En una decisión que marca un nuevo límite judicial a la política de ajuste fiscal del Poder Ejecutivo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la demanda colectiva presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas casas de altos estudios del país.

El fallo judicial subraya que el Gobierno nacional no puede eludir el cumplimiento de una ley sancionada por el Congreso mediante decretos o resoluciones administrativas que desfinancien el sistema. La Justicia ordenó específicamente:

Los magistrados recordaron en su resolución que la autonomía universitaria y el derecho a la educación superior tienen rango constitucional, y que el Estado tiene la obligación de garantizar el financiamiento adecuado para su normal funcionamiento.

Esta ratificación judicial ocurre tras meses de tensión entre el Ministerio de Capital Humano y las autoridades universitarias. Durante el último semestre, el oficialismo intentó derogar la ley a través de la discusión del Presupuesto 2026; sin embargo, el Congreso rechazó la eliminación de este capítulo, dejando la norma plenamente operativa.

Desde el CIN celebraron la medida como un "freno a la arbitrariedad". Por su parte, desde los gremios docentes destacaron que la caída del poder adquisitivo en el sector ha sido la más pronunciada de las últimas décadas, situando a una gran parte de los trabajadores universitarios por debajo de la línea de pobreza.

A pesar de la contundencia del fallo, el Gobierno nacional ya presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. De no mediar una suspensión por parte de una instancia superior, el Ministerio de Economía deberá arbitrar los medios para transferir los fondos remanentes y actualizar las partidas presupuestarias en el corto plazo.

La resolución judicial se conoce en una jornada de movilización en diversas provincias, donde la comunidad académica reclama que el fallo se traduzca en una mejora real de las condiciones de enseñanza y de vida para los trabajadores y estudiantes.

El esquema de protestas presenta matices según la representación gremial, pero confluye en un cese de actividades generalizado. La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), en sintonía con la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), llevará adelante una semana completa de medidas de fuerza. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) confirmó un paro total de 72 horas que se extenderá hasta el miércoles inclusive.

El conflicto se ha agudizado en las últimas semanas debido a lo que los gremios califican como un "incumplimiento sistemático" de la normativa vigente. Entre los puntos principales que motivan la huelga se encuentran:

En ciudades como Gualeguaychú, la medida tendrá un fuerte impacto en la Facultad de Bromatología de la UNER, donde se prevé un alto nivel de acatamiento similar al registrado en jornadas anteriores, que rondó el 80%. También se sumarán docentes de la UTN y personal no docente nucleado en APUNER, lo que paraliza no solo las aulas sino también los laboratorios y áreas de servicios.

De no mediar una respuesta oficial, el plan de lucha contempla la instalación de "carpas por la universidad y la soberanía" entre el 6 y el 17 de abril, y una nueva Marcha Federal Universitaria programada para el próximo 23 de abril.

La medida de fuerza es llevada adelante por Conadu Histórica y Conadu, que sostienen el reclamo por una urgente recomposición salarial para los docentes universitarios. Además, exigen la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el año pasado, que contempla una ampliación presupuestaria para asegurar el funcionamiento de las universidades públicas.

Desde el sector advierten que la situación salarial atraviesa uno de sus momentos más críticos. En ese sentido, docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dieron a conocer un informe en el que señalan que el salario real se encuentra en su “mínimo histórico”. Según ese relevamiento, los ingresos actuales están 35,6% por debajo de noviembre de 2023 y también quedaron 2,7% por debajo de los niveles más bajos registrados en 2004.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), Laura Carboni, afirmó que desde noviembre de 2023 los trabajadores del sector “perdieron el equivalente a 11,5 salarios”. Para explicar el deterioro, remarcó que “de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”.

En la misma línea, Carboni cuestionó la falta de actualización frente al avance de la inflación. “En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres”, sostuvo.

Ante este escenario, los gremios endurecieron su postura y ratificaron la continuidad del plan de lucha. “No podemos seguir así. Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado. Ya probamos en los últimos dos años con paros aislados y desacompasados; necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades”, concluyó la dirigente.

Emergencia pediátricaEl proyecto establece la asignación prioritaria de recursos para insumos, infraestructura, personal médico y equipamiento indispensables para la atención pediátrica. También incluye cláusulas de recomposición salarial para quienes trabajan en salud infantil y la eximición del pago del impuesto a las ganancias sobre horas extras y guardias en casos críticos. El Hospital Garrahan es mencionado como hospital de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad. El impacto fiscal previsto entre julio y diciembre rondaría los $ 65.573 millones, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Universidades públicasEl texto vetado obliga a que el Ejecutivo actualice el presupuesto universitario en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del período 1 de mayo al 31 de diciembre de 2024, aplicable desde el 1 de enero de 2025. También plantea que los aumentos salariales para docentes y personal no docente deban tener carácter remunerativo y bonificable, y que la negociación paritaria ocurra cada tres meses como máximo. 

Para que los vetos sean rechazados sobre tablas, se requerirán los votos de dos tercios del Senado. Esto no se considera un problema para quienes buscan la reactivación de ambas leyes, dado que en la votación original del 21 de agosto pasado el proyecto pediátrico obtuvo 62 adhesiones y el universitario, 58, sobre un total de 72 senadores. En esa ocasión, los rechazos provinieron de ciertos sectores libertarios y del oficialismo. En el caso universitario, también hubo abstenciones de legisladores que luego pidieron más tiempo para analizar.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a los principales gremios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas en Argentina, ratificó el paro nacional de 48 horas anunciado para los días 17 y 18 de marzo.

