Esta resolución marca el cierre de la etapa de inscripción y actualización de antecedentes, la cual había finalizado formalmente el pasado 8 de junio.

Con la publicación de los admitidos, se abre ahora un período de cinco días hábiles para que cualquier ciudadano o asociación pueda presentar impugnaciones contra los aspirantes.

Los procesos en marchaLos dos concursos de relevancia directa para la ciudad son:Concurso Público N° 291: Destinado a cubrir un cargo de Fiscal de Coordinación de Gualeguay. El Jurado Titular para evaluar a los candidatos está compuesto por la Dra. Patricia Alejandra Carruego (Abogados), el Dr. Gustavo Alberto Arocena (Académicos) y la Dra. Carolina Castagno (Magistrados).Concurso Público N° 273: Orientado a designar un Defensor Auxiliar N° 1 con competencia penal para la ciudad. En este caso, el tribunal evaluador titular está integrado por los doctores Andrés Ignacio Bacigaluppo, Juan M. Oliva y Marcela A. Davite de Acuña.

Próximos pasos y transparenciaLa normativa establece que las impugnaciones deben presentarse por escrito ante la Secretaría General del Consejo, ubicada en Alameda de la Federación N° 471, en la ciudad de Paraná.

El listado completo de los inscriptos ha sido remitido también al Foro Federal de Consejos de la Magistratura (FOFECMA) y a los distintos estamentos que integran el sistema judicial provincial para asegurar la máxima difusión y transparencia en la selección de quienes deberán velar por la legalidad y la defensa pública en Gualeguay.

Paralelamente a estos concursos de magistrados, cabe destacar que el Superior Tribunal de Justicia también ha convocado recientemente a un concurso abierto para el ingreso de personal administrativo en el cargo de Escribiente para la misma jurisdicción, demostrando un proceso integral de fortalecimiento de los cuadros judiciales locales. 

Esta convocatoria surge tras confirmarse que el orden de mérito actual para las jurisdicciones de Gualeguay y La Paz se encuentra agotado.

Inscripciones y plazos

De acuerdo con la Resolución Nº 254/26, el proceso de inscripción se realizará exclusivamente de manera online a través del sitio web oficial del Poder Judicial (www.jusentrerios.gov.ar). El período para postularse comenzará el 27 de julio de 2026 a las 07:00 hs. y se extenderá hasta el 5 de agosto de 2026 a las 13:00 hs.

Es fundamental que los aspirantes declaren una cuenta de correo electrónico válida, ya que todas las notificaciones oficiales se enviarán por esa vía.Requisitos para los postulantes

Para participar del concurso, los interesados deberán adjuntar la documentación que acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a.Tener al menos 18 años de edad.Presentar DNI (frente y dorso).Poseer Título Secundario o Certificado Analítico.Certificado de Antecedentes Penales (emitido con una antigüedad no mayor a tres meses).Declaración jurada de no poseer inhibiciones legales.

Las solicitudes que no reúnan estas condiciones serán rechazadas de inmediato sin más trámite.

Capacitación y Evaluación

Los concursantes deberán participar de una Capacitación y Evaluación Virtual Obligatoria, cuya fecha y modalidad de ejecución se comunicarán oportunamente.

Como apoyo a los aspirantes, el Poder Judicial ha elaborado un Manual de Estudios actualizado. Este material busca brindar una guía de contenidos sobre conceptos de derecho, lenguaje jurídico e instituciones, necesarios para el desempeño de las tareas de un escribiente.

Tribunal Examinador

El tribunal encargado de evaluar a los postulantes ya ha sido designado. Para la jurisdicción de Gualeguay, estará integrado por el Dr. Dardo Oscar Tortul, la Dra. Rosa María Fernández Campasso, la Dra. Mónica María Terraza, el Dr. Pablo Mariano Guercovich y la Dra. Alejandra María Cristina Gómez. En La Paz, el tribunal lo componen el Dr. Diego Rodriguez, la Dra. Silvia A. Vega y el Dr. Ramón Lell.

