El juez federal Sebastián Casanello ordenó la “inmediata restitución” del directorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA), poniendo fin a una intervención que se extendió por más de 15 meses. La medida, celebrada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), revierte la decisión adoptada en octubre de 2024 por el juez Villena —actualmente investigado por prevaricato— que había desplazado a las autoridades electas.

En su fallo, Casanello determinó que la hipótesis original que dio lugar a la intervención resulta hoy “prácticamente nula” y que “no resulta necesario sostener el desplazamiento del directorio ni la intervención de la obra social”.

La OSPRERA había estado bajo la gestión de un interventor designado por decreto del presidente Javier Milei, Marcelo Petroni. Durante este período, la UATRE presentó múltiples denuncias por irregularidades en la administración. Entre las principales acusaciones se encuentran la duplicación innecesaria de la estructura administrativa, la priorización de lo que la entidad sindical calificó como “negocios espurios” y una drástica reducción del gasto en prestaciones médicas.

Según el comunicado de la UATRE, estas políticas generaron “interrupciones y cortes en la entrega de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo”, con consecuencias graves para los afiliados. El sindicato sostiene que se registraron 476 acciones de amparo por falta de cobertura hasta diciembre de 2025 y que existen tres causas penales en trámite por “abandono de persona seguido de muerte”. Una de ellas involucra el fallecimiento en febrero de 2025 del trabajador José Alfredo Garavento, paciente oncológico, tras la interrupción de su tratamiento.

La UATRE afirmó que, con esta resolución, la OSPRERA “retorna a la gestión de las autoridades elegidas legítimamente” después de más de un año de lo que describen como “conflictividad institucional, judicial y perjuicios irreparables”. No obstante, en su comunicado advirtieron: “No sabemos en qué estado será devuelta la Obra Social. No será fácil ni inmediato, pero desde UATRE trabajaremos por una obra social digna, autónoma y al servicio exclusivo de las familias rurales”.

El fallo judicial marca un nuevo capítulo en la historia de esta obra social, restableciendo su autonomía sindical y abriendo un período de transición hacia la normalización de sus servicios para los trabajadores rurales y estibadores de todo el país.

La protesta se llevó a cabo a la vera de la ruta sin cortes en la circulación, pero desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtieron que, de no recibir respuestas favorables, continuarán con medidas más contundentes.

Representantes de los departamentos La Paz, Concordia, Paraná, Uruguay, Colón, Tala y Feliciano estuvieron presentes en la movilización. Edgardo Mayer, delegado provincial del gremio que agrupa a aproximadamente 20.000 afiliados en la provincia, manifestó que la acción busca visibilizar la difícil situación que atraviesan los trabajadores rurales.

“Es de una insensibilidad total ofrecer ningún aumento en junio, un 1% en julio, otro 1% en agosto y un monto no remunerativo de $8.000, que equivale a medio kilo de carne”, ejemplificó Mayer, quien cuestionó duramente a las entidades de productores rurales, señalando la contradicción de reclamar trabajadores para manifestaciones de la Mesa de Enlace mientras niegan mejoras salariales a quienes trabajan el campo.

El delegado recordó que en mayo finalizó el acuerdo paritario anterior y que las negociaciones están estancadas, motivo por el cual el gremio lanzó una medida de fuerza a nivel nacional que se replicó este martes en Entre Ríos.

“Un trabajador no puede cobrar en mano $650.000”, enfatizó Mayer, al referirse al salario actual.

La UATRE negocia escalas salariales para más de 130 actividades en todo el país, y en Entre Ríos hay 10 ramas laborales especialmente monitoreadas. Sin embargo, Mayer advirtió que, pese a la representatividad del gremio, más del 60% de los trabajadores rurales en la provincia están en situación informal.

Las recorridas se desarrollan de forma semanal y continúan en distintos puntos del territorio, con la participación del Delegado Regional Edgardo Maier, el Subdelegado Daniel Galeano, los secretarios generales de las seccionales correspondientes y representantes del RENATRE.

"En lo que va de estas últimas semanas se relevaron alrededor de 80 a 100 trabajadores con un 60% de informalidad laboral", señalaron las autoridades gremiales, quienes además detallaron una preocupante serie de incumplimientos en derechos laborales básicos.Entre las irregularidades detectadas se identificaron trabajadores no registrados, malas categorizaciones, falta de ropa de trabajo, y ausencia de pago por traslados a más de tres kilómetros del lugar de trabajo.Asimismo, denunciaron que no se están abonando las horas extras correspondientes a sábados por la tarde, domingos y feriados.