La medida responde a la creciente preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el “desfinanciamiento estructural” que, según denuncian, afecta gravemente el funcionamiento de las casas de altos estudios. La situación se enmarca en un contexto de tensiones presupuestarias, ya que el año 2025 comenzó con un presupuesto prorrogado, lo que anticipa un panorama conflictivo para el sistema universitario.

Según publicó Infobae, la decisión fue tomada durante la primera reunión del año del Frente Sindical, en la que participaron representantes de diversas organizaciones gremiales, como la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Este jueves brindaron una conferencia de prensa en la sede de CONADU ubicada en Capital Federal, donde ratificaron las medidas de fuerza lanzadas para el próximo 17 y 18 de marzo. “Acá está en juego algo más que el salario de los docentes universitarios, acá está en juego la república”, manifestó en la conferencia de prensa el secretario general de FAGDUT, Norberto Heyaca.

Según detallaron, “la situación de los trabajadores universitarios es compleja: los aumentos otorgados de 1,5% para enero y 1,2% para febrero no lograron siquiera recuperar la inflación de dichos meses. Esto sin mencionar lo perdido el año anterior”. “Durante el gobierno libertario hemos perdido, sumado las pérdidas que tuvimos mes a mes, un total de cuatro sueldos”, pormenorizó Heyaca, y habló del impacto de dicha pérdida en las obras sociales universitarias.

El titular de la FAGDUT -docentes de la UTN- señaló también la falta de diálogo del Gobierno, y contó que los trabajadores universitarios todavía no han sido citados en lo que va del año a la mesa de negociación salarial. “Se está arriesgando el futuro de nuestra juventud, porque muchos docentes han dejado la universidad porque no les alcanza para llegar a fin de mes”, señaló Heyaca, y remató: “Es muy difícil conseguir jóvenes egresados que quieran sumarse a la carrera docente universitaria”.

Por otro lado, desde FAGDUT anunciaron que se verán afectadas actividades académicas y de investigación en las 30 Facultades Regionales que posee la UTN, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Colegio Siemens; la medida comprende a los 15.000 docentes que nuclea la entidad sindical.

FUENTE;: AHORA

¿Qué son las Fake News?

Las Fake News son contenidos informativos que, de manera deliberada, presentan datos falsos o manipulados con el fin de inducir a error a quienes los consumen. Pueden adoptar la forma de noticias sensacionalistas, titulares engañosos, imágenes o videos editados y falsificaciones completas de hechos. Lo más peligroso de estas noticias es que, al estar diseñadas para viralizarse, logran penetrar en el debate público con rapidez y eficacia, alimentando prejuicios y divisiones sociales.

A diferencia de los errores periodísticos, que pueden corregirse, las Fake News se producen con la intención explícita de engañar. Esto no solo desinforma a la sociedad, sino que también deteriora los procesos democráticos, al generar una ciudadanía menos informada y más propensa a ser manipulada. Al no contar con una base de información verificada, los debates públicos pierden calidad y las decisiones que derivan de ellos (ya sea en elecciones o políticas públicas) tienden a ser menos acertadas.

El peligro de las Fake News para la democracia.

En una democracia saludable, el acceso a información veraz es clave para el ejercicio ciudadano. Los votantes deben poder formar opiniones basadas en hechos reales para tomar decisiones que impacten en su vida cotidiana y en el futuro de su país. Sin embargo, cuando la información se ve contaminada por noticias falsas, los ciudadanos toman decisiones basadas en mentiras o en distorsiones de la realidad. Esto erosiona la legitimidad de los procesos democráticos y genera una espiral de desconfianza hacia las instituciones.

El problema se agrava con el auge de las redes sociales, que funcionan como amplificadores de estos contenidos falsos. Plataformas como Facebook, X o WhatsApp se han convertido en terreno fértil para la diseminación de Fake News, en parte por la falta de regulación efectiva y la viralización inmediata que permiten. Al no haber mecanismos que frenen de manera oportuna la difusión de noticias falsas, estas llegan a millones de personas, generando un impacto duradero en la opinión pública, incluso cuando se desmienten.

Las Fake News en Argentina: el caso de las universidades públicas.

Un ejemplo claro de cómo las Fake News pueden influir en el debate público en Argentina es la desinformación respecto a las auditorías de las universidades nacionales. En el último tiempo, circularon una serie de noticias y comentarios en redes sociales, muchos de ellos fomentados desde el oficialismo, que afirmaban que las universidades públicas, particularmente la Universidad de Buenos Aires (UBA), no eran auditadas de manera adecuada o que existía un manejo opaco de sus finanzas. Estas afirmaciones no solo son falsas, sino que además buscan desprestigiar a estas instituciones educativas tan importantes para el país.

La realidad es muy distinta: las universidades nacionales están sujetas a un estricto control y auditoría dentro del marco normativo vigente. La Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo encargado de auditar al Estado en su conjunto, es la responsable de revisar las cuentas de las universidades. En el caso particular de la UBA, la última auditoría realizada por la AGN finalizó en el año 2023, tal como se puede corroborar en la página web del organismo. Además, las universidades cuentan con auditorías internas cuyos responsables son elegidos por cuerpos colegiados, garantizando transparencia y pluralidad en el control de sus finanzas.

Es importante destacar que el control financiero de las universidades no se limita a estas auditorías. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, recibe mensualmente una rendición de ingresos y gastos por parte de las universidades. A su vez, dos veces al año, estas instituciones remiten al Ministerio de Economía (Contaduría General de la Nación) sus estados contables y cuadros de cierre, que detallan la totalidad de los recursos y erogaciones del periodo. Esta serie de mecanismos de control financiero desmiente rotundamente cualquier acusación de falta de auditoría o transparencia en la gestión de las universidades públicas.

El impacto de la desinformación en la educación pública.

