Se trata de Daniel Pitón, integrante de la firma José Eleuterio Pitón S.A., quien está imputado como coautor del delito de cohecho activo. Durante su exposición, que fue breve y sin responder preguntas, aseguró que nunca entregó dinero a intermediarios ni a funcionarios.

El empresario explicó que, al momento de su declaración ante el entonces juez federal Claudio Bonadio, acudió junto a su hermano con un escrito que consideraban veraz. Sin embargo, indicó que su defensa legal les advirtió que esa estrategia no sería suficiente, lo que derivó en una declaración posterior que —según afirmó— no se correspondía con los hechos. “Lo que dije fue para no quedarme preso”, sostuvo.

En otro tramo de su intervención, Pitón se refirió al financista Ernesto Clarens, quien durante la investigación aportó información sobre supuestos pagos irregulares. Según relató, tuvo contacto con él en el marco de gestiones para cobrar certificados de obra atrasados. Indicó que Clarens le ofreció servicios financieros y alternativas comerciales, pero remarcó que nunca concretó operaciones ni entregó dinero. “No le di un peso, ni a él ni a nadie”, afirmó.

La audiencia se desarrolló con escasa participación de otros imputados. Varios empresarios convocados optaron por no declarar, entre ellos Julio José Paolini, quien se limitó a manifestar su inocencia y señaló que declarará en otra instancia junto a su defensa. También se abstuvieron de hablar otros acusados presentes.

Ante esta situación, distintas defensas reiteraron cuestionamientos vinculados al desarrollo del proceso. En particular, señalaron dificultades para ejercer el derecho a la defensa debido a la imposibilidad de contrainterrogar a imputados que, durante la instrucción, declararon como colaboradores y que en esta etapa optan por el silencio. Entre ellos, la defensa del ex ministro Julio De Vido dejó planteada la posibilidad de recurrir ante instancias superiores.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 7 y tiene como principal acusada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalada por la fiscalía como presunta jefa de una asociación ilícita, además de otros delitos relacionados con el presunto pago de sobornos en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015.

El proceso continúa bajo una modalidad mixta, con audiencias presenciales y participación remota de algunos imputados, en una etapa en la que predominan las indagatorias y los planteos de las defensas sobre las garantías procesales.

FUENTE:  infobae.com

La intervención se centrará en el balcón de la planta alta, donde inspecciones técnicas detectaron fisuras, desprendimientos de material y corrosión en el armado interno, indicando la necesidad de una reparación inmediata. Los trabajos previstos incluyen reposición de balaustres deteriorados, consolidación estructural, restauración del mortero símil piedra, impermeabilización del piso y recomposición de piezas ornamentales dañadas.

Dado el valor patrimonial del edificio, el proyecto exige una metodología de restauración específica, que respete las técnicas constructivas originales y preserve la estética histórica de la fachada. Además, la intervención cuenta con el aval de la Secretaría de Cultura de la Provincia, organismo encargado de supervisar y autorizar las acciones que se realizan sobre el patrimonio edilicio provincial.

Por ello, se requerirá que las empresas oferentes cuenten con un profesional especializado en conservación del patrimonio arquitectónico, responsable de supervisar la correcta ejecución de las tareas. La obra también contempla la utilización de materiales compatibles con los existentes, evitando intervenciones invasivas y priorizando procedimientos reversibles, tal como recomiendan los criterios actuales de conservación.

Asimismo, se prevén inspecciones periódicas a cargo de la Dirección de Arquitectura Judicial, que verificará la adecuación de cada etapa a los estándares de restauración adoptados. El Poder Judicial destacó que esta intervención permitirá garantizar condiciones de seguridad para el edificio y quienes lo utilizan, al tiempo que contribuye a preservar un bien arquitectónico de alto valor histórico y simbólico para la comunidad de Gualeguay.

La concentración comenzó en horas de la noche en  donde los manifestantes se desplazaron de manera pacífica hasta los Tribunales de Justicia, portando pancartas, fotos y consignas que exigían el esclarecimiento del hecho y el avance de la causa judicial. Durante el recorrido, se vivieron momentos de fuerte carga emocional, con aplausos, silencio respetuoso y mensajes de acompañamiento a la familia.

Los organizadores destacaron la amplia participación de la comunidad y remarcaron que la marcha tuvo como único objetivo mantener visible el reclamo, pedir respuestas y evitar que el caso quede impune. “No buscamos violencia, solo justicia y que se sepa la verdad”, expresaron familiares de Matteo, quienes agradecieron el apoyo recibido por parte de vecinos, instituciones y amigos.