Finalmente, se ha invitado a la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) para designar veedores que supervisen el desarrollo de la convocatoria. 

La ceremonia de toma de posesión se llevó a cabo el pasado 8 de junio en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de esta ciudad y estuvo presidida por los Dres. Dardo Oscar Tortul y Roberto Javier Cadenas.

A partir de esta designación, la Dra. Bascoy tendrá a su cargo la coordinación de las Subdirecciones de OGA de Gualeguay, Nogoyá y Victoria, cumpliendo funciones vinculadas a la organización y gestión de audiencias judiciales en la región.

Posteriormente, la flamante directora tomó juramento a quienes estarán al frente de las respectivas subdirecciones de la OGA Gualeguay: la Dra. Gabriela Garbarino y el Dr. Pablo Benedetti.

La designación representa un importante reconocimiento profesional para la Dra. Bascoy y también un hecho destacado para la comunidad de Gualeguay, al tratarse de una profesional local que accede a una función de relevancia dentro del ámbito judicial entrerriano.

Para ser integrante de ETI resulta necesario tener en consideración los siguientes aspectos:

-Residir en la localidad asiento en el que desempeñe su cargo, Art. 17 Inc. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-Incompatibilidades según la Ley Nº 7413, Ley Nº 6902 y Ley Nº 5143.-Título habilitante, antigüedad mínima y formación, según los previstos en el art. 16 Ley Procesal de Familia – 10668 y los mencionados en el Acuerdo General Nº 02/21 del 18-02-21, Punto 4º del Superior Tribunal de Justicia.-Disponibilidad horaria de acuerdo lo estipulado en el Art 10 de la Ley N° 5143.

En caso de contar con los requisitos antes mencionados y encontrarse con interés de postulación, se deberá ingresar al link https://forms.gle/D6v3pKP3wvofuCxX6 y completar el formulario, el cual estará disponible hasta el día 9 de junio de este año a las 8 hs.

Ley Procesal de Familia. LEY 10668. Art. 16º: Requisitos para integrar el Equipo Interdisciplinario. Quienes integren los Equipos Interdisciplinarios deben poseer título habilitante en la disciplina de que se trate; haber ejercido la profesión ininterrumpidamente durante los últimos tres (3) años anteriores al de su designación, como mínimo y poseer especial formación en la temática de familia y perspectiva de género; rendir el concurso de idoneidad que prevea el Superior Tribunal de Justicia conforme reglamentación vigente acordada por el mismo.

Acuerdo General Nº 02/21 del 18-02-21, Punto 4º del Superior Tribunal de Justicia. Requisitos: Los profesionales deberán cumplir con los siguientes requisitos, cualquiera sea el carácter de la designación -suplente, interino, temporario o provisorio-: – Título profesional. – Ejercicio ininterrumpido de la profesión durante los tres (3) últimos años. – Especial formación en la temática de familia y perspectiva de género. – Especialización forense, siempre que se cuente con oferta académica. En los casos que no se cuente con oferta académica de especialización universitaria, y sólo para el cargo de Trabajo Social, se tomarán en cuenta las capacitaciones en dicha materia. Los cursos y/o talleres de especialización deberán haber sido realizados dentro de los últimos cinco (5) años a la fecha de la designación.

En la página web https://www.jusentrerios.gov.ar/ podrá encontrar las demás normativas citadas.

SIC-STJER

Según el informe oficial, el universo analizado está compuesto por 2.835 personas. De ese total, 1.678 son mujeres, lo que equivale al 59%; 1.103 son varones, es decir el 39%; mientras que 54 agentes no registran datos de género, lo que representa el 2%.

El estudio refleja una tendencia sostenida hacia una mayor participación femenina en el ámbito judicial, en sintonía con políticas institucionales orientadas a promover la igualdad de género y un acceso más equitativo a los espacios de trabajo.

En la distribución territorial, el departamento Paraná concentra el mayor volumen de personal del sistema judicial, con 1.250 agentes, lo que representa el 44% del total provincial. Detrás se ubican Concordia, con 356 agentes (13%), y Concepción del Uruguay, con 239 (8%).

