El fallo dictado este miércoles por la Cámara de Casación Penal convalidando que no son delitos de lesa humanidad las presuntas torturas cometidas por militares argentinos contra soldados de su propia tropa, durante la guerra de Malvinas, podría "tener un efecto dominó y caerse toda la investigación" que se desarrolla desde 2007, reconocieron hoy fuentes judiciales.

"Si el criterio no es revertido por la Corte Suprema y aun hasta que ello ocurra, el juzgado Federal de Río Grande, donde se investiga el caso, podría suspender todas las actuaciones en trámite", admitieron los voceros consultados por Télam.

En la práctica, ello implicaría la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

Resolución del 2009

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y enterramientos de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de "cosa juzgada".

"Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también", analizaron los voceros judiciales.

El pronunciamiento del Cecim

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que "reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido", además de ser "arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante".

El pronunciamiento del Cecim califica a la resolución judicial como "una vergüenza" y acusa a los jueces Barroetaveña y Petrone de "reproducir una épica militar y patriarcal" que "no aprobaría un examen de derecho constitucional y/o de derecho penal en una universidad pública".

"Más intenten silenciarnos o desalentarnos, más activarán la inteligencia colectiva en aras de que logremos, en conjunto, escribir el Nunca Más de Malvinas", asevera el comunicado de la entidad de excombatientes.

La fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Fatou Bensouda anunció este lunes que, luego de haber llevado a cabo un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha encontrado fundamentos razonables para creer que "al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno (del país caribeño) han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos".

En un comunicado, el órgano internacional enumeró las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: ": la Policía Nacional Bolivariana; ("PNB"), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ("SEBIN"), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar ("DGCIM"), la Fuerza de Acciones Especiales ("FAES"), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ("CICPC"), la Guardia Nacional Bolivariana ("GNB"), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro ("CONAS") y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ("FANB")".

El documento también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como "colectivos", e indica que actuaron "junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento". "En relación con el presunto rol de los actores mencionados, "el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes".

La persecución política también está incluída en el reporte de la fiscal, quien indicó que "la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represeión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento".

El reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en el país caribeño, sino que su rol es de establacer "si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones". "La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021″, explica.

La fiscalía comenzó con el examen preliminar en febrero de 2018, luego de que un grupo de Estados Parte del Estatuto de Roma -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- remitieran la situación. La solicitud tiene como punto de inicio el 12 de febrero de 2014, pero la investigación lo ubicó en abril de 2017. Venezuela también es un Estado Parte de la CPI, y el órgano investigará formalmente la situación si determina que el país caribeño no puede o no quiere hacerlo por cuenta propia.

La determinación de la CPI coincide con aquellas de otros organismos internacionales como la ONU y la OEA. La misión de determinación de hechos de la primera concluyó en septiembre que "Maduro tiene responsabilidad directa en crímenes de Lesa Humanidad" cometidos desde 2014.

"La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad", dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, en un comunicado.

"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno", agregó.

La OEA, en tanto, actualizó a principios de diciembre un informe que había remitido a la CPI donde llegó a las mismas conclusiones. Y criticó duramente al organismo al considerar que no actúa con la celeridad suficiente.

"No podemos explicarnos por qué la fiscal Fatou Bensouda no toma ninguna acción", dijo a Infobae Jared Genser, autor del reporte de la OEA que, entre 2014 y 2020, confirmó 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, incluidas ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de manifestantes.

La investigación también revela 653 casos documentados de tortura, aunque destaca que "la cifra real es mucho mayor, ya que informes confiables destacan que muchas de los miles de personas detenidas han sido víctimas de torturas y malos tratos". El documento de la OEA certifica además 15.501 detenciones arbitrarias.

En el informe, la CPI hizo referencia a las críticas e indicó que "lamenta el tono y la forma del informe". Dijo a su vez que comprende la frustración que parece motivar el informe, que surge de una expresada expectativa de que la Fiscalía priorice su consideración de los presuntos crímenes en esta situación en relación con los presuntos crímenes cometidos en otras".

Sin embargo, dice, "debe permitirse también a la Fiscalía llevar adelante su trabajo en forma independiente e imparcial, sin ataques a la integridad de la Fiscal o de la Fiscalía".

De iniciar la investigación formal, la fiscalía pasaría a la siguiente etapa del proceso legal, donde recabaría nueva evidencia para luego identificar a los sujetos que serían acusados formalmente por la Corte. Luego, tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares confirman la identidad de el o los sospechosos y se aseguran de que entiendan los cargos contra ellos. En una audiencia posterior determinarán, después de escuchar a las partes, si hay evidencia suficiente para iniciar el juicio, donde podrán condenar o no a los acusados.

La sentencia máxima de la CPI es de 30 años de prisión -el órgano cuenta con una instalación propia en La Haya, donde también se ubica el tribunal- pero en circunstancias excepcionales puede dictar cadena perpetua. A la fecha, un total de 34 personas han sido procesadas por la CPI desde su concepción, aunque no todos han pasado tiempo tras las rejas. 12 criminales se encuentran prófugos, y 2 de ellos murieron antes de ser atrapados.