La movilización reflejó una vez más la preocupación social por los siniestros viales y la necesidad de que las investigaciones avancen con celeridad y transparencia. En ese sentido, los presentes reiteraron el pedido a la Justicia para que se determinen responsabilidades y se actúe conforme a la ley.

Desde el entorno de la familia adelantaron que continuarán reclamando por vías pacíficas hasta obtener respuestas concretas, y remarcaron la importancia de no olvidar lo ocurrido. La marcha de ayer dejó en claro que Gualeguay acompaña el pedido de justicia por Matteo Rothar y mantiene vivo el reclamo.

Desde la implementación del Juicio por Jurados en Entre Ríos ya se han desarrollado más de cien casos. En esta ocasión, en los Tribunales de Gualeguay tuvo lugar una experiencia muy compleja. Este lunes pasado fue la audiencia de selección de jurados que formaron un grupo de doce y deliberaron durante cuatro días (18, 19, 20 y 21 de marzo) a puertas cerradas. Intervinieron por el Ministerio Público Fiscal el Coordinador de Fiscales de Gualeguay, Nogoyá y Victoria, Dr. Jorge Gamal Taleb, y la Dra. Mariángeles Schell como Agente Fiscal de Gualeguay. La defensa de FJC fue ejercida por los dres. Mariano Sánchez y Mariano Velazco. El Dr. Tórtul participó en su caracter de vocal del Tribunal como Juez Técnico. Luego de cuatro jornadas, el jurado popular halló culpable a FJC por el delito de abusos sexuales reiterados con acceso carnal agravados por el daño en la salud de la víctima, quien se suicidó a raíz de estos hechos. La familia y allegados a la víctima, MMR, obtuvieron de esta manera una reparación judicial para un dolor inconmensurable.

La joven Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen a balazos de su novio Fernando Pastorizzo, cometido en 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, fue trasladada este jueves a los Tribunales de Paraná, donde inició los trámites para avanzar con el cambio de apellido, tras acusar a su propio padre de haber sido del homicidio de la víctima, informaron fuentes judiciales.Nahir fue trasladada desde la Unidad Penal Nº6 "Concepción Arenal", de la capital entrerriana, donde cumple la pena de prisión perpetua, hasta la sede de la Justicia provincial donde fue recibida por psicólogas y un equipo interdisciplinario.Por el crimen, la joven aguarda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la condena tras un recurso de queja para que se revise el fallo con perspectiva de género y sea anulado.El recurso es la última vía de apelación que tiene para revertir la condena, luego de que el 20 de octubre del 2021 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazara un recurso extraordinario federal para que el fallo sea revisado por el máximo tribunal del país.El crimen de Fernando PastorizzoGalarza, quien actualmente tiene 24 años, fue con 19 la mujer más joven del país en haber sido condenada a prisión perpetua.El homicidio de Pastorizzo (20) ocurrió entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el cadáver fue hallado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.Inicialmente, al declarar como testigo, Nahir dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida.En una segunda declaración reconoció que lo había matado con el arma de su papá policía pero que había sido de manera "accidental".

La sentencia a prisión perpetua fue dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.Sin embargo, el 7 de enero del 2022 la joven denunció a su propio padre como autor del homicidio, denunció que un familiar abusó de ella cuando era menor y que su madre era víctima de violencia de género por parte de Marcelo Galarza.Tres días más tarde, la fiscalía de Gualeguaychú desestimó la denuncia al considerar que ese homicidio por el que fue condenada a prisión perpetua ya fue analizado y tratado "en juicio oral y público, y confirmado en diversas instancias superiores" que "arrojaron un grado de certeza" en el hecho.Por otra parte, a fines del 2021, los padres de Nahir decidieron separarse y a partir de esa decisión surgieron todas las denuncias, entre ellas una de su madre, Yamina Kroh, contra el padre de Nahir por violencia de género, y por la que recibió una medida de protección perimetral y botón de pánico.En ese contexto, este jueves la joven fue trasladada a los Tribunales de Paraná, donde se entrevistó con un equipo interdisciplinario de profesionales e inició una causa civil sobre su identidad, con el objetivo de modificar su apellido paterno y llevar el de su madre."Se mantiene todo bajo reserva", dijo Marcelo Franco, abogado de Nahir en esta causa, y remarcó que "esto no tiene injerencia en la condena penal que aún no está firme".