En el otro extremo aparecen departamentos con menor cantidad de personal, como San Salvador, con el 1%, e Islas del Ibicuy, con el 0,8%.

A nivel departamental, las mujeres son mayoría en todas las jurisdicciones, incluso en aquellas con menor cantidad de agentes. En términos absolutos, la mayor presencia femenina se da en Paraná (746 mujeres), Concordia (194) y Concepción del Uruguay (138).

El informe también expone diferencias según los niveles del sistema judicial. En el caso del Superior Tribunal de Justicia, que cuenta con 9 vocalías, la integración actual es de 4 mujeres y 5 varones.

En la magistratura, donde se contabilizan 245 cargos entre jueces, juezas de paz, magistrados de primera instancia y camaristas, la mayoría sigue en manos de los varones: 61%, frente a un 39% de mujeres.

En cambio, en los niveles de funcionariado y personal administrativo, la participación femenina asciende al 63% en ambos casos, consolidando una fuerte presencia de mujeres en el funcionamiento cotidiano del sistema.

Dentro de los Ministerios Públicos, las mujeres también tienen una participación mayoritaria. En el Ministerio Público Fiscal alcanzan el 54%, mientras que en el Ministerio Público de la Defensa llegan al 57%.

En los cargos específicos de fiscalía, las mujeres ocupan el 53% del total. En tanto, en el área de la defensa se observa una composición casi paritaria: 49% de mujeres y una leve mayoría masculina del 50%.

Además, tanto en el funcionariado como en el personal administrativo de ambos Ministerios, la presencia femenina supera el 60%.

El relevamiento detalla que el Sistema de Gestión de Personal (SGP) contempla distintas categorías en la variable género, basadas en la identidad de género, incluyendo opciones no binarias y trans. Sin embargo, durante el período 2025 no se registraron selecciones en esas categorías.

Por otra parte, el 2% del personal no consignó información en las variables género/sexo, por lo que fue incorporado a la categoría “sin datos” para su contabilización.

La decisión fue sostenida luego del encuentro mantenido entre el secretario general del gremio, José María “Chechi” Segura, la secretaria adjunta Pilar Toller y el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno.

Desde el sindicato señalaron que persiste un fuerte malestar entre las y los trabajadores judiciales debido al bajo nivel salarial, situación que —afirman— se refleja en el alto acatamiento a las medidas de fuerza realizadas hasta el momento.

Entre los principales reclamos, AJER exige:

Según informaron desde la entidad gremial, durante la reunión el titular del STJ se comprometió a mantener el diálogo y analizar los planteos presentados. No obstante, el sindicato resolvió sostener las medidas de fuerza previstas para los días 20 y 27 de febrero, como respaldo a los reclamos dirigidos tanto al Gobierno provincial como al máximo órgano judicial entrerriano.

Desde la Justicia provincial informaron que la atención durante la feria se realizará en el horario habitual de 7 a 13, y que además estará disponible la línea telefónica gratuita de atención ciudadana 0800-444-6372, de alcance nacional, para consultas y orientación.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ), junto a la Procuración General y la Defensoría General de la Provincia, dio a conocer la nómina de autoridades responsables del servicio de justicia durante la feria en la ciudad de Gualeguay, quedando establecida de la siguiente manera:

Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones

Juzgados Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz (Gualeguay y General Galarza)

Juzgado en materia Penal

Fiscal Coordinador

Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares

Defensorías Públicas

De este modo, el Poder Judicial garantiza la continuidad del servicio de justicia en casos urgentes durante todo el mes de enero en Gualeguay y la región.

A pesar de la inactividad formal, desde el organismo confirmaron que el servicio de Justicia estará garantizado para situaciones de urgencia, con magistrados, funcionarios y personal asignado para atender casos que requieran intervención inmediata.

Además, durante esa jornada seguirá funcionando la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial, disponible para consultas al 0800-444-6372.

