El primer procedimiento se registró al finalizar el horario de visitas, cuando agentes penitenciarios advirtieron que un interno ocultaba un envoltorio entre sus prendas de vestir. Tras la intervención de personal especializado y la realización de las pruebas de campo correspondientes, se confirmó que el paquete contenía cannabis sativa.

Minutos más tarde, durante la requisa habitual de los paquetes destinados a los internos, se detectó un segundo intento de ingreso de estupefacientes. En esta oportunidad, la sustancia se encontraba oculta dentro de un envase de mayonesa.

El joven fue identificado como Dante Oroño, quien se encontraba alojado en el establecimiento penitenciario de manera preventiva. Su muerte fue constatada a primera hora de este viernes por personal del Servicio Penitenciario, que dio aviso inmediato a las autoridades judiciales.

Según se informó, Oroño había sido trasladado desde Paraná a fines de noviembre, luego de haberse fugado de una prisión domiciliaria e intentar cometer un robo. En aquel momento, el propio joven había manifestado que actuó de manera desesperada debido a que no tenía alimentos.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que, pese a no haberse detectado signos de violencia, el protocolo vigente establece que en este tipo de casos debe realizarse obligatoriamente una autopsia. Aún resta definir si el procedimiento se llevará a cabo en Gualeguaychú o en la ciudad de Oro Verde.

El interno padecía epilepsia y se encontraba bajo tratamiento médico. Además, atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad social y residía en Paraná junto a su pareja.

La causa quedó en manos de la Justicia, que aguardará los resultados de la autopsia para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso institucional con la educación como pilar fundamental para los procesos de resocialización, destacando el rol que cumple la escuela al garantizar el derecho a la educación en contextos de encierro.

Asimismo, se puso en valor el esfuerzo y la perseverancia de los alumnos, quienes sostuvieron sus trayectorias educativas pese a las dificultades propias del ámbito penitenciario, y la labor indispensable del equipo docente que acompaña y fortalece estos procesos formativos dentro de la unidad.

El acto representó un reconocimiento al trabajo conjunto entre el sistema educativo y el servicio penitenciario, orientado a brindar oportunidades de formación e inclusión social.

Los trabajos serán llevados a cabo por internos que cuenten con autorización judicial y estén próximos a recuperar su libertad, brindándoles una oportunidad de contribuir positivamente a la sociedad y adquirir habilidades que favorecerán su reinserción.

El lanzamiento del programa contó con la presencia del director General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), Alejandro Miotti, y el director de Industria, Santiago Osuna, quienes destacaron la importancia de esta acción conjunta.

"Venimos realizando este tipo de trabajos con municipios y ahora pensamos implementarlo con el CGE para mejorar las condiciones de nuestras escuelas. Este programa representa una oportunidad para que los internos puedan contribuir a la sociedad y, al mismo tiempo, prepararse para su reinserción", señaló el ministro Roncaglia.

Por su parte, Alicia Fregonese enfatizó la relevancia de garantizar entornos adecuados para la enseñanza. "Que los procesos de aprendizaje se lleven adelante en buenos ámbitos educativos es una preocupación del gobernador Rogelio Frigerio. Por eso buscamos articular con diferentes áreas y programas para cumplir con esta premisa tan importante", destacó. Además, aclaró que "los trabajos con los internos se realizarán exclusivamente en los períodos de receso educativo, tanto de invierno como de verano".

Finalmente, el director del SPER, Alejandro Miotti, resaltó que "estamos generando estos vínculos con escuelas para tener otra herramienta más que nos permita colaborar con la reinserción y la laborterapia de los internos".

Incautaron marihuana en la cárcel.

 En un operativo llevado a cabo por la División Toxicología y personal penitenciario de la Unida Penal Nº7 de la ciudad de Gualeguay, se realizó la incautación de 150 gramos de cannabis sativa, tras un hallazgo inesperado dentro de las instalaciones penitenciarias.

La acción fue solicitada por las autoridades del servicio penitenciario, luego de que un centinela encontrara una bolsa de nylon sobre la loza del pabellón Nº1.

