgar un plazo perentorio de 48 horas para subsanar los requisitos de forma. Ese plazo ya venció y este viernes se procederá formalmente a la apertura del Sobre N° 2 con las propuestas económicas", detalló la Secretaria.

Por último, en relación a las concesiones de las áreas turísticas y gastronómicas de la ciudad, la funcionaria confirmó que el concurso de precios correspondiente a las cantinas de la zona del Puerto ya fue adjudicado formalmente y se notificó a los beneficiarios. En tanto, el concurso para la explotación del Parador de la Costanera ingresó en una fase de revisión administrativa. "Uno de los oferentes que no resultó adjudicado solicitó formalmente la vista de las actuaciones a través de un representante legal. Se le entregará toda la documentación respaldatoria como corresponde, abriéndose el período de ley por si la firma decide instrumentar alguna impugnación formal a la adjudicación realizada por la Comuna", concluyó.