Durante la ceremonia, hicieron uso de la palabra el presidente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay y titular de la Superintendencia, Darío Ernesto Crespo, y el vocal del Tribunal, Dardo Oscar Tortul. Ambos destacaron el rol histórico de los martilleros como auxiliares de la Justicia.

A su turno, el martillero público Juan Martín Beracochea agradeció al Poder Judicial por el espacio cedido y acompañó el descubrimiento de la placa, ubicada en el sitio donde durante décadas funcionó el tradicional atril de los martilleros, utilizado para los remates a viva voz.

La colocación de la placa fue autorizada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, mediante el Acuerdo General N.º 22/25, del 16 de septiembre pasado, en el marco de las actuaciones “Colegio de Martilleros Públicos de Entre Ríos solicita autorización para colocar placa recordatoria en Palacio de Tribunales”.

El STJ tuvo en cuenta que la seccional Gualeguay del Colegio de Martilleros no cuenta con edificio propio, así como la histórica y mutua colaboración entre la institución y el Poder Judicial.

La actividad comenzó en el hall con la presentación del ballet “Acento Entrerriano”, en tanto que Ignacio Barragán –en representación de la Municipalidad- hizo la reseña histórica de la construcción del edificio, en los orígenes de Gualeguay, hasta convertirse en el “Palacio de Tribunales” en 1908.

Por su parte, el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Dardo Tortul, se refirió a la historia, evolución y crecimiento del Poder Judicial en Gualeguay.

Una vez abiertas las puertas de la Sala de Audiencias se hizo participar a los asistentes, quienes ocuparon los lugares destinados a los y las integrantes de los jurados en los juicios populares.

El juez Tortul hizo una breve reseña sobre los juicios orales y los juicios por jurados, con la intención de acercar a la labor judicial a los visitantes y  también contestó preguntas del público.

La actividad –que fue autorizada por resolución de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ)- concluyó con la participación del solista Raúl Lencina, quien ofreció una interpretación lírica y entonó las estrofas del Himno Nacional.

La Noche de los Museos, organizada por la Dirección de Cultura municipal, busca difundir y poner en valor la arquitectura e historia cultural de Gualeguay, ofreciendo en cada sitio visitado aspectos inherentes a su construcción, diseño, y estilo.

Las medidas se llevarán a cabo durante dos semanas, los días martes y viernes, en el horario de 11 a 13, a partir del próximo 16 de septiembre.

Según informaron en un comunicado, los reclamos se centran en la equiparación salarial con los sueldos del Poder Judicial de la Nación, el pago en tiempo y forma de haberes, el reconocimiento del título secundario, terciario y universitario conforme a lo establecido en la Ley 5.143, y la bonificación por tareas especiales para notificadores y evisceradores.

Desde AJER señalaron que el salario de un escribiente actualmente es de $977.000, cifra muy por debajo de la canasta básica, lo que agrava la situación económica de los trabajadores. En ese sentido, remarcaron la vigencia del principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea” (artículo 14 bis).

Finalmente, el sindicato advirtió que, concluido el plazo de las dos semanas de protesta, se evaluará la continuidad o la profundización de las medidas de fuerza, dependiendo de los avances en las conversaciones con las autoridades.

La inscripción será exclusivamente online entre el 4 y el 13 de agosto a las 13 horas, mediante un formulario disponible en la sección “Concursos” del sitio web oficial del Poder Judicial.

Los aspirantes deberán cumplir, sin excepción, con los siguientes requisitos mínimos al momento del cierre del período de inscripción:

No podrán postularse quienes no cumplan la totalidad de los requisitos exigidos ni aquellos alcanzados por las incompatibilidades establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La función principal del rol será brindar orientación legal a las áreas administrativas del STJ, especialmente en temas de derecho administrativo, laboral y contractual. También se requerirá la elaboración de dictámenes legales, la redacción de actos administrativos vinculados a contrataciones, certificados, rescisiones de obra pública, ampliaciones de contrato, y otras actuaciones administrativas.