El descubrimiento ocurrió alrededor de las 21:30, cuando el centinela, durante su ronda habitual, notó la presencia del extraño objeto. Al inspeccionar la bolsa, constató que contenía seis envoltorios sospechosos. Inmediatamente, se activaron los protocolos de seguridad y se alertó a la División Toxicología.

Al llegar al lugar, los agentes realizaron el pesaje de la sustancia, que arrojó un total de 150 gramos. Posteriormente, se llevaron a cabo las diligencias pertinentes y se notificó a la justicia sobre el hallazgo. Tras las primeras pruebas, se determinó que la sustancia hallada en el techo de un pabellón de la cárcel de Gualeguay, era efectivamente, marihuana.

La sustancia fue secuestrada y se seguirán las investigaciones pertinentes para determinar cómo pudo haber ingresado a la unidad, así como para identificar a posibles responsables.

Las autoridades continúan trabajando en la implementación de medidas más estrictas para prevenir la llegada de drogas a los penales.

La jueza del Tribunal Oral en lo Criminal de Paraná, Lilia Carnero, hizo lugar al pedido de arresto domiciliario planteado por la defensa de Aurora Soledad Tellechea, procesada por venta de estupefacientes. La mujer es oriunda de Gualeguay.

La acusada se encontraba detenida hasta ayer en la Unidad Penal N°6 de Paraná a donde había sido trasladada en junio de 2023 cuando fue arrestada junto a otras 16 personas. Del total de aprehendidos solo cuatro de ellos terminaron procesados por el Juzgado Federal de Victoria. Se trata de Gabriel Ángel Martín, José Reinaldo Vázquez, Mario David Godoy y Tellechea.

El primero es considerado jefe de la banda dedicada al comercio de drogas; los otros dos hombres fueron imputados por comercio agravado, mientras que la mujer por venta al menudeo en el barrio Defensa Costera, al sureste de la Ciudad de Los Poetas. La investigación que terminó con las detenciones se inició en julio de 2022 y concluyó once meses después.

El caso se tramita bajo la órbita del juez federal de Victoria, Federico Martín. Tras los procesamientos, llegaron los cuestionamientos que fueron rechazados por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que dejó firme lo dictaminado en primera instancia.

Ahora con el paso del tiempo, la Defensora Pública coadyuvante Victoria Cargnel, solicitó la morigeración de la prisión preventiva de la procesada Tellechea, bajo la caución que se estime adecuada, ya sea con colocación de un dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física o bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La funcionaria pública fundamentó su pedido en la ausencia de indicadores objetivos que permitan configurar una situación de riesgo procesal. En tal sentido expresó que la preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito, por lo que su aplicación ha de ser excepcional, al configurar una medida cautelar no punitiva. Explicó que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la causa.

A su turno, la Fiscal Federal de Victoria, Rosana Luggren pidió que se rechace el planteo, ya que no existen circunstancias excepcionales que hagan suponer que el resguardo preventivo de la imputada sea abusivo o arbitrario, y no se ha acreditado un arraigo suficiente que permita suponer que se va a mantener a derecho a las resultas del proceso. Además la representante del Ministerio Público sostuvo que “una eventual pena impide una condena condicional” para la acusada por el delito que se le endilga.

La venta de drogas en el barrio de la acusada comenzó a investigarse en la órbita provincial.

El juez de Garantías Esteban Sebastián Elal, tuvo a su cargo en un primer momento el legajo por la venta de marihuana y cocaína, pero por la magnitud de la “empresa” se traspasó el expediente al juez Martín.

Tras un largo proceso investigativo se pudo establecer que Gabriel Ángel Martin sería el organizador, proveedor, transportista y financiador de la banda; José Reinaldo Vázquez habría actuado como colaborador y transportista, al igual que Mario David Godoy, y el resto de los sospechosos como vendedores.

Luego de los múltiples allanamientos en distintos domicilios de la localidad del sur entrerriano, se incautaron 3,8 kilos de marihuana y 1,1 kilo de cocaína, así como una alta suma de dinero en efectivo.

