El operativo fue llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la División Trata de Personas de la Policía de Misiones y la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata. Tras una investigación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos, se localizó a la mujer en un domicilio de la ciudad, donde se procedió con el allanamiento.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron documentación de la mujer, de nacionalidad paraguaya, junto con dos valijas con prendas de vestir, dos teléfonos celulares, pendrives, cuadernos y anotaciones que podrían aportar información clave a la causa.

Investigación y compromiso contra la trata

El operativo contó con la intervención del Juzgado Federal de Posadas y la Secretaría de Derechos Humanos. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el compromiso de las fuerzas en la lucha contra la trata de personas, con el objetivo de erradicar la explotación y brindar protección a las víctimas.

Los dos hombres identificados en el allanamiento deberán responder ante la Justicia por su presunta vinculación con la red de explotación sexual, mientras que la investigación continúa para determinar el alcance de la organización y posibles nuevas detenciones.

El Consejo Federal está integrado por los poderes del Estado entre ellos, los ministerios de Justicia, de Seguridad, del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto, de Desarrollo Social, de Trabajo y de Mujeres, Géneros y Diversidades, un representante de cada una de las provincias y de CABA y la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Nación, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, y tres organizaciones de la sociedad civil. La coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, Silvina Calveyra, participó en su rol de Consejera en representación de la provincia de Entre Ríos.

Luego de la jornada de apertura a cargo de la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Rosario, Celia Arenal, y el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, se trabajó en las Comisiones Permanentes. Comisiones para la prevención del delito de la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; para la Persecución y Sanción de los responsables del delito; para la Supervisión de la Unidad de Bienes Embargados y Sujetos a Decomiso; para la Confección del Informe Anual y la sesión plenaria conforme al Orden del día establecido para los dos días del encuentro.

“Es importante destacar cada punto del orden del día, el estado de informe de gestión 2020-2022, la exposición sobre los avances en la aplicación de acciones y resoluciones emanadas del Consejo anterior; el informe actualizado sobre el fondo de asistencia directa a víctimas de trata, donde 45 personas accedieron a una reparación económica directa en el marco de tres causas judiciales desde la implementación de la Ley N° 27.508 en el 2019, donde a través de las sentencias condenatorias vemos el derecho de las víctimas a la restitución de los mismos como también de lograr un proyecto de vida digno”, explicó Calveyra.

El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata es un fondo fiduciario integrado por los bienes recuperados de los delitos de trata, explotación de personas y lavado de activos. Con esos recursos, se repara de forma directa a las víctimas de trata y explotación laboral y sexual.

Durante el encuentro se propuso trabajar en la creación de un nuevo sistema de carga de información de bienes incautados y de reparaciones, que permita coordinar la información entre la Unidad Ejecutiva del fondo fiduciario, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el MPF con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En materia de prevención, el Consejo Federal resolvió la generación de una Campaña Nacional para el Día Internacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas. "Nos comprometimos a remitir materiales sobre la Campaña del gobierno de Entre Ríos, La Trata Existe, en un sentido de conocimiento del territorio y las distintas formas de explotación, iniciada en el 2018 como aporte a la misma. Considerando que dicha campaña provincial hizo que la ciudadanía conozca la existencia de la línea de denuncia 145, ya que hasta esa fecha no había registros en la misma”, destacó la coordinadora del Consejo.

Finalmente, se avanzó sobre diferentes políticas vinculadas a los delitos conexos en la trata de personas y la importancias de llevar adelante tareas conjuntas entre los diferentes organismos.

“En una etapa compleja donde un delito transnacional, vinculado a delitos conexos, muta persistentemente en la fase de la captación, recurriendo a la utilización de nuevas tecnologías, aplicaciones y plataformas digitales, redes sociales, donde personas en estado de vulnerabilidad son engañadas y sometidas”, agregó Calveyra.

"La decisión política es fundamental en la gestión del gobierno provincial de llevar adelante políticas publicas públicas con una visión integral, con perspectiva de género y protección de derechos, de coordinación con los municipios, con juntas de gobierno, con agentes del estado y la ciudadanía para la prevención, la erradicación, el combate y la sanción al delito de trata de personas. El Estado es uno solo, Nacional, provincial, municipal. Sabemos cuál es el camino a transitar y en Entre Ríos queda demostrado en cada Consejo que participamos de dicha articulación”, concluyó la funcionaria.

(Prensa Ministerio de Gobierno)

Dicha intervención se dio a raíz de que uno de sus propietarios denunciaba a uno de sus empleados, acusándolo de estar sacando mercadería del lugar, sin su consentimiento, situación que terminó con la detención de dicho empleado. 

Con el correr de los días y según pudimos saber por parte del Área de Prensa y Relaciones Públicas de la Jefatura Departamental de Policía, el empleado detenido, pidió realizar una denuncia afirmando que estaba viviendo y trabajando bajo condiciones de total precariedad e insalubridad y que dicha situación comenzó a agravarse con el tiempo.

Ante ello, desde el área de prensa sostuvieron que “se sospechaba estar frente a un delito de Trata de personas y Reducción a la Servidumbre, por ello en horas del mediodía del jueves y por disposición de las autoridades judiciales, funcionarios policiales se constituyeron en dicho supermercado, y luego de entrevistarse con la titular del mismo, dieron inicio  a una diligencia de allanamiento, donde se pudo constatar las condiciones en que este empleado era alojado”

En tal sentido, fuimos en busca de la palabra del Jefe de Policía, Comisario Mayor Jorge Sosa quien nos confirmó que “el empleado denunció que desde hace mucho tiempo venia trabajando en condiciones inhumanas, no solo en Gualeguay, sino cuando los propietarios Vivian en Buenos Aires”

“Ante esto fuimos a realizar el allanamiento correspondiente y dimos cuenta de que lo que relataba el empleado era cierto, el mismo dormía arriba de unas tarimas y además se procedió al formal secuestro de documentación de interés para la causa”, finalizaba. 

El Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas estuvo presente en el Encuentro Binacional Argentina y Uruguay, del cual participaron organismos y fuerzas de seguridad de ambos países destinados a la lucha contra el delito de trata.

En la jornada se abordó la temática: “La trata de personas, un delito invisible de huellas profundas” y la apertura estuvo a cargo del Intendente José Luis Walser.

