Esta evaluación, que se realiza con el fin de contribuir a la transparencia y difusión de las cuentas públicas de las administraciones provinciales, se realiza semestralmente, a fines de los meses de marzo y septiembre de cada año, con un monitoreo de la información fiscal y presupuestaria publicada por todas las provincias que hayan adherido a la Ley Nº 25.917 (de Responsabilidad Fiscal -LRF-).En ese marco, el ministro de Economía, Hugo Ballay, valoró “la decisión política del gobernador Gustavo Bordet de ordenar las cuentas públicas y otorgar previsibilidad a la gestión de la provincia”.“El orden y la transparencia es la base que permite implementar políticas en beneficio de los entrerrianos”, añadió el titular de la cartera económica.Ballay resaltó que “contar con una administración ordenada, previsible y equilibrada es la única forma de desarrollar políticas a largo plazo y planes de gobierno, como el que puso en marcha nuestro gobernador para dotar a Entre Ríos de las bases sólidas para que se desarrollen, se transforme, genere empleo de calidad y más derechos”.“Este trabajo que venimos haciendo desde el comienzo de la gestión se apoya también en una mayor eficiencia del gasto público, en la inversión en servicios fundamentales, el apoyo a los sectores productivos, que son los que crean fuentes de trabajo, y en la distribución de recursos para disminuir las desigualdades”, continuó.Para finalizar, Ballay puso de relieve que “ni los acuerdos paritarios por encima de la inflación con los gremios del sector público; ni la construcción de escuelas, centros de salud, jardines y caminos; ni las políticas tendientes a garantizar derechos sociales o la seguridad podrían avanzar como lo logramos todos estos años, si no hubiéramos ordenado el Estado. Trabajo que organismos como la ASAP nos vuelven a reconocer hoy. Este es el único camino para que Entre Ríos se transforme y pueda ir por más”.En este sentido, el director de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga, destacó que “todo reconocimiento es muy importante, indica que se están haciendo bien las cosas y, además, como quien hace esto es una institución reconocida y prestigiosa, es un informe considerado por muchos usuarios como inversores, bancos, proveedores, ciudadanos en general y sin dudas posiciona muy bien a la provincia ante ellos”.El funcionario puntualizó que el informe expresa que “de acuerdo a la información relevada al 31 de marzo de 2023, las provincias incluidas en el Grupo I, calificadas como De cumplimiento estricto, fueron Córdoba y Entre Ríos, ambas con un índice de 100 puntos”.

El nivel de transparencia presupuestaria provincial se traduce en el ITPP en un puntaje del 0 al 10 que elabora anualmente el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

El mismo tiene una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que trabaja por un Estado justo, democrático y eficiente que mejore la vida de las personas.En el contexto general la nueva medición mostró signos de mejoras en las diferentes provincias, con ascensos en la mayoría de los casos y algunos descensos. 

El caso puntual de Entre Ríos fue destacable ya que volvió a ser calificada con la máxima puntación, un 10, por tercer año consecutivo. A eso se suma que Entre Ríos fue la primera provincia en la historia en obtener un 10, lo cual se ha sostenido en el tiempo desde que se elabora este informe.

La provincia de Entre Ríos es la jurisdicción mejor calificada en materia de transparencia en el país. Con un puntaje de 100, fue la única con un cumplimiento total de los requisitos establecidos en la ley de Responsabilidad Fiscal. La sigue San Juan, con 85 puntos.

Los datos surgen del análisis semestral comparativo que realiza la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

"De acuerdo a la información relevada al 31 de marzo 2021 las provincias incluidas en el Grupo I calificadas como de alto cumplimiento, por haber presentado toda la información que exige la Ley dentro de los plazos establecidos fueron: Entre Ríos, San Juan, Río Negro, Tucumán, Córdoba, Formosa, Santa Fe, La Rioja y Neuquén. Todas ellas muestran puntajes que oscilan entre 100 (en el que solo se ubica Entre Ríos) y 65 puntos", expresa el documento.

En ese marco, el gobernador Gustavo Bordet recordó que "el vínculo del Estado con la ciudadanía tiene que ver necesariamente con la transparencia en el uso de los recursos públicos. Es por ello que desde un primer momento de nuestra gestión nos propusimos ofrecer toda la información que exige la Ley de Responsabilidad Fiscal en tiempo y forma. Fruto de eso es la mejora significativa de Entre Ríos en cuanto a su cumplimiento el concierto nacional".

El mandatario puso de relieve que "a pesar de las serias dificultades que la pandemia introdujo en los recursos fiscales de nuestra provincia, a raíz de la caída de la actividad económica y la recaudación; y teniendo en cuenta las adaptaciones presupuestarias que debimos realizar para preparar el sistema de salud ante la emergencia sanitaria y garantizar el cuidado de la población, desde nuestro gobierno hicimos todo el esfuerzo necesario para seguir cumplimentando en tiempo y forma aquello a lo que nos mandata la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la que nuestra provincia se encuentra adherida".

Por último, Bordet resaltó "el buen trabajo que se ha venido desarrollando en el marco de la pandemia para llegar con los recursos necesarios al sistema de salud sin descuidar la pauta salarial, las obligaciones del Estado y la asistencia a los sectores especialmente perjudicados para los que destinamos medidas de alivio fiscal y una inversión directa que apunta a sostener las fuentes laborales".

La ASAP realiza un monitoreo periódico de la información fiscal y presupuestaria publicada por todos los gobiernos provinciales de acuerdo a los parámetros fijados en la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal. Los requerimientos establecidos son de dos tipos: por un lado, la naturaleza de la información, y por otro el rezago en la publicación de esta información

Los resultados del último informe corresponden al análisis llevado a cabo al finalizar el mes de marzo bajo el criterio de búsqueda en sitios web razonablemente accesibles.

