Sobre la foto actual Morchio enmarcó su posición en un diagnóstico estructural del mercado laboral argentino. “Primero los números reales del sistema laboral hoy. Hay 22 millones de argentinos en condiciones de estar trabajando. 10 millones de esos trabajan en negro. 10 millones trabajan en blanco. 2 millones están desempleados. De los 10 millones que trabajan en blanco, tres millones son empleos públicos. Es decir que algo hay que cambiar. Tenemos una ley que es del año 1974 (yo no había nacido todavía). Evidentemente hoy no está dando los resultados esperados.”

Para el legislador, el sistema laboral argentino tiene un problema estructural que combina garantías robustas con exclusión masiva. “Analizando la ley, primero pensemos cuál es la realidad del sistema laboral argentino hoy: es un sistema con derechos y garantías laborales robusto, comparado con otros países es un sistema que da derechos y garantías. Eso es bueno. ¿Qué es lo malo? Que hay un montón que quedan afuera”.

Tres objetivos concretos Uno de los ejes centrales de su argumentación fue la litigiosidad: “Después tiene una alta litigiosidad laboral que es traumática para el empleado y también para el empleador. Si vos pensás a veces cómo hacés para pagar una indemnización impensada o cómo hacés para aguantar siendo empleado que te paguen hasta que termine el juicio, es malísimo tener una alta litigiosidad tanto para el empleador como para el empleado. ¿Para quién es bueno esto? Para los abogados que se dedican a eso y para los sindicatos porque usufructúan eso. Ahora, ¿en quién tenemos que pensar? ¿En los empleadores y en los empleados o en los abogados que se dedican a la litigiosidad laboral y en los sindicatos? Yo creo que en los primeros”.

Otro de los puntos que destacó fue el costo tributario del empleo formal. “Vos tenés que el costo tributario en Argentina es el 34% y el promedio en los países de la OCDE es 22%. O sea, que tenés un altísimo costo tributario, que con esta ley baja un 6,8% y se lleva al 27%. Sigue estando arriba del promedio, pero por lo menos es más bajo que lo anterior.”

Según Morchio, el proyecto apunta a tres objetivos concretos: “Primero busca que haya más gente en blanco. Hay una moratoria laboral que creo que va a funcionar. Busca bajar la litigiosidad laboral, que por sí es algo bueno. También va a fomentar que haya más gente en blanco porque vos vas a tener menos miedo siendo empleador PYME de que un juicio te haga perder el restaurant como el caso que todos supimos. Y bajar la carga tributaria laboral. Esas tres cosas son las que creo que ganás acá y por eso es que yo apoyé con mi voto este proyecto de ley”.

Las licencias por enfermedad y los tiempos de debateEl diputado también hizo referencia a modificaciones realizadas durante el tratamiento legislativo. “Hubo un artículo estúpido que se metía con las licencias por enfermedad. Era el único con el cual yo me oponía. Gracias a Dios en Diputados se sacó ese artículo y volvió al Senado. Lo que nosotros aprobamos no incluía ese artículo.”

Consultado sobre los tiempos de debate, admitió tensiones entre dinámica política y trabajo legislativo. “Creo que los tiempos que manejan los oficialismos a veces se basan en las posibilidades políticas de sacar la ley y los tiempos legislativos deberían requerir mucho más trabajo en comisión. También te digo que las comisiones se han vuelto proclamas políticas, con lo cual tampoco hay tanto trabajo en comisión. Ahora, cuando realmente se hacen trabajos en comisión para aportar, para consensuar, yo estoy a favor de eso.”

Frente a quienes sostienen que la reforma no garantiza generación de empleo, fue tajante. “Es una estupidez pensar que una ley puede generar trabajo. Lo que genera trabajo son las condiciones económicas y el rumbo que tenga el país. Ahora, hay señales y un norte que se hace a través de leyes. Si el país mejora, va a mejorar las condiciones de empleabilidad en ese sentido.”

Y agregó: “Vos tenés un montón de gente que está pensando si viene a invertir acá o va a invertir a otro lado y de acuerdo a las leyes laborales que haya lo va a hacer o no. Pero sobre todo ese mundo para mí es medio lejano, yo no los conozco a esos tipos. Pero sí conozco a los tipos que tienen una PYME, que muchas veces dicen ‘no me animo a tomar uno más en blanco por el riesgo que me genera’. Si vos tenés previsibilidad en los riesgos y se genera un fondo, vos no tenés que salir a vender el local para pagar la indemnización”

Críticas a su voto El legislador sostuvo que su voto recibió críticas previsibles.

“Hay una buena manera de saber a quién beneficia y a quién perjudica un proyecto de ley: es ver quién te critica. Este proyecto de ley, tanto el proyecto como mi voto, recibió muchas críticas de los sindicalistas, de los kirchneristas y de los abogados, no de todos, de los que se dedican a fomentar los conflictos laborales. Entonces yo tengo la tranquilidad que yo no represento a esa gente. Es más, estoy seguro que no me votaron.”

Sin generalizar, hizo una salvedad: “S rescato al ´Dr Enzo Cabrera, con quien no coincido, pero no incurre en ninguna falacia demagógica cuando hace su explicación, sino en una argumentación sólida desde el punto de vista de la ley. No quiero meter a todos en la misma bolsa”. También cuestionó a sectores de la oposición. “Muchos viven del conflicto empleado-empleador. No solo algunos abogados o sindicalistas, hay diputados que deben sus bancas a esas teorías”. En esa línea comparó con otros debates recientes. “Es lo mismo que con la ley de inimputabilidad de menores. Si vos tenés un oficialismo que hace dos años que está ahí y trae una propuesta para cambiar las cosas y la oposición hace 20 años que gobierna y no hizo nada, todo se vuelve estéril. Porque es como decirte ‘a partir de hoy me voy a empezar a portar bien’. Tuviste 20 años portándote mal.”A quién representa en el Congreso

Finalmente, definió desde qué lugar dice representar en el Congreso. “Yo vengo de otro mundo, del mundo del trabajo y la producción. Donde el empleador y el trabajador se ven las caras todos los días. Se conocen, quieren que al otro le vaya bien porque así a él le va a ir bien. Ese es el mundo de las pymes y es el mundo laboral de hoy, no el de 1974. A esos empleados y empleadores que quieran trabajar y crecer es a quienes represento en mi banca.”

Y cerró con una reflexión sobre el debate público: “Sé que cuando suban esta nota a las redes del diario algunos aprovecharán para atacar con las barbaridades de costumbre. Solo deseo, aunque sea, que no solo lean el título, sino que lean la nota completa”.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró 2025 con una inflación acumulada del 31,5%, según el informe oficial del INDEC publicado en enero de 2026. Solo en diciembre, la suba fue del 2,8%, consolidando —en palabras del Gobierno nacional— “el menor registro anual de inflación en ocho años” y un dato que fue celebrado públicamente por el presidente Javier Milei y su equipo económico.