Las disertaciones por parte de la provincia de Entre Ríos estuvieron a cargo de la coordinadora del Consejo de Lucha contra la Trata, Silvina Calveyra, la jefa de la División de Trata de la Policía de Entre Ríos, Zulma Argarañaz. Además, estuvo presente y dio su testimonio la sobreviviente, escritora y feminista abolicionista, Sonia Sánchez.

Abriendo el panel de exposiciones, Silvina Calveyra hizo referencia a la conmemoración del día mundial contra la explotación sexual, “siendo Argentina el primer país en el nivel mundial que promulgó la Ley 9.143 en el año 1913, una ley que nos marcó un camino a seguir por la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual contra mujeres e infancias”.

Asimismo, Calveyra trazó una línea en el tiempo sobre esta problemática, sus indicadores, normativas, protocolos vigentes, los avances desde el gobierno provincial y la legislación pendiente de aprobar, como el proyecto de ley por la inclusión laboral para víctimas de trata; además, el funcionamiento de la línea de denuncia 145.

La comisario inspector Zulma Argarañaz expuso ante los participantes sobre el accionar de la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, brindando herramientas para la detección temprana de situaciones, la intervención y el accionar conjunto en las funciones que les compete.

Cerrando la jornada con su testimonio de vida, Sonia Sánchez, sobreviviente de la explotación sexual, sujeta pasiva de derechos, escritora feminista abolicionista, conmovió e interpeló a la audiencia en la búsqueda de un mundo libre de explotación sexual y violencias.

“Se generó un enriquecedor debate con los y las referentes de organismos de Uruguay, elaborando un plan de acción y estrategias comunes de frontera como puntos estratégicos para la prevención, el combate y la erradicación de un delito aberrante”, concluyó Calveyra.

Participaron representantes de distintos organismos, como Prefectura Naval Argentina de Colón, Policía de Entre Ríos, Gendarmería Nacional, Comisaría de Minoridad, los gremios ATE, CGT y Sitram, y el círculo de Suboficiales de Prefectura. También estuvieron presentes organismos de la República Oriental del Uruguay, como el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Género de la Intendencia de Paysandú, organismos de derechos humanos, entre otros.

Para recordar

23 de Septiembre - Día Internacional contra el Tráfico y la Explotación Sexual de Mujeres, Niñas y Niños

Día instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en Coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka, Bangladés, en enero de 1999, considerando que un 23 de septiembre de 1913, cuando se promulgó la primera norma legal en el mundo contra la prostitución hacia infancias. Argentina fue pionera a escala mundial con la denominada Ley Palacios.

En el marco del mes contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, bajo el lema “Lucha contra la Trata de Personas: Protagonistas y Agenda Legislativa Pendiente”, la diputada Marcela Antola participó del debate sobre este grave delito federal, en el Anexo de la Cámara Baja de Diputados. 

Organizado por las diputadas Carla Carrizo, Paula Oliveto y el Comité de Lucha contra la Trata de la CABA, Antola destacó: “Compartimos exposiciones de organizaciones de víctimas y especialistas en la materia, participando Alika Kinan, Directora del Programa de Estudios de Formación e Investigación sobre Trata y Explotación de Personas de UNSAM, sobreviviente de trata con fines de explotación sexual; Alicia Peresutti, pionera y referente en Protección de Víctimas de Trata de Personas, Titular de la Asociación Vínculos en Red; Marcelo Colombo, Titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal y Bárbara Bonelli, Defensora del Pueblo adjunta CABA”. 

En este sentido, resaltó “Junto a Alika Kinan, la primera querellante contra su proxeneta y el Estado, remarcamos la importancia de generar políticas públicas viables y sostenidas en el tiempo, para la asistencia integral a las víctimas; ya que sus voces son las que marcan el camino. Con políticas no hay víctimas y en el Congreso hay proyectos para lograrlo”, agregó.

Por otra parte, sobre la presencia del Jefe de Gabinete Juan Manzur en Diputados esta semana, Marcela Antola puntualizó: “Tras un año de ausencia, rindió cuentas. Algo que el Artículo 101 de la Constitución establece como obligación hacerlo cada dos meses, en cada una de las cámaras legislativas. No respondió importantes preguntas realizadas desde Evolución Radical JxC, como el ajuste sufrido por las prestaciones a las personas con discapacidad, pero se subsidia a 34 empresas públicas que reciben 2.400 millones de pesos por día”.

“Además, se le solicitó explicaciones, entre otros temas, sobre el recorte de 50 mil millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Educación y considero que en esta gran crisis, no nos acostumbraremos jamás a que el Gobierno evada sus responsabilidades, genere tantas asimetrías y no haya criterio”, enfatizó Antola. 

Respecto a la Sesión Especial del día jueves, Antola votó en contra de la Ley de Consenso Fiscal y la Prórroga de Impuestos Nacionales: “este consenso fiscal va en contra de la defensa de los intereses de la ciudadanía, que nos eligió justamente para velar por ellos, representarlos y no permitir que se sacrifique más a los contribuyentes”.

La norma supone compromisos e materia tributaria, endeudamiento y responsabilidad fiscal, por lo que Antola afirmó: “ Faculta a los gobernadores a incrementar contribuciones tales como Ingresos Brutos y Sellos. Habilitando así a las provincias a crear nuevos impuestos y subir las alícuotas de algunos ya existentes”.

En la misma sesión, se avaló un emplazamiento para acelerar los proyectos referidos a la protección de humedales y también se dio media sanción al Proyecto de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería.

En otro orden, la diputada nacional mencionó: “Desde Evolución Radical estamos en contra del intento de derogación de las PASO, ya que son la mejor manera de organizar la oferta electoral de coaliciones y la mejor instancia que tiene la sociedad para poder elegir democráticamente a sus mejores candidatos. Debemos defender la Democracia, y no cambiar las reglas de juego electorales según conveniencias”.

El Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas estuvo presente en el XVI Encuentro del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas para la Protección y Asistencia a las Víctimas.El Consejo Federal está integrado por los poderes del Estado entre ellos, los ministerios de Justicia, de Seguridad, del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto, de Desarrollo Social, de Trabajo y de Mujeres, Géneros y Diversidades, un representante de cada una de las provincias y de CABA y la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Nación, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, y tres organizaciones de la sociedad civil.La coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, Silvina Calveyra, participó en representación de la provincia de Entre Ríos.Durante las jornadas se desarrolló el tratamiento de los puntos del orden del día y se trabajó en las Comisiones Permanentes. Comisiones para la prevención del delito de la Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas; para la persecución y sanción de los responsables del delito; para la Supervisión de la Unidad de Bienes Embargados y Sujetos a Decomiso; para la Confección del Informe Anual.

