En el marco de la ejecución de la condena contra el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez, el fiscal de Estado adjunto, Martín Rettore, recibió este lunes las llaves del galpón de calle Racedo, en Paraná, donde funcionaba la empresa Tep SRL. Se las entregó el abogado Miguel Ángel Cullen. Además de los inmuebles, quedaron a disposición del Estado vehículos y equipos informáticos.

La Fiscalía tomó posesión de los dos inmuebles contiguos de calle Racedo 409 y 415, donde funcionaba la imprenta vinculada a Aguilera. El decomiso incluye también una camioneta Citroën Berlingo, un camión Ford, una motocicleta Zanella, computadoras, equipos técnicos y un plóter que se usaba en la imprenta.

"Son dos inmuebles, uno pegado al otro, que funcionan como uno solo; una motocicleta y dos vehículos, los bienes de computación de la empresa y el plotter que es una impresora de grandes dimensiones que se utilizaba para el trabajo de la imprenta. Esa es la totalidad del decomiso ordenado por la sentencia penal", detalló Rettore.

Según explicó el fiscal adjunto, la Fiscalía recibe los bienes en nombre de la provincia y los pone a disposición del Poder Ejecutivo, que deberá evaluar su estado y decidir qué uso darles. El traspaso se hará mediante un expediente administrativo dirigido al gobernador.

El decomiso fue ordenado en la sentencia del 7 de abril de 2022, en la causa de las imprentas que formó parte del megajuicio por corrupción contra Urribarri, Aguilera y Báez. En ese proceso, Urribarri fue condenado a 8 años de prisión.

El Tribunal de Juicio estuvo integrado por los vocales Carolina Castagno, Elvio Garzón y José María Chemez, hoy jubilado. Tras conocerse la sentencia, Urribarri debió dejar el cargo de embajador argentino en Israel y Chipre, que le había asignado el gobierno de Alberto Fernández. Fue el entonces canciller Santiago Cafiero quien le exigió la renuncia.

El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, atraviesa sus primeros días de detención en la Unidad Penal N° 9 "El Potrero" de Gualeguaychú. En ese contexto, recibió la visita del padre Rubén Melchiori, quien desarrolla tareas pastorales dentro del establecimiento penitenciario.

El sacerdote contó que pudo mantener un encuentro con el exgobernador y describió su estado de ánimo actual: "Yo lo encontré con mucho miedo", afirmó Melchiori en diálogo con el programa Parte Diario, de Radio 2820.

Melchiori relató que inicialmente Urribarri se encontraba alojado en un pabellón junto con otros internos. "Estaba en un pabellón todos comunes, de los abuelos, de los mayores, pero claro, ahí hay de todo", explicó. Según indicó, luego el exgobernador habría sido ubicado en un espacio con mayor aislamiento: "Ahora me parece que lo han puesto en un lugar donde están más solos".

El sacerdote remarcó la situación emocional que atraviesa el exmandatario: "Es espantoso el sufrimiento que tiene". Durante el encuentro, Urribarri le pidió fundamentalmente acompañamiento espiritual. Consultado sobre qué le había solicitado, Melchiori respondió: "Que rece". El exgobernador también le manifestó que su presencia le hacía bien: "Me dijo que le hace mucho bien que yo lo visitara, que pudiéramos charlar tranquilos", contó el sacerdote, quien adelantó que tiene previsto regresar al penal este viernes.

Melchiori explicó que su función dentro del penal es acompañar a los internos, sin intervenir en las cuestiones judiciales que determinaron su detención. "Uno mira a la persona, mira a su familia. Yo no tengo nada para juzgar, no soy quién para juzgar y además no estoy capacitado para eso", sostuvo. Diferenció además entre las discusiones políticas y judiciales que rodearon la causa y lo que encuentra dentro del establecimiento: "Una cosa son las cosas que se escuchan en la radio o en los programas, el partidismo y no sé cuánto, y otra es la realidad".

Como capellán, explicó, puede ingresar directamente a los espacios donde están alojados los internos: "Yo voy a la pieza porque soy capellán".

