La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, pidió este martes ante el Tribunal Oral Federal la pena de 15 años de prisión para Rubén Alberto Cabra, alias "Petro", acusado de engañar, trasladar y explotar sexualmente a una adolescente en situación de vulnerabilidad oriunda del Chaco. Los hechos ocurrieron en un prostíbulo de Concepción del Uruguay entre 2006 y 2008. Además de la pena, la fiscal solicitó una reparación integral de 63 millones de pesos para la víctima, el decomiso del local comercial y la inmediata detención del imputado.

La investigación se inició en 2019 a partir de una denuncia recibida a través de la Línea 145, derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). La víctima fue identificada en 2021. Según la acusación, en 2006 la joven —entonces de 17 años— recibió una oferta laboral engañosa en Villa Ángela, Chaco, y fue trasladada hasta Concepción del Uruguay, donde fue recibida en el prostíbulo Snack Bar, ubicado sobre las rutas 39 y 14. Allí fue obligada a prostituirse bajo un régimen de violencia física y amenazas que se extendió hasta fines de 2008.

En un momento logró escapar con ayuda de un cliente y llegó hasta su casa en Chaco, pero comenzó a recibir amenazas. El propio Cabra viajó junto a dos hombres a buscarla y la trasladó nuevamente a Concepción del Uruguay. En esta segunda etapa fue alojada bajo llave en el domicilio del imputado y todas las noches era llevada al prostíbulo. Nunca cobró ningún jornal ni porcentaje de los servicios que era forzada a realizar, y los consumos que hacía se incorporaban a una deuda ficticia. En su declaración, la víctima también relató que en 2007 quedó embarazada del propio imputado tras ser drogada, y que el sometimiento continuó incluso después del nacimiento de su hija en abril de 2008, bajo la amenaza de no permitirle verla.

La fiscal describió que en 2006 Concepción del Uruguay tenía un circuito prostituyente consolidado, con varios prostíbulos funcionando como whiskerías o bares desde fines de los años 90 hasta 2013, cuando la ciudad era considerada un polo de la prostitución en la provincia. Un comisario que declaró en el juicio ratificó que el traslado de mujeres desde el norte del país bajo falsas promesas laborales era una práctica habitual en aquella época.

La conducta imputada se divide en dos tramos: entre 2006 y abril de 2008, encuadra en facilitación de la prostitución ajena; a partir de esa fecha, en trata de personas conforme a la Ley 26.364. El debate se desarrolla ante el TOF en composición unipersonal a cargo de la jueza Mariela Emilce Rojas. El veredicto se conocerá el 16 de junio.

El Consejo Federal está integrado por los poderes del Estado, entre ellos los ministerios nacionales, un representante de cada una de las provincias, la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y tres organizaciones de la sociedad civil. La coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, Silvina Calveyra, participó en su rol de consejera en representación del gobierno de la provincia de Entre Ríos.

El inicio estuvo a cargo del viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, junto a autoridades nacionales y de todas las jurisdicciones, quien "destacó el esfuerzo de todos los gobiernos provinciales para estar presentes en el conclave, anunciando la puesta en vigencia del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del delito de trata de personas", explicó Calveyra.

Posteriormente, se desarrolló el orden del día previsto, presentación del Informe Anual del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas; del Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas 2024-2026; análisis de las propuestas respecto del destino de los bienes puestos a disposición del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, en el marco de Legajo Fiscal; para luego continuar con el trabajo de las Comisiones Permanentes.

"Durante la sesión plenaria se destacaron pautas en referencia a la restitución de derechos a víctimas, la eliminación del fondo fiduciario, por los altos costos que generaba en su mantenimiento y el proceso burocrático que significaba para la asistencia eficaz; y su reemplazo por un mecanismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación de asistencia directa a víctimas, con recursos provenientes de bienes decomisados, con la finalidad de lograr mayor operatividad en el sistema de restitución", explicó Calveyra.

Asimismo, comentó que, "en materia de asistencia a víctimas, se pone en vigencia el programa nacional Restituir Derechos, bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, con el fin de garantizar la restitución de derechos al momento del rescate. Está destinado a víctimas en autos de procedimiento judicial desde la fecha de aprobación de la resolución 246/25. Consiste en una asistencia económica por tres meses con posibilidad de prórroga, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil". También el programa incluye otra línea de "acompañamiento para la inclusión laboral y social", equivalente a medio salario mínimo, vital y móvil por igual periodo", agregó.

"La Trata de Personas es un delito complejo, dinámico, que modifica su modus operandi a medida que se lo persigue; un delito que no distingue rango etario, género o situación socio-económica, en sus diferentes modalidades, donde la primera fase de ofrecimiento y captación se ha modificado mediante la utilización de nuevas tecnologías, sitios, aplicaciones, plataformas digitales, streaming, juegos online, entre otras; en este sentido es fundamental continuar fortaleciendo las acciones de prevención, detección de indicadores y alertas tempranas", acotó.

Por último, destacó que "la gestión del gobierno provincial ha puesto entre las prioridades de su agenda la prevención, persecución y combate al delito,  entre ellos el de trata de personas y delitos conexos. Esta decisión nos permite desarrollar políticas públicas en un sentido integral, con la experticia del delito complejo; lo que quedó plasmado en la XXII reunión del Consejo Federal", concluyó.