El STJ destacó que la tarea es fundamental para asegurar el cumplimiento legal de los trámites internos y mitigar riesgos jurídicos dentro del Poder Judicial.

El presidente de la Comisión, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), manifestó que “han sido dos jornadas intensas donde han pasado un total de 25 postulantes a distintas Fiscalías de la provincia, de Paraná en su mayoría, pero también del departamento Concordia, Diamante, Gualeguaychú, Villaguay, Gualeguay, La Paz”. En este sentido el legislador señaló que “hemos escuchado a cada uno con atención, algunos que habían sido impugnados tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, y ésta ya es la etapa final prácticamente luego del concurso ante el Consejo de la Magistratura”. Cosso confirmó que la Comisión que preside “se volverá a reunir para evaluar el resultado de estas audiencias y eventualmente emitir los dictámenes sea de aprobación o de rechazo a los pliegos que ha enviado el Poder Ejecutivo”.

Este miércoles la actividad comenzó a las 8,30 horas con la presencia de Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más Para Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), y Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos).

En cumplimiento al artículo 103 inciso 2° de la Constitución Provincial, y el artículo 19 del Reglamento del Senado, se leyeron en el recinto de la Cámara los datos filiatorios y curriculares de cada uno de los postulantes. Los abogados fueron consultados sobre sus situaciones patrimoniales y fiscales, planes de trabajo, motivaciones para el cargo, y temas de actualidad como acceso a la justicia, juicio por jurado, plazos razonables, Código Procesal Penal, situación carcelaria, narcomenudeo, ciberdelincuencia y nuevos delitos, etc.

En primer lugar se presentó ante los senadores este miércoles la postulante a Fiscal Auxiliar N° 1 de la Ciudad de Diamante, María Eugenia Smith. Seguidamente hizo su exposición María de los Ángeles Becker, candidata a Fiscal Auxiliar N° 4 de la ciudad de Concepción del Uruguay. A su turno Laila Taleb, postulante para Fiscal Auxiliar N° 2 de la ciudad de Colón.

Promediando la mañana, Ana Paula Elal, postulada para Fiscal Auxiliar N° 1 de la ciudad de Gualeguay, realizó su defensa sobre la impugnación que recibió su pliego. Seguidamente fue el turno de María Noelia Batto, para Fiscal Auxiliar N° 2 de la ciudad de Villaguay. Josefina Beherán, candidata a Fiscal Auxiliar N° 3 de la ciudad de Gualeguaychú, detalló sus actuaciones en casos puntuales por los cuales recibió impugnaciones a su postulación.

Los últimos candidatos que se presentaron ante los senadores fueron Jorge Luis Gutiérrez, para Fiscal Auxiliar N° 4 de la ciudad de Gualeguaychú, y Natalia Denise Bartolo, candidata a Fiscal Auxiliar N° 2 de la ciudad de La Paz.

Entre hoy y mañana se llevarán a cabo diversas audiencias públicas en el Senado de Entre Ríos para evaluar a quienes fueron propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos en el Poder Judicial y en la Fiscalía de Estado provincial. Entre los nombres convocados se encuentra el de la Dra. Maite Burruchaga, propuesta como Fiscal Auxiliar N° 2 para la ciudad de Gualeguay.

La audiencia de Burruchaga está prevista para el miércoles a la mañana en el Recinto de la Cámara de Senadores, en el marco de las reuniones que encabeza la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos).

Estas audiencias, establecidas por el artículo 103 inciso 2° de la Constitución Provincial, son instancias públicas en las que los candidatos y candidatas deben responder ante los legisladores sobre su idoneidad, antecedentes y criterios para el ejercicio de sus funciones.

Además de la propuesta para la fiscalía local, se analizarán otros nombramientos para fiscalías auxiliares de distintas ciudades de la provincia, como Feliciano, Concordia, Paraná, Chajarí, Villaguay, Colón, Gualeguaychú y La Paz, entre otras.