Sin embargo, detrás del promedio nacional, el impacto de la inflación sobre los ingresos fue muy desigual. En una ciudad como Gualeguay, con fuerte presencia de empleo público, comercio, fuerzas de seguridad y actividad industrial vinculada a frigoríficos, el balance del año muestra ganadores relativos, empates forzados y perdedores claros.

Empleados municipales: por encima pero con montos en negroHa sido un capítulo recordado de nuestra ciudad el conflicto gremial que mantuvieron el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Gualeguay y el Ejecutivo. En declaraciones a los medios de comunicación, funcionarios del DEM detallaron que, hasta antes del conflicto, los trabajadores municipales habían obtenido un aumento del 30% de sueldo durante el 2025. Cabe recordar que el conflicto finalizó con una suma fija en negro que representa un 16% de aumento y será incorporada durante 2026 al salario. En conclusión, los municipales le ganaron a la inflación oficial del INDEC pero con esa salvedad.   Docentes y estatales provinciales: el “empate” con el IPC

En Entre Ríos, tanto docentes como trabajadores estatales provinciales cerraron 2025 bajo un esquema de actualización salarial mes a mes según el IPC, con el compromiso explícito del Gobierno de “garantizar la cobertura contra la inflación hasta diciembre”.

Desde la Provincia destacaron que se trató de “un gran esfuerzo en un contexto complejo”, subrayando que muchos sectores a nivel nacional cerraron paritarias por debajo del índice inflacionario. En los papeles, el mecanismo permitió que los salarios no quedaran atrasados frente al 31,5% anual.

No obstante, desde sectores gremiales advierten que el IPC no refleja el costo real de vida, especialmente por el peso de rubros como combustibles, alquileres y tarifas, que tuvieron subas por encima del promedio. Según estas estimaciones, incluso con la cláusula de actualización, los salarios habrían perdido entre 15 y 20 puntos si se considera la devaluación y el encarecimiento de gastos esenciales.

A eso se suma otro factor: en algunos meses, algunos aumentos incluyeron sumas no remunerativas, que no impactan en jubilaciones, aguinaldo ni demás. “Y de lo perdido anteriormente ni se habla”, afirman.

Policía: atados a las paritarias sin negociación propia

La situación del personal policial en Gualeguay fue similar a la de docentes y estatales, aunque con una limitación estructural: no cuentan con representación gremial. Los aumentos salariales siguieron los acuerdos generales del sector público provincial.

Si bien en algunos casos se incorporaron adicionales en negro, el esquema general replicó la lógica del “empate con el IPC”, con los mismos cuestionamientos sobre la pérdida de poder adquisitivo real y la falta de impacto pleno en el salario de bolsillo.

El dato: el básico de un policía está muy lejos del sueldo bruto. Algunos consultados tienen problemas para pagar la tarjeta de crédito, muy pocos tienen vivienda propia y la posibilidad de acceder al crédito se encuentra muy limitada.

Estatales nacionales: una pérdida real del 14,4%

El escenario fue mucho más desfavorable para los trabajadores de la administración pública nacional. Durante 2025, los salarios del sector aumentaron apenas 17,1%, muy por debajo del 31,5% de inflación anual.

La diferencia marca una pérdida real del 14,4% en el poder de compra, uno de los ajustes más significativos entre los sectores analizados. En términos concretos, un trabajador estatal nacional en Gualeguay terminó el año con un salario que compró sensiblemente menos alimentos, servicios y bienes básicos que en enero.

Empleados de comercio: una brecha de 7,4 puntos

En el sector mercantil, uno de los más numerosos de la ciudad, los números también quedaron en rojo. Según los datos de paritarias:

-Inflación 2025: 31,5%

-Aumento salarial acumulado: 24,1%

La brecha fue de 7,4 puntos porcentuales, incluso considerando que el aumento de diciembre (7,4%) incluyó un 1% no remunerativo y la incidencia de una suma fija de $60.000.

Ese componente fijo tuvo un impacto desigual: benefició más a las categorías más bajas (como Maestranza A) y perdió peso en las escalas superiores. En la práctica, la mayoría de los empleados de comercio no logró empatarle a la inflación.

La situación es todavía más crítica entre quienes trabajan en negro, una realidad extendida en el sector: allí, los aumentos paritarios directamente no se aplican, profundizando la precarización.

Frigoríficos: salarios planchados y fuga de mano de obra

El panorama más delicado se dio en los obreros de frigorífico, un sector clave en la región. Durante todo 2025, los aumentos rondaron apenas el 12% anual, menos de la mitad de la inflación oficial.

Según relatan trabajadores del rubro, el Gobierno nacional no homologó incrementos mayores, lo que se tradujo en una fuerte pérdida salarial. El impacto fue inmediato: jornadas de nueve horas que ya no rinden, renuncias, acuerdos informales y una creciente migración hacia trabajos en negro.

Si bien existen algunos montos no remunerativos, no alcanzan a todas las plantas ni a todos los sectores de producción, lo que profundiza la desigualdad interna.

Otros convenios: la mayoría, por debajo del IPC

El panorama general de los convenios colectivos refuerza el diagnóstico. En el último tramo del año, la mayoría de los sectores cerró aumentos muy por debajo de la inflación trimestral, debido a que el Gobierno intentó impedir cualquier aumento que supere el 1% por mes. En todos los casos, el salario real siguió perdiendo terreno.

Balance final

Mientras el Gobierno celebra el 31,5% de inflación anual como un hito de estabilización, en Gualeguay el cierre de 2025 deja un mapa laboral fragmentado. Solo algunos sectores lograron empatarle al IPC, y aun así con reparos. También es importante tener en cuenta que —comercio, estatales nacionales, frigoríficos y trabajadores informales— terminaron el año claramente más pobres. Un elemento no menor es que siempre se debe tener en cuenta cuánto se viene perdiendo desde hace tiempo, desde qué base se aumenta el sueldo y demás. Aun así, consideramos que el informe pone los números sobre la mesa de la realidad de los trabajadores.

Nadie quiere pagar el costo de semejante pérdida. Si contamos los grupos familiares estamos hablando de más de un centenar de personas que dependían de Guay Meat. A su vez, la imposibilidad de faenar la hacienda propia de muchos carniceros locales llevará a un posible aumento de los costos por el traslado a Galarza. La situación es apremiante. 