El debate en torno a las universidades públicas no es un caso aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia de desinformación que busca minar la confianza en instituciones clave para el desarrollo de la sociedad. Las Fake News sobre la falta de control en las universidades generan una percepción errónea de que estas instituciones son ineficientes o corruptas, cuando en realidad cumplen con todos los controles establecidos por la ley. Este tipo de falsedades no solo perjudican la imagen de las universidades, sino que también afectan el acceso a la educación de calidad, al generar dudas sobre el uso de los recursos públicos destinados a este fin.

En última instancia, la proliferación de Fake News sobre las universidades públicas tiene un impacto directo en el diálogo democrático. Cuando se introduce desinformación en el debate sobre políticas educativas, se obstaculiza la posibilidad de que los ciudadanos tomen decisiones informadas y se promueve la desconfianza hacia uno de los pilares fundamentales del Estado, la educación pública.

Las Fake News constituyen una amenaza real para la calidad del diálogo democrático, ya que siembran confusión, polarizan a la sociedad y erosionan la confianza en las instituciones. En el caso de Argentina, la desinformación en torno a las auditorías de las universidades públicas es un ejemplo claro de cómo estas noticias falsas pueden distorsionar el debate público y perjudicar el funcionamiento de instituciones clave para el desarrollo social y educativo.

Es fundamental que, como ciudadanos, nos tomemos el tiempo de verificar la información que consumimos y compartimos y que las plataformas de comunicación asuman una mayor responsabilidad en la lucha contra la desinformación. Solo a través del acceso a información veraz y confiable podremos fortalecer el diálogo democrático y construir una sociedad más justa y equitativa.

Julián Lazo Stegeman 

El Gobierno nacional criticó la reacción estudiantil al blindaje del veto de la Ley de Financiamiento Universitario tras sostener que “tomar una universidad es un delito” 

Lo planteó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa quien además expresó su solidaridad con "la mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes" que quieren que la entidad educativa esté "funcionando".

"Es un delito tomar una universidad como tomar cualquier edificio", expresó, a la vez que indicó: “El espacio para discutir los fondos universitarios es el Presupuesto 2025. Ese es el marco”.

En la misma línea, sostuvo: "Nos solidarizamos con la mayoría de los estudiantes que quieren ir a investigar, a estudiar, avanzar, y que nos los dejan así también con los docentes y no docentes que quieren tener una universidad funcionando".

Al respecto, aseguró que la Justicia deberá analizar si avanza con los potenciales desalojos de los edificios tomados por estudiantes, docentes y no docentes. 

Por su parte, acusó a la vieja política de querer que “vuelva el caos” al asegurar que la Ley de Financiamiento Universitario afectaba al equilibrio fiscal, y apuntó contra los gremios docentes y no docentes que reclaman por mejoras salariales. 

“Pese a la negativa de los gremios, el Gobierno otorgará el 6,8% al personal docente y no docente para el mes de octubre. Es decir prefirieron rechazar el aumento y habilitar la toma antes que  aceptar el aumento y seguir trabajando para mejorar la situación”, anunció.

Además, agregó: “Es la misma vieja política que se niega a auditar las universidades, el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 no fueron rendidos. Todos saben que para nosotros, los argentinos merecen saber qué se hacen con la plata que aportan de su bolsillo para pagar la educación de todos los estudiantes”.

En otro pasaje de la conferencia, el funcionario agradeció a los 85 diputados que acompañaron la decisión del Poder Ejecutivo y no descartó un nuevo evento celebratorio como fue el asado realizado en la Quinta de Olivos motivado por el acompañamiento al veto de la actualización jubilatoria. 

“Los que nos acompañaron están viendo que más allá del equilibrio fiscal que es innegociable, que es política de Estado, así que la reflexión es que lo que pasó ayer fue entender lo relevante de eso”, destacó, y concluyó: “Romper con eso, implicaría que todos los argentinos seamos más pobres, que es lo que pasaba”.  

Para la legisladora, “El oficialismo acusa a las universidades de inventar estudiantes para cobrar más fondos, pero los fondos no se asignan por cantidad de estudiantes. Los fondos se cálculan teniendo en cuenta gastos de funcionamiento, inversión para ciencia y tecnología y salarios de docentes y no docentes." 

En la misma línea sostuvo, "Plantean que los pobres no están en la universidad, pero sabemos que más del 48% de los estudiantes inscriptos en materias durante el 2024 están por debajo de la línea de pobreza. También dicen que los docentes están bien pagos cuando  más del 85% están por debajo de la línea de la pobreza”. 

Además agregó, “Lo mismo sucede con las auditorías, todos los gastos de las universidades están debidamente registrados. Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano información del personal y del presupuesto, realizan auditorías internas propias y externas por parte del Congreso de la Nación, más evaluaciones internas propias y externas de la CONEAU." Y remarcó, "Este argumento es tan falso que están vetando la ley que en su artículo 7 establecía que las auditorías las realice la Auditoría General de la Nación”.

“El gobierno miente también al decir que la Ley de Financiamiento Universitario atenta contra el equilibrio fiscal porque representa apenas el 0,14% del PBI”.

Finalizando la diputada sumó, “Las universidades públicas nacionales crean el conocimiento que después se aplica para mejorar los procesos productivos; preparan a los docentes que enseñan a nuestros gurises; forman diferentes profesionales." 

"Como radical, voy a seguir trabajando por defender la educación pública y las universidades nacionales. Espero sinceramente que el gobierno la vea y deje de atacar nuestro sistema universitario”, concluyó Antola.

Docentes y no docentes universitarios lanzaron hoy un "paro total" para mañana tras la ratificación legislativa del veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento del sector y repudiaron a los diputados que votaron "contra del mandato popular de defender" las casas de altos estudios.