El sacerdote confirmó que, durante aquel primer encuentro, Urribarri estaba junto a Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, los otros dos condenados trasladados con él desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Según explicó, Urribarri compartía inicialmente un espacio con su cuñado Aguilera, mientras que Báez permanecía en otra habitación. Melchiori también describió las condiciones de alojamiento dentro del penal y señaló que las habitaciones pueden permanecer abiertas durante determinados momentos, una situación que, dijo, genera preocupación por la seguridad.

El encuentro con Urribarri se produjo pocos días después de su ingreso a "El Potrero", luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los últimos recursos de su defensa y dejara firme la condena a ocho años de prisión impuesta en 2022 en el megajuicio por corrupción.

La jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Cecilia Beatriz Bértora, dispuso el traslado del exgobernador Sergio Urribarri, de su cuñado Juan Pablo Aguilera y del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez a la Unidad Penal de la ciudad de Gualeguaychú.

La resolución se adoptó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara de manera definitiva las condenas dictadas en el megajuicio de abril de 2022, dejando firme la sentencia por delitos de corrupción contra la administración pública. Aunque inicialmente se había previsto que los tres penados ingresaran a la Unidad Penal N° 1 de Paraná, el curso de la medida se modificó a partir de una presentación formal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

En dicho documento, elevado por el subdirector de la fuerza, Inspector General Juan Santiago García, se advirtió formalmente al juzgado que la cárcel de la capital entrerriana no reunía las condiciones de seguridad y edilicias óptimas para albergar a los exfuncionarios y al empresario, recomendando su reubicación en el penal del sur entrerriano.

A partir de los registros carcelarios y las planillas de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), se detallaron las fechas límites en las cuales cada uno de los sentenciados completará su tiempo de detención:

Las condenas responden al esquema de desvío sistemático de fondos del Estado entrerriano montado entre 2010 y 2015, encubierto bajo contratos simulados de publicidad oficial para beneficiar a empresas vinculadas directamente a la familia y allegados del exmandatario.

El exgobernador Sergio Urribarri (67 años) purga una pena de 8 años de prisión efectiva como autor de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, aplicados por el direccionamiento de fondos a la imprenta ligada a Aguilera, los spots de la Cumbre del Mercosur y el financiamiento estatal del parador promocional instalado en Mar del Plata en 2015 durante su campaña presidencial.

Por su parte, el exministro Pedro Báez cumple 6 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva como coautor de los delitos de negociaciones incompatibles y peculado. En tanto, Juan Pablo Aguilera (47 años) fue condenado a la misma pena —6 años y 6 meses de prisión efectiva— en calidad de autor responsable de ambos ilícitos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este jueves los recursos extraordinarios presentados por el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera.

Con esta decisión, quedaron firmes las condenas dictadas por la Justicia entrerriana en el marco de la denominada Megacausa. Ahora deberá avanzarse con la ejecución de las penas y el regreso de los tres condenados a prisión.

El pronunciamiento corresponde al expediente CSJ 2226/2024. Mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la Corte declaró inadmisibles los planteos sin ingresar al análisis de fondo.

La resolución también rechazó los recursos promovidos por Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, por lo que quedaron firmes todas las condenas dictadas en el megajuicio.

Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal lo encontró responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.

Por su parte, Báez y Aguilera recibieron penas de seis años y seis meses de prisión.

La investigación reunió distintas causas relacionadas con el manejo de fondos públicos y contrataciones de publicidad durante la gestión provincial de Urribarri. Entre los hechos analizados estuvieron las contrataciones vinculadas con las firmas Global Means, Tep SRL y Next SRL, además de las acciones promocionales conocidas como el “Sueño Entrerriano”.

Urribarri y Aguilera ingresaron a la Unidad Penal de Paraná el 22 de noviembre de 2024, luego de que la Justicia ordenara sus prisiones preventivas. Permanecieron detenidos hasta el 8 de enero de 2025, cuando el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dispuso su libertad con restricciones.

Báez, en tanto, había cumplido prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención de los tres condenados para que comiencen a cumplir las penas impuestas. La medida deberá ser instrumentada por la Justicia entrerriana.