 “Debería vencer en 2027” En las notas que el Secretario de Gobierno Olegario Escobar brindó a los medios locales dio detalles de la versión oficial: “El inmueble como la planta en sí es propiedad de la municipalidad. Esa planta frigorífica se entregó en concesión a la actual firma Guay Meat S.A. en 2007. La concesión oportuna había sido por veinte años, con una posibilidad de prórroga de cinco años más, con lo cual el contrato actualmente debería vencer en 2027”, precisó. Nos preguntamos si habrá algún tipo de sanción prevista por el incumplimiento, si es que correspondiera. En caso contrario, tendrá que ser una lección para el próximo contrato y evitar que se puedan ir de buenas a primeras sin mediar un tiempo prudencial. Al respecto, se refirió: “La semana pasada la empresa ingresa una nota a la Municipalidad, una comunicación formal, donde nos comunican que continuaban con la faena hasta fines de mayo y que, en junio, fines de junio, nos restituían el inmueble. El apoderado de la empresa nos comunicó que todo el mes de junio quedan porque toda la carne que se faene hasta fines de mayo queda acopiada en las cámaras de frío”, comentó.  “Los principales afectados”Luego, Escobar se refirió a los vínculos con las familias involucradas: “Con la Municipalidad nos pusimos en contacto con los trabajadores que son los principales afectados. Son aproximadamente 50 empleados”, indicó. Este medio quiso conversar con algunos de ellos, pero predomina el silencio. También el miedo porque todavía no han cobrado y porque puede que no se sientan respaldados. Algunos ya han empezado a pedir trabajo a través de las redes sociales.    La firma se reunió con el sindicatoEl secretario de gobierno también precisó la mirada de los representantes naturales de los trabajadores: “Desde el gremio del sindicato de la carne nos ponen en conocimiento de cómo fue la situación. Nos explicaron que el empresario se comunicó con los trabajadores y les comunicó la situación por la cual cerraba y que iban a ser indemnizados conforme establece la legislación laboral”, citó. Desde este medio quisimos comunicarnos con el sindicato de la carne, pero al parecer también predomina el silencio.  Situación de las carniceríasEscobar afirmó que también hubo otras gestiones: “Además reunirnos con representantes gremiales del sindicato de la carne estuvimos en comunicación con los matarifes. Sigue funcionando la planta a pesar de que no se faena más porque mantiene la carne faenada en las cámaras frigoríficas. Los carniceros manifiestan que hasta el 4 de junio tienen la posibilidad de retirar la carne de la planta. Son doce las carnicerías que utilizan el servicio de matarifes y también firmas de otros lugares como La Morena de Gualeguaychú que mataban hacienda acá. Los carniceros locales comentaron que faenarán en Galarza y los comercios locales le comprarán a La Morena y demás firmas”, precisó. ¿Quién pagará el costo de traslado que esto supondrá? Quedan algunas preguntas por hacer ahí también. La situación puede tener aristas más complejas de la ya evidenciadas. La crisis económica fue la razón que manifestó la empresa El funcionario local dio detalles de las razones que esgrimió la empresa para finalizar la concesión antes del tiempo estipulado: “No detalló mucho sobre las razones, aunque se refirió a la situación económica que están padeciendo más de una empresa por la crisis de la situación nacional. La industria de la carne no es ajena a cualquier otro rubro. Es un rubro que no es sencillo en cuanto a su explotación”, comentó. Esta misma semana también cerró la metalúrgica Gonella en Gualeguaychú dejando más de sesenta familias sin su sustento. En el caso de Gualeguay, se suma a lo sucedido en las empresas constructoras que despidieron gran parte de su personal por los recortes del Gobierno Nacional. Aumentan los despidos y los precios y el fondo de la crisis aún no se sabe dónde está.  “Ya estamos trabajando en un llamado a licitación”Finalmente, Escobar habló de la perspectiva futura: “Estuvimos recibiendo a quienes tienen intenciones. Hay gente interesada de Gualeguay, de Buenos Aires. Hay gente que se ha movilizado por la explotación del frigorífico”. Antes de eso, pudieron realizar una inspección: “Hicimos una constatación para ver el estado actual de funcionamiento del mismo. Funciona en perfectas condiciones todo su sistema de faena y demás”, precisó. Imposible no recordar las imágenes de FEERSA abandonado al escuchar esas palabras. Si la licitación no se resuelve rápido habrá que custodiar ese bien municipal. Luego, precisó la parte legal: “Se elaboran los pliegos de bases y condiciones para poner en el marco de una licitación pública nuevamente en concesión el frigorífico para que cualquier empresa o persona interesada en la explotación frigorífica lo lleve adelante”. Eso debe esperar, lógicamente los tiempos administrativos: “A partir de junio estamos en condiciones y ya estamos trabajando en ese llamado a licitación para la posibilidad de concesionar el frigorífico en base a las condiciones más convenientes para el erario municipal”.  “Las condiciones más favorables para el Municipio”Escobar cerró comentando detalles del actual y el futuro pliego: “No podemos avanzar mucho con la parte administrativa hasta que no se entregue la llave. Lo que debemos hacer es plasmar en el pliego las condiciones más favorables para el Municipio. La idea es tener el pliego preparado para la fecha en la que entreguen la llave y que la municipalidad se pueda poner de acuerdo con el futuro adjudicatario que, lógicamente, deberá realizar todos los trámites de rigor de la actividad frigorífica”. Dos ítems al respecto para el futuro. Por un lado, sobre el pago: “El canon se fijó oportunamente en 2007 y se iba actualizando mes a mes por el kilo de novillo en pie. El último canon que abonó fue de 4 millones y medio de pesos”. Veremos cómo son los próximos números, pero otro motivo para resolver esto con premura es que ese dinero no ingresará a las arcas. Y para el cierre lo más importante. La situación de las familias despedidas: “En las charlas que hemos tenido la idea es que se los pueda reubicar, pero todavía no están definidos los pliegos”. Esperamos que haya una respuesta para esas centenares de personas que desde este mes se quedan sin su sustento diario.  

En la misma, se fijan las nuevas escalaras salariales con las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua, comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario.

De acuerdo con un informe difundido al respecto por la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), el incremento, calculado sobre el mes de mayo, corresponde al 9,4% en junio y al 3,6% en julio.

Asimismo, la Resolución mantiene la obligatoriedad del descuento de 2% en concepto de cuota sindical solidaria, hasta julio 2023, que se suma al 2% que hay que descontarle al personal efectivamente afiliado a Uatre, en concepto de Cuota de afiliación.

LAS NUEVAS ESCALAS SALARIALES

De esta manera, los nuevos valores, mensuales y diarios, para las diferentes categorías, son los siguientes:

En tanto, cabe recordar que la bonificación por antigüedad es el 1% del básico de la categoría por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tiene una antigüedad de hasta 10 años. Pasa a ser el 1,5% por cada año de antigüedad cuando el trabajador tiene una antigüedad mayor a 10 años.