Los datos filiatorios y antecedentes curriculares de cada persona propuesta están disponibles en la página oficial del Senado entrerriano (www.senadoer.gob.ar), donde también se transmiten en vivo las audiencias.

En paralelo, durante la jornada del martes también habrá una reunión conjunta de las comisiones de Salud Pública y Drogadicción, y de Presupuesto y Hacienda, para tratar el proyecto sobre recupero de costos de financiamiento de servicios de salud. Asimismo, el Senado fue convocado a sesión los días martes a las 19, miércoles a las 13 y jueves a las 11 en el marco del 146° período legislativo.En las próximas semanas tendrán lugar el resto de las audiencias públicas, entre las que se encuentra la correspondiente a la Dra. Ana Paula Elal, candidata a Fiscal Auxiliar N° 1. 

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Audiencias del Tribunal de Juicio y Apelaciones de esa ciudad, y concurrieron la intendenta, Dora Bodgan; el viceintendente, Efraín Martinez Epele y otras autoridades municipales.

Por el Colegio de la Abogacía estuvo presente el presidente de la sección local, Bartolomé Escobar; integrantes de la magistratura y miembros de la función judicial; trabajadores/as; representantes de la Unidad Penal N° 7 y de fuerzas de seguridad.

FUENTE: SIC-STJER

La mencionada normativa exige que ante todo pedido de acuerdo del Poder Ejecutivo, para el nombramiento de magistrados y/o funcionarios públicos, se siga un procedimiento (a saber:  Publicidad, Consulta Ciudadana, Informes, Audiencia Pública, Confección de Dictamen, Sesión Pública), La publicación hecha en el Boletín Oficial de este viernes, según indica el documento: “es a los fines de permitir a la ciudadanía y organizaciones en general, el ejercicio del derecho a manifestarse fundadamente y por escrito respecto de las calidades y méritos de los candidatos propuestos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la segunda publicación y ante esta Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (Art. 19 Inciso b) Reglamento (H.C.S.). Las manifestaciones por escrito que la ciudadanía desee realizar deberán presentarse de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas Mesa de Entradas de la H. Cámara de Senadores o vía email en formato PDF a la siguiente dirección: comisiones_ferrutti@mailsenadoer.gob.ar”.

Una vez transcurridos los diez días llegará la etapa de Informes, en la cual la Comisión podrá requerir a los organismos públicos y/o privados, informes atinentes a la situación del candidato y en referencia al cargo a cubrir. 

La decisión fue tomada el pasado viernes durante un Plenario Provincial de Delegados de AJER, donde se resolvió llevar adelante un paro total de actividades por 24 horas y participar activamente de la marcha hacia Casa de Gobierno, en el marco de una jornada provincial organizada por la Intersindical en Defensa del IOSPER.

Desde el gremio indicaron que la medida se enmarca en el rechazo al proyecto de ley que propone eliminar la actual obra social y reemplazarla por una nueva estructura. “También nos movilizamos para reclamar por el deterioro y la pérdida de prestaciones, y los aumentos desmedidos de los coseguros producidos por la intervención”, señalaron a través de un comunicado.

Cabe recordar que el último presidente del Directorio del IOSPER fue Fernando Cañete, referente sindical vinculado justamente a AJER, lo que refuerza la preocupación del sector judicial ante los cambios propuestos.

La intervención fue realizada en el marco de la Licitación Privada N° 36/24 y proyectada por la Dirección de Arquitectura Judicial, con el objetivo de preservar y mantener un inmueble de alto valor institucional y patrimonial. La empresa Ing. Federico Rubio, adjudicataria del proceso licitatorio, estuvo a cargo de la ejecución de la obra, que demandó una inversión de 60.587.422,29 pesos.

Debido a la relevancia patrimonial del edificio, las tareas se llevaron a cabo respetando su morfología y elementos arquitectónicos originales. Para ello, el pliego técnico fue desarrollado en coordinación con la Secretaría de Cultura de la provincia, que otorgó su aval al proyecto.