La resolución del máximo tribunal nacional cerró la instancia extraordinaria y dejó firme una de las sentencias por corrupción más relevantes de la historia judicial de Entre Ríos. Fuentes: Poder Judicial de Entre Ríos y Análisis Digital

En una jornada clave para el avance de las causas por corrupción en la provincia, la Justicia entrerriana respaldó este miércoles la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal (MPF) contra el ex gobernador Sergio Urribarri. El juez de Garantías, Mariano Budasoff, desestimó casi la totalidad de los recursos interpuestos por los abogados defensores, quienes buscaban anular el proceso por presunta violación de plazos y prescripción de la acción penal.

La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito que, según la pericia contable de la fiscalía, ascendería a un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente 7 millones de dólares entre los años 2008 y 2015. Junto al ex mandatario, se encuentra imputado el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, señalado como el presunto testaferro en las maniobras investigadas.

Durante la audiencia de remisión a juicio, el magistrado refutó el argumento defensivo sobre la "violación de los plazos razonables". Budasoff señaló que, si bien el legajo se abrió en 2015, la complejidad de la causa y el hecho de que Urribarri mantuviera funciones públicas (como gobernador y luego como embajador) hasta años recientes, justifican la extensión de la pesquisa sin que ello afecte el derecho de defensa.

"No se verifica afectación de las garantías procesales", dictaminó el juez, quien además recordó que los planteos de inconstitucionalidad sobre la acción penal ya habían sido dirimidos en instancias anteriores. Con este aval, la fiscalía —representada por los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano— mantiene firme su pedido de condena de 5 años y 6 meses de prisión para Urribarri.

Este revés para la defensa se produce en un contexto de máxima presión judicial para el ex gobernador, quien ya cuenta con una condena previa de 8 años de cárcel por el denominado "Megajuicio", la cual se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema.

Las audiencias de remisión a juicio continuarán durante los meses de marzo y abril para resolver los últimos puntos pendientes sobre la admisión de pruebas. De no mediar nuevos incidentes, se espera que el juez Budasoff dicte la elevación definitiva a juicio oral antes de que finalice el primer semestre de 2026.

Luego de la detención del ex gobernador peronista Sergio Urribarri condenado a 8 años de prisión por cinco causas de corrupción, el periodista analizó el impacto político de la determinación de la Cámara de Casación Penal de Paraná.

Sin embargo, adelantó que “la defensa de Urribarri presentó un habeas corpus ante un juez en rechazo a la detención. Es difícil saber cuanto tiempo llevará la detención y en el medio está la Corte Suprema de Justicia que tiene el expediente de Urribarri y debería resolverlo”.

Según la información de Enz, “mañana serían trasladados a Gualeguaychú. “Esta noche tanto Uribarri como Aguilera duermen en la unidad penal de Paraná y mañana van a ser derivados hacia la cárcel de Gualeguaychú. El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, me dijo que dio la orden de que se vaya viendo donde se iba en alojar los condenados por delitos de corrupción en la causa. Allí se decidió empezar a trabajar en el tema de la cárcel de Gualeguaychú”.IMPACTO POLITICOPara Daniel Enz, la medida tendrá escaso o nulo impacto electoral porque “Urribarri no tiene futuro político y tiene un futuro tras las rejas porque espera la resolución de otras causas que son aún más graves”.

“A fuerza de ser sinceros, nadie creía en la cúpula del peronismo enterriano que esta foto iba a suceder, que iba a estar preso. Estaban convencidos de que la maquinaria de impugnaciones y apelaciones de los abogados de Urribarri y su grupo iba a tener su apoyo en sectores de la Justicia, que se iba a seguir pateando hasta que cumpla los 70 años y en todo caso termine en prisión domiciliaria. Y esto sorprendió y cambió esa foto”, dijo Enz.

A su vez, manifestó que el ex gobernador está más preocupado por otras causas que “son más graves que esta, que pueden determinar en la sumatoria más de 15 años de cárcel junto a los 8 años de esta condena. O sea, el futuro es negro para Uribarri”, sintetizó el periodista.

Finalmente, expresó que la decisión fue bien recibida en la sociedad. “La gente que no vive en la provincia puede rescatar que la Justicia funciona o actúa. Cayó bien que después de tanto tiempo de un largo proceso judicial y condenas en distintas instancias vaya preso. Pero Urribarri está fuera de todo, del Peronismo y no va a tener una lectura electoral el año que viene”.