Luego de las medidas de fuerza de la semana anterior, el pasado lunes se llevó adelante una Asamblea Nacional de secretarios generales de Apinta. Al respecto, Retamar informó que se decidió realizar un paro nacional los días 15 y 16 de diciembre. Asimismo, se acordó llamar a asambleas y a un Congreso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 13 y 14 de este mes.Los trabajadores reclaman una “urgente” recomposición salarial del 56%. “Si no hay respuestas se seguirán tomando medidas de fuerza”, anticipó Retamar, en diálogo con esta Agencia. 

Fuente: APFDigital

Recordemos que la empresa está construyendo el Barrio 100 Viviendas y durante la mañana de ayer, en compañía de representantes de la UOCRA, los trabajadores que realizan dicha obra, reclamaron por faltas y demoras en el pago de salarios.

Allí fueron recibidos por la Presidente Municipal Verónica Berisso, el Coordinador de Gabinete Casiano Otaegui y demás funcionarios municipales.

Cabe destacar que la obra no depende del Municipio, sino que se realiza con fondos nacionales y quien debe realizar el pago correspondiente es Nación. Pero, como los trabajadores son ciudadanos locales y la obra es para ciudadanos locales, Verónica Berisso les comentó que la solución está en marcha y que tomaron cartas en el asunto.

En este marco, sostuvo “Quiero contarles desde anoche esta en vía de solución. El Municipio esta haciendo todo lo necesario para que se le adelante a la empresa Caminos,  y quiero decirle que no es la primera vez que sucede, ya hace unos meses que lo estamos haciendo porque nos interesa mucho que ustedes tengan su salario, solo por eso lo hacemos, quédense tranquilos que esto ya está encaminado”

Y continuó “yo me hago cargo de la cuestión administrativa municipal, después cuanto tiempo tarda la empresa en pagarle a ustedes, ya no depende de mi. El municipio va a ser facilitador y ayudar a que todo esto suceda para que la empresa pueda pagarles”

Asimismo, la Presidente Municipal agregaba que “el tiempo de depósito de dinero no depende solo de nosotros, depende de cuestiones que tiene que cumplimentar la empresa y de unas cuestiones administrativas, nosotros lo hacemos lo más rápido que podemos”

En todo momento, Verónica y Casiano remarcaron que van a responder por los trabajadores y ayudar en esta situación. 

“Esto no nos corresponde a nosotros porque son fondos nacionales, los certificados son nacionales que bajan al municipio y el municipio en el mismo día le paga a la empresa, por eso se puede hacer, si fuera un municipio que no tiene fondos, estaría parada la obra. Nosotros le vamos a dar un adelanto a la empresa a cuenta del certificado que le está debiendo nación.

“Lo hemos hecho todos los meses, el problema es que son fondos nacionales que vienen. Y si bien, los ejercicios cierran a fin de año, se complica adelantar fondos porque hay que cerrar los ejercicios. Pero vamos a colaborar”, afirmó Casiano Otaegui.

La medida, dispuesta por el gobernador Gustavo Bordet, mediante el decreto 3857, regulariza la situación de 1021 trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. 

Se trata de 927 agentes a quienes se les reconoce la estabilidad y 94 trabajadores que pasan a la planta permanente.

A partir de la medida, se cumple el acuerdo de la provincia con trabajadores estales de regularizar sus situaciones y reconocer su acompañamiento en la implementación de las políticas alimentarias durante la pandemia, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los agentes incluidos en este pase a planta y reconocimiento de estabilidad son cocineros y cocineras escolares que, hasta la fecha, se desempeñaban con suplencias. 

En la provincia, el reclamo se centrará en el personal municipal “porque hoy es el sector más complicado y precarizado que tenemos”.

“Tenemos una fuerte demanda de los trabajadores y trabajadoras municipales y ahí vamos a focalizar el reclamo”, aseveró Muntes y remarcó que los salarios municipales “siguen siendo los más precarizados en la provincia”.Recordó que en Paraná el Ejecutivo municipal “ya dio por cerrada la negociación” pese a que “el salario está muy lejos de lo que se necesita para vivir dignamente”.Por eso las acciones se centrarán en la capital entrerriana. “Concentraremos en Plaza de los Bomberos para luego movilizar hacia el Municipio al mediodía, donde se desarrollará un acto central”, informó el titular de ATE Entre Ríos.

Fuente: APF Digital

Desde UPCN Entre Ríos se remarcó que hay un presente que demanda respuestas urgentes y por ello el sindicato solicitó que se adelante a julio el último tramo del acuerdo paritario que quedó fijado para abonar en septiembre.

En un texto enviado a un medio provincial, hoy lunes 27 de junio, Día del Trabajador Estatal, desde UPCN sostienen “Hace tiempo iniciamos en UPCN un camino decidido hacia la profundización de la carrera administrativa porque estamos convencidos de que hay que discutir salarios desde una mirada integral del empleo público e incluso, convencidos que los cambios que proponemos también tendrán impacto en los ingresos”.

A la vez que se indicó y se informó: “ya empezamos a poner en debate en las reuniones paritarias muchas de nuestras ideas para mejorar salario, condiciones laborales y con ello, el servicio que presta el Estado”.Señalando además que “hay un presente que demanda respuestas urgentes. Por eso hemos pedido que se adelante a julio el último tramo del acuerdo paritario que quedó fijado para abonar en septiembre, con los sueldos de agosto”.

La actividad se enmarca dentro del Plan de Capacitaciones de la Administración Pública y es impulsada de manera conjunta entre la Secretaría de Modernización y Equipo de LSA del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) del Ministerio de Desarrollo Social, que llevan adelante bajo modalidad virtual este nuevo curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) - Nivel I.La propuesta es para trabajadores y trabajadoras de la administración pública de distintas áreas provinciales y municipios, con el objetivo de brindar herramientas de comunicación que permitan el acceso de la comunidad sorda a todos los ámbitos del Estado.La directora del Iprodi, Inés Artusi, destacó esta posibilidad de "acercar la lengua de señas a la mayor parte de la población" y fortalecer las políticas de inclusión en toda la provincia.

En esta oportunidad se hará efectivo el primer aumento del 21,21% para trabajadores de la administración central, mientras que para el sector docente ese mismo aumento se concretará mediante complementarias. 

También se abonará el 15% retroactivo a enero para el escalafón judicial. Con estos incrementos, la provincia invertirá 21.500 millones de pesos adicionales.

Recordemos que el cronograma de pago de haberes de marzo que comienza este viernes 1 de abril y se completará el 7.