La actividad comenzó por la mañana con una charla destinada a alumnos de 1er a 3er año sobre Grooming, mientras que por la tarde disertó para docentes y púbico en general sobre la trata de personas. 

El Debate Pregón dialogó sobre la temática con Calveyra, quien mencionó: “Convocados por la municipalidad y también por organizaciones estamos participando de una jornada que tendrá dos instancias y ya programando otra para septiembre a pedido de participantes en el marco del Día Internacional de Lucha Contra la Trata, que se conmemora el 30 de julio, y también el día provincial en el marco de la ley 10.632 para trabajar en el calendario escolar en un sentido de visibilización, de concientización, prevención y también de brindar herramientas para el abordaje, para poder detectar tempranamente e identificar la problemática, incluso en las primeras fases del delito de la trata que es el ofrecimiento, la captación y en esto con las nuevas modalidades como el grooming”.

“El grooming es un delito que tiene que ver con el abuso sexual y virtual donde siempre interactúa un agresor que es mayor de edad y busca la confianza, la conexión emocional con un niño, niña o adolescente menor de 18 años y que puede ser captado también para lo que es la explotación sexual. El objetivo es el abuso sexual en infancia y adolescencia”, explicó.

Y comentó: “Durante la mañana estuvimos trabajando con alumnos donde les brindamos fundamentalmente cuestiones vinculadas al grooming, al ciber bullying, al ciber acoso, la huella digital que uno va dejando a medida que transita por el mundo digital. Brindarle las herramientas para que tengan en cuenta los riesgos a los que están expuestos y que tengan que ver con cómo actúan si están frente a esa situación”.

“En la tarde trabajamos trata de personas con adultos y docentes que están interesados en la problemática. La trata de personas es un delito complejo vinculado al crimen organizado, hoy muy vinculado al narcotráfico, es uno de los negocios más redituables a nivel mundial conjuntamente con la venta de armas y el narcotráfico y que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos fundamentales porque atenta contra la seguridad, la integridad física, emocional, psicológica de las personas que son sometidas a los más extremos malos tratos y distintas formas de violencia para poder doblegar su voluntad y ser explotados ya sea sexual, laboralmente, a través de la venta de órganos, la venta de niños con fines adoptivos”, detalló.

Asimismo, profundizó: “En estas dos últimas problemáticas ha habido denuncias, pero en nuestro país gracias a que tenemos leyes vinculadas a la venta de órganos, fluidos y tejidos, en materia de trasplantes y tenemos el Cucaier como un organismo que actúa a la perfección en cuanto a los controles a llevar adelante, es muy difícil hoy la venta de órganos”. 

“Es una problemática dentro del marco de la trata que ha disminuido y también la venta de niños con fines adoptivos a través del Registro de Adoptantes que también tenemos una ley nacional, sí está en debate el tema de la subrogación de vientres porque allí las mujeres que alquilan su vientre son mujeres empobrecidas, vulneradas y que muchas veces por su situación llegan a eso, se ha convertido en una industria y comercialización a través de familias que tienen mucho poder adquisitivo. En nuestro país está prohibida la subrogación porque nos interpela que si no es venta de bebés”, añadió.

Y continuó: “La trata atenta contra la dignidad como seres humanos, tanto mujeres como varones. Hoy nadie está exento porque el 50 por ciento de víctimas de trata son captadas por las redes sociales como nueva modalidad de captación. Antes hablábamos de secuestro, hoy hablamos de esta nueva modalidad por eso insistimos tanto con el uso de los medios digitales, de la huella digital que uno va dejando a medida que navega por el espacio virtual y que vulnera permanentemente derechos y es muy riesgoso”.

Respecto a cómo debe actuar una víctima o un tercero frente a estos delitos, señaló: “Tanto una víctima de trata como una tercera persona que está viendo una situación puede llamar en forma anónima a la línea 145, obviamente brindar datos dónde está, cuestión que sea más fácil de poder ubicarla y se puede hacer anónima que es lo fundamental porque muchas veces cuando estamos frente a estas redes mafiosas también tenemos que entender que el ciudadano común tiene miedo. También en caso de presunción de trata se puede comunicar con esa línea o las fiscalías federales en cada jurisdicción. No solamente ataca a adultos sino también a niñez y adolescencia Desde el lugar que estemos, así sea mínimo el aporte que podemos hacer, si detectamos una situación debemos comprometernos, denunciarlo”.

Organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de su Dirección de Derechos Humanos, en compañía con la Secretaría de Prevención de Adicciones y Convivencia Ciudadana, la titular de la Red de Alerta provincial, disertará en nuestra ciudad.

La cita será la semana próxima, puntualmente el martes 26 de julio. Donde Silvina Calveyra brindará una charla en modalidad taller sobre “La trata de personas, un delito de huellas profundas”

Los destinatarios de éste taller son alumnos de primer a tercer año de secundaria, de todas las escuelas de la ciudad, como así también docentes e integrantes de la Red Gualeguay.

Cabe destacar que habrá distintos horarios, para los estudiantes será el martes de 9.30hs a 11.30hs en el Club Sociedad Sportiva. Mientras que para docentes e integrantes de la Red, la cita será en el NIDO a las 13.00hs. 

Se conoció en las últimas horas la imagen del cupón ganador de los 514 millones de pesos del Quini 6 sorteado el pasado 28 de noviembre.

Se trata de un apostador oriundo de Goya, en la provincia de Corrientes, quien acertó los seis números de la Revancha del Quini 6 y se llevó el premio más grande en la historia de este juego. Los números de la suerte fueron 05, 08, 26, 29, 32, 37.

La foto del ticket fue publicada por el portal local TN Goya. Según se observa, el ganador compró el cupón en la Agencia 448 a las 19.40 del 27 de noviembre.

La propietaria de la agencia oficial 448, Ana María Curak, se había mostrado muy feliz por el logro del apostador. "Es una bendición enorme teniendo en cuenta que es una apuesta que se juega a nivel nacional. Además, se trata del premio más grande la historia del Quini 6, es un récord histórico", resaltó muy emocionada días después del sorteo.

Sobre el ganador, la mujer comentó que se trata de un hombre de clase media, un jefe de familia y un simple trabajador de barrio. "Premios lindos hemos dado muchos por lotería, pero nunca uno multimillonario", remarcó la dueña del local sobre España 676, en pleno centro de Goya.