El Delegado Provincial de UATRE Entre Ríos, Edgardo Maier, manifestó el compromiso del gremio con sus representados: "Nos hacemos eco de la realidad y del compromiso con nuestros trabajadores, compromiso que tiene el Secretariado Nacional con la conducción del compañero José Voytenco y el Secretariado Nacional, que mira de frente a los trabajadores, que pelea por ellos a pesar de las trabas y de las dificultades que generan las políticas del gobierno nacional y muchas de sus leyes para precarizar el trabajo".Maier también destacó la importancia del sector rural: "El trabajo rural es la parte de la producción de alimento que no es un gasto, que es justamente quienes generan la riqueza del país", expresó a Sitio Gremial.En el marco de las inspecciones también se verificaron las condiciones de seguridad, salubridad e higiene en los establecimientos, mientras las recorridas y controles continúan en curso, confirmó la Delegación de UATRE Entre Ríos.

En diálogo con El Debate Pregón, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) de Gualeguay, Daniel Galeano, se refirió a la delicada situación que atraviesa la obra social OSPRERA a raíz de una reciente intervención del gobierno nacional. En la entrevista, Galeano criticó duramente la medida y alertó sobre las graves consecuencias que acarrea para miles de afiliados en la provincia y en todo el país.

—¿Cómo describiría la situación actual de UATRE y OSPRERA en Gualeguay?

—Nosotros tenemos en las dependencias de UATRE, que es el gremio, también el funcionamiento de la obra social OSPRERA. Es importante aclarar que OSPRERA es una institución independiente, con personería jurídica propia, aunque históricamente ha funcionado de manera articulada con UATRE en todo el país. Lo que sucedió ahora es que el gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, intervino la obra social y asumió su administración. Esta acción, claramente, representa un ataque directo a los gremios.

—¿Qué consecuencias concretas trajo esta intervención?

—Nos han cerrado las oficinas de OSPRERA que funcionaban en las sedes del gremio. En Entre Ríos se cerraron unas 18 bocas de expendio, centralizando todo en solo cuatro o cinco puntos. En Gualeguay, por ejemplo, toda la atención que brindábamos ahora se deriva a Gualeguaychú, que además absorbe también a Concepción del Uruguay. Esto genera un cuello de botella enorme y deja a cientos de afiliados sin atención cercana y personalizada.

—¿El gobierno explicó los motivos de esta decisión?

—No hay una explicación formal. Es una medida unilateral que responde, en nuestra opinión, a un embate contra los gremios. Se toman decisiones sin medir las consecuencias reales para los afiliados, muchos de los cuales viven en zonas rurales con muy poca conectividad. Además, el gobierno quiere reemplazar la atención presencial con una app digital, lo cual es impracticable en estas zonas.

—¿Cómo afecta esto a los afiliados de Gualeguay y alrededores?

—En Gualeguay tenemos unos 1.200 afiliados, incluyendo titulares y grupos familiares. También atendíamos a personas de Médanos, Ceibas, Isla, Puerto Ruiz, Enrique Carbó, Galarza, Mansilla. Ahora todos ellos tienen que trasladarse a otras ciudades, y muchos no pueden hacerlo. También nos quitaron el servicio de hotelería en Capital Federal para afiliados derivados por temas de salud, lo reemplazaron por hoteles con servicios mucho más precarios.

—¿Qué impacto tiene esta situación sobre la tarea gremial en sí?

—Venimos trabajando desde hace más de 15 años con compromiso, haciendo inspecciones, acompañando al trabajador. Pero hoy nos vemos limitados también en lo salarial. El gobierno busca frenar la inflación a costa de los sueldos, bloqueando recomposiciones. Es una política que perjudica directamente a los trabajadores rurales.

—¿La intervención tiene un plazo definido?

—Sí, se fijó un plazo de 180 días a partir de fines de abril. Pero esperamos que pueda resolverse antes. El gremio, a nivel nacional, está accionando legalmente con asesores y abogados para que OSPRERA vuelva a estar en manos de los trabajadores, como corresponde.