Durante el período de obra, el servicio de justicia no se vio interrumpido en la jurisdicción, lo que permitió el normal funcionamiento de las dependencias judiciales y la atención al público.

Con esta intervención, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio edilicio, la mejora de las condiciones laborales del personal judicial y la garantía de espacios adecuados para la atención a la ciudadanía.

El abogado entrerriano Guillermo Reggiardo presentó este lunes 12 de mayo una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncia una presunta persecución judicial sistemática en su contra por parte de sectores del Poder Judicial de Entre Ríos.

Reggiardo, que mantiene una activa militancia dentro del Partido Justicialista y ha representado legalmente a figuras políticas como el actual intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, sostiene que las represalias en su contra se deben a denuncias que viene realizando desde hace años contra funcionarios judiciales y administraciones de organismos estatales, como el Iosper y en la causa conocida como “Contratos Truchos”.

En su presentación ante la CIDH, el letrado apuntó directamente contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Leonardo Portela, a quien acusa de encabezar una "embestida judicial" en su contra. “Portela protege al fiscal Álvaro Piérola, avala la persecución a la senadora Patricia Díaz, y dicta la línea corporativa que cierra todos mis caminos procesales”, afirmó Reggiardo.

El abogado también criticó la actuación del fiscal Piérola, recordando que archivó en 48 horas la denuncia por los contratos truchos en la Legislatura y luego inició una causa contra la senadora Díaz, esposa de Rossi, apenas la CIDH admitió preliminarmente una denuncia previa del propio Reggiardo.

A su vez, denunció la falta de imparcialidad en el Poder Judicial provincial: “Fiscales y jueces han tomado posición pública en mi contra. El mínimo estándar de imparcialidad está quebrado en Entre Ríos”, sostuvo. Por eso, solicitó a la CIDH que inste al Estado argentino a suspender las causas en su contra donde intervengan funcionarios que hayan demostrado animosidad, y que se designe a fiscales y jueces externos.

Reggiardo argumenta que su situación se enmarca en una escalada de persecuciones que comenzó en 2009, cuando asumió la defensa del entonces intendente Domingo Daniel Rossi, y se intensificó tras diversas denuncias por corrupción, entre ellas una contra el vocal del STJ Carlos Chiara Díaz y otra por la existencia de contratos irregulares en la Legislatura.

En el expediente presentado ante la CIDH, menciona causas judiciales que, según él, fueron iniciadas con argumentos falsos o desproporcionados. Entre ellas, una por “estafa a discapacitada” que terminó en su sobreseimiento, y otra en la que fue imputado por “lesiones culposas agravadas” luego de un incidente vial en 2021, donde asegura que la intervención policial fue desproporcionada y violenta.

Más recientemente, el abogado fue imputado por coacción, intimidación y desobediencia durante una audiencia en Gualeguay, luego de recusar a una jueza. Afirma que incluso se le prohibió filmar la audiencia y que, tras presentar un habeas corpus preventivo por temor a ser detenido arbitrariamente, este fue rechazado sin tratamiento.

Reggiardo señaló a Gualeguay como el “epicentro de esta perversión judicial”, donde afirma que se concentran causas armadas, jueces recusados que siguen actuando, y fiscales que cambian de rol sin control. “Solicitamos medidas urgentes para proteger no sólo mi libertad, sino también la de personas vulnerables que defiendo en causas penales, de niñez y de salud mental, muchas de las cuales enfrentan abandono judicial absoluto”, expresó.