En el marco de la agenda de trabajo y articulación conjunta con Municipios y Comunas, el Consejo contra la Trata de Personas estuvo en Concepción del Uruguay y Colón, donde quedó constituida una agenda de trabajo a los fines de prevenir y erradicar este delito.

La coordinadora del Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas, Silvina Calveyra visitó las localidades de Concepción del Uruguay y Colón donde trabajó, junto a intendentes y agentes públicos, diferentes estrategias para la prevención y la lucha contra este delito.

"Visibilizar, prevenir y denunciar la Trata de Personas, en sus diversas modalidades es el objetivo principal del Consejo" sostuvo la coordinadora, quien fue recibida en Concepción del Uruguay por el intendente, Martín Oliva y la secretaría de Desarrollo Social, Marianela Marclay.

La participación de los gobiernos locales es considerada clave ya que son referentes, porque conocen la realidad territorial.

Convocados por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), el Consejo Provincial Contra la Trata participó junto a expertas y expertos, de la elaboración de un documento para la no criminalización a víctimas de trata y/o explotación de personas.

El texto, que se basó en la experiencia de litigios en casos concretos que se elaboraron de manera conjunta con distintas fiscalías del país, establece criterios de actuación para la aplicación del principio de "no punibilidad", que se encuentra establecido en el artículo 5 de la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a Víctimas.

El instrumento, toma la experiencia de casos concretos, contando con instancias de validación convocada por los co-titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, en la que participaron fiscales federales de diferentes jurisdicciones del país, titulares de unidades especializadas del Ministerio Público y referentes de dependencias y organismos vinculados a la asistencia y protección de los derechos de las víctimas de trata.

La coordinadora del Consejo, Silvina Calveyra, se refirió a este encuentro de trabajo y expresó: "Es de suma importancia para el Gobierno Provincial ser convocados e integrar estos espacios de expertas y expertos en la materia, considerando fundamentalmente nuestra experiencia y el trabajo articulado en prevención y combate al delito de trata de personas en Entre Ríos".

"La generación de este documento tiene por objetivo la aplicación práctica del principio de no punibilidad y no criminalización por la comisión de delitos u otros actos ilegales que tuvieran conexión directa con su condición de víctima, en el marco de las discusiones de la agenda internacional de la trata de seres humanos", agregó Calveyra.

Las razones fundamentales que se señalan para indicar el valor de la aplicación de este principio, se encuentran vinculados con garantizar que las víctimas no sean penalizadas por conductas o hechos que no hubieran cometido.

A la vez asistimos a una creciente preocupación por la apariencia física, que se une a las creencias sobre los beneficios de tener un "cuerpo perfecto", la fiebre del "running" ha llegado; crecen las tiendas con material deportivo a la última y muchas personas hablan de cuántos kilómetros al día han corrido, llegando al punto de crear ideales estéticos en la sociedad con criterios más comerciales que de fomento de la salud.

Hablaré hoy de un trastorno que está preocupando cada vez más: la vigorexia o dismorfia muscular: ésta se caracteriza por la percepción distorsionada de la imagen corporal propia, especialmente del tamaño muscular, la persona considera su musculatura por debajo de lo deseado y sobrestima los beneficios tanto psicológicos como sociales de tener un cuerpo perfecto.

El trastorno de la imagen corporal constituye una condición de características multidimensionales que está vinculada a un gran malestar subjetivo y puede resultar perturbador particularmente para la relación social y la imagen corporal es un concepto que alude a la forma en que la persona percibe, imagina, siente y actúa en relación con su propio cuerpo.

A veces se confunde esta forma de ser con vanidad, pero nada más lejos de la realidad: el paciente no está a gusto con su cuerpo, se ve pequeño y delgado y, por ello, trata de solventar sus supuestas carencias con entrenamiento físico que puede llegar a resultar peligroso. Una persona vigoréxica no encuentra orgullo en su cuerpo ni trata de llamar la atención con él, pues realmente, se siente acomplejada por lo que cree ser.

El psiquiatra Harrison G. Pope estudiaba los efectos del abuso de los esteroides anabolizantes en culturistas y, descubrió por casualidad que algunas de estas personas mostraban una obsesión fuera de lo común por desarrollar sus músculos. También experimentaban un cambio en la percepción del cuerpo; es decir tenían una imagen distorsionada de sí mismos. Como los síntomas que experimentaban estas personas eran radicalmente opuestos a los de la anorexia, en un primer momento este trastorno fue bautizado como "anorexia inversa" pero posteriormente se acuñó el término vigorexia.

Algunos síntomas que se observan son: cuando no están practicando deportes, suelen tener pensamientos recurrentes sobre su físico y cómo mejorarlo, suelen preocuparse excesivamente por las dietas, asegurándose de que sean bajas en grasas y carbohidratos, muchos recurren al consumo de sustancias anabolizantes , muy nocivos por cierto, tienen necesidad compulsiva de hacer ejercicio, una tendencia a la timidez o introversión y/o rasgos perfeccionistas, también se ha apreciado que existen alteraciones bioquímicas a nivel cerebral, específicamente, cambios en los niveles de serotonina, que influye en los estados depresivos, reducen el número de horas que le dedican al trabajo o el estudio y terminan teniendo problemas de soledad y síntomas depresivos.

El cuerpo como objeto de consumo y la exacerbación del cuerpo perfecto tienen bastante que ver con los valores posmodernos de nuestro tiempo. Si bien los cánones de belleza corporal son un hecho que aparece desde los comienzos de la humanidad, desde comienzos del siglo XXI el culto al cuerpo incorpora una nueva dimensión, alcanzando actualmente un culto excesivo de esta belleza corporal.

El tratamiento psicológico incluye la multidisciplina: es decir en los casos severos el psicólogo y otros profesionales de la salud le proporcionarán al paciente los datos que necesita sobre una imagen corporal adecuada, también hablará sobre la enfermedad y sus consecuencias. Se lo ayudará a ajustar la autopercepción, es decir, el criterio o concepto visual que tiene de sí mismo, identificará las consecuencias que la enfermedad está produciendo en su vida y comenzará a observarse de un modo más objetivo, ajustando sus propios pensamientos e identificando las creencias erradas. El objetivo del tratamiento de la vigorexia debe centrarse en modificar la conducta y la percepción distorsionada que tiene el paciente sobre su propio cuerpo. Y una pieza clave es que la persona lo asuma y ayude en el cambio que conlleva acabar con este trastorno. Luego la psicoterapia colaborará para realizar cambios más profundos de su personalidad.