Las Bocas de Expendio eran espacios gestionados por personal de UATRE y OSPRERA, diseñados para facilitar la tramitación de prestaciones médicas y brindar acompañamiento integral a los afiliados del gremio y sus familias. Su rol era especialmente significativo en zonas rurales, donde el acceso a servicios de salud y atención personalizada resulta muchas veces limitado.

 La intervención de OSPRERA propone como reemplazo el uso de plataformas digitales, una alternativa que, según referentes gremiales y usuarios del sistema, desconoce las condiciones de conectividad y las necesidades específicas de los trabajadores rurales. “Pretenden sustituir el diálogo directo y la atención humana por un sistema virtual que muchas veces excluye”, señalan desde la delegación local.

 En Gualeguay, la oficina venía funcionando desde hace más de 15 años y atendía a afiliados no solo de la ciudad, sino también de todo el departamento y de localidades cercanas como General Galarza, Médanos, Enrique Carbó y Alarcón. Su cierre ha generado malestar y preocupación en numerosos trabajadores, quienes aseguran que ya comienzan a experimentar dificultades para acceder a las prestaciones médicas habituales.

 A pesar del impacto negativo que esta decisión está provocando en el ámbito rural, el Gobierno Nacional anunció recientemente una prórroga de la intervención de OSPRERA por 180 días más, sin brindar, hasta el momento, soluciones concretas para restablecer una atención accesible y eficaz.

CUERPO DE LA NOTA:

Una nueva polémica estalló entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la intervención de la obra social OSPRERA, encabezada por Marcelo Petroni, funcionario designado por el Gobierno Nacional. Esta vez, el conflicto se desató por el desalojo ordenado de 78 familias rurales —muchas de ellas en pleno tratamiento oncológico— que estaban alojadas en hoteles de la UATRE en la Ciudad de Buenos Aires por razones médicas.

El gremio denunció que estos pacientes, en situación de extrema vulnerabilidad y alejados de sus hogares, quedaron sin lugar donde alojarse ni contención alimentaria y psicológica. Además, fue cerrada la boca de expendio médica que funcionaba en el mismo predio, lo que obliga a los beneficiarios a trasladarse hasta la sede central de OSPRERA, sumando gastos, riesgos y burocracia innecesaria.

“Desde hace tres años UATRE sostuvo esta asistencia con recursos propios, luego de que OSPRERA rompiera el convenio. Ahora no solo no aportan, sino que presionan para trasladar a los pacientes a hoteles sin servicios, sin comida y sin traslados”, denunciaron desde el sindicato.

La intervención también ordenó el cierre de 725 puntos de atención en todo el país. UATRE advierte que esta estrategia de reemplazar la atención presencial por plataformas digitales desconoce por completo la realidad rural, donde la conectividad es deficiente y las distancias son abismales.

“Esto no es una reestructuración, es una crueldad. Abandonan, mienten y culpan al gremio, mientras nosotros seguimos asistiendo a nuestros afiliados con nuestros propios recursos”, sentenció la conducción sindical.

Desde el gremio aseguran que no darán un paso atrás y que llevarán el reclamo a todas las instancias judiciales: “La salud no se negocia. OSPRERA debe volver a manos de sus verdaderos dueños: los trabajadores rurales”.

Los trabajadores rurales atraviesan un momento de profunda preocupación tras la homologación de la paritaria con un incremento del 0% para el mes de marzo. Edgardo Mayer, referente provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en Entre Ríos, expresó su rechazo al ofrecimiento realizado por las entidades del agro y se refirió al contexto que atraviesa el sector.

“Uno da vueltas para buscarle un calificativo al ofrecimiento paritario que han hecho las entidades del agro”, expresó Mayer en declaraciones recientes, señalando que los porcentajes presentados están muy por debajo de la inflación y de las necesidades básicas de los trabajadores.

El referente detalló que la propuesta paritaria contempla un 0% de aumento para marzo, un 1,9% para abril y un 1,7% tanto para mayo como para junio. “Es un grado de insensibilidad, de incomprensión. Estamos en el 70% de lo que es la canasta básica”, denunció.

Mayer también cuestionó el argumento esgrimido por las entidades patronales, que afirman no poder otorgar aumentos por encima de la inflación. “Es una mentira también, porque la realidad del trabajador cuando tiene que ir al supermercado es otra”, subrayó.