Sergio Urribarri presentó este martes ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) una acción de inconstitucionalidad por la cláusula de reelección. 

Formalizó lo que había adelantado en el acto de Echagüe el mes pasado: sus pretensiones de volver a ser candidato a gobernador 

En el escrito de 64 páginas Urribarri plantea, entre otros argumentos, que para su primer mandato fue electo y asumió en 2007, cuando la Constitución no se había reformado todavía.

“Son varias las razones que me llevan a hacer esta presentación. Una es el asesoramiento favorable a mi postura que vengo recibiendo desde hace meses de constitucionalistas de renombre tanto de Entre Ríos como de otras provincias que participaron en la elaboración del texto”, introdujo el ex mandatario. 

Urribarri atacó jurídicamente la cláusula transitoria de la Constitución provincial. En el texto se señala que en la reforma constitucional de 2008 se incorporó el artículo 161 que estableció la posibilidad de la reelección del gobernador y vicegobernador solamente por dos períodos, consecutivos o alternados. A la par, se añadió la disposición transitoria 289, que es la que Urribarri objeta. 

Allí se indicó que esas nuevas reglas eran de aplicación inmediata y definió textualmente: “No se computarán los mandatos cumplidos y sí se considerará al actual período de gobierno como el primero”. Es el problema de Urribarri. 

El ex gobernador cuestiona esa disposición transitoria, la 289, por haber sido incorporada por fuera de las atribuciones que la ley que reguló el proceso de reforma le otorgó a la Convención Constituyente y “por contener una distinción arbitraria e irrazonable que afecta los principios de igualdad y no discriminación y también sus derechos políticos, al resultar contraria a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución provincial, la Constitución nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Por un lado, puntualiza que las reglas para la reforma constitucional de 2008 se plasmaron en la ley 9.768. Allí se indicó que se trataba de una reforma parcial y se habilitaron modificaciones a determinados artículos. Respecto a la reelección, en el artículo 3º de la norma se especificó: “Habilitase la reforma del artículo 120 de la Constitución vigente, al solo efecto de establecer la posibilidad de reelección del gobernador y vice por un solo período consecutivo”. Según plantea Urribarri, no se autorizó la posibilidad de incluir cláusulas transitorias sobre este tema puntual, como sí se lo hizo respecto de otros aspectos.  

Por otro lado, sostiene que no se puede computar como primer mandato suyo el que ejerció entre 2007 y 2011 porque estaba en pleno desarrollo al momento de la reforma y porque él fue electo para ese período en vigencia de la Constitución de 1933. 

La petición la presentó un día antes de que se diera comienzo -como reveló  la semana pasada- al cronograma de audiencias en la Cámara de Casación por la condena de 8 años. Además de dos causas que deberá enfrentar.

En en el escrito se configuran las situaciones excepcionales que posibilitan la revisión judicial y consecuente declaración de invalidez de una norma incluida en la Constitución provincial, dado que “la cláusula transitoria 289 muestra debilidades normativas por las que debería ser declarada inconstitucional, ya que al sancionarse se estableció una restricción incausada al principal derecho político de todo ciudadano que es el de aspirar a un cargo electivo en las mismas condiciones de cualquiera de sus conciudadanos, como lo establece el Pacto de San José de Costa Rica”. 

“Estos derechos corresponden a todos los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de igualdad y también le corresponden a Sergio Urribarri, sin que haya una ley especial que lo excluya de manera particular”, dice más adelante. 

Para Miguel Cullen, quien firma el escrito, “dicho de otro modo, sobre un padrón de más de un millón de ciudadanos habilitados para ser candidatos a gobernador, por esta cláusula transitoria solamente se le impide ejercer ese derecho a Sergio Urribarri, lo que violenta claramente el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución nacional que, como tantas veces ha definido la Corte Suprema, se concreta en ‘la seguridad de que las leyes no establezcan privilegios o excepciones que excluyen a uno de lo que se le concede a otro en igualdad de circunstancias’”, se argumentó.