"Te has criticado a ti mismo por mucho tiempo, trata de aceptarte totalmente y observa lo que sucede". Louise Hay

Una década después de los allanamientos a establecimientos rurales del sur de la provincia de Corrientes, se llevó adelante el juicio a los empresarios acusados de trabajo esclavo en Paso de los libres, entre ellos varios entrerrianos dueños de una conocida forestal con sede en Chajarí. La Fiscalía los acusó del delito de Trata de personas con fines de explotación laboral, pero el Tribunal Oral Federal de Corrientes consideró que no había pruebas suficientes y los absolvió a todos. No obstante, los jueces instaron a investigar otros posibles delitos.

En total fueron ocho personas acusadas de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre en dos campos dedicados al cultivo de eucaliptos pertenecientes a la empresa denominada "El Batelito S.A.", donde 40 trabajadores en situación de vulnerabilidad habrían sido sometidos a vivir en condiciones infrahumanas.

Según el dictamen del fiscal Aníbal Fabián Martínez, cuando pidió la remisión de la causa a juicio, los cuatro principales imputados fueron Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara, y están acusados de ser coautores de los mencionados delitos por ser los dueños de aquella sociedad. Se trata del presidente de la Cooperativa Tierra Colorada Ltda. y de tres hermanos, socios integrantes de la firma "El Batelito S.A."

Las otras cuatro personas fueron imputadas como partícipes necesarias del delito: Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone, personal administrativo de la mencionada cooperativa, y de José Querubín Holsbach, el encargado de la forestación, quien como empleador registrado en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) habría contactado y captado a algunas de las víctimas.

Los Percara son oriundos de Chajarí y allegados al exministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere. Uno de ellos, Gustavo, estuvo en la primera línea del grupo de productores que defendió los intereses de la familia aristocrática entrerriana en la disputa por la Estancia Casa Grande, en Santa Elena, cuando estuvo ocupada por Dolores Etchevehere y el Proyecto Artigas.

La causa se inició el 8 de febrero de 2011, cuando la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Posadas de la DGI-AFIP advirtió que en una de esas fincas habría trabajadores no registrados, a raíz de una denuncia realizada por el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), sección Paso de los Libres. Esta denuncia derivó en los posteriores allanamientos. Como resultado, en una de las fincas fueron encontrados 21 trabajadores realizando sus tareas en condiciones infrahumanas y en la otra un total de 19 víctimas en similares condiciones.

En la investigación se había determinado que gran parte de las víctimas eran captadas en el norte de la provincia de Misiones para luego trasladarlas hasta los campos en remis o en taxi. Una vez allí, los trabajadores esclavos habrían sido alojados en un colectivo viejo y un trailer adaptado con camas cuchetas para dormir.

Durante el día, las víctimas debían realizar tareas vinculadas a la poda y/o raleo de eucaliptus en jornadas de hasta 10 horas y en condiciones infrahumanas: no contaban con agua potable, luz eléctrica, ni elementos para poder conservar los alimentos. Tampoco tenían baños, no contaban con la vestimenta adecuada y, en algunos casos, les retenían los documentos. Tampoco poseían sillas ni mesas al momento de realizar su descanso; lo hacían apostados en la tierra, donde hacían un fogón para cocinar. Y no se encontraban registradas.

Uno de los agentes que participó en el allanamiento a los establecimientos sostuvo que vio carne tirada en una tabla a la intemperie llena de moscas y trozos de carne vacuna cruda adentro del colectivo expuestas a la intemperie. Los trabajadores detallaron además que no contaban con un botiquín de primeros auxilios ni con la ropa adecuada para el tipo de tareas que realizaban.

Aseguraron asimismo que no firmaron un contrato con la empresa "El Batelito S.A." para la que prestaban sus servicios, sino que algunos de ellos firmaron una solicitud para asociarse a una cooperativa llamada "Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada". También indicaron que los imputados tenían un almacén a través del cual los trabajadores se proveían los alimentos. Sin embargo, luego eran descontados del dinero que percibían.

Según informó el sitio Prensa Online, al finalizar el debate, los jueces Victor Alonso, Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni resolvieron absolver de culpa y cargo a Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara y Fabián Eduardo Knebel, Mónica del Luján Nabone y Nilda Laura Maack. Pese a las absoluciones, se indicó, los magistrados solicitaron al Ministerio Público Fiscal que investiguen otros posibles delitos.

Jenifer López se robó todas las miradas al mostrarse muy feliz en una serie de fotos, en la que luce un look casual y súper fashion.

Ahora, mediante su cuenta de Instagram compartió una serie de imágenes que alegró a sus seguidores ya que se trata de la primera publicación tras anunciar su separación. Se trata de fotos en las que se la ve sonriendo y tomando una café, en una taza que lleva su inicial en dorado.

Se la puede observar con su cabello rubio y un look totalmente blanco. Se trata de una camisa amplia y clásica con jean con roturas a la altura de las rodillas. Mientras, la artista se encuentra sentada en un escalón y no duda en sonreír frente a la cámara.

Claro que no se trata de una publicación común, siendo que es la primera tras el anunció del que mucho no se sorprendieron. Resulta que hace un mes, Jennifer López y Alex Rodriguez cancelaron su boda, pero no se habló de separación, hasta hace pocos días.

Mediante un comunicado, la pareja dio la noticia de la ruptura: "Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Por respeto a ellos, solo queremos añadir nuestro agradecimiento a todos los que nos han enviado palabras amables y de apoyo".

Recordemos que en diversas ocasiones en todo su noviazgo se habló de infidelidades por parte Alex Rodriguez, sin embargo, Jennifer López se mostraba muy feliz. Ahora, no dieron detalles a la causa de esta separación.

Las requisas se llevaron a cabo de un proceso investigativo por infracción a la Ley Nacional 26.364, trata de personas, con conocimiento del Juzgado Federal de Gualeguaychú.

Los allanamientos de la Policía de Entre Ríos, permitieron detener a tres personas mayores de edad y mediante la participación de Personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata, se rescataron seis personas que fueron trasladadas a diferentes residencias para su protección. Dos de 18 años y el resto menores de edad.