En la "Mesa de Unidad Sindical" (MUS) que nuclea las federaciones obreras que discuten salarios con los tres grandes de la telefonía están satisfechos que acaban de cerrar un 15% de aumento salarial para este primer trimestre del año, con un impacto de 3% en enero y otro 12% en febrero para consolidar el 15 en marzo. Este aumento corresponde a la paritaria que va del 30 de junio de 2021 al 1 de julio de 2022.

En el vidrioso espejo de los números desde un gremio festejan: "Estamos tres puntos por encima de la inflación"; mientras que desde una de las grandes telefónicas aseguran a iProfesional estar "palo a palo hasta febrero que es la fecha de corte". En un punto es un sube y baja porque hay meses que el salario gana y otros que no, pero en lo que pareciera haber coincidencia es en que el trabajador del sector no perdió poder adquisitivo este año.

Desde una Federación aportan esta tira: "La inflación 2021 fue de 50,9% mientras que los salarios telefónicos subieron un 52,6%, lo que se traduce en 1,7% puntos por encima del registro inflacionario. En 2020 había sido de 1,8% por lo que llevamos dos años de cierres positivos".

No obstante, en el recorrido de llamados que hizo este medio, los trabajadores telefónicos vinieron recuperando el salario en los dos últimos años, pero no llegaron a mantener el poder adquisitivo que tenían en 2015: la comezón da cuenta de que, según quién calcule, podrían haber quedado en el camino unos 10 puntos de pérdida del salario.

Con registros inflacionarios tan altos como se vienen dando en el último lustro la mayoría de los trabajadores ha perdido contra la inflación; por eso hemos visto este último año un festival de bonos para compensar ese agujero en las finanzas domésticas.

La nueva mejora salarial alcanza a unos 42.000 trabajadores, considerando que el salario conformado bruto promedio es de 128.000 pesos. En marzo se volverán a reunir las partes para cerrar los últimos tres meses para luego a mitad año iniciar la paritaria 2022/2023.

Además, le suman el pago de un bono por el Día del Telefónico que, aunque es el 18 de marzo, ya fue percibido en enero: son 109.524 pesos para los gremios de base.

En la MUS se acuerdan las paritarias nacionales, pero las particularidades que cada gremio tenga las debe discutir con las empresas correspondientes: llámese adicionales, reconocimientos, premios, etcétera.

Poniendo nombre a los actores por un lado tenemos por el sector empresario a los tres colosos que emplean al 90% del personal y que son: Clarín-Telecom; Telefónica-Movistar y Claro. Del lado sindical el mapa de la MUS lo completa: Foetra (Federación Obreros y Empleados de las Telecomunicaciones de la República Argentina), Fatel (Federación Argentina de Telecomunicaciones), principalmente con incidencia en el norte del país; mientras que Foecytra (Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones de la República Argentina) lo hace en el sur. Completan el mapa sindical Fopsta (Federación de Organizaciones del Personal de Supervisión y Técnicos Telefónicos Argentinos), Upjet (Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones) y Cepetel (Sindicato de los Trabajadores Profesionales de las Telecomunicaciones).

En el verano se esperan otros acuerdos por revisiones como es el caso de Comercio, Alimentación, Camioneros y Sanidad; y discusiones paritarias de bancarios, que podrían acordar un bono para estirar la discusión a marzo; y empleados de asociaciones civiles y deportivas (UTEDyC). -i-profesional

Los trabajadores del Frigorífico Tres Arroyos, de Concepción del Uruguay, pidieron a la firma una compensación económica como retribución por haber trabajado durante toda la pandemia de coronavirus, y como respuesta les hicieron una oferta que los dejó perplejos: les propusieron entregarles siete pollos a cada uno.

Maximiliano Salazar es delegado gremial e integrante de la comisión de relaciones internas de la planta La China del Frigorífico Tres Arroyos de Concepción del Uruguay, perteneciente al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación.

"Hace un tiempo que venimos con unos pedidos hacia la empresa: queremos que se nos reconozca. Como todos saben, fuimos y somos trabajadores esenciales en época de pandemia. Vinimos, le pusimos el lomo, nos expusimos, a nuestros compañeros, familias y a gran parte de la sociedad también, pero como éramos esenciales teníamos que venir a trabajar igual, muchos nos contagiamos, muchos compañeros quedaron con secuelas por esa enfermedad, y hoy por hoy siguen sufriendo las consecuencias por haber venido" , explicó el dirigente sindical.

"Exigimos y queremos que la empresa nos reconozca: como nosotros no tuvimos problema en venir a trabajar en pleno de la pandemia, es una de las empresas más grande del país con casi 7.000 empleados, la planta de La China no paró ni siquiera un día, ni una hora en época de pandemia. Le mandamos carta documento, telegrama, hemos tenido reuniones con la empresa y lo único que nos quiere dar como reconocimiento son siete pollos. Nos parece prácticamente una burla, más allá de que por ahí sirve, pero creemos que el reconocimiento tiene que ser mucho mejor económicamente, incluso vemos que la empresa está en mejores condiciones que si bien estuvo en crisis en otro momento hoy vemos que estamos faenando más cantidad de pollos y las cámaras están vacías, por lo vemos que se vende, no es que lo tienen guardado porque no tienen ventas", reclamó.

El gremialista explicó: "Otro tema es que la empresa nos descuenta un 9% que se nos paga por sobre convenio, que es un arreglo que viene desde hace muchos años, desde que está instalada la empresa en la ciudad, y hoy por hoy a los compañeros que faltan, que tienen algún tipo de lesión ya sea profesional o algún accidente laboral dentro de la fábrica, lo que hace la empresa es descontarle el 9% ese y el presentismo. No estamos de acuerdo, sabemos que es ilegal, pero la empresa lo que alude es que: 'el que quiera reclamar que lo haga por la vía legal´. Sabemos que es un apriete, porque muchos compañeros, que por miedo o lo que sea, no le van a hacer el reclamo. Lamentablemente estamos perdiendo parte de nuestro sueldo por rompernos adentro de la empresa, por las exigencias de la empresa y por estar trabajando a velocidades que exigen a nuestros cuerpos, sufriendo lesiones o accidentes laborales".

"La idea era y fue siempre no llegar a conflicto, le venimos planteando a la empresa durante todo el año, pero seguimos con las mismas exigencias, con los mismos pedidos, con la misma lucha y la empresa no nos hace caso, no nos da respuestas lógicas y favorable para nuestros compañeros. La idea fue no llegar a estar época del año, como todos los años, con un conflicto, intentamos solucionar todos los problemas, pero lamentablemente no nos queda otra tampoco", sintetizó

En otro orden también comentó que "hoy por hoy estamos sin gremio por unas elecciones que hizo una comisión anterior de forma ilegal donde la Justicia le eliminó las elecciones. El gremio está intervenido por la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, y estamos a la espera de tener elecciones lo más antes posible para llegar a tener representatividad sindical, tanto nosotros los delegados como los compañeros también que pertenecemos al gremio".