Se indica más adelante que “las leyes deben ser impersonales (para ser aplicadas a un grupo indeterminado de sujetos y no a una sola persona), abstractas (deben aplicarse en todos los casos sin particularizar uno en concreto), irretroactivas (disponen sobre hechos posteriores a su sanción y no rigen sobre conductas anteriores) y generales (deben ser aplicables a todos los individuos en general sin excepciones particulares)”. Y se advierte que ninguna de esas características se cumple en relación a esta cláusula transitoria.

Las normas transitorias, se precisa, son directrices dispuestas para armonizar y organizar el tránsito normativo de los deberes y derechos alcanzados por cualquier reforma jurídica. Se indica que deben ser temporarias y necesarias, pero en modo alguno pueden ser ilimitadas ni no susceptibles de control constitucional, ya que justamente el poder constituyente debe sancionarlas en base al respeto a las normas constitucionales y a los principios generales de la sanción de las leyes, lo que no ha ocurrido en este caso.

“Este alto cuerpo deberá tener presente que en caso de una sentencia contraria a las pretensiones del suscripto, se verán vulnerados y conculcados derechos políticos y constitucionales y un trato igualitario ante la ley”, concluye el texto. Ante ello, se deja planteado el caso constitucional y federal.

“Al odio no se lo vence solo con amor. Tenemos que militar, hacer política y tener memoria”, convocó el ex mandatario en el encuentro realizado en la sede del PJ local.

Urribarri y Devoto recordaron junto a la militancia de Gualeguay anécdotas y vivencias junto a Kirchner. Sus años en Santa Cruz, su proyecto presidencial, sus acciones como jefe de Estado y el proyecto político que quedó trunco con su muerte fueron referidos por Devoto. Urribarri, por su parte, describió su vínculo con Néstor y recordó sus visitas a Entre Ríos y su rol en el conflicto con las patronales agropecuarias, entre otros hechos.

“Las presentaciones del libro -que ya hicimos en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia y Paraná- vienen teniendo una gran convocatoria y se nota una presencia de la militancia que no se venía viendo en actos políticos”, expresó Urribarri.

“Buscamos que la historia y las luchas de Néstor lleguen a los entrerrianos y las entrerrianas e indirectamente estas acciones terminaron siendo un aporte para movilizar a los compañeros y las compañeras, unir y poner en movimiento a nuestro partido”, agregó.

Luego, añadió: “Con dolor comprobamos a partir del ataque contra Cristina que al odio no se lo combate solo con amor. No alcanza. Hay que militar, hacer política y tener memoria y eso es lo que estamos haciendo”.

Devoto, por su parte, manifestó: “Néstor fue, junto con Cristina, lo mejor de nuestra generación. Nos enseñó que si el chico que duerme en la calle o el tipo que la está pasando mal no nos conmueven y nos revuelven las tripas, no sentimos el peronismo”.

“Por eso hay que recordarlo simbólicamente, como en este homenaje que le estamos haciendo, pero sobre todo comprometernos cada día cada uno desde su lugar. Acompañar al Pato en esta aventura es extraordinario. Buscamos un motivo para encontrarnos con ustedes y la excusa es este libro”, finalizó.

Las presentaciones continúan este miércoles en el centro de convenciones de Villaguay y el jueves en la unidad básica Eva Perón de La Paz. 

Sergio Urribarri parece dar una señal clara para el interior del Frente de Todos. Ser una cara visible e identificable con el kirchnerismo en el 2023.

El ex gobernador no puede ser candidato (algunos creen que sí), al menos que se  de vuelta la condena de primera instancia. Una serie de instancias judiciales le quedan por delante para revertir la condena fijada en 8 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Ese proceso judicial llevará un tiempo para llegar a la Corte Suprema.

De recorrida por diferentes puntos de la provincia, el ex mandatario pone de relieve una narrativa kirchnerista. Se ha comparado con la ex presidenta por sus problemas en el ámbito judicial. Hace unos meses había cambiado su foto de perfil en las redes al suplantar una suya por otra en la que lo muestra con Cristina Kirchner. Ahora lo volvió a hacer. En la nueva imagen aparece con la vicepresidenta y Néstor Kirchner.

