Internos de la Unidad Penal N° 1 de la ciudad de Paraná escribieron una “Carta Abierta” para hacer público su reclamo por mejores condiciones de encierro. Además, plantean en el texto la necesidad de cobrar más dinero por los trabajos que realizan. La misiva difundida a través de WhatsApp fue acompañada de un cacerolazo ejecutado este lunes a la noche por la gran mayoría de los 900 internos que tiene hoy el penal de hombres de la capital provincial. No se plegaron a la protesta los presos de las fuerzas de seguridad y los convictos por delitos de abuso sexual.

Según indica la carta, al igual que fuentes judiciales consultadas por Canal 9 Litoral, el conflicto surge a partir de una disposición que establece llevar adelante las visitas en una carpa/gazebo “para que los internos tengan un salón de visitas adicional dado que antes se hacían en un salón dispuesto en antiguos pabellones reformados para eso. El objetivo de la carpa era resolver cuestiones de espacio y dar mayor comodidad”, informaron las mismas fuentes.

Sin embargo, los internos sostienen que en la carpa hay baños químicos poco higiénicos, por la cantidad de personas que los usan, y molestan las altas temperaturas. Otro inconveniente que manifiestan es que la carpa tiene cámaras de seguridad y ellos “no quieren tener supervisión”, según pudo saber este medio.

Además, según pudimos conocer, molesta la ubicación de la carpa por estar cerca de otro pabellón y al lado de una cancha de fútbol, ya que al necesitar circulación de aire, se levantan las paredes del gazebo y quedan “expuestos” y fácilmente identificables los familiares de los internos.

La carta abierta indica que el malestar también se da por la calidad de la comida, la falta de medicamentos, de una buena atención médica y de elementos de limpieza. Pero quizás lo más llamativo es una acusación hacia las autoridades que indica: “Sólo están pensando en cómo desviar fondos del Estado, son ladrones de guantes blancos, están realizando construcciones dentro de la unidad con mano de obra de los internos a los que se les paga 500 pesos por mes, facturando con cada inauguración de obra millones de pesos para que los directores y oficiales del servicio construyan sus casas quintas, compren sus camionetas último modelo”.

“Anoche luego del cacerolazo hubo una reunión con delegados de los pabellones y los directivos de la Unidad Penal 1 y del Servicio Penitenciario para tratar el tema. Los internos manifestaron querer volver al expabellón 3 y no utilizar las carpas. Se está evaluando la posibilidad y se está trabajando sobre eso porque la infraestructura no es la adecuada”, manifestó una fuente policial.

Al ser consultado por la atención médica reclamada por los internos, la fuente indicó que no se hicieron peticiones al respecto. Y en cuanto al trabajo que brindan los convictos, dicha fuente afirmó que “es totalmente falso que un interno perciba 500 pesos” y añadió que “se están realizando numerosos convenios para que internos realicen trabajos fuera del ámbito penitenciario y hagan un aporte verdadero a la sociedad”.

Las autoridades del SPP afirman que el tema excluyente de la reunión fue “visitas”. Por ello se está estudiando las posibilitad en habilitar otro espacio apropiado, ya que la Unidad Penal 1 no cuenta con la infraestructura al efecto. “Hace más de 25 años que para nuestro Servicio Penitenciario no se hacen inversiones de impacto para equipamiento, seguridad, infraestructura, uniformes para personal, equipamientos para cocina”, se indicó.

“Esta gestión de gobierno es consciente y trabaja con los recursos que dispone, por ello nos otorgaron 40 vacantes para personal, que desde 2018 no se daban cupos, pese al incremento sustancial de detenidos”, explicaron desde el SPP.

Carta Abierta a Frigerio y Roncaglia

La misiva de los internos de la unidad penal N°1, por lejos la más poblada de la provincia, está dirigida al gobernador Rogelio Frigerio y al ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.

En el texto sostienen que “la Constitución Nacional Argentina establece que las personas privadas de su libertad deben ser tratadas con respeto y dignidad”, y agrega: “La Constitución Nacional también establece que las cárceles deben ser sanas y limpias”. Los presos aseguran que todo lo dicho en la Carta Magna no se respeta y las instalaciones están en un estado decadente.

Le exigen al ejecutivo provincial controlar los fondos destinados a las unidades penales y también cuestionan la transparencia del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Por otra parte, los internos señalan que “antes de la pandemia podíamos ver a nuestra familia (primos/as, tios/as, amigos/as) dos veces a la semana, en el patio de cada pabellón, pero llegó la pandemia y cambió el régimen de visitas cada 15 días en salones, solo la pareja y un familiar directo (padres y hermanos), cortando el vínculo con familiares y círculo de amistad”.

En ese sentido sostienen que “en la actualidad continuamos con la misma modalidad de pandemia”, y precisan: “Este año al S.P.E.R se les ocurrió alquilar una carpa y 12 baños químicos a la empresa Eventos Paraná con la que tienen convenio y muchos tipos de contratos con esta empresa, tanto en alquileres como contratos de internos a los que se les pagan sueldos muy bajos, aprovechando la situación de la persona privada de libertad”.