"Queremos exigir a la comisión normalizadora que llame prontas elecciones para poder tener representantes de nuestro gremio y tener el apoyo legal y gremial que nos merecemos, y que tenemos que tener tanto los delgados como los compañeros que aportamos al sindicato", concluyó.

Fuente: Entre Ríos Ahora

Por decisión del gobernador Gustavo Bordet, no se incluyó en la ley de adhesión al Consenso Fiscal la extensión del pago de los aportes patronales, y de los empleadores, a la Ley 4035. Por eso, decidió no incluir en la ley provincial de adhesión al Consenso Fiscal 2021 la extensión de los pagos de empleadores y trabajadores a la Ley 4035", explicó en ese marco el ministro de Economía, Hugo Ballay.

El responsable de la cartera económica de la provincia resaltó que la medida "beneficiará de manera directa a 16.300 empleadores, y a más de 145.000 trabajadores, sin contar los empleados provinciales a los que también se les realizaba este descuento".

En ese sentido, Ballay señaló que "esto un hito muy importante porque estamos hablando de un tributo que resultaba distorsivo para la actividad económica de la provincia", y que "su eliminación representa un apoyo explícito a los sectores asalariados y empleadores del sector privado entrerriano".

También recordó que se trataba de "un pedido de representantes empresariales de la provincia, que el gobernador ha escuchado, atendido y respondido. Esto también es parte del compromiso con el diálogo que mantiene nuestra gestión".

Por otra parte, precisó que "el gobierno provincial resigna el cobro de cerca de 2300 millones de pesos para el 2022", que era lo proyectado en la recaudación de ese impuesto para el año próximo, y puso de relieve que "esto es posible gracias al equilibrio de las cuentas públicas que ha sabido labrar el gobernador a lo largo de su gestión gracias a una cuidada mejora en la calidad del gasto público".

Por último, Ballay subrayó que "la eliminación de los aportes a la Ley 4035 no representa en absoluto un cambio en las prestaciones y beneficios sociales que lleva adelante el gobierno provincial", ya que "esas pensiones y programas sociales se financiarán, de ahora en más, con los recursos del tesoro". Además, "realizar este tipo de cambios en medio del incremento de la inversión que hemos hecho en salud para hacer frente a la pandemia es otra muestra más de la solidez de la administración pública provincial", acotó.

En tanto, el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Germán Grané, advirtió que "los aportes y contribuciones a la ley 4035 representaban un tributo a la nómina salarial, es decir que era descontado tanto a los trabajadores de los sectores públicos como privados y contribuían los empleadores".

Sostuvo, además, que "si bien el porcentaje de descuentos en el sector empleador fue disminuyendo con los años, significaba un carga para la actividad privada de la provincia". "Esta decisión de nuestro gobernador pone en evidencia el modo en el que el ordenamiento de las cuentas del Estado, y el diálogo permanente, benefician a la actividad productiva y de servicios", agregó.

Por último, desde el gobierno provincial remarcaron que los beneficios comprendidos en la ley 4035 continuarán vigentes, y que se pueden seguir tramitando con normalidad a través de los canales establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social.

Desde su promulgación en 1954, la Ley 4035 asiste a través de pensiones asistenciales a la población más vulnerable de Entre Ríos. Al finalizar el 2021 el sistema de la Ley 4035 cuenta con 2.602 beneficiarios activos, de los cuales: 981 son por ancianidad; 54 por incapacidad parcial; 1515 por incapacidad total; y 52 por madre con hijos a cargo.

"El gobernador ha sido muy serio y consecuente con el objetivo de generar mayor alivio fiscal para las personas que trabajan y producen en Entre Ríos. Por eso, decidió no incluir en la ley provincial de adhesión al Consenso Fiscal 2021 la extensión de los pagos de empleadores y trabajadores a la Ley 4035", explicó en ese marco el ministro de Economía, Hugo Ballay.

El responsable de la cartera económica de la provincia resaltó que la medida "beneficiará de manera directa a 16.300 empleadores, y a más de 145.000 trabajadores, sin contar los empleados provinciales a los que también se les realizaba este descuento".

En ese sentido, Ballay señaló que "esto un hito muy importante porque estamos hablando de un tributo que resultaba distorsivo para la actividad económica de la provincia", y que "su eliminación representa un apoyo explícito a los sectores asalariados y empleadores del sector privado entrerriano".

También recordó que se trataba de "un pedido de representantes empresariales de la provincia, que el gobernador ha escuchado, atendido y respondido. Esto también es parte del compromiso con el diálogo que mantiene nuestra gestión".

Por otra parte, precisó que "el gobierno provincial resigna el cobro de cerca de 2300 millones de pesos para el 2022", que era lo proyectado en la recaudación de ese impuesto para el año próximo, y puso de relieve que "esto es posible gracias al equilibrio de las cuentas públicas que ha sabido labrar el gobernador a lo largo de su gestión gracias a una cuidada mejora en la calidad del gasto público".

Por último, Ballay subrayó que "la eliminación de los aportes a la Ley 4035 no representa en absoluto un cambio en las prestaciones y beneficios sociales que lleva adelante el gobierno provincial", ya que "esas pensiones y programas sociales se financiarán, de ahora en más, con los recursos del tesoro". Además, "realizar este tipo de cambios en medio del incremento de la inversión que hemos hecho en salud para hacer frente a la pandemia es otra muestra más de la solidez de la administración pública provincial", acotó.

En tanto, el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Germán Grané, advirtió que "los aportes y contribuciones a la ley 4035 representaban un tributo a la nómina salarial, es decir que era descontado tanto a los trabajadores de los sectores públicos como privados y contribuían los empleadores".

Sostuvo, además, que "si bien el porcentaje de descuentos en el sector empleador fue disminuyendo con los años, significaba un carga para la actividad privada de la provincia". "Esta decisión de nuestro gobernador pone en evidencia el modo en el que el ordenamiento de las cuentas del Estado, y el diálogo permanente, benefician a la actividad productiva y de servicios", agregó.

Por último, desde el gobierno provincial remarcaron que los beneficios comprendidos en la ley 4035 continuarán vigentes, y que se pueden seguir tramitando con normalidad a través de los canales establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social.

Desde su promulgación en 1954, la Ley 4035 asiste a través de pensiones asistenciales a la población más vulnerable de Entre Ríos. Al finalizar el 2021 el sistema de la Ley 4035 cuenta con 2.602 beneficiarios activos, de los cuales: 981 son por ancianidad; 54 por incapacidad parcial; 1515 por incapacidad total; y 52 por madre con hijos a cargo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó el piso para el pago del impuesto a las Ganancias para salarios superiores a los $ 225.937, lo que significó una suba del 29,1 por ciento respecto al último incremento a partir del cual se paga la alícuota.