Este jueves estuvo en Concepción del Uruguay. Fue el primer acto de los que viene realizando en el que hubo presencia institucional. E importante, si se quiere. Concurrieron el intendente Martín Oliva; José Lauritto; el ex intendente Carlos Schepens; concejales, funcionarios municipales y autoridades del PJ local. También se hicieron presentes el diputado y ex intendente de Colón, Mariano Rebord; los intendentes de Herrera, René Bonato, y de Las Moscas, Julio Schimp; la ex diputada nacional Delma Bertolyotti, la ex diputada Miriam Lambert, el senador Oscar Arletazz y el dirigente y funcionario municipal Ezequiel Valdunciel.

La convocatoria fue en el marco de la presentación del libro “Néstor, el hombre que cambió todo”, que realizó Jorge “Topo” Devoto. El trabajo consistió en recopilar textos de diferentes referentes kirchneristas sobre la vida política del mandatario fallecido. Urribarri participa. Cuando el libro dio la luz, el ex gobernador se encargó de hacerle llegar un ejemplar a buena parte de la dirigencia entrerriana. Todavía era embajador en Israel.

“Venimos repitiendo que el amor vence al odio, pero en estos días nos dimos cuenta que el amor no alcanza para vencer al odio. Al odio se lo vence con política, con militancia y con memoria”, expresó Urribarri durante la actividad en Concepción del Uruguay. Y dejó el mensaje: “En 2023 vamos a ir para donde vaya Cristina”.

El ex gobernador estuvo en la esquina de Uruguay y Juncal antes del jueves negro de la semana pasada, cuando un atentado paralizó al país.

Hace cuatro años, en 2018, Urribarri también transitaba una situación complicada en la Justicia. Ya estaba en marcha el proceso electoral del 2019 y el entonces presiente de la Cámara de Diputados juntaba dirigencia para torear a Gustavo Bordet. Julio Solanas era el hombre que cerraba los actos. Un día después de la detención de Juan Pablo Aguilera por la causa de los “contratos truchos”, el sábado 15 de diciembre, hubo un acto en Villaguay en el que estuvo Alberto Fernández, que ya oficiaba de lobista de la ex presidenta. Estuvieron Solanas, Blanca Osuna, el camporista Juan Manuel Huss, y la entonces a diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez.

“No son momentos fáciles para la familia, pero nos la bancamos”, confesó Urribarri en esa jornada a días de finalizar el año y a un mes y medio del cierre de listas para las elecciones que se celebrarían en abril y junio. Fruto de ese acuerdo entre Fernández en representación de Cristina y Bordet surgieron las diputaciones de Solanas, Huss, Paola Rubattino y la camporista Stefanía Cora. Ésta última fue propuesta para viceintendenta, pero Adán Bahl se negó a abrirle la puerta al kirchnerismo.

El cuadro de situación actual tiene algunos parecidos, pero el contexto es diferente. Bordet no tiene reelección, el peronismo no tiene candidato, y el desastre económico no es de Juntos por el Cambio sino que lleva ahora el nombre del Frente de Todos.

En aquel fin de año de 2018 un sector del peronismo no estaba dispuesto a acordar con el kirchnerismo enrolado en Unidad Ciudadana. Por lo menos le sugería al Gobernador que se impondría sin esa alianza, cosa que era cierto. Sin embargo, Bordet finalmente accedió y dio por sepultada aquella certeza que había esgrimido en los estudios de La Nación Más en 2016 cuando dio por terminado al kirchnerismo.

Otra vez un fin de año aparece como el destino para develar las intrigas  en Entre Ríos. Los actores no cambiaron demasiado. Las perspectivas de uno y otro lado son absolutamente diferentes de aquella primavera peronista.

A través de un decreto del canciller Santiago Cafiero publicado el martes en el Boletín Oficial se aceptó finalmente la renuncia que el ahora ex funcionario entrerriano afirma haber puesto a disposición del presidente apenas conocida su sentencia el 7 de abril.

En este marco, Sergio Urribarri habló y se defendió por no haberse apartado de la función a comienzos de abril cuando fue condenado a ocho años de prisión efectiva por corrupción por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. 