Ya se reubicaron 270 internos, la mayoría en los nuevos pabellones de la granja penal El Potrero, que continuará siendo mixta. Ahora hay 360 personas alojadas allí.Los profesionales que ejercían su labor en la Unidad Penal 2 ya se encuentra trabajando en la Granja Penal. Asimismo, la cárcel que quedará en desuso funciona solo con guardias mínimas.La penitenciaría del Potrero seguirá siendo mixta. Sin embargo, algunas internas fueron trasladadas a Paraná, pero luego serán reubicadas en la Granja Penal. “Hoy solo están quedando siete internas, que son las que van a permanecer. Algunas están cercanas al cumplimiento de la pena y son oriundas de la ciudad”, explicó Sánchez en declaraciones a Radio Máxima.Sobre el estado de la UP2, el director general informó que “no daba más, tanto para los internos como para el personal que trabajaba en el lugar”.Con respecto al funcionamiento de la panadería, seguirá en la Granja Penal, y se buscará mantener el punto de venta en la ciudad.Finalmente, comentó que seguro la semana que viene se firmará un acta como forma de cierre de una etapa histórica de la cárcel. A partir de ese acto se podrá punto final al penal. 

A cumplir con la pena de 19 años de prisión efectiva fue condenado un individuo al que se le demostró culpabilidad en tres casos de abuso sexual, con sus propios hijos como víctimas. G.D.V fue el destinatario del fallo dado a conocer por el doctor Mauricio Derudi, juez integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

El individuo había sido encontrado culpable por el jurado popular que evaluó su caso  durante un proceso judicial realizado en Villa Paranacito, departamento Islas, en el pasado mes de abril.

En un primer hecho, G.D.V fue hallado “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado doblemente agravado por la condición de progenitor de la víctima y por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma”.

En el segundo hecho el magistrado consideró que hubo “abuso sexual con acceso carnal reiterado doblemente agravado por la condición de progenitor de la víctima y por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente”.

Como tercer hecho la condena se aplica por “abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por la condición de progenitor de la víctima y por haber sido cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”.

El juez Derudi dispuso prorrogar la prisión preventiva del condenado   hasta que la pena impuesta quede firme. Si ello ocurre G.D.V. será trasladado a la ciudad de Gualeguay, donde quedará recluido en la  Unidad Penal Nº 7.

Cabe recordar que el juicio con jurado popular de 122 miembros,  tuvo lugar entre el 26 y el 29 de abril, interviniendo entonces como  fiscal el doctor Lisandro Beherán y representando  al Ministerio Público Pupilar, el doctor Lautaro Boladeres. La defensa del imputado entonces y ahora condenado estuvo a cargo del doctor Matías Farías.

Secuestraron estupefacientes en una celda de la Unidad Penal N°7 de Gualeguay. Se concretó en la mañana de este miércoles por parte del personal de la División Toxicología de la Policía.

El operativo surgió a pedido del subdirector de la cárcel "Casiano Calderón", por Infracción a la Ley Nacional N° 23.737, luego de que en una requisa de rutina en las celdas, hallaron drogas.

Una vez en el lugar, se procedió al secuestro de 108 cigarrillos armados, de los denominados "porros", dos teléfonos celulares; alrededor de $5.000 en efectivo, entre otros elementos.

Desde el Área de Prensa y Relaciones Públicas de la Jefatura Departamental de Policía de la ciudad de Gualeguay, informaron que anoche se detuvo a una mujer que quería ingresar con cocaína a la UP local.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.00hs del martes, donde una mujer se hizo presente en la Unidad Penal N° 7 Casiano Calderón de nuestra localidad, con el fin de entregarle unas pertenencias a un interno.

En la rutina de requisa de los elementos que realizan de manera cotidiana y protocolar los trabajadores de la UP local, se encuentra dentro de una bolsa, que parecía ser de chizitos, dos envoltorios pequeños.

Ante esto se hizo presente en la Unidad Penal N° 7, el Personal de la División Toxicología y analizó los envoltorios, que contenían en su interior una sustancia, luego de los análisis a los reactivos dio positivo para cocaína, con un pesaje de 2 gramos.