"La UBA está de luto", manifestó la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) en redes sociales, al anunciar su participación en la medida de fuerza de mañana.

Desde ese sindicato sostuvieron que los legisladores que votaron a favor del Gobierno "desoyeron una vez más el mandato popular".

"En una bochornosa jornada, pusieron en juego el futuro de todo un país", advirtieron desde el gremio.

Asimismo, señalaron que el "escandaloso resultado en la Cámara de Diputados amenaza destruir la Universidad Pública".

Por su parte, el Frente Sindical de Universidades Nacionales repudió este miércoles a los diputados que votaron a favor del veto presidencial a la Ley de Financiamiento de las casas de altos estudios.

"Repudiamos a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad", expresaron desde el frente que agrupa a los sindicatos docentes de las facultades públicas en un comunicado.

El frente gremial convocó a "un paro total el día jueves 10" y a "consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto universitario".

"La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto del Gobierno nacional", enfatizó el sector.

El documento lleva la firma de Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Federación Nacional de Docentes Universitarios (FEDUN), CERA, Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT) y Unión Docentes Argentinos (UDA).

La medida de fuerza que decidieron los sindicatos docentes y no docentes es en respuesta a la decisión de la Cámara Baja de dejar firme el veto presidencial a la norma que incrementaba el presupuesto universitario.

Al igual que los sindicatos, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también "repudió" la postura de legisladores nacionales que "le dieron la espalda a nuestras universidades públicas al apoyar su desfinanciamiento".

"Este reclamo es genuino y así lo manifestó la sociedad en su conjunto en las marchas federales del 23 de abril y del 2 de octubre", expresaron desde el organismo en un comunicado.

Las autoridades universitarias agrupadas en el CIN sostuvieron además que en la actualidad "el sistema universitario público tiene el 70 % de los salarios docentes y no docentes por debajo de la línea de la pobreza" y que "las partidas asignadas ni siquiera son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura y están paralizadas las obras".

"Nada de eso les importó. Privilegiaron su metro cuadrado, sus argumentos pequeños, su mirada corta y su visión egoísta", criticaron desde la entidad con relación a los diputados que acompañaron el veto de Milei.

De esta manera, en la jornada de mañana no habrá clases en la mayoría de las universidades públicas nacionales y los gremios amenazan con la continuidad de las acciones de protesta ante el recorte de recursos que, según denunciaron, se hizo extensivo al proyecto de Presupuesto 2025.

Los gremios universitarios volvieron a rechazar el aumento del 6,8 por ciento para el personal docente y no docente que ofreció el Gobierno, que finalmente impondrá ese incremento por decreto, luego de que fracasara la reunión realizada entre funcionarios del Ministerio de Capital Humano vinculados a la educación y representantes de esos sindicatos para acercar esta nueva propuesta.

El encuentro comenzó a las 17:00 y estuvo encabezado por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Al finalizar la reunión, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) publicó un comunicado titulado "Sin acuerdo en la Reunión de la mesa técnica salarial", en el que manifestaron que seguirán insistiendo en la necesidad de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por lo tanto, exigirán a los diputados que "sean coherentes con su mandato popular" y rechacen el veto del presidente Javier Milei para que se convierta en ley.

Tras la reunión, el Gobierno emitió un comunicado en el que ratificó un incremento salarial para los docentes de un 6,8 por ciento.

"El Ministerio de Capital Humano ofrecerá un aumento del 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para el mes de octubre. Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas", remarcó la cartera que encabeza Sandra Pettovello.

En un texto difundido a la prensa, agregó: "Esta medida llevaría el salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), empleados administrativos y profesionales dentro de la Administración Pública Nacional. A su vez, se activará la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas contempladas dentro de la escala docente".

La medida fue tomada luego del cimbronazo que le generó al Gobierno la marcha nacional contra el veto del mandatario a la ley de financiamiento universitario.

A la salida del encuentro, los gremios remarcaron que lo que exigen "no es un incremento salarial, sino converger los salarios y la inflación para no seguir perdiendo más poder adquisitivo".

"Como ya lo hemos dicho reiteradas veces, tenemos el salario en dólares más bajo de América Latina y el salario en pesos más bajo desde el retorno de la democracia", precisaron.

Y añadieron: "Por todo esto, es que volvemos a instar a los diputados y diputadas de la nación a que el día miércoles rechacen el veto de Milei con los dos tercios, respetando el pedido del pueblo argentino, que ya se expresó en la Marcha Federal Universitaria del pasado miércoles".N.A.

Los consensos básicos: una condición para la paz social.

Cuando hablamos de consensos básicos nos referimos a acuerdos fundamentales que, aunque no siempre están escritos o legislados, constituyen principios orientadores para la vida en comunidad. Entre ellos se encuentra el respeto a los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y de pensamiento, y la garantía de acceso a servicios públicos esenciales como la salud, la justicia y, por supuesto, la educación.Estos consensos, además, permiten construir una sociedad en la que todos los individuos, independientemente de su origen, clase social, género o creencias, puedan desarrollarse plenamente. Sin tales acuerdos, las sociedades se vuelven vulnerables a la fragmentación, la violencia y la desintegración, lo que conduce a una situación de inestabilidad crónica y desconfianza generalizada.

La universidad pública como garante de igualdad y equidad.