En su denuncia, el abogado remarcó que su objetivo no es evitar la justicia, sino garantizar un proceso imparcial y libre de represalias. “Lo que se reclama no es impunidad, sino un procedimiento justo y que respete los derechos fundamentales, algo que hoy no está garantizado en Entre Ríos”, concluyó.Fuente:apfdigital.com

“Es ineludible incluir en la respuesta a Carmen Argibay, con quien tuvimos el placer de compartir encuentros, capacitaciones y congresos, ya que produjo un impacto significativo en la justicia argentina en términos de promoción de derechos humanos, abogando por la incorporación de la perspectiva de género en el sistema judicial para garantizar que las decisiones judiciales tuvieran en cuenta las realidades enfrentadas por las mujeres. Su discurso se refleja fielmente en sus fallos que se alzan como doctrina judicial de género con significativo impacto en el sistema judicial en términos de promoción de los derechos humanos. Fue líder y promotora de políticas públicas orientadas a visibilizar los derechos de las mujeres. Como así, una firme defensora de los derechos humanos e impulsora del acceso a justicia para víctimas, especialmente aquellas afectadas por casos relacionados con violencia estructural y sistemática. Mentora y fundadora de la Oficina de la Mujer en la CSJN.  

Por todo ello, no es casual que el año pasado, con motivo de cumplirse el 10° aniversario de su fallecimiento, la Corte estimó un deber recordar su destacada personalidad como  “una mujer de profundas e inclaudicables convicciones democráticas que honró a la magistratura argentina” y ejerció “con ejemplar dignidad” el cargo de ministra del Máximo Tribunal durante más de nueve años.

El Poder Judicial de Entre Ríos no resultó ajeno a la inspiración de Argibay, creando el Centro Judicial de Género que lleva su nombre y que cuenta con dos oficinas: la Oficina de la Mujer, que tiene a su cargo la unidad de registros y estadísticas, la unidad de capacitación y difusión y la unidad de investigación y transversalización, y la Oficina de Violencia Doméstica, para la recepción, toma de denuncias, escucha activa, orientación y prevención de las violencias.

Entre Ríos, puede exhibirse como una de las provincias cuyo Poder Judicial se encuentra preparado para el abordaje de las violencias hacia la mujer.  A diferencia de otras provincias, la nuestra cuenta con el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV), aprobado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos mediante Acuerdo General del 4 de agosto de 2015, que funciona en el ámbito de la Oficina de Violencia de Género del Centro Judicial de Género. Este organismo el 25 de noviembre último, con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y con el propósito de contribuir a la visibilización del fenómeno, presentó un informe basado en los resultados obtenidos, correspondientes al período 01-01-24 al 15-11-24,  dando cuenta que hubo un total de 11.088 nuevos expedientes que se tramitaron en la justicia de Entre Ríos. Del informe se desprende que de ellos el 29.78 % corresponden a violencia familiar (Ley 10668; el 51.18 % a Violencia de Género -contra la mujer y colectivo LGBTQ++- y el 19.04 % a delitos vinculados a dichos tipos de procesos (Expedientes Penales). Sobre un total de 11.945 víctimas registradas en los procesos iniciados durante el periodo informado, 10.732 son de género femenino (mujeres y niñas). Las mujeres representan el 89.85 % sobre el total de víctimas de violencia que se han registrado en ese período.

Ya que se nos pregunta por la Ley Micaela de Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ley 27.499), advertimos desde aquí, que debemos estar atentos debido a que la misma está  siendo objeto de embates por parte de la actual gestión, que pareciera pivotear entre derogarla o llevar su alcance a su mínima expresión, sin advertir que aun así, desde 1996, con la aprobación de la ya citada Convención Belém do Pará (Ley 24.632) Argentina está obligada (art. 8.c), como Estado parte a fomentar  'la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer'. Igualmente, la CEDAW también nos recomienda como medida preventiva que la Argentina ofrezca capacitación, educación y formación obligatorias, periódicas y efectivas a los miembros del Poder Judicial, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos el personal médico forense, los legisladores y los profesionales de la salud, personal educativo, social y de bienestar, a fin de equiparlos para prevenir y combatir debidamente la violencia por razón de género contra la mujer.

Las situaciones expuestas, nos colocan ante un horizonte poco claro en términos de derechos humanos, tal garantizar uno tan básico para las mujeres: vivir una vida libre de violencias. Como ya lo tenemos dicho: que la libertad avance no puede implicar, de modo alguno, que los derechos humanos retrocedan, porque es de su esencia la progresividad y la no regresividad”.