En este contexto, UATRE confirmó su adhesión al paro nacional convocado por la CGT para este jueves, así como su participación activa en la movilización de este miércoles. “Va a acompañar y está acompañando, adhiere y participa activamente en la marcha”, indicó Mayer.

El dirigente además se refirió a la difícil situación que enfrentan los trabajadores rurales, marcada por la precariedad y la falta de protección estatal. “La idiosincrasia de nuestro trabajador cuida su trabajo y es muy particular, por eso inclusive hay un abuso de confianza y un avance hacia los derechos del trabajador rural”, explicó, y agregó: “Se nos hace muy complejo, y esta estigmatización que hay del movimiento obrero… no me siento aludido en este tipo de conceptos, pero nos cuesta mucho y más en un Estado como el de ahora, totalmente ausente como protector”.

La Delegación Entre Ríos de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) declaró “el estado de alerta” frente a “la gravísima situación” que afecta a los trabajadores avícolas de las empresas del Grupo Tres Arroyos.

A través de un comunicado, UATRE Entre Ríos denunció que las empresas del grupo han sido autorizadas por el gobierno nacional para acogerse al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), una medida destinada a “reducir costos laborales”.

Ante la situación, el sindicato indicó que las y los trabajadores avícolas de la empresa ya atraviesan un escenario complejo marcado por “suspensiones, reducción de jornada laboral y despidos”.

A este panorama, que ya generó preocupación gremial, se suma “la novedad del pago en cuatro cuotas del aguinaldo”, expresó el comunicado oficial de UATRE Entre Ríos.

“Nos declaramos en estado de alerta”, anunció el gremio, y advirtió que no permitirá que “la riqueza de nuestra patria, generada por la mano de los/las trabajadores/as, sea liquidada por patronales sin escrúpulos”.

En su denuncia, el gremio apuntó directamente “al gobierno nacional liderado por Milei-Villarruel” y lo responsabilizó de haber generado “las condiciones de explotación para saquear las riquezas de nuestro suelo” mediante herramientas como el RIGI, la Ley Bases y el DNU 70/23.

En ese marco, UATRE Entre Ríos consideró esta situación como “una siniestra estructura jurídica y legal para modificar sustancialmente el reparto de la riqueza”.

En ese sentido, el sindicato alertó sobre las consecuencias inmediatas de tales políticas y señaló “el deterioro a una velocidad de vértigo de las condiciones laborales, la pérdida de miles de puestos de trabajo y la uberización del mundo laboral”.

Por último, UATRE Entre Ríos lanzó un llamado urgente “a la unidad de los/as trabajadores/as, a la dirigencia política y sindical”, con el objetivo de “parar este ataque y revertir lo antes posible la destrucción de nuestra Patria”.

FUENTE: AHORA9

El organismo nacional estableció que el proceso electoral se llevó a cabo respetando las disposiciones estatutarias y los principios democráticos del sindicato. También garantizó su transparencia y legitimidad, al haber sido supervisado por la Junta Electoral Nacional.La resolución desestimó las impugnaciones llevadas a cabo por dos particulares, al sostener que las denuncias carecen de sustento y que, al haber una instancia judicial en curso, “no es admisible la coexistencia simultánea de impugnaciones en vías administrativa y judicial”. En el ámbito judicial, la causa ya había sido resuelta por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero, que validó la legalidad de las elecciones y desestimó los argumentos de irregularidades.La resolución de la DNAS refuerza la validez del proceso electoral y la legitimidad de las autoridades de UATRE, dando cumplimiento a la voluntad democrática de los trabajadores rurales representados por la organización gremial. También da legitimidad al último Congreso Nacional, celebrado en la ciudad de Puerto Madryn el último 28 de noviembre.“Lo dijimos desde el principio: nuestras elecciones se llevaron a cabo respetando los principios democráticos del sindicato en un proceso electoral que fue 100% transparente y legítimo”, José Voytenco, secretario general de UATRE.La noticia consolida la institucionalidad del gremio, garantizando el normal funcionamiento de sus estructuras y el respeto por los mecanismos de participación previstos en el Estatuto.