Dentro de este marco de consensos básicos, la universidad pública ocupa un lugar central. No se trata solo de un espacio académico donde se imparten conocimientos técnicos y científicos, sino de un motor de desarrollo y progreso social. A través de la educación superior pública y gratuita, las sociedades modernas garantizan un acceso igualitario al conocimiento y a la formación profesional, independientemente del nivel socioeconómico de los estudiantes.La universidad pública representa, entonces, un consenso social en torno a la necesidad de crear condiciones de igualdad de oportunidades. En un mundo donde la educación es cada vez más un bien de mercado, la existencia de instituciones públicas que permitan el acceso a estudios superiores sin importar la capacidad de pago es un factor decisivo para reducir las brechas de desigualdad. Así, la universidad pública actúa como un verdadero vehículo de movilidad social, permitiendo que miles de jóvenes puedan mejorar su situación socioeconómica y la de sus familias a través del conocimiento y la formación.Además, la universidad pública fomenta el pensamiento crítico, la investigación científica y la producción de conocimiento, lo cual resulta esencial en la construcción de una sociedad democrática, plural y capaz de enfrentar los desafíos del presente y del futuro. En estos espacios se forman no solo los profesionales que construirán el futuro del país, sino también ciudadanos comprometidos con la transformación social, la justicia y el bien común.

La amenaza al consenso y los desafíos actuales.

En el último tiempo , la universidad pública ha enfrentado diversos ataques, tanto desde sectores que buscan su desfinanciamiento como desde visiones que intentan desvalorizar su rol en la sociedad. Estas amenazas no son meramente económicas o administrativas, sino que tocan un aspecto mucho más profundo: la ruptura de uno de los consensos más importantes que ha permitido la construcción de sociedades más justas y equitativas.El intento de mercantilizar la educación, de reducirla a una mercancía al alcance solo de quienes pueden pagar por ella, va en contra del espíritu mismo de la universidad pública y gratuita. Se trata de un desafío a la idea de que el conocimiento es un bien común, algo que debe estar al alcance de todos porque su impacto positivo beneficia a la sociedad en su conjunto.En este contexto, es urgente que la sociedad en su conjunto defienda la universidad pública como un espacio inclusivo, plural y accesible. Su debilitamiento no solo afectaría a los estudiantes actuales y futuros, sino a la propia estructura social, incrementando las desigualdades y limitando las posibilidades de desarrollo colectivo.

La universidad pública como base para la convivencia democrática.

La educación superior pública también cumple un rol fundamental en la consolidación de una convivencia democrática. Al ser un espacio de encuentro entre jóvenes de distintos orígenes, regiones y perspectivas, la universidad se convierte en un lugar donde se aprenden y ejercitan los valores de la tolerancia, el respeto y la cooperación. Es allí donde los futuros profesionales del país no solo se forman en conocimientos técnicos, sino también en ciudadanía, en la capacidad de dialogar y debatir con otros, en la importancia de escuchar y aprender de la diversidad.Sin una universidad pública fuerte, corremos el riesgo de empobrecer la vida democrática del país. Al limitar el acceso a la educación superior, no solo se priva a miles de jóvenes de una oportunidad de crecimiento, sino que también se debilita el tejido social, pues se erosiona uno de los espacios donde mejor se cultivan las habilidades para la vida en comunidad.

La defensa de la universidad pública como prioridad social.

Es por todo lo expuesto que la defensa de la universidad pública debe ser una prioridad para todos los actores sociales: estudiantes, docentes, familias, trabajadores y dirigentes políticos. Mantener el consenso sobre la importancia de una educación pública, gratuita y de calidad es defender la posibilidad de construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática.Ante los intentos de desmantelarla o de reducir su presupuesto, es necesario recordar que la universidad pública no es solo un lugar donde se forman profesionales, sino una institución fundamental para la convivencia social, para la cohesión de la comunidad y para la construcción de un país donde todos tengan oportunidades de progreso.

En resumen, la universidad pública es mucho más que una institución educativa: es un pilar de los consensos básicos que permiten la convivencia en sociedad. Su defensa y fortalecimiento son esenciales para garantizar un futuro en el que todos, sin distinción, puedan acceder a una educación de calidad, contribuir al desarrollo del país y, en definitiva, vivir en una comunidad donde se respete y valore la igualdad de oportunidades.

Julián Lazo Stegeman  

Finalmente la administración nacional cumplirá otra de sus promesas de campaña respecto de la educación pública superior. Las universidades siguen ocupando la agenda del presidente Javier Milei.

Es que en las últimas horas se confirmó que Gobierno habilitará a las universidades a que le cobren aranceles a extranjeros no residentes en el país. Por lo que los extranjeros que ya tienen su residencia en la Argentina seguirán gozando de la gratuidad en las universidades estatales.

De todos modos queda por ver cómo se implementará esta medida y qué universidades se plegaran a la medida y cuales no.

Además, el Gobierno modificará los criterios para distribuir los recursos a las diferentes casas de altos estudios. A futuro se tendrá en cuenta la relación entre cantidad de alumnos y graduados. 

Ambas disposiciones están contenidas en la reglamentación del capítulo educativo de la Ley Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos que prepara el gobierno.N.A.

Horas después de la masiva marcha llevada a cabo este miércoles en el Congreso en apoyo a la Universidad Pública, el presidente Javier Milei ratificó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Quedó oficializado este jueves a primera hora en el Boletín Oficial.

El decreto indica que "el proyecto de ley sancionado por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento", y que “dar cumplimiento a la medida sancionada por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la REPÚBLICA ARGENTINA, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo.” 

Además, asegura que “que el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente.”

El miércoles, la Oficina del Presidente informó en redes sociales que Milei iba a vetar "el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal".

El comunicado añadió: "Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025".

"El Gobierno reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica", indicó el texto de la Oficina del Presidente en X.

La Casa Rosada había manifestado que la postura respecto a la ley que buscaba asegurar pisos mínimos de financiamiento de la educación pública superior tendría la misma determinación que la adoptada con el proyecto que buscaba aumentar las jubilaciones: ser vetada.