Además, se secuestraron elementos de interés para la investigación: Dos vehículos, aparatos telefónicos, documentación, cámaras y soportes de almacenamientos digitales.

La ministra Rosario Romero, saludó la intervención de la Policía y reflexionó sobre la importante de combatir este delito, que "muchas veces está invisibilizado". En este sentido recordó la importancia del número 145 para denuncias anónimas que permiten comenzar a investigar las distintas situaciones.

Por su parte, el jefe de Policía Gustavo Maslein, destacó el trabajo del personal de la departamental Gualeguaychú, durante el desarrollo de la investigación "que permitió obtener estos resultados en la prevención y desarticulación de un delito tan grave que atenta contra los derechos y la dignidad humana, y en donde la persona se encuentra en situación de alta vulnerabilidad".

Tras intensas tareas de investigación criminal por parte de la Policía Federal Argentina, y con el apoyo operativo de 250 trabajadoras y trabajadores de la Gendarmería Nacional, ambas fuerzas lograron desbaratar este martes a una organización criminal que, liderada por una mujer conocida como "La Tía Eva" y bajo la pantalla de una comunidad religiosa denominada "Filadelfia", se dedicaba a la trata de personas, lavado de dinero, delitos contra la integridad sexual de menores y adultos, contra la identidad y contra la vida. El operativo desplegado durante la madrugada finalizó con siete detenidos y el rescate de 69 víctimas. En total, se realizaron 23 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén y en un domicilido ubicado en calle Batalla de Cepeda, en la zona este de Paraná.

En una conferencia de prensa brindada por las autoridades de esta Cartera, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, destacó "el trabajo profesional, pormenorizado y sigiloso que realizaron las fuerzas" en auxilio de la Justicia y remarcó que dicho trabajo "no despertó las sospechas de nadie, por lo que se consiguió ingresar a los lugares y desbaratar la organización". Tras ello, Frederic subrayó: "Esta es nuestra gestión: reforzar la investigación y el análisis criminal e ir hacia el desbaratamiento de grandes organizaciones para no dejar que este tipo de delitos se sigan cometiendo en Argentina".

Según surge de la investigación, entre los delitos registrados por la banda, las y los miembros de la "comunidad" sustraían menores a sus padres biológicos para inscribirlos luego como hijos de varias mujeres de la organización. Además, se pudo establecer que la organización cometió instigación al suicidio al haber inducido a la muerte a un joven que se había reconocido como homosexual, hecho por el que sufrió permanentes hostigamientos y agresiones que finalizaron con su trágico suicidio. Siempre bajo "la palabra divina", el joven había sido obligado a desnudarse públicamente, fue golpeado y sufrió agresiones físicas (como arrojarle baldes de agua fría), entre otras atrocidades.

Gracias a la articulación entre las órdenes del Poder Judicial y las directivas de la ministra Frederic de intensificar la investigación criminal para neutralizar el delito complejo, sumado a la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal, se logró extender el despliegue de las fuerzas para realizar un operativo de gran envergadura en diferentes puntos del país, lo que muestra, entre otras cosas, la dimensión que poseía la organización criminal desbaratada.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba, sostuvo: "Estamos muy satisfechos y vamos a redoblar los esfuerzos en este tipo de investigaciones para desbaratar el delito complejo. Quiero remarcar el trabajo en conjunto entre el personal de las fuerzas, funcionarios del Ministerio y autoridades judiciales que permitió una investigación que seguramente tendrá mucha tela para cortar".

Junto a Frederic y Villalba estuvo el subsecretario de Intervención Federal, Luis Morales. Además, en representación de la PFA asistieron el jefe y el subjefe de la fuerza, Juan Carlos Hernández y Osvaldo Mato; y las máximas autoridades de la Superintendencia Federal de Intervención Territorial, Pablo Daniel Moreno, de la Superintendencia de Investigaciones Federales, Gustavo Acero, y del Departamento Unidad de Investigación de Trata de Personas, Dardo Castro.

La investigación

A raíz de un operativo realizado en 2019 por la Policía de la Provincia de Buenos Aires se inició una exhaustiva investigación que, en aquel momento, concluyó con varios allanamientos por los delitos de trata de personas y lavado de dinero. En ese entonces, se comprobó que la organización criminal operaba con un minucioso sistema de captación de personas para, posteriormente, explotarlas laboralmente y someterlas a la servidumbre.

El personal de GNA y de PFA, junto con el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón, a cargo del Dr. Juan Pablo Barral, secretaría Número 9 de la Dra. Mariana Sioli, continuó con la pesquisa a partir de reiteradas denuncias que realizaron las víctimas y detectaron que aquella organización criminal, además de los delitos ya mencionados, también era responsable de otros graves crímenes.

El grupo, oculto bajo una presunta vocación religiosa, comenzó sus actividades en el país entre 1972 y 1973 y estaba liderado por "la Tía Eva" y dos cómplices a quienes se las acusa, hasta ahora, de dos abusos sexuales (en el marco de acciones "religiosas" con el objetivo de "evitar el pecado") contra, por lo menos, un menor. Dado su forma de actuar y el modus operandi, este tipo de hechos se fueron reiterando a lo largo de los años.

Con un "templo" principal emplazado en el Gran Buenos Aires y "anexos" en varias provincias y, según se presume y aun se investiga, en Brasil y Paraguay, captaban personas en distintas partes del país. Centralmente, esas captaciones eran realizadas sobre niñas y niños en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Bajo una "persuasión coercitiva" les hacían creer que la líder de la organización era una persona con un poder supraterrenal. Una vez cooptados, eran obligadas y obligados a vivir en condiciones deplorables, carentes de higiene y con una alimentación degradante. Las y los cooptados no se podían comunicar con sus familias, no se les permitía ir a la escuela y quedaban, además, sin su documentación personal. También eran obligados a trabajar en una panificadora que poseía la organización.

El caso

Tras la investigación que pudo establecer esta sucesión de delitos, en la madrugada de hoy la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional realizaron los 23 allanamientos en las sedes que la organización tenía en todo el país y en propiedades vinculadas al grupo criminal, tras lo que se labraron 10 órdenes de detención para las y los integrantes del núcleo duro del grupo, incluyendo a quienes estaban prófugos desde el año pasado. Entre los detenidos figuran seis miembros de la primera línea de la organización criminal.

Hasta el momento, las 69 personas rescatadas están siendo entrevistadas y asistidas por el personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento, de modo de recabar más información, que será de vital importancia para el desarrollo de la causa judicial.