Debido a esto, la mujer fue trasladada hacia la Jefatura Departamental, para correcta identificación y examen médico, recuperando luego libertad de acción, supeditada a la causa por Sup. Inf. a la Ley 10.566, con intervención de la Fiscalía N° 1.-

El interno que cumple condena por un doble homicidio ocurrido en la ciudad de Paraná fue trasladado al Hospital Centenario, no se dejó revisar por los médicos, y ahora se encuentra en una celda individual en la UP2. Sospechan de un posible intento de fuga.

El interno manifestó que se sentía descompuesto, en medio de gritos y ademanes dirigidos al personal de la Unidad Penal.

Barrientos fue revisado por personal de sanidad de esa Unidad Penal, y luego fue trasladado al Servicio de Guardia del Hospital Centenario, donde no permitió que los médicos lo asistieran. Para trasladarlo, el director interino Luis Viola, solicitó refuerzo a la Jefatura Departamental de Policía que envió dos móviles que escoltaron al interno hasta el hospital.

Ante la negativa de Barrientos a ser atendido por personal médico, fue devuelto a la Unidad Penal para ser relocalizado en una celda individual, bajo control visual permanente por parte del Servicio Penitenciario. Pasadas las 13 de ayer, Barrientos formalizó la denuncia ante la Fiscalía de Gualeguaychú.

Cabe destacar que, hasta el momento, y luego de la remoción del ex director Víctor Montero en el marco de una causa que investiga el ingreso de droga al penal, Barrientos compartía pabellón con otros internos. Por su parte, el director interino de la Unidad Penal N° 2 notificó de lo acontecido a la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, consignó el portal https://r2820radio.com/.

Fuentes institucionales señalaron que existe "una fuerte sospecha sobre que podría haberse tratado de un intento de fuga de Barrientos", a la vez que confirmaron que al interno "se le secuestran dispositivos móviles de forma periódica, en las sucesivas requisas que realiza el personal".

Barrientos, estuvo en las cárceles de Paraná, de Ezeiza, de Gualeguay, y actualmente se encuentra alojado desde julio de 2020 en la UP 2. Fue condenado en 2015, en un juicio abreviado, a 11 años de prisión efectiva por el homicidio de dos personas. "Petaco" Barrientos, tal como se lo conoce en el barrio Municipal de Paraná, admitió la responsabilidad en el homicidio de Matías Giménez y de Maximiliano Godoy, ocurrido el 9 de noviembre de 2012 en el barrio Paraná XX.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, integrado por los jueces Dardo Tórtul, Javier Cadenas y Darío Crespo, condenó hoy a prisión perpetua a Ismael Ramón Framulari; Maximiliano Exequiel Chamorro y Kevin Alexander Paniagua por la muerte de seis internos en la en la Unidad Penal Número 5 de Victoria "Gobernador Ramón Febre", hecho ocurrido el 7 de junio de 2018.

A su vez mantuvieron la prisión preventiva de cada uno de ellos hasta que se haga efectiva la condena. La lectura íntegra de la sentencia será dada a conocer el 30 de septiembre, a las 8.50 en los tribunales de Gualeguay.

La Fiscalía había solicitado prisión perpetua al igual que la querella mientras que los abogados defensores pidieron la absolución de sus representados.

La causa está caratulada "Framulari, Ismael Ramón; Chamorro, Maximiliano Ezequiel; y Paniagua, Kevin Alexander s/ Homicidio múltiple agravado por ensañamiento, alevosía, por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común y con el concurso premeditado de tres personas, en concurso ideal con homicidio calificado en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad agravada en concurso real y en grado de coautores".

El juicio por el séxtuple crimen se inició el 7 de septiembre y se prolongó hasta el 14 de ese mes. Y en las audiencias se trataron de establecer las responsabilidades de los imputados por el séxtuple crimen ocurrido el 7 de junio de 2018 en la Unidad Penal Número 5 de Victoria "Gobernador Ramón Febre" donde, a partir de un incendio intencional en una celda murieron los internos Justo Silva, de 53 años; Marcelo Beber, de 31 ; Brian Alarcón, de 21; Vladimir Casco, de 20; Marcelo Rodríguez, de 30; y Francisco Alberto Coronel, de 19, mientras que Emilio Oscar Suárez, de 27 años, sobrevivió aunque con graves secuelas en sus piernas.