De todas maneras, el Gobierno iba a analizar los efectos generados por la masiva marcha al Congreso que involucró a diferentes integrantes de la sociedad, incluso a muchos de los votantes de Milei.

La Casa Rosada le atribuyó motivaciones políticas, al remarcar la participación de los dirigentes de la oposición.

"El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política", precisó.

Por último, señaló: "Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez".N.A.

Por segunda vez en el mandato de Javier Milei se llevó adelante una Marcha Federal Universitaria, con epicentro frente al Congreso nacional pero con réplicas en todo el país. Estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, junto a organizaciones políticas y sindicales reclamaron al Congreso Nacional que insista con la Ley de Financiamiento para las casas de estudio, que será vetada en las próximas horas por el presidente, según anticiparon desde el Gobierno a Infobae.

Quince minutos antes de las 17, desde el escenario montado frente al Congreso, comenzaron a nombrar a las numerosas instituciones y agrupaciones políticas que manifestaron su apoyo a la movilización, que fue multitudinaria.

El documento

“La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia” es el título del documento de tres páginas que se leyó en el cierre del acto central de la Marcha Federal Universitaria, en la Plaza del Congreso. La lectura estuvo a cargo de Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quien ya había ocupado ese lugar en la movilización del pasado 23 de abril.

El documento está firmado por tres organizaciones que representan a los distintos actores del sistema universitario: la FUA (por los estudiantes), el Frente Sindical de Universidades Nacionales (por los docentes y no docentes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (por los rectores). Estos son sus 10 puntos principales.

1. La crisis del financiamiento universitario

“La reconducción del presupuesto 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario. El profundo desfinanciamiento del sistema científico puso en jaque su desarrollo. Nunca aparecieron respuestas a más de 100 obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar sus estudios”, señala el texto.

2. El rechazo a la campaña gubernamental de desprestigio

“Soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Todos los intentos que promovimos para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades y encontrar soluciones fueron infructuosos. Hizo falta que la sociedad se manifestara conmovedoramente en toda la Argentina para que empezáramos a tener algunas respuestas”, plantea, en referencia a las múltiples acusaciones que expresaron los funcionarios del Gobierno nacional hacia el sistema universitario.

3. La caída de los salarios

“La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento”, advierte el texto.

4. El desmantelamiento del sistema científico

“La crisis que atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes. La falta de actualización salarial de los docentes-investigadores, junto con la reducción del financiamiento para becas y programas de apoyo, afecta gravemente al sistema científico-tecnológico argentino”, señala el texto, y explica que el 60% de quienes hacen ciencia lo hacen en universidades nacionales. “La disminución de estos recursos impacta tanto a jóvenes en formación como a equipos de investigación consolidados. A esto se suma la paralización de las obras de infraestructura planificadas para impulsar la investigación en el ámbito universitario, así como el cese de políticas de financiamiento para la adquisición de equipamiento e insumos, lo que pone en peligro proyectos en curso”, continúa.

5. El deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes

“El acceso irrestricto está amenazado por la crisis económica y social que se profundiza con cada medida y afecta particularmente a estudiantes de todo el país. El acceso y la permanencia para los hijos e hijas de familias trabajadoras se convierten en una realidad cada vez más lejana. Ante un Estado que decide no invertir en el futuro de los jóvenes y su acceso a la educación, con instituciones desfinanciadas; la excelencia en la formación está en riesgo. Cada vez más deben trabajar al mismo tiempo que cursan su carrera, cada vez más la deserción obligada por la situación económica cancela el sueño de miles de ser profesionales. Las becas estudiantiles no alcanzan y la decisión de congelarlas y recortarlas revela la indudable intención de asfixiar el sistema, desmantelando, uno a uno, los pilares que lo sostienen”, afirma.

6. El pedido a Milei: que no vete la ley de financiamiento

“El Sr. Presidente de la Nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la ley de financiamiento universitario! Esta ley aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente, porque no compromete fiscalmente al Estado, demandando solo el 0,14% del PBI para su implementación”, sostiene el documento en uno de los pasajes más enfáticos.

7. La advertencia sobre el presupuesto educativo para 2025

“Exigimos también que reconsidere el proyecto de presupuesto 2025. Queremos advertirlo con la gravedad que el problema tiene. Si el proyecto de presupuesto para el 2025 no se modifica, la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso. Nunca antes lo solicitado por el sistema universitario estuvo tan lejos de lo que el Gobierno propone para su tratamiento. Tan solo la mitad de los recursos reclamados –mínimos para funcionar– fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024″, plantea en relación con los fondos proyectados para el año que viene.

8. El rol estratégico de las universidades nacionales

“Es un error no reconocer que en las universidades no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que la Nación enfrenta. Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico. Los países desarrollados invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer depende de cuánto más y cuánto mejor se hagan las cosas allí. Es con más ciencia y educación superior pública y de excelencia, no con menos”, señala el texto. Y añade: “Si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades, no se privilegian estas áreas, el desarrollo de la Nación y la posibilidad de desandar sus profundas desigualdades será una utopía”.

9. El agradecimiento a la sociedad por el apoyo

“Agradecemos a la sociedad argentina su extraordinaria movilización cada vez que la historia llama a su puerta. Somos herederos del pueblo de la Nación que supo en 1884 abrazar la ley 1420, de los jóvenes que en 1918 construyeron un sistema universitario democrático y libre que inspiró al mundo, de quienes entendieron en 1949 que la gratuidad era una herramienta que derrumbaba las fronteras que impedían el acceso a la educación superior, constituyendo un aporte determinante para la justicia social. Somos la universidad de los cinco premios Nobel, la de jóvenes, investigadores y científicos destacados por los que nos reconocen en el mundo entero”, expresa el documento.