“Con la contratación de esta carpa de eventos, perjudica a nuestra familia porque las pocas horas que podemos estar las pasan súper mal, porque es insoportable el calor que hace dentro”, y añadió: “Con las altas temperaturas que se vienen en una carpa no se aguanta ni 30 minutos adentro que te sofocas, y los días de lluvia parece que se va a caer todo encima”.

Los internos afirman que se están realizando construcciones dentro de la unidad con mano de obra de los internos que “se le paga 500 pesos por mes, facturando con cada inauguración de obra millones de pesos para que los directores y oficiales del servicio construyan sus casas quintas, compren sus camionetas últimos modelos y viajen a las mejores playas…” etc”.

También los presos aseguraron que la aparatología de odontología está “toda sucia” y que los elementos están oxidados. También aseguran que sufren “malos tratos” por parte del odontólogo.

En la carta aseguran que la comida es de mala calidad. Y que el Servicio Penitenciario no quiere que el número de internos baje porque pierde dinero.

Esto lo dio a conocer el titular del Servicio  Penitenciario de Entre Ríos, inspector general doctor Marcelo Sánchez, en declaraciones periodísticas realizadas horas atrás en las que se refirió a que el penal modelo del SPER es de mediana seguridad y en el que, a pesar del crecimiento del número de internos, se sigue el proyecto de que sea un “lugar de terapia agroindustrial”.

“Nosotros seguimos con la idea de la agroterapia, el año que viene se va a agrandar la población penal y  se va a trabajar con la parte agroecológica. También tenemos una sala de faena autorizada por la provincia que en los primeros días de enero se va a inaugurar, al igual que  los talleres de carpintería y herrería, que se están readecuando”, señaló Sánchez a la Radio Máxima.  “La Granja Penal tiene hoy 374 alojados en un nivel medio y máximo de seguridad, se la ha dotado de ciertos elementos de seguridad para poder cumplir con la vigilancia,  de hecho, cada pabellón tiene cámaras, algo que por la infraestructura la Unidad Penal Nº1 no podía tener”, manifestó la máxima autoridad del SPER

“Hasta ahora los balances son positivos, se sigue trabajando para pulir detalles, sobre todo el equipo de trabajos y de servicios y tratamiento”, señaló el inspector general Marcelo Sánchez.

En allanamiento por amenazas encuentran estupefacientes Un individuo mayor de edad, que cuenta con antecedentes penales, fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado en calidad de detenido a disposición de las autoridades judiciales. 

El sujeto fue apresado en horas de la tarde en el marco de un procedimiento a cargo de personal de la Comisaría 2da mediante el que se dio cumplimiento a una orden de allanamiento y requisa domiciliaria debido a una causa por supuestas amenazas que lleva adelante la Fiscalía Auxiliar a cargo del doctor Facundo Álvarez. La medida judicial disponía localizar y secuestrar un arma de fuego, elementos de interés y la detención de un individuo domiciliado en una vivienda ubicada en la zona de calles José Ingenieros y Monseñor Chalup, en el Bº Pueblo Nuevo. Los efectivos policiales que irrumpieron en la morada lograron encontrar un arma de fuego, que fue formalmente secuestrada, en tanto que en una de las habitaciones hallaron un envoltorio que contenía una sustancia blanca, la que tras ser sometida a un test arrojó positivo para clorhidrato de cocaína. Esta novedad se puso en conocimiento de la Fiscalía a cargo de la  doctora Martina Cedrés (con competencia en este tipo de delitos), ordenándose un nuevo registro del domicilio, ahora con la intervención del personal de la División Toxicología de la Jefatura, con el fin de localizar elementos relacionados con el comercio de estupefacientes. Como resultado del procedimiento se secuestró más cocaína, varios celulares, un chip, dinero en efectivo  y una balanza digital.

El Superior Tribunal de Justicia, junto a la Procuración y la Defensoría General de la Provincia - teniendo en cuenta las presentaciones y propuestas recibidas-, dispusieron los responsables del servicio de justicia en las distintas jurisdicciones de Entre Ríos, correspondiendo las siguientes autoridades en los departamentos Gualeguaychú e Islas del Ibicuy: >VOCALES DEL TRIBUNAL DE JUICIO Y APELACIONES: Alicia Cristina Vivian -del 1 al 15.1.2023; Mauricio Daniel Derudi -del 16 al 31.1.2023 >JUECES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, FAMILIA Y DE PAZ de Gualeguaychú, Urdinarrain y Larroque: Francisco Unamunzaga -del 1 al 15.1.2023; Héctor Domingo Vasallo -del 16 al 31.1.2023 >JUECES EN MATERIA PENAL Y EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Ignacio Boris Nicolás Telenta -del 1 al 15.1.2023; Tobías José Podestá -del 16 al 31.1.2023 >AGENTES FISCALES Y FISCALES AUXILIARES: Carolina Costa -el 1.1.2023; Facundo Álvarez -el 1.1.2023; Natalia Bartolo -del 1 al 10.1.2023; Alejandra Montiel -del 2 al 11.1.2023; Lucrecia Lizzi -del 2 al 11.1.2023; Jorge Gutierrez -del 11 al 21.1.2023; Eliana Ghiglione -del 12 al 21.1.2023; Lucas Pascual -del 12 al 21.1.2023; Facundo Álvarez -del 22 al 29.1.2023; Martina Cedres -del 22 al 31.1.2023; Carolina Costa -del 22 al 31.1.2023; Lucas Pascual -del 30 al 31.1.2023; >DEFENSORÍAS PÚBLICAS: -en materia Penal: Matías R. Lonardi -del 1 al 15.1.2023; Pablo R. Ledesma -del 16 al 31.1.223 -en materia Civil: Pablo O. Pattini -del 1 al 10.1.2023; Manuel Russo -del 11 al 20.1.2023; Ricardo Nelson Golly -del 21 al 31.1.2023 -en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes: Gabriela Urrels -del 1 al 10.1.2023; Manuel Russo -del 11 al 20.1.2023; Ricardo N. Golly -del 21 al 31.1.2023 >REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS (RUAER): -Equipos Técnicos: Valeria Massuh -del 1 al 15.1.2023; Paula Alá -del 16 al 31.1.2023