La resolución llegó este lunes por la tarde, con la firma del titular del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez. Fue nombrado de manera interina el alcaide Luis Viola. La medida se da en el marco de una investigación judicial por el hallazgo de droga.

Según pudo confirmar R2820, en la tarde del lunes se comunicó formalmente la remoción de Víctor Montero del cargo de director de la Unidad Penal N°2. Los cambios se dan en el marco de la investigación judicial que conduce el fiscal Dr. Mauricio Guerrero, por el hallazgo de más de 100 cigarros de marihuana encontrados a comienzos de septiembre en el pabellón que aloja a los internos vinculados a causas federales.

Personal penitenciario realizó la requisa de rutina por el cambio de guardia y encontró más de 100 porros escondido en una ranura del portón de una celda. La causa se encuentra caratulada como "Unidad penal 2 s/ su secuestro. Establecer formas y circunstancias. Infracción ley 23.737".

"El hallazgo no fue informado a la Fiscalía hasta que se divulgó la noticia en los medios de comunicación, pese a que hay protocolos para la actuación en estos casos", explicaron fuentes judiciales. Esto dio inicio a una segunda investigación que tiene en la mira el accionar del personal penitenciario. En este marco se da la remoción de Montero.

Dos semanas después, a 24 horas de un allanamiento ordenado por la fiscal de turno -Dra. Martina Cedrés- una nueva requisa revela la presencia de más de 5 celulares de alta gama y alrededor de 35 porros. Vale destacar que durante el allanamiento a cargo de Cedrés no se habían encontrado elementos extraños. En esta oportunidad se informó a la Fiscalía.

El alcaide Víctor Montero fue designado como titular de la Unidad Penal N°2 a fines de junio pasado, tras el fallecimiento de Ricardo Iglesias. Ahora quedará sujeto a la resolución del sumario interno que investiga el procedimiento ante el hallazgo de droga en la cárcel más antigua de la provincia.

De acuerdo a los datos oficiales difundidos por el Servicio Penitenciario, en las nueve unidades de la provincia hubo participación electoral. Unos 738 internos e internas alojados en Unidades Penales entrerrianas votaron este domingo. En el caso de Gualeguay sufragaron 56 internos.

La participación electoral se distribuyó de la siguiente forma:

Unidad Penal N° 1: 201

Unidad Penal N° 2: 85

Unidad Penal N° 3: 123

Unidad Penal N° 4: 95

Unidad Penal N° 5: 62

Unidad Penal N° 6: 36

Unidad Penal N° 7: 56

Unidad Penal N° 8: 22

Unidad Penal N° 9: 58

Total: 738 votos.

Así quedó resuelto este viernes, al término de la audiencia que se celebró en los salones del cuartel de Bomberos, donde testificaron una decena de personas, entre los que se contaron peritos, forenses y agentes penitenciarios de la unidad penal donde ocurrió el hecho.

El lunes será la última jornada de testimoniales, mientras que el martes 14 serán los alegatos de cierre.

La causa está caratulada "Framulari, Ismael Ramón; Chamorro, Maximiliano Ezequiel; y Paniagua, Kevin Alexander s/ Homicidio múltiple agravado por ensañamiento, alevosía, por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común y con el concurso premeditado de tres personas, en concurso ideal con homicidio calificado en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad agravada en concurso real y en grado de coautores".

El martes pasado fueron los alegatos de apertura, ocasión en la que la Fiscalía reconstruyó los hechos acontecidos en el penal, que provocaron las muertes por el incendio intencional de la celda que ocupaban Justo Silva, de 53 años; Marcelo Beber, de 31 ; Brian Alarcón, de 21; Vladimir Casco, de 20; Marcelo Rodríguez, de 30; y Francisco Alberto Coronel, de 19, mientras que Emilio Oscar Suárez, de 27 años, sobrevivió al hecho aunque con graves secuelas en sus piernas.

Desde la apertura de los alegatos fueron citados una treintena de testigos. En la audiencia de hoy el imputado Paniagua estuvo ausente con autorización del tribunal, ya que había solicitado no comparecer a la audiencia.