10. El valor de la educación pública

El texto leído en la Plaza del Congreso concluye con una definición sobre el rol crucial de la educación para el presente y el futuro del país: “La columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres y la universidad pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente. Que no despojen al pueblo argentino de sus sueños de grandeza. Que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas al conocimiento y al trabajo con niñas, niños, jóvenes y adultos que transitan nuestras aulas y laboratorios. Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos, imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible”.

Docentes, no docentes, autoridades y estudiantes realizarán hoy una marcha federal en "defensa de la universidad pública y del sistema científico" nacional, luego de que el presidente Javier Milei anunciara el "veto total" a la ley de Financiamiento de las casas de estudio sancionada por el Congreso.

"La universidad no es el problema, es parte de la solución", es el lema que utilizará la comunidad educativa de las universidades públicas para rechazar el recorte presupuestario que instrumentó el gobierno libertario.

La convocatoria principal a la Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo a las 17 en la plaza del Congreso y tendrá réplicas en las principales ciudades de todas las provincias del país.

"Convocamos a que nos acompañen en una nueva movilización federal en defensa de la universidad pública y del sistema científico", expresaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.

La disputa entre el Ejecutivo y las universidades viene incrementándose desde la semana pasada, cuando docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron un paro por 48 horas en "defensa de su salario" y de la ley de Financiamiento Universitario.

Tras una reunión en el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación, los gremios rechazaron el ofrecimiento del Ministerio de Capital Humano de un "5,8% adicional en octubre", que había sido calificado como "histórico" por esa cartera.

Para bajar la tensión con los gremios universitarios, el Ejecutivo los había convocado a fin de discutir la paritaria, pero los sindicatos universitarios FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y FagDUT consideraron "insuficiente" la nueva propuesta salarial del Ejecutivo nacional.

"A nadie escapa que esta convocatoria se da por la inminencia de una marcha masiva en rechazo al ajuste en la universidad. La propuesta está muy lejos de equiparar con los estatales, porque es solo un 5.8% para octubre y no reconoce la enorme deuda de más de 50 puntos nominales en el salario de docentes y no docentes", indicaron desde el sector docente, al hacer referencia a la movilización.

La Marcha Federal Universitaria tendrá el respaldó de la CGT, que ratificó que formará parte de la protesta en "defensa de la educación y la universidad pública".

"Hay que encontrar un camino para salir de esta situación y no desprestigiar a las universidades públicas", aseguró el secretario general de los Trabajadores de Sanidad y uno de los líderes de la central obrera, Héctor Daer, en la previa de la movilización.

En diálogo con Radio Splendid, Daer indicó que "la marcha universitaria ya está en proceso" y que hay que llegar a un acuerdo "con los gremios docentes" para iniciar la recuperación de esta crisis.

La ex presidenta Cristina Kirchner fue otra de las figuras políticas de peso que llamó a los jóvenes a participar de la movilización federal universitaria y remarcó que "marcharán no sólo por su presente, sino también por su futuro".

Del lado del Gobierno nacional, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusó a las casas de altos estudios de "inventar alumnos" para cobrar fondos.

"Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en una materia. No está informada su inscripción porque las universidades no lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas", planteó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

Asimismo, desde el Ministerio de Capital Humano dieron cuenta de todas las alternativas que barajaron para desactivar la movilización de la comunidad universitaria y señalaron que su "objetivo es lograr la claridad en el manejo de los recursos del Estado".

"El compromiso del Gobierno nacional con la universidad pública se mantiene firme, priorizando la mejora del sistema educativo", expresó la cartera en la previa de la Marcha Federal e hizo públicos "siete puntos clave" que el Ministerio destaca en relación a la propuesta y al conflicto: entre ellos, el ofrecimiento del "6,8%" de aumento presupuestario adicional.

El conflicto entre las universidades y el Gobierno nacional tuvo varios picos de tensión desde que asumió el gobierno libertario, pero uno de sus momentos más álgidos fue la masiva movilización del pasado 23 de abril, cuando se manifestaron cientos de miles de personas en todo el país para respaldar el reclamo de las casas de altos estudios.N.A.

La oposición sancionó en el Senado la ley que de Financiamiento Universitario. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios.

Durante la votación, el PRO mostró apoyo en su mayoría. Votaron a favor los legisladores Guadalupe Tagliaferri, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que la pampeana Victoria Huala se abstuvo. En contra votaron Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli.

La ley establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta medida tendría un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI.

El texto impone la actualización de los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades, basándose en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023.

Además, se ajustará de manera bimestral por inflación, descontando los aumentos ya otorgados durante el año. El proyecto también estipula que si una paritaria mejora la normativa, esta prevalecerá sobre cualquier otra disposición.

Senadores justicialistas impulsan una reducción de la factura de energía eléctrica para las universidades públicas de Entre Ríos: “Del mismo modo que hoy el Estado provincial subsidia la energía para sectores productivos, el deporte y la cultura, impulsamos un aporte para las universidades productoras de conocimiento”, expresó el jefe de la bancada de Más para Entre Ríos, Martín Oliva.

La iniciativa, en la que está trabajando junto a sus pares, apunta a lograr un aporte del Estado provincial con el fin de mitigar el impacto que están sufriendo las universidades públicas, con asiento en la provincia de Entre Ríos, producto de la quita del subsidio a la tarifa eléctrica aplicada por el gobierno nacional.

De esta manera, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) tendrían una quita del 30% en sus facturas de luz.

“La educación pública gratuita y de calidad es un derecho universal y un bien público y social, que no se puede ni se debe medir en términos de rentabilidad”, afirmó el senador.

Con el objetivo de acompañar la marcha en favor de la educación y la universidad pública, la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (ADEMYS) confirmó que el próximo martes 23 realizará un paro docente.