Por otro lado, y en el marco de la misma causa, se dio la orden de dar de baja en el registro de cultos a esta organización y se informó de la situación a las autoridades de Brasil y Paraguay, donde se presume que existen sedes de este grupo. Como ya se mencionó, interviene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón, a cargo del Dr. Juan Pablo Barral, Secretaría Número 9 de la Dra. Mariana Sioli.

Además de las y los 250 miembros de la GNA, trabajaron en los allanamientos 389 efectivos de las Superintendencias de Agencias y Delegaciones Federales; de Tecnología de la Información; de Científica; de Bomberos y de la Dirección General de Fuerzas Especiales y orden urbano de la PFA.

Se brinda panoramas de los diferentes allanamientos realizados hasta el momento:

Delegación Mendoza. 1 comparendo mayor de edad (femenino) y 5 personas entrevistadas (1 menor femenino, 2 menores masculinos, 1 mayor femenino y 1 mayor masculino). TOTAL: 6 PERSONAS (3 femeninos; 3 masculinos)

Delegación Bahía Blanca, 3 personas entrevistadas evaluadas por personal de rescate 2 masculinos y 1 femenino mayores. TOTAL: 3 PERSONAS (1 femenino; 2 masculinos)

Delegación Salta, 2 mayores detenidos (1 femenino y 1 masculino) y 6 personas entrevistadas (3 femeninos mayores, 1 femenino menor y 2 masculinos mayores) no víctimas. TOTAL: 8 PERSONAS (5 femeninos; 3 masculinos)

Delegación Neuquén, 3 personas mayores identificadas (2 femeninos y 1 masculino) parientes del imputado que no estaba. TOTAL: 6 PERSONAS (2 femeninos; 1 masculino).

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenaron a cuatro años y nueve meses a una persona trans de 58 años, autora del delito de trata de personas menores de 18 años con fines de explotación sexual.

La acusada reconoció los hechos que se le imputaron en un juicio abreviado. Se le atribuyó que entre agosto y octubre de 2011, captó en Larroque a tres adolescentes (dos de 14 años y la restante de 17 años), con el pretexto que iba a conseguirles trabajo en su comercio y brindarles ayuda.

Luego las trasladó a su casa en Gualeguay, localidad en la que sólo una de las chicas tuvo relaciones sexuales a cambio de dinero en un hotel.

El Tribunal Oral Federal de Paraná, en su integración unipersonal con la vocal Lilia Carnero, resolvió declarar a MEG, una mujer trans de 58 años, autora del delito de trata de personas menores de 18 años de edad con fines de explotación sexual y la condenó en un juicio abreviado a la pena de cuatro años y nueve meses de prisión, que cumplirá en la modalidad de prisión domiciliaria por problemas de salud.

Las pruebas permitieron demostrar que la imputada "acogió a las tres menores en su domicilio, prometiéndoles trabajo, para luego instarlas a ejercer la prostitución, para obtener un beneficio económico".

Pruebas

Al momento de valorar la prueba, la magistrada consideró que "las pruebas reseñadas precedentemente arrojan certidumbre respecto a los hechos diseñados por el Ministerio Público Fiscal (MPF), teniendo en cuenta no solo la declaración de las tres víctimas -cuya veracidad no fue objetada-, sino principalmente las testimoniales (...) provenientes de operadoras del Copnaf, de las cuidadoras de los hogares de menores y del personal policial que ayudó en la búsqueda", consignó El Diario de Paraná.

En la sentencia se señaló que coadyuvaron a la conclusión condenatoria "los informes incorporados a la causa, que dan cuenta de la situación de las menores, de las causas de su institucionalización, de los endebles lazos familiares y de sus permanentes huidas. Es por ello que se puede afirmar, sin contradicciones, que MEG, entre el mes de agosto del año 2011 y mediados de octubre del mismo año, sin poder precisar con exactitud la fecha, captó en la ciudad de Larroque, y posteriormente trasladó desde dicha localidad, hasta el domicilio sito en la ciudad de Gualeguay, a dos menores de 14 años, y una de 17 años, con fines de explotación sexual, usando como pretexto que iba a conseguirles trabajo en su comercio y brindarles ayuda".

Rédito

Según la acusación, la ahora condenada "acogió en su domicilio" a las niñas y "pretendió que las citadas menores se prostituyeran, con el fin de procurarse un rédito económico, en su beneficio, logrando solo que una de las chicas de 14 años mantuviera relaciones sexuales, en un hotel de Gualeguay".

Además, se le atribuyó que la mujer "mantuvo a dos menores hasta el 15 de agosto de 2011, fecha en que fueron rescatadas, en tanto la restante recuperó su libertad por sus propios medios el 17 de octubre de 2011".

Vulnerabilidad

La jueza señaló que "en el acta acuerdo, no fue posible acreditar con grado de certeza positiva", las agravantes de que MEG "se haya aprovechado de la situación de vulnerabilidad que presentaban las menores por estar institucionalizadas, aunque fugadas del hogar José León Torres de Gualeguaychú, donde se encontraban alojadas". En este sentido se consideró que al abordar "la trayectoria existencial de la imputada", también "se encontraba en situación de vulnerabilidad, pues transitó un proceso de elaboración de la propia identidad que la llevó a cambiar el nombre que recibiera al nacer. Sabido es lo complejo que es atravesar por esta situación, donde las personas que son diferentes son generalmente discriminadas tanto en lo social, laboral y hasta familiar".

La jueza Carnero consideró que "el Ministerio Público Fiscal declinó la aplicación de la agravante por considerar que no se pudo establecer que efectivamente MEG supiera que la menor tenía menos de 18 años (cumplió esa edad dos meses después de haber sido captada), estando además embarazada de cinco meses. Cabe computar además que cuando le fue sugerida la posibilidad de ejercer la prostitución, ella se negó, conforme surge de su declaración".

Protocolo

La magistrada destacó que el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas plantea que "no se tenga por válido el consentimiento dado por la víctima a toda forma de explotación de la trata de personas, cuando haya sido dado en contextos entre los que, entre otras cosas se incluye situaciones de particular vulnerabilidad". En el caso, señaló que "la vulnerabilidad era la edad que contempla la norma seleccionada por el Ministerio Público Fiscal para su aplicación".