La ley de Responsabilidad Fiscal fue sancionada en 2004 con el propósito de coordinar y ordenar la información fiscal de la Nación y los 24 distritos. En su artículo séptimo, la ley 25.917 dispuso que cada una de las 25 jurisdicciones debe publicar en su página web el presupuesto anual, las proyecciones del presupuesto plurianual y la cuenta anual de inversión.

Uno de ellos es el consenso electoral. A las muchas incertidumbres a las cuales esta pandemia nos ha arrojado, muchas veces a causa y con complicidad del Gobierno Nacional, en este 2021 se suma una nueva: las elecciones legislativas.

A lo largo de estos últimos días se han profundizado los debates al respecto. La diversidad de posturas y alternativas que se plantean son tan amplias como las voces que se escuchan al respecto. Desde posponerlas hasta juntar las legislativas primarias con las generales, la variedad de posibilidades que se manejan omiten una cuestión importante: más allá de la decisión que se tome en relación a este tema, es importante su justificación y que el diálogo para determinar la misma sea claro, transparente, basado en datos y que, también, incluya a todos los sectores de la ciudadanía. Estas aristas son claves. Es imprescindible llevar adelante una discusión que no desgaste el consenso electoral y que sirva para fomentar una mayor democracia.

A propósito de estas cuestiones, Poder Ciudadano (ONG que promueve la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública para fortalecer las instituciones de la democracia argentina) comenta lo siguiente: "Uno de los grandes consensos que tenemos en Argentina es que las elecciones son el corazón de nuestra democracia. Si bien la pandemia actual debe ser considerada a la hora de organizar el proceso electoral, no debe romper con el consenso mencionado. Las modificaciones a las reglas previstas siempre despiertan sospechas y desconfianzas (y no está mal que así sea). Por lo tanto, el tratamiento de los temas electorales debe ser hecho con la máxima de las precauciones y con la mayor seriedad posibles. Votar no es algo sencillo.

Los procesos electorales son técnicamente muy complejos, necesitan tiempo de planificación, orden para su ejecución, y previsibilidad que garantice su eficiencia, confianza y transparencia. Las autoridades electorales de nuestro país tienen el desafío de preparar todo el proceso electoral cuidando la salud de los ciudadanos (votantes y personal abocado al propio proceso) y la calidad de la democracia.

El proceso electoral, incluyendo las fechas de las elecciones, no son propiedad exclusiva de la política sino de toda la ciudadanía. Por lo tanto, una modificación extraordinaria debería estar muy bien justificada sanitariamente y es recomendable que la voz de la sociedad civil sea escuchada.

Debería justificarse, por ejemplo, por qué no podrían aplicarse protocolos sanitarios en la votación, por qué las experiencias de los países que lo hicieron no son aplicables, o por qué esos protocolos no serían efectivos para el cuidado de la salud de todos. También debería estar más que claro qué ocurriría si las supuestas imposibilidades sanitarias se extienden en el tiempo. Estos argumentos deberían estar respaldados por opinión profesional sanitaria debidamente acreditada y basada en datos, y por el acuerdo de las instituciones encargadas de la administración de las elecciones. Los regímenes democráticos vienen perdiendo confianza social desde hace tiempo en muchos países.

La manipulación de las elecciones es una de sus causas. Manosear el calendario electoral sin rigurosidad ni previsión extrema contribuirá a deteriorar la democracia. En un eventual caso extremo, debidamente justificado y consensuado, de que haya reformas en el cronograma electoral, o en algún componente del sistema electoral, este no debe afectar la calidad, la profundidad, ni la transparencia del voto de la ciudadanía. Y ante todo, de ninguna manera se debe avanzar hacia un sistema que aleje al votante de su opción más directa. El doble voto (para la primaria y para la general) simultáneo (el mismo día) ha demostrado tener serias falencias para respetar la voluntad de los votantes. Su instauración de hecho o de derecho sería un retroceso que se debe evitar.

Cualquier cambio en el cronograma electoral vigente debe ser consensuado entre las fuerzas políticas en el Congreso Nacional (única opción posible). Al mismo tiempo deben tenerse en cuenta los tiempos necesarios de cada uno de los pasos del cronograma electoral, y la opinión de las instituciones involucradas en la organización de las elecciones, como así sus tiempos para llevar adelante cada uno de los pasos del proceso".

El debate alrededor del futuro de las elecciones legislativas debe cuidar el consenso electoral. En este sentido, es importante que las decisiones que se tomen sobre esta temática sean transparentes, justificadas y dialogadas ampliamente.

Entre Ríos obtuvo los 10 puntos totales del índice, posición que comparte con la vecina provincia de Santa Fe. Continúan en el ranking de transparencia Córdoba, con 9,90 puntos, Neuquén, con 9,50, y la ciudad de Buenos Aires, con 9,40.

A pesar de la disminución general de los índices de transparencia de las distintas jurisdicciones, dados los reajustes que la pandemia obligó a las administraciones subnacionales, Entre Ríos conservó las buenas prácticas de transparencia presupuestaria que le permitieron obtener la máxima calificación entre las 24 jurisdicciones del país.

Desde Cippec destacaron que "el presupuesto público es una herramienta fundamental para definir y ejecutar los planes de gobierno".

En ese marco, explicaron que "desde 2010, y desde 2013 de forma ininterrumpida, el ITPP evalúa la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. Su elaboración replica el ejercicio que haría un ciudadano o una ciudadana que deseara acceder a las publicaciones presupuestarias que realizan los gobiernos provinciales en internet, y queda reflejado en un puntaje de 0 a 10".