Si se toma el plafón de $ 150.000 establecido en la ley 27.617 para comenzar a contribuir, el incremento fue superior al 50 por ciento.

El aumento en las remuneraciones alcanzadas por el impuesto a las Ganancias también se da para los salarios mensuales de entre $ 225.937 y $ 260.580 brutos.

La medida también exime del pago del Sueldo Anual Complementario a las trabajadoras y los trabajadores cuya remuneración promedio mensual del primer semestre no supere los $ 225.937.

"Con el objetivo de fortalecer el proceso de recuperación del poder de compra los trabajadores, en 2021 el nivel de salario a partir del cual se paga el Impuesto a las Ganancias se incrementó en dos oportunidades", marcó el organismo público.

La primera fue cuando pasó a $ 150.000 brutos en junio de acuerdo a lo establecido por la Ley 27.617, mientras que la segunda fue un adelanto a cuenta del incremento anual que llevó el valor a $ 175.000 en septiembre, publicó la agencia de noticias Télam.

El Decreto 620/2021 detalló que anticipaba de manera parcial la actualización anual, por eso el cálculo de enero se realiza con relación al valor inicial de $ 150.000.

Con la aplicación del 50,62 por ciento que surge del índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que elabora el Ministerio de Trabajo, se actualiza también el mínimo no imponible, que quedó en 2022 en $ 252.564,84 por año.

A su vez, la deducción por cónyuge pasará a $ 235.457,25 mientras que por hijo es de $ 118.741,97 y llegará a $ 237.483,94 en el caso de los hijos incapacitados para el trabajo.

En el primer trimestre, el oficialismo impulsó un proyecto de Ley por el cual se actualizó el piso para contribuir por Ganancias a partir de los $ 150.000, cuestión que se hizo efectiva a partir de abril.

En su momento, el presidente Alberto Fernández aseguró que dicha ley permitía hacer "más progresivo el sistema impositivo, haciendo que paguen más los que más tienen y paguen menos los que reciben recursos sólo de un salario".

Agregó que con estos cambios se contribuyó a resolver "el poder adquisitivo de más de un millón de trabajadores y también jubilados que estaban afectados".

"Y los resultados son interesantes, ya que dejan de pagar el impuesto un millón 267 mil trabajadores, y es un beneficio para más del 90 por ciento de las personas asalariadas", acotó.

En septiembre, el Gobierno volvió a aumentar el piso, a modo de adelanto, a $ 175.000 mensuales, e incluyó a fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros en la exención del gravamen para instrumentos financieros denominados en pesos.

Desde el Gobierno, aseguraron que esa actualización permitió que casi un 1,3 millones de trabajadores continúen exentos de pagar el tributo.

Además, en ambas oportunidades el pago de Ganancias también quedó exento con el pago del medio aguinaldo a los trabajadores.

El proyecto de ley de reforma del tributo impulsado por el oficialismo ingresó en la Cámara de Diputados en marzo y fue aprobado por amplia mayoría, para después trasladarse el Senado, donde también fue votado por la mayoría de los legisladores.

Uno de los cambios introducidos a último momento durante el tratamiento en Diputados establece que los ex presidentes y vicepresidentes de la Nación pagarán Ganancias sobre las asignaciones vitalicias.

Asimismo, se establece que la ley tendrá vigencia al 1 de enero de este año, por lo que el Gobierno devolvió los descuentos ya realizados a quienes les correspondieron.

Por otra parte, estableció que los gastos de guardería sobre niños de hasta tres años no pagan Ganancias hasta un tope anual de $ 67.000, mientras que se duplicó la exención por hija o hijo discapacitado y se eliminó el tope de edad.

También quedaron eximidos del impuesto los bonos productivos hasta un tope del 40 por ciento de la ganancia, y las horas extras de los recolectores de residuos.

La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y su par de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmaron hoy una resolución conjunta en la que otorgaron un bono por única vez para el personal legislativo de $22.000.

Según la resolución con fecha de este miércoles a la que tuvo acceso NA, el bono de fin de año será recibido de forma conjunta con los haberes correspondientes al mes.

En los fundamentos, Massa y Cristina Kirchner resaltaron que resulta "oportuno reconocer la labor" de los trabajadores del Congreso Nacional, que mantuvo sus puertas abiertas con restricciones durante lo más álgido de la pandemia de coronavirus.

De acuerdo a lo dispuesto por las dos Cámaras, el beneficio alcanzará solo a los trabajadores legislativos y no al personal jerárquico. También quedarán afuera los diputados y los senadores de la Nación.

"Resulta oportuno reconocer la labor de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Legislativo que han garantizado el funcionamiento esencial del Honorable Congreso de la Nación en el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)", indica la resolución.

Los presidentes de Diputados y el Senado también señalaron que ese reconocimiento será mediante el otorgamiento de una "asignación no remunerativa, por única vez, que asciende a la suma de $22.000".

"Quedarán excluidos de esta remuneración los legisladores y legisladoras de ambas Cámaras, las autoridades superiores y la planta política del Congreso de la Nación, y el personal ingresado a partir del 10 de diciembre", precisó la resolución que firmaron Cristina Kirchner y Massa.

"El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente", dice la medida, que tiene tres artículos.

El Sindicato de Choferes de Camiones acordó con las cámaras de transporte el pago de un bono de $48 mil por fin de año para los trabajadores del rubro. El anuncio fue realizado este miércoles por Hugo Moyano, durante el acto por el Día del Camionero.

"En el día de hoy, hace algunos minutos, hemos firmado el bono anual que hacemos todos los años. Esta vez lo hemos firmado por $48.000", informó el histórico dirigente gremial frente a militantes y afiliados de Camioneros, que celebraron la noticia.

El pago del mismo se realizará en cuatro cuotas de $12.000 cada una, entre los meses de enero de mayo del 2022. El monto consensuado por las cámaras y el sindicato que lidera Pablo Moyano casi duplica al del año pasado, que fue de $25.000.

"Esto se logró por ustedes, porque la fuerza de la organización son los trabajadores. El dirigente tiene una responsabilidad grande, es importante, pero el reconocimiento hacia el dirigente es por el apoyo de los trabajadores", prosiguió el exsecretario general de la CGT.

En este sentido, el gremialista remarcó la importancia que tuvieron los trabajadores camioneros a lo largo de la pandemia y recordó a aquellos que murieron como consecuencia del Covid-19.