El fiscal que actúa en la causa es Eduardo Guaita, mientras que Carlos Reggiardo y Diego Calderón son los abogados querellantes en representación de los familiares de las víctimas. Los imputados Paniagua y Framulari son asistidos por las defensoras oficiales Susana Alarcón y Agustina Quatrocchi mientras que el abogado Francisco Barbagelata representa al imputado Chamorro.

Se trata de Claudio Alejandro Martínez, quien estaba detenido en la Unidad Penal N°1 de Paraná, por matar de un disparo en el rostro a un hombre

El trágico hecho ocurrió el 20 de agosto en el barrio Belgrano de Paraná. La víctima, Lucio Mauricio Quiroga de 38 años, falleció en el hospital San Martín de Paraná, tras recibir un disparo de arma de fuego en el rostro y una mano.

Tras el hecho, el Juez Eduardo Ruhl en audiencia, resolvió prisión preventiva para Martínez, por 30 días a cumplirse en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Este domingo personal penitenciario encontró cerca de las 9, sin vida, ahorcado a Claudio Alejandro Martínez de 34 años. El hombre, si se confirma la autodeterminación, se habría quitado la vida con una campera.

Durante la madrugada del martes, un preso de la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú, lanzó alaridos que alertaron al personal que se encontraba de guardia.

Cuando fueron a ver qué ocurría, encontraron al hombre en estado de angustia: manifestaba que habían intentado violarlo. Inmediatamente fue observado por los profesionales que intervinieron en el hecho.

Luego de que manifestara su intención de radicar una denuncia ante la Justicia, fue trasladado a la Fiscalía, donde fue recibida por Mauricio Guerrero, quien se encontraba de turno. De este modo, se ordenó el inicio de la investigación y el aislamiento del interno, para evitar todo tipo de represalias por la denuncia formulada contra otros tres presos.

Intervino el área de psiquiatría para abordar al individuo que se encontraba en estado de shock. Asimismo, personal policial trabajó en la unidad carcelaria para realizar una inspección ocular en el pabellón, determinando también la realización de un análisis de serología a los tres internos que habrían sido denunciados.

Un celular en una cárcel puede llegar a ser una oficina perfecta para un narcotraficante. Como se ha visto en varias causas en Entre Ríos, se dirigen operaciones de transporte y distribución de drogas con órdenes precisas a los colaboradores que están libres. Esta vez, se descubrió en una investigación de Gendarmería Nacional que un interno de nacionalidad paraguaya alojado en la unidad penal de Gualeguaychú pergeñó la provisión de cocaína en el norte del país y su traslado hacia Buenos Aires, para su posterior exportación a Europa. La maniobra fue desbaratada, con dos detenidos y el secuestro de la droga.

Según se informó a UNO desde la fuerza federal, gendarmes de la Unidad de Reunión de Información llevaron adelante tareas de investigación que determinaron la existencia de una organización criminal que se dedicaba a la venta de estupefacientes y que realizaba envíos de cocaína oculta en piezas de maquinaria a países de Europa.

Fue en el marco de una causa judicial desarrollada por la Fiscalía de la Responsabilidad Penal Juvenil de Pilar y con intervención del juez de Garantías N° 7 de San Isidro, que investigaba la utilización de menores de edad en la comercialización de drogas al menudeo. Esto permitió identificar al proveedor de las sustancias, un ciudadano de nacionalidad paraguaya que se encuentra actualmente detenido en la Unidad Penal N° 2 de la ciudad de Gualeguaychú.

En la investigación, pudieron ir siguiendo los pasos de la droga que habían encargado a narcos del norte argentino y que era enviada por encomienda. El pesado paquete fue retirado en la sede de la empresa en Liniers por parte de la pareja y el sobrino del narco paraguayo. Para evitar un congestionamiento en la avenida Panamericana, decidieron seguir el vehículo en el cual transitaban y los interceptaron en el Peaje Ramal Pilar. Hicieron bajar del auto al hombre y a la mujer, que llevaban la encomienda que contenía una rueda de metal amarilla de gran peso.