El acuerdo obtenido en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) entre UATRE, las entidades agropecuarias y el Gobierno Nacional establece en la Resolución 368/2024 un nuevo piso de $702.180,75 para el salario mensual de noviembre. Asimismo, en la Resolución 381/2024 se fijó para diciembre el salario básico en $727.459,2 mientras que para enero quedó establecido en $752.192,8 y en febrero el piso quedará en $773.254,2.Replican este porcentaje de aumento del 14,4 % las siguientes actividades:- Porcina en criadero - Aplicación de Productos Fitosanitarios - Conductores Tractoristas, Maquinistas de Máquinas Cosechadora y    Agrícola - Olivícola Cabe destacar que la Resolución 368/2024 fijaba los mínimos equivocados para los meses diciembre, enero y febrero, razón por la cual se rectificaron esos valores en la Resolución 381/2024.

La Delegación Entre Ríos de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) expresó su profunda preocupación por la situación de su obra social, OSPRERA, al cuestionar un “bloqueo político” que afecta directamente la continuidad de las prestaciones a sus afiliados.

La dirigencia de UATRE Entre Ríos mantuvo una reunión este lunes en Nogoyá encabezada por su Delegado Provincial, Edgardo Maier; y el Subdelegado, Daniel Galeano; con la presencia de los secretarios y secretarias generales de la delegación y del miembro entrerriano del Secretariado Nacional Sebastián Cañete.

En este marco, la organización sindical abordó el contexto adverso en el que ha trabajado durante el año y reafirmó su apoyo a la carta pública dirigida al Ministro de Salud de la Nación, en la que se responsabilizó a las autoridades por los problemas en los servicios de salud que reciben sus afiliados.

En el mensaje, el Consejo Directivo de OSPRERA atribuyó al Ministerio de Salud una serie de medidas que han dificultado el funcionamiento de la obra social. “Los funcionarios involucrados de su ministerio [son] exclusivamente responsables de cualquier consecuencia que pueda este insensible accionar generarle a la salud o a la vida de nuestros afiliados”, afirmó el comunicado.

Entre los problemas específicos mencionados se encuentran la suspensión forzada de reuniones para la renovación de convenios prestacionales y el bloqueo de las cuentas bancarias de la obra social, lo que ha generado “incertidumbre y los lógicos cortes de atención a los afiliados”, indicó el sindicato.

El documento señaló también que la interrupción de los pagos a prestadores y la falta de autorización para la compra de medicamentos de alto costo, como los tratamientos para patologías graves, “pone en riesgo los tratamientos y hasta la vida misma de los beneficiarios con dichas patologías”.

Según la conducción de OSPRERA, estos impedimentos generan además “millonarias pérdidas económicas” debido a la acumulación de intereses y multas por los pagos suspendidos.

Durante la reunión de delegados y secretarios generales de la Delegación Entre Ríos, la dirigencia manifestó su respaldo a la conducción nacional de UATRE y resaltó la labor realizada en la provincia, que incluyó inspecciones y verificaciones de condiciones laborales y mejoras salariales en paritarias.

“Siempre con una presencia muy activa del gremio en el territorio”, destacaron los dirigentes entrerrianos, al resaltar el compromiso de la organización con los trabajadores rurales de la provincia.

Asimismo, los referentes de UATRE Entre Ríos destacaron la importancia de la reunión y los temas tratados de cara al próximo congreso ordinario nacional del gremio, que se realizará en Puerto Madryn a finales de noviembre.

Por: Agencia SITIO GREMIAL

Así lo informa el acuerdo llegado en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) para el incremento de las remuneraciones, comprendido en el ámbito de la Ley N° 26.727

La Resolución 185/2024 establece un incremento salarial del 7%, compuesto por una actualización por inflación correspondiente al mes de abril (1,8 %) y un incremento acordado del 5,2 % para el mes de mayo. A su vez, se acordó un aumento del 5% para los salarios del mes de junio.

Los mismos porcentajes también fueron acordados para las siguientes actividades en el ámbito de todo el país: conductores tractoristas; trabajadores que se desempeñan en la actividad porcina en criadero; trabajadores que desempeñan tareas de aplicación de productos fitosanitarios y olivícolas.

Además, los integrantes de la CNTA acordaron realizar una revisión en julio de este año.

