EDP: ¿Cuál es su opinión general sobre la ley de tierras?

Para comprender la magnitud de lo que se discute, primero debemos repensar el concepto de Soberanía. Es el elemento fundante de todo Estado, definido como el poder político supremo, la autoridad independiente y la libertad de un pueblo para decidir sobre su propio territorio, sus leyes y su destino, sin interferencia de poderes externos. Sin embargo, cuando quienes deben resguardar el patrimonio nacional se ponen al servicio del mercado y los capitales extranjeros, lamentablemente se debaten y aprueban este tipo de normas.

Mi posición respecto a la denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” es la misma que comparten quienes vemos nuestro suelo como madre y raíz: es aberrante que pretendan despojarnos de él.

EDP: ¿Qué impacto directo anticipa para nuestra provincia y el departamento Gualeguay?

Las consecuencias son profundas y multifacéticas. En primer lugar, hay un impacto económico y laboral. No solo perdemos el control sobre nuestro propio suelo, sino que la historia demuestra que a mayor concentración de tierras, hay menos trabajo genuino y menos desarrollo industrial, reduciendo los ingresos en las arcas de la provincia y los municipios.

Paralelamente, la pérdida es ambiental y es urgente visibilizarla. No se trata solo de la contaminación y explotación del suelo, sino de lo que yace debajo de nuestros pies: el Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Aunque muchos lo ignoren, estos recursos son vitales y estratégicos para nuestra supervivencia y para la preservación de la flora y fauna de nuestra localidad.

EDP: Usted plantea un vínculo estrecho entre esta disputa y la cuestión de género. ¿Por qué tiene impacto en esta definición?

No es casualidad. Los cuerpos de las mujeres y las diversidades siempre sufren un doble impacto cuando los golpes son políticos, económicos, culturales y físicos. No es victimización ni exageración, sino visibilizar la interseccionalidad del género en la trama social. Estamos ante la contienda política más clara entre modelos antagonistas: uno soberano y otro extranjerizante. Y dentro del entramado del “poroteo” legislativo, esta realidad se vuelve tangible.

El caso de nuestra compañera Anabel Fernández Sagasti, senadora y Presidenta del PJ de Mendoza, es ejemplar. Ella está atravesando la semana 32 de un embarazo deseado, a sus 42 años. Por indicación médica estricta, se le prohibió viajar. Solicitaron a la Presidenta del Senado que se la habilite para votar de forma virtual, algo que ya funcionó perfectamente durante la pandemia, garantizando la veracidad de su voto. Aunque fue concedido inicialmente, ahora está en manos del oficialismo y sus aliados confirmar esta posibilidad.

EDP: ¿Qué lectura hace de esta situación legislativa?

Anabel defiende a Mendoza y a la soberanía del país desde hace décadas. Ella es una más de las que defendemos nuestros cuerpos, nuestras tierras y nuestros gurises. Ahora, queda en evidencia la verdadera postura del oficialismo: veremos si su compromiso con la Democracia es más fuerte que su compromiso con la embajada de EE.UU. y el FMI.

Como señalamos las feministas, la violencia nos toca a TODAS sin excepción. Por eso, una vez más, volvemos a decir con fuerza: ¡NI LA TIERRA, NI LAS MUJERES SOMOS OBJETO DE CONQUISTA! No podemos hablar de un país sin soberanía, ni podemos decir libertad si nos mensuran, nos canjean y nos venden.

Un informe del Observatorio de Tierras reveló que el 3,23% de la superficie de Entre Ríos —unas 247.000 hectáreas— está en manos de propietarios extranjeros. El trabajo, elaborado con datos oficiales, sitúa a la provincia entre las de mayor presencia de capitales del exterior en la cuenca del río Paraná.

Según el relevamiento, el corredor formado por Misiones, Corrientes y Entre Ríos concentra algunos de los departamentos más comprometidos del país en esta materia.

La Paz es el departamento con mayor extranjerización de Entre Ríos, con el 8,76% de su superficie en manos foráneas. Gualeguay lo sigue de cerca, en segundo lugar, con el 8,57%. Más atrás se ubican Concordia (5,68%) y Federal (3,78%).

En ambos departamentos —La Paz y Gualeguay— predominan las inversiones de origen holandés, español y uruguayo, según precisó el informe.

A nivel provincial, los capitales uruguayos son los que más superficie poseen, con más de 44.000 hectáreas. Les siguen los de origen italiano (40.700 hectáreas), holandés (36.000), español (34.600) y francés (28.500). El informe también señala variaciones según la zona: en Concordia predomina el capital alemán, mientras que en Federal sobresale el italiano.

Juan Echeverría, exdirigente de la Federación Agraria Argentina e integrante de Bases Federadas, oriundo de Hernandarias, advirtió sobre el impacto de la concentración de tierras en la producción familiar. Según su testimonio, los pools de siembra y grandes actores financieros van desplazando al pequeño productor de los campos alquilados, con una suba en los precios de arrendamiento en su zona.

El informe se conoció en medio del debate por el proyecto del Gobierno nacional para eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una iniciativa que genera posiciones encontradas entre quienes esperan mayores inversiones y quienes temen una mayor concentración de la propiedad rural.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordaron mantener los cambios que consensuaron los senadores libertarios y las bancadas dialoguistas sobre la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros.

Bullrich informó a los periodistas acreditados en el Senado que el ministro aceptó las reformas incluidas en el proyecto, y remarcó: "El 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados". La senadora y el ministro mantuvieron una reunión durante la tarde en el Senado, de la cual también participó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.

Uno de los puntos que había generado malestar entre Bullrich y el ministro es el referido a las potestades que tendrán las provincias para aprobar una venta a un inversor extranjero, donde se deja abierta la posibilidad de que puedan dictar sus propias normas. Sobre esta cuestión, Bullrich sostuvo: "Las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias".

La legisladora explicó además que Sturzenegger "tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho", y que le explicaron que tenían que ver con "una mirada federal del uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones sobre zonas fronterizas para facilitar inversiones". Bullrich remarcó que se trata de "un proyecto consensuado entre todos los bloques", y que "no pone en peligro la soberanía, ya que la propiedad de la tierra no afecta la soberanía nacional; las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros".

Las diferencias dentro del oficialismo y la ausencia de algunos aliados que iban a votar el proyecto obligaron al Gobierno a postergar por cuarta vez el debate de esta iniciativa en la sesión del pasado 16 de julio, cuyo eje central es la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

El texto fija que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites y, en ejercicio de sus competencias, podrá establecer el régimen jurídico aplicable a tal efecto.

Se prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Toda adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros deberá ser inscripta en el Registro Nacional de Tierras Rurales previsto en el artículo 14 de la ley.

La adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por parte de extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se elimina el artículo del silencio administrativo, por el cual, si no había un pronunciamiento de la provincia o la Nación en un plazo de seis meses, la venta quedaba consagrada automáticamente.