Fernanda Beorda -del 16 al 31.1.2023 >UNIDAD DE LETRADOS EN PROCESOS DE SALUD MENTAL: Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy:

>DISPOSITIVO DE ENTREVISTA TESTIMONIAL VIDEO GRABADA (DETVG): Valeria Massuh -del 1 al 15.1.2023; Fernanda Beorda -del 16 al 31.1.2023

Este año concretarán dos nuevas obras en la Unidad Penal Granja El Potrero y la Unidad Penal N° 8 de Federal, que incorporarán 380 nuevas plazas al sistema carcelario. La inversión total será de 86 millones de pesos.

ben educación formal e informal bajo una perspectiva de Derechos Humanos", detalló la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero quien coordina las tareas en la ciudad del sur entrerriano con su par de Planeamiento, Marcelo Richard.

En este sentido, la funcionaria agregó: "El propósito final es que esta ampliación de la Granja El Potrero, que contará de cinco módulos, un hospital y una obra de saneamiento para tratar afluentes, nos posibilite cerrar en algún momento la vieja cárcel de Gualeguaychú que es una cárcel más propia del siglo XIX". La inversión en esta obra puntual es de 78 millones de pesos.

En ese marco, el director General del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, detalló que la construcción de nuevos pabellones en la Unidad Penal El Potrero "darán lugar a 150 plazas, en una primera instancia, y se incrementará en 150 más", totalizando 300 nuevas plazas en esa unidad penal.

En cuanto a la obra en la Unidad Penal N° 8 de Federal, se trata de un nuevo pabellón completo con sanitarios, que tendrá una capacidad de 80 nuevas plazas. La inversión en este caso es de 8 millones de pesos y es realizada en su totalidad con fondos del Servicio Penitenciario. La mano de obra la realizarán internos y agentes penitenciarios.

"La idea para este año es avanzar en la concreción de nuevas plazas", puntualizó Sánchez y valoró que "Entre Ríos ha sido una de las provincias que no cuenta con sobrepoblación gracias al trabajo que venimos realizando hace un par de años"

Además, "se acrecentó la atención sanitaria de la población y del personal, tomándose medidas que fueron instruidas desde el Ministerio para fortalecer la tarea de atención médica, lo que dio un resultado positivo dado que atravesamos la mayor etapa de este año sin casos positivos", detalló el titular del Servicio Penitenciario.

Asimismo, Sánchez informó que desde el organismo se continúa ejecutando el programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica, contando a la fecha con 96 dispositivos en funcionamiento que son monitoreados desde el SPER.

El deceso se produjo en las primeras horas de la noche de este viernes 25 de diciembre, en el interior de la Unidad Penal N° 3.

Personal de la División Criminalística de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia debió hacerse presentes en la cárcel de Concordia, luego que -aproximadamente- a las 21, fueran notificadas del deceso de una de las personas privadas de su libertad.

La víctima sería una de persona de aproximadamente 40 años, que tenía casi cumplida una extensa condena.

Siempre según los primeros datos obtenidos por Diario Río Uruguay, este hombre falleció por "causas naturales", luego de padecer una descompensación por la que fue trasladado hasta el hospital Felipe Heras.

No obstante, la Justicia llevó a cabo los procedimientos de rigor para establecer fehacientemente las circunstancias del hecho.

En la tarde de este jueves, cerca de las 14:30 horas, se produjo un incendio de colchones en una celda de la unidad penal de Victoria. Según se informó el siniestro fue provocado por internos del penal.

En un principio, el fuego fue controlado por los propios penitenciarios, como así también la situación interna del lugar. Alrededor de tres internos fueron trasladados al servicio de guardia del Hospital " Fermin Salaberry " con quemaduras leves.

En tanto que las actuaciones judiciales están a cargo del fiscal Ivan Yedro y las pericias serán realizadas por personal de criminalística de la jefatura departamental Victoria.