Los trabajadores rurales consiguieron una nueva actualización salarial para este mes con un básico superior a $425.000 más un bono adicional. Según informó la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el sindicato, los empleadores y el Estado acordaron un incremento salarial para marzo de un 12%.En este sentido, el sueldo básico de los peones de campo quedó en $425.231,67. Con la nueva actualización el jornal pasó a ser de $18.707,22 . En tanto, desde la Uatre indicaron que se estableció una Asignación Extraordinaria no remunerativa, es decir, un bono, del 11% que representa unos $46.775,48 para los sueldos, y $2057,79 para el jornal.“Esta recomposición salarial es para todo el personal permanente y de prestación continua. En abril habrá una nueva revisión con los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)”, recordaron. Además, indicaron que “este atraso en el acuerdo mensual se dio por el cambio de autoridades en la Secretaría de Trabajo de la Nación, que dilató seriamente las negociaciones, entorpeciendo los incrementos salariales sostenidos que vienen percibiendo los trabajadores rurales desde noviembre de 2023″.

La resolución 042/2024 señala que el sueldo de un peón único se fija en $436.467,78 y el jornal $19.203,51. En tanto, el personal jerarquizado tendrá sueldo que van desde $468.800,30 para los puesteros hasta los $517.112,94. Mientras que los encargados $545.501,27, consignó La Nación.Las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua están comprendidas en el régimen de Trabajo Agrario en el ámbito de todo el país. Este tendrá vigencia desde el 1 del actual hasta el 31 de julio de 2024.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informa que se llegó a un acuerdo en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) que decreta la obligatoriedad para las empresas de abonar los salarios en cuentas bancarias de los trabajadores y trabajadoras rurales.

“Cuando decimos de llegarle con medidas concretas al trabajador estoy hablando de estas disposiciones que sacan al trabajador de situaciones que precarizan su actividad. Son hechos, no palabras. Está la Resolución 220/2023 para que todos los compañeros y compañeras cobren cómo corresponde. Es un paso que damos en pos de la inclusión”, declaró Voytenco, el secretario general de UATRE, celebrando la medida.

El nuevo régimen estatutario estableció nuevas modalidades de contratación en las relaciones laborales imperantes en el ámbito agrario, entre las que se encuentran el contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua y el contrato de trabajo agrario permanente de prestación discontinua.

En el caso de los trabajadores temporarios, el empleador estará exento de la obligación, a excepción de que sea el propio trabajador el que le brinde una CBU o una CVU a los efectos del depósito de sus haberes.

En todos los casos, el trabajador podrá exigir que su remuneración le sea abonada en dinero efectivo, de conformidad con lo prescripto por el Artículo 36 de la Ley N° 26.727.

Ante productores de las economías regionales nucleados en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la senadora nacional Nora del Valle Giménez presentó un proyecto de ley para compatibilizar los planes sociales con el trabajo rural registrado, buscando extender así los beneficios del Decreto 514/2021.

 La iniciativa es producto del trabajo conjunto entre CAME, la legisladora y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), y responde a un histórico reclamo de la entidad pyme, que busca favorecer tanto a los trabajadores rurales como a los productores agropecuarios.

El Decreto 514/2021 que articula planes sociales y empleo fue la solución que planteó el Poder Ejecutivo a la falta de mano de obra en las producciones rurales. En tanto que la intención de CAME, UATRE y Giménez es que esa articulación se convierta en ley.

El presidente de CAME, Alfredo González, destacó la colaboración entre el sector público y privado para la elaboración del proyecto. "Tanto el Estado como los empresarios y el sindicato debemos darles la oportunidad de incorporarse al mercado laboral formal a todos aquellos que reciben una asistencia social", expresó González, quien también se refirió a la necesidad de capacitación para el trabajo. "No creemos que la tecnología vaya a reemplazar al trabajador rural, pero sí se va a necesitar capacitación", dijo.

Por su parte, la senadora manifestó que "el decreto no fue tan efectivo porque no partió del trabajo conjunto del sector público con el privado". Además, destacó que "no pudimos evitar la desconfianza de los trabajadores, que prefirieron, por miedo, seguir trabajando en negro".

Para finalizar, Voytenco afirmó: "La compatibilidad sugiere muchas cosas: la cultura del trabajo, el arraigo y la capacitación". "Hay que empezar a construir políticas que permitan potenciar a las economías regionales, generando trabajo y valor agregado para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos", remarcó.