Los integrantes del sindicato decidieron durante una asamblea que se adherirán a la movilización que partirá desde la esquina de Rodríguez Peña y Rivadavia, a las 15:30hs. hacia Plaza de Mayo. Asimismo pidieron que “la CTERA, la CTA y la CGT” sean parte y “convoquen al paro nacional”.

Mariana Scayola, secretaria general de Ademys y miembro de la agrupación Izquierda Socialista, que integra el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), pidió “movilizarse masivamente junto con las universidades y las familias” y expresó: “Estamos llamando a la docencia en su conjunto para ser parte de esta marcha histórica en defensa de la Educación Pública. Le vamos a frenar la mano a Milei”.

Desde el sindicato, además, llamaron a “parar y movilizarse” no sólo por la Educación pública y el presupuesto que recibe, sino también “en contra de la nueva Ley Ómnibus, que incluye la declaración del servicio esencial y la reforma laboral impulsada por la UCR, contra el derecho a huelga, a la motosierra de Milei, al FMI y a las patronales”.

El Gobierno nacional dio a conocer la propuesta que fuera consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional para la asistencia presupuestaria a las universidades, luego de los reclamos realizados por los rectores de las altas casas de estudios.

En un comunicado, el Gobierno detalló en tres puntos el acuerdo alcanzado hoy:

  1-         De acuerdo a lo previsto por el Gobierno Nacional se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661.

2-           Se realizará una reunión en la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el Comité Ejecutivo del CIN (Consejo Universitario Nacional) para conversar sobre cómo, juntos, avanzaremos, en los cambios que la sociedad reclama, al mismo tiempo que nos comprometemos a lograr una educación universitaria de calidad. 

3-           Se acordó avanzar en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales, tal como indica el artículo 2 de la Ley de Educación Superior N°24.521, en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes.

Los rectores de las universidades nacionales públicas nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) habían solicitado al Ejecutivo nacional “mayores canales de dialogo para llegar a un consenso sobre la realidad que vive el sistema educativo universitario” y expresaron que la situación es "grave" por el recorte presupuestario.N.A.

Con una sala repleta, desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales de Argentina se declaró en estado de alerta y anunció un paro nacional para el jueves 14 de marzo como respuesta a los recortes presupuestarios a las universidades del Gobierno de Javier Milei.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales de Argentina está integrado por grandes federaciones de docentes de educación superior, como lo es la CONADU, que congrega a más del 45% de los docentes e investigadores del país vecino. Además, integran este frente la CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN.

En el encuentro, el secretario general de CONADU, Carlos De Feo, abrió el panel de exposiciones y sostuvo que las y los profesionales están “dando comienzo a un plan de lucha en las universidades nacionales”, que surge debido a la situación salarial de los docentes universitarios. Esto, dado que los gremios reclaman que “no se ha podido discutir la ridícula suma del 16% de aumento”.

El dirigente señaló que la razón principal para movilizar al gremio “es la decisión del Gobierno de Milei de avanzar sobre el Estado”, en particular la preocupación mayor de los docentes es la arremetida del Ejecutivo contra la universidad pública.

“Una universidad pública que en los últimos años ha dado respuestas no solamente a aquellos jóvenes que son primera generación de estudiantes, que no solamente ha mejorado la calidad de vida de miles de estudiantes, sino que es una universidad que supo estar en el territorio atendiendo problemas sociales, articulando con pequeñas y medianas industrias. Una universidad comprometida con el desarrollo de nuestro país en temas energéticos, de comunicaciones. A esa universidad el gobierno decide congelar su presupuesto y, en consecuencia, no podrá funcionar más allá de mitad de año. Esto significa que no solamente no va a haber inclusión, no va a haber becas ni comedores, se van a caer los programas de extensión, los programas de investigación”, destacó De Feo.

Angélica Graciano, secretaria gremial de Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), subrayó que “las universidades nacionales, las escuelas, son el principal enemigo” del Gobierno de Javier Milei.

“Nos declararon los principales enemigos de este proceso de disolución nacional porque nosotras y nosotros democratizamos el conocimiento, proponemos a todas las compañeras y compañeros que transitan por nuestras aulas la esperanza, la posibilidad de movilidad social. Y también porque somos el principal obstáculo para que las empresas se apropien de nuestras casas de estudio”, advirtió.

En la misma línea, el secretario general de CONADU sostuvo que las autoridades “quieren cerrar las universidades públicas y por eso no solamente las ahogan financieramente y rebajan los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, sino que también fomentan una campaña de descalificación”.

“Así es que van contra la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo e instalan que adoctrinan, por eso desde la Secretaría de Educación se incita a docentes y a no docentes a denunciar ‘actividades de adoctrinamiento‘. Están tratando de destruir la universidad. Pero todos nosotros -trabajadores y trabajadoras, docentes y no docentes, unidos con estudiantes y con las autoridades- no lo vamos a permitir. Estamos de pie y dispuestos a luchar hasta que los funcionarios que no sirvan, se vayan”, planteó.

Walter Merkis, secretario general de la FATUN, se refirió al paro nacional universitario convocado para este jueves. La medida va a durar 24 horas y será sin asistencia a los lugares de trabajo, con actividades de visibilización por todo el país. “Nuestras universidades van a estar cerradas porque es una universidad de luto, porque la están matando con este congelamiento y con todo lo que están llevando adelante”, dijo.

Desde FAGDUT, el secretario general, Norberto Heyaca, enfatizó algunas de las consecuencias directas de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios: “No solamente se ve afectada nuestra capacidad alimentaria, también la de tener salud. Si bajan nuestros sueldos y suben las prestaciones, disminuye nuestra atención médica”.