De esta manera se da por concluido un año de mucha actividad en el organismo asesor. Durante 2022 también se realizó la oposición del concurso de Fiscalías Auxiliares, el más voluminoso de la historia del Consejo de la Magistratura.

En esta oportunidad, se trata de llamados a concursos para cubrir cargos de defensores públicos y defensores/as auxiliares con competencia civil, penal y multifueros, para las localidades de Gualeguay, La Paz, Diamante, Victoria, Nogoyá, Chajarí, Colón, Federal, Villaguay, Villa Paranacito, Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala y Concordia.

Con estos llamados se busca regularizar los interinatos de todo el Ministerio Público de la Defensa.

En el caso de nuestra ciudad se llama a Concursos Públicos de Antecedentes y Oposición destinados a cubrir un cargo de defensor auxiliar con competencia Penal –Nº 1– de la ciudad de Gualeguaychú, que se identificará con el Nº 272 y otro de defensor público con competencia Penal –Nº 6– que se identificará con el Nº 283.

Juan Luis Turano, el denunciante relató ante medios de la provincia que “los abusos sucedieron cuando tenía entre 6 y 9 años"

"Hace tiempo vengo acarreando esto y ya no aguanto más la situación. Me enteré de muchas cosas que pasaron y están pasando, y dudo que no lo haya hecho con otras personas”, dijo.

“Estos hechos ocurrieron reiteradas veces, hasta que comenzó a venir a Paraná por su trabajo, ya que iba a asumir como vocal en Tribunales. Yo rogaba que llegue el lunes, porque él viajaba y no quería que sea viernes, porque sabía que él volvía a nuestra casa”, expresó.Juan Luis, contó que a medida que “iba creciendo, me iba dando cuenta de las cosas que pasaban y lo enfrentaba”. Seguidamente, agregó: “quiero justicia, yo me presentó para que el caso no prescriba. No lo denuncie antes por miedo”.

Fuente: APF

David Romero fue condenado a seis años de prisión, hace instantes en manos del Tribunal de la ciudad de Gualeguay. La fiscalía precedida por la Dra. Delia Ramírez Carponi, había pedido nueve años de condena.

Romero era acusado por lesiones Graves, coacción y violación de domicilio, y hoy efectivamente fue condenado por ello. Asimismo seguirá con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. 

Recordemos que, a principios de abril de 2021 la familia de Miriam Emilce Sombo recibió una angustiante noticia. La santafesina de 32 años, que residía en nuestra ciudad, había fallecido en el hospital San Antonio, hasta donde había llegado junto a su pareja en ese entonces David Romero, quien informó que la encontró en medio de un intento de suicidio. 

Fue la familia de Sombo la que, tras acudir al velorio y hablar con las amigas de la mujer, instó a la justicia a investigar las circunstancias en torno a su muerte. Las sospechas de que su vida había estado cargada de maltratos y violencia se hicieron cada vez más fuertes, y a medida que pasaron los meses se encontraron con que Emilce incluso había llegado a Hugo David Romero denunciar en mas de una oportunidad.

La medida, que permite que a partir del 15 de octubre de 2021 los profesionales de la abogacía y los demás operadores judiciales concurran a los organismos a recurrir a la atención presencial espontánea, fue dispuesta en el Acuerdo General N° 31/21 del 13.10.21, Punto 4°.

Por este motivo, el control de ingreso deberá ser organizado en cumplimiento de las normas de bioseguridad vigentes, para lo cual se afectará a una persona en la puerta de acceso de cada edificio, quien se encargará de medir la temperatura y de la sanitización de manos.

También se dispuso que en la medida en que las audiencias puedan celebrarse de manera presencial, con estricto cumplimiento del distanciamiento y todas las medidas de prevención establecidas en los protocolos sanitarios vigentes, tal modalidad deberá tener preeminencia sobre la virtual.

Además, se mantiene vigente el sistema de turnos, audiencias programadas u otras citaciones, el que será optativo para cada organismo.

Por último, encomendó a la Superintendencia de cada jurisdicción y a la Mayordomía, que arbitre las medidas necesarias a fin de respetar el distanciamiento -dos metros- y el volumen de circulación, conforme la capacidad de cada edificio, así como el control del cumplimiento del uso de barbijo.