Luego de observar rastros de material orgánico y diferencias de tonalidad de pintura al pasarlo por el escáner de AFIP- DGA de Campana, confirmaron que la pieza de máquina no correspondía con una original de la marca. Tenía hasta calcomanías falsas de la marca Caterpillar. Entonces, los gendarmes procedieron a abrirla con un torno y una amoladora. De este modo, hallaron 7,19 kilos de cocaína en su interior. Ambas personas que iban en el auto quedaron detenidas. Mientras tanto, el celular del recluso seguía interceptado y, cuando no se pudo comunicar más con sus parientes, llamó a otros para que descarten todos los elementos comprometedores de su vivienda. Igualmente los uniformados allanaron el domicilio de los investigados, donde decomisaron 15,5 kilos de marihuana y un kilo más de cocaína.

Según lo que surgió en la investigación por escuchas telefónicas y al constatar con otros datos relevados, la droga iba a ser enviada posteriormente hacia España o Bélgica, aseguraron desde la mencionada fuerza. El puerto de Amberes en Bélgica es el de principal ingreso de la droga que luego se distribuye en Europa. Allí se incautó, en febrero, parte el mayor cargamento de estupefacientes jamás detectado en el viejo continente: 16 de las 23 toneladas de cocaína que fueron enviadas desde Paraguay dentro de tachos de pintura, y que atravesaron toda la Hidrovía sin ser detectadas.

Ante las consultas formuladas por UNO sobre la identidad del paraguayo alojado en el penal de máxima seguridad N° 2 del sur entrerriano, decidieron no aportar la información "porque la investigación sigue en curso".

Lo que sí se pudo constatar, es que se trata de un hombre que se encuentra a disposición de una causa por narcotráfico instruida en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, también por narcotráfico. No obstante, según averiguó UNO, su celda de la unidad del Servicio Penitenciario de Entre Ríos no fue allanada para buscar el celular u otros elementos de interés para la investigación.

La misma fue convocada y coordinada por el delegado episcopal de la pastoral penitenciaria, Eduardo Canzonetta, capellán de la Unidad Penal 7 de Gualeguay. El encuentro tuvo como finalidad ser el primero en la diócesis con estas características y por lo tanto se centró en el conocimiento mutuo y el compartir experiencias.

Estuvo presente monseñor Héctor Zordán y participaron además Rubén Melchiori, capellán de la unidad penal 5 de Concepción del Uruguay; Emmanuel Tournoud, capellán de las unidades penales 2 de Gualeguaychú y 9 de Colonia El Potrero; religiosas integrantes de la pastoral carcelaria en la unidad penal 5 de Victoria y en la Jefatura Departamental de Rosario del Tala.

También se sumaron los miembros de los equipos que funcionan en cada una de las unidades, compuestos por laicos que llevan adelante esta tarea de acercar la Palabra de Dios a los hermanos privados de la libertad.

A los 43 años falleció Ricardo Iglesias, el director de la Unidad Penal N°2 de Gualeguaychú. Hace varias semanas el hombre había sido internado en la terapia intensiva del Hospital Centenario por un cuadro grave de coronavirus.

En las últimas horas su estado de salud empeoró y lamentablemente perdió la vida.

Desde la internación de Iglesias, se hizo cargo de la conducción de la cárcel el oficial Víctor Montero.

Desde el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, con profundo pesar, lamentamos comunicar el fallecimiento del Subprefecto Ricardo Sebastián Iglesias, quien actualmente cumplía funciones como Director de la Unidad Penal N°2 "General Francisco Ramírez", de Gualeguaychú.

El Subprefecto Iglesias falleció durante la mañana de este jueves, a los 43 años de edad, a causa de complicaciones en su salud provocadas por Covid-19.

El Oficial Penitenciario, oriundo de la ciudad de Paraná, ingresó a la Institución en el año 2000. A lo largo de su carrera prestó servicio en las unidades penales N°1 de Paraná, N°3 de Concordia, N°4 de Concepción del Uruguay, N°2 y N°9 de Gualeguaychú, desempeñándose como Director en estos dos últimos establecimientos.

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos acompaña en este doloroso momento a sus familiares, camaradas y amigos.