Así, comenzó: “En las más de cien actividades en la que Uatre ejecuta paritarias se pone una cláusula de revisión de acuerdo a la inflación que se va registrando. Lo que se ha hecho en este momento es ajustar esa cláusula de revisión de la paritaria del 2022.  Esto es hacer un piso para poder negociar la paritaria del 2023 que,  en el caso de la actividad principal que es la del peón general, es a partir de agosto. Lo que se ha conseguido es elevar el índice de acuerdo de la paritaria del 2022 a un 104 por ciento a lo largo de todo el año. Esto abarca a peones y a otros tipos de actividades rurales”. “En nuestra zona también es importante la actividad avícola de los trabajadores de las granjas de pollos cuya paritaria 2022 también ya está finalizando y negociándose la paritaria del 2023”, continuó.Y resaltó: “El propósito firme del gremio es que el trabajador rural tenga el reconocimiento que se merece porque siempre hemos tenido sueldos muy bajos y siempre vamos por detrás de la inflación, pero se está trabajando firmemente con la nueva conducción para revertir esa situación y llevar al trabajador rural a los sueldos que realmente se merece”.“En el departamento Gualeguay tenemos trabajadores en negro, pero no es el problema principal de la actividad, sino que es la categorización de los trabajadores que por ahí se les da el alta por el sueldo más bajo y en eso trabajamos para que se le otorgue la categoría que corresponde, que mejora los salarios de los trabajadores y el reconocimiento de las horas extra o ya sea en concepto de guardias. Sabemos que en el campo es bastante difícil respetar las ocho horas, pero nosotros no pedimos que no se trabaje esa cantidad de horas, sino que se reconozcan las horas que el trabajador trabajó por demás”, mencionó.En otro orden comentó: “En la sede de nuestro gremio atendemos de lunes a viernes de 7 a 14 hs. A mi teléfono lo tienen todos los trabajadores y está las 24 hs. a disposición. Tenemos asesoramiento para cualquier tipo de consultas, incluso para cuestiones que no son más allá de lo laboral también tenemos asesoramiento legal”.“En el gremio estamos en un año electoral. Ya hemos ejecutado el primer paso en el inicio de este proceso eleccionario el 10 de junio cuando se eligió la junta electoral en una asamblea que se realizó acá en la seccional. En septiembre vence la entrega de listas y en octubre son las elecciones”, finalizó.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó que la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) acordó un incremento no acumulativo de 17% en la revisión para el último tramo de la paritaria y totalizó un 104% de aumento interanual para el periodo que va de agosto del 2022 a julio 2023.

Este nuevo acuerdo será aplicado en un 10% a partir de junio y un 7% el mes siguiente.

Así, el convenio con las entidades empleadoras se dio en el marco de la CNTA para el incremento de las remuneraciones mínimas gracias a la cláusula de revisión establecida en el 2022.

La Resolución 122/2023 aplica a todo el personal permanente de prestación continúa comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario Ley N° 26.727.

El titular del gremio, José Voytenco, expresó a Ámbito Financiero que con estas cifras “se da por finalizada la paritaria 2022” y además informó que “UATRE ya realizó la presentación formal ante la CNTA para el adelanto de la reapertura de la paritaria 2023”.

El nuevo incremento salarial por revisión dispone un 32% aplicado de forma no acumulativa y en 3 tramos: 15% a partir de febrero, 10% a partir de abril y 7% a partir de junio del corriente año. Las partes asumieron el compromiso de revisar y analizar nuevamente las variaciones económicas en junio 2023.

“Al fin pudimos activar la tan ansiada cláusula de revisión salarial. Con este acuerdo esperamos llevarle un poco de tranquilidad a la familia rural e ir recomponiendo su poder adquisitivo tan maltratado por la inflación. Acordamos revisar la situación salarial en junio, esperamos que sea en un contexto menos adverso. Fue una negociación complicada debido a la situación que atraviesan muchos productores y establecimientos agropecuarios por la sequía” informó José Voytenco, Secretario General de UATRE, luego de la reunión.

La Resolución 16/2023 firmada en el día de ayer aplica a todo el personal permanente de prestación continúa comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario Ley N° 26.727 y su Decreto Reglamentario 301/2013 (peón general y otras categorías) en el ámbito de todo el país. El acuerdo se replicará a las actividades de conductores tractoristas y de máquinas cosechadoras y agrícolas, actividad porcina, aplicación de productos fitosanitarios y olivícola con sus respectivas resoluciones.