Por último, Moyano destacó la "normalización" de la CGT y agradeció a los afiliados. "Quiero transmitirle este saludo que ustedes nos dan a todos los camioneros del país y decirles: 'Compañeros, mientras estemos en la organización, tenemos un solo objetivo: defender hasta el cansancio, y hasta dar la vida si es necesario, la dignidad de los trabajadores camioneros", cerró.

Tal como lo resolvieron los trabajadores, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) movilizó este jueves a casa de gobierno ante la falta de respuestas por parte del Poder Ejecutivo. De la marcha participó la seccional ATE Gualeguay.

Los manifestantes se concentraron en la sede del gremio, luego se movilizaron a la Municipalidad de Paraná y cerraron la protesta con un acto en la puerta de la Casa Gris.

En esa línea, ATE tenía previsto un paro para ayer. Ambas medidas fueron resueltas en Congreso gremial a condición de que el gobierno haga una propuesta en el marco de la discusión paritaria que está abierta.

Sin embargo, desde el gobierno tan sólo hubo declaraciones públicas del ministro de Economía Hugo Ballay, quien adelantó que se estaba "evaluando convocar a los gremios esta semana".

Las paritarias están abiertas desde octubre y desde el gobierno no han hecho un ofrecimiento concreto. Desde el sindicato reclaman una recomposición salarial del 13%, lo que haría que a final de año los trabajadores empaten con la inflación prevista.

El titular de ATE, Oscar Muntes, adelantó que fueron convocados por el Gobierno para el jueves. Esperan una propuesta que supere la inflación porque "con el diálogo no se come"

Hubo varios oradores, quema de cubiertas y hubo presencia de afiliados del interior de la provincia.

"El jueves hay paritaria", anunció Oscar Muntes: "Queremos una verdadera recomposición salarial que le gane a la inflación".

"La convocatoria por sí sola no alcanza, tiene que tener contenido. Esperamos que el jueves, cuando nos sentemos con el Gobierno provincial, se presente una propuesta acorde a lo que necesitamos los trabajadores", enfatizó.

"Con el diálogo no se come ni se para la olla. Con el diálogo no alcanza. Somos consecuentes con los trabajadores y trabajadoras y no queremos a nadie por debajo de la línea de la pobreza".

"Nos dieron un 35% de aumento y la inflación es del 42%: estamos siete puntos por debajo de la inflación y la proyección es que estemos seis puntos más abajo".

En otro tramo de su discurso, el Secretario General de ATE reclamó "estabilidad para los contratos de obra; no puede ser que sigan cobrando 35 mil pesos".

El secretario general del Sindicato de la Carne Gualeguay, Aldo Díaz, dialogó con El Debate Pregón sobre la actividad laboral de los trabajadores de Soychú tras el incendio.

Así, comenzó: "Unos 200 trabajadores viajaron el jueves a la ciudad de Salto donde la empresa Soychú tiene un frigorífico de pollos. La idea de que viajaran a la otra planta era para poder reforzar y darles horas, que hoy con esta situación critica y compleja por el incendio prácticamente están sin trabajo. Nuestro Convenio Colectivo de Trabajo 607/10 es muy claro, en caso de catástrofe o crisis no nos garantiza ninguna hora, por lo que lamentablemente establece que el compañero que no trabaja no percibe su salario".

Y agregó: "Al caerse la planta de faena hay alrededor de 600 trabajadores que están esperando si se reabre o no la fuente de trabajo, en tanto ellos no percibirían salario porque es por hora, cuantas más horas, más cobramos y cuando no se trabaja no se cobra. Por eso la idea fue buscar alternativas, no solamente en Salto, sino también en colegas de la empresa de distintos frigoríficos que le presten la planta para que los trabajadores puedan hacer horas y poder cobrar algo, más en estos tiempos que se aproximan de fiestas, hoy estar sin trabajo y no cobrar la quincena es muy preocupante y angustiante para los compañeros. Estamos muy preocupados por eso".

"Hay alrededor de 600 trabajadores de faena y, en este caso, unos 210 trabajadores se repartieron en cuatro micros que partieron a la ciudad de Salto el jueves donde hicieron una jornada de 10 horas los días viernes, sábado y domingo por lo que pudieron hacer 30 horas. Luego otro grupo el día sábado marchó rumbo al frigorífico Domvil e hicieron una faena de 9 horas y esta tarde (por ayer) también están marchando a Concepción del Uruguay, al frigorífico Súper de este mismo grupo, a hacer otras horas más. En el transcurso del día nos iremos a juntar con la empresa para ver si los 200 trabajadores que fueron a Salto puedan volver el jueves o viernes y poder garantizarles 60 horas y seguir de esta forma. Después, otros compañeros están haciendo tareas que se les pagan las horas por limpiar y acomodar el frigorífico donde se incendió y algunos están esperando se les pueda convocar y abrir otros frigoríficos para poder ir a hacer más faena", indicó.

Y comentó: "Sabemos que no es fácil dejar su familia, es un esfuerzo enorme para poder llevar el pan a su casa, yo sé que esto no va a ser eterno, va a ser por un tiempo hasta que se pueda reabrir el frigorífico y los compañeros puedan volver a su lugar de trabajo".

"No participé en la reunión que tuvieron la intendenta con la diputada Paola Rubattino y el ministro Bahillo a raíz de la cual la diputada pudo conseguir un encuentro con el presidente de la nación. No convocaron al gremio a nivel nacional, pero creería que en esa reunión han de haber planteado la posibilidad de algún Repro para los trabajadores del sector. Sabemos que es muy necesaria la ayuda del gobierno, más en estos momentos. Pero más allá de eso, nosotros no podemos estar esperando, sabemos que las gestiones llevan tiempo por eso buscamos la alternativa de que el compañero pueda ir a trabajar a otro lugar y hacer unas horas", mencionó.

En tanto, expresó: "Nosotros desde el primer momento hemos estado con los compañeros y quiero agradecer al secretario general del sindicato de Salto, al secretario de laborales de nuestra Federación y a su comisión directiva y cuerpo de delegados por el recibimiento y contención a nuestros trabajadores en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando. Estoy muy agradecido con los compañeros de Salto por haber puesto lo mejor de ellos, no le dejaron faltar nada a los trabajadores, están muy contenidos en todo aspecto, tanto en lo moral, como en lo que respecta al servicio. Es muy difícil hoy dejar tu familia, ir a otra ciudad que no conoces, que no es lo que uno pretende pero ante esta posibilidad de que pueda llevar pan a sus casas surgió esta alternativa".

"Hoy (por ayer) a las 19 hs. vamos a tener una reunión con todo ese grupo que viajó a Salto para charlar e ir viendo algunas mejoras ya que esto surgió de un día para otro y nos encontramos con esta realidad", finalizó.