Proceso

La jueza consideró que el Ministerio Público Fiscal destacó que MEG no tenía antecedentes penales y tenía escasa instrucción, publicó El Diario de Paraná. La jueza también analizó que "durante la tramitación de la causa, la imputada comenzó siendo investigada con un nombre masculino, él que cambió por el actual, discurriendo que modificaciones de esa entidad no se producen como consecuencia de un arrebato intempestivo o de un capricho, sino mediante un proceso de elaboración de la propia identidad que implica una redefinición en términos de autopercepción".

Así, entendió que el fiscal consideró aquella situación como "relevante" porque "es un hecho notorio el derrotero que deben atravesar quienes pertenecen al colectivo trans, el cual se patentiza en un bajo nivel de escolaridad, en situaciones de prostitución y en escasas posibilidades de inserción laboral, lo que trae aparejado una expectativa de vida que no llega a los 40 años".

Desde que comenzó la cuarentena, 10 argentinas y argentinos que estaban siendo explotados laboral o sexualmente en seis países de América Latina y Europa, fueron repatriados al país en operativos internacionales conjuntos y adaptados a las condiciones que impone la pandemia por coronavirus, se informó este martes oficialmente. Los datos fueron suministrados a Télam por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Norma Mazzeo, psicóloga que coordina el organismo contó a Télam que "seis mujeres y cuatro varones de entre 17 y 24 años" fueron asistidos para su regreso al país provenientes de "España, México, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay", donde estas personas estaban retenidas "contra su voluntad, violentadas y esclavizadas".

El número adquiere relevancia adicional si se tiene en cuenta que durante 2019 hubo solo cuatro repatriaciones, y una sola entre el 1 de enero y el 20 de marzo de este año, cuando entró en vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus.

Entre las víctimas rescatas en cuarentena hay una mujer que era explotada en un prostíbulo mexicano, tres jóvenes músicos que eran retenidos en Uruguay y un adolescente que viajó a España tentado con una carrera futbolística.

En cuanto al tipo de trata, "hay cuatro casos de explotación sexual ?todas mujeres-, tres de explotación laboral y otros tres que no está totalmente claro" en cuál de estas categorías se inscribe o si corresponden a ambas.

"Tenemos diseñado un circuito de repatriados argentinos explotados en el exterior en una tríada con la Protex -Procuraduría de Trata y Explotación de Personas- o fiscalía actuante, el área de Argentinos en el Exterior de Cancillería y el Programa, que interactúa con los otros organismos para el acompañamiento de la víctima desde que se toma conocimiento del caso hasta que realiza su declaración testimonial", explicó Mazzeo.

Los operativos de intervención se diseñan a partir de "una denuncia que puede surgir acá y nuestra fiscalía hacer nexo en el extranjero" o bien por "las novedades que le llegan al consulado de nuestro país en el extranjero" provenientes de los tribunales locales, y desde un inicio "se trabaja en colaboración, con las dificultades que suponen las diferencias de legislación".

En cuanto a la identidad de quien realiza la denuncia, Mazzeo destacó una mayor proporción de víctimas, lo que es reflejo de lo que ocurre a nivel local con la línea 145 donde aumentó su participación en los llamados durante la cuarentena.

"Los repatríos se hacen de dos maneras: o bien nosotras viajamos a donde se encuentra la víctima o la acompaña el personal de Cancillería (en el país extranjero) y comenzamos a intervenir de manera telefónica en primer término y presencial desde el momento que arriba al país", contó.

Mazze explicó que con el cierre de las fronteras y la exacerbación de las condiciones de precariedad por las dificultades de generar ingresos que impuso la propia pandemia, aumentó la proporción de denuncias realizadas por las mismas víctimas que "aparecieron, porque quedaron aisladas en los lugares de explotación".

"Una de las repatriadas estaba en situación de explotación sexual en México, y ante el cierre de actividades y la dificultad de acceso a los clientes, no tenía ni para comer estando en peligro su subsistencia: este hecho rompió la naturalidad de la situación e hizo que ella tomara registro de que tenía que pedir ayuda", relató la funcionaria.

Se trata de una mujer de 24 años a la que le habían sustraído los documentos, que no tenía dinero para el pasaje de regreso y a quien retenían amenazada en un paraje aislado, a donde había llegado con una oferta de "prostitución vip" que terminó siendo esclavitud sexual.

"También tuvimos el caso de tres jóvenes músicos de entre 21 y 24 años que en pleno ASPO estaban siendo explotados por un ciudadano estadounidense en Punta del Este, captados con la promesa de producirles un disco y promocionarlos, y quedaron entrampados en una situación de extrema violencia donde aún no se puedo especificar si era explotación laboral o sexual", contó.

Un tercer caso tuvo por protagonista a un chico de sólo 17 años que viajó a España tras ser marcado por un presunto caza talentos del fútbol.

"Un caso complejo en el que nos tocó intervenir, pero por suerte algunos rescates se producen antes de que lleguen a producirse situaciones de explotación sexual", como sería este caso.

"En todos vemos dos coincidencias: la promesa de grandes ganancias en moneda extranjera que les permitiría enviar remesas a sus familias en provincias vulnerables; y, en el caso de las mujeres, jóvenes, cabeza de hogar, con niñes", detalló.

Mazzeo explicó que sin bien la cuarentena limitó la posibilidad de viajar para asistir a la víctima desde el lugar de rescate "no es algo menor" la asistencia que se les brinda "desde que baja del avión", facilitándole "el cumplimiento de los requisitos formales" ante Migraciones, "donde tiene que dar cuenta de cuándo se fue del país".

Además, el procedimiento incluye también la articulación para un espacio donde cumplir los 15 días de aislamiento "con las condiciones de salubridad y seguridad" necesarias, antes de poder efectuarse el reencuentro con sus familias.

"Lo que se presenta como una posibilidad de superación, de ganar en dólares y un acceso a un mayor mercado, termina siendo una situación de explotación donde jamás reciben el dinero prometido y las víctimas permanecen coaccionadas, endeudadas por el sistema de multas y amenazadas con represalias a su familia de Argentina, porque sus captores siguen acá", resaltó la profesional.

Y en contexto de pandemia "todos los mecanismos de trabajo que estaban aceitados, hubo que repensarlos y ser creativos porque impuso otra lógica de trabajo".

"Tuvimos que reformular desde el modo de acceder a los casos, la modalidad de entrevistas, el cuidado de profesionales y víctimas, y la forma de movernos y transitar el país que se nos ha dificultado mucho", finalizó Mazzeo.