Argumentó que la retirada se retrasó por los plazos habituales de la normativa oficial y aseguró que hay vínculos entre el Ministerio Público Fiscal en la provincia y Juntos por el Cambio.

El ex mandatario provincial dio una extensa entrevista al periodista porteño Ernesto Tenembaum en radio Con Vos en la que fustigó que "hay vinculaciones directas de miembros del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos con dirigentes de la oposición". 

Y advirtió que "todas las denuncias en mi contra las hicieron ex candidatos o ex legisladores del PRO y Cambiemos en Entre Ríos".

La separación de Urribarri fue decidida el 7 de abril, luego de su condena a ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la administración pública y peculado, mientras era gobernador de Entre Ríos.

Su ausencia en la gira por Israel que encabezó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, fue notoria: en la visita de la delegación al Museo del Holocausto Yad Vashem, quien estuvo como cabeza de la representación diplomática fue el encargado de negocios, Francisco Fabián Tropepo. Se trata de un diplomático de carrera llegado hace menos de dos años a Hertzlia, ciudad cercana a Tel Aviv donde se encuentra la sede diplomática.“Urribarri está entre Chipre, donde también es embajador, e Israel, arreglando todo”, contaron a La Nación fuentes con acceso al cambio de mando en la embajada argentina en Israel.Como una incómoda mochila que nadie quiere cargar del todo, durante la gira nadie mencionó a Urribarri, a pesar de que el propio gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, también parte del Partido Justicialista, integra la delegación del país que viajó a Israel junto a De Pedro y otros mandatarios provinciales.

Fuente: “La Nación”. 

Todos ocuparon cargos políticos entre las gestiones 2003 y 2015 y han sido condenados por hechos de corrupción.

¿Qué tipo de república se puede pensar a partir de tantos funcionarios condenados por este delito? ¿Cómo puede legitimar día a día la clase política sus cargos públicos si están manchados por cuestiones delictivas? Es inviable diagramar un país cuando tantos dirigentes están en problemas con la Justicia.

No sólo es una cuestión penal. Ante cada hecho de corrupción se desgasta la democracia como estilo de vida. Estos políticos irresponsables no sólo incumplen sus funciones públicas sino que, además, ponen en jaque los cimientos legítimos de toda actividad política. Ésta es una herramienta fundamental para transformar la realidad de las personas. Perpo ante tanta corrupción, ¿cómo hace la ciudadanía para seguir creyendo en ella y sus virtudes? Culpa de estos funcionarios inescrupulosos, el quehacer político y la mejor forma de llevarlo adelante, es decir, la democracia, se ven golpeados y erosionados por el descreimiento al cual es empujada la sociedad.

Es un deber cívico de todos los ciudadanos comprometidos con la Justicia decirle basta a la corrupción y a los dirigentes ligados a ella. No sólo es un deber moral, es una acción racional y fundamental para proteger la actividad política y el estilo de vida democrático.

No existe sociedad si no hay un actuar colectivo. La corrupción se basa en intereses individuales, ajenos a todo compromiso cívico y social. Es imposible obtener progreso colectivo en una comunidad si sus autoridades se manejan bajo el cinismo, el individualismo, la hipocresía y el delito.

No debería existir distinción partidaria en esta cuestión: la corrupción se repudia, se investiga y se juzga. Punto. No hay justificativos ni argumentos tales como el lamentablemente famoso “roban pero hacen”. Afirmar tal tesis sólo significa avalar la delincuencia gubernamental.

La política tiene que ser, si o si, transparente. No hay medias tintas en esta cuestión. Si no hay transparencia no hay política, tampoco república ni democracia.

Como sociedad no se debe tolerar que un par de forajidos roben un principio y un sistema que tanto le costó conseguir a la Argentina. Son momentos para decirle basta a la corrupción y a sus cómplices.

Esperemos que la Justicia siga en la senda de juzgar y condenar a los que mueven ilícitamente las arcas del Estado para beneficio propio. Suficiente problemas tiene el país como para que un par de individuos tengan el atrevimiento de utilizar la administración estatal para engrosar sus respectivos bolsillos.

¿Qué ejemplos le están dejando estos individuos a las generaciones futuras? ¿Acaso no ven que la corrupción va a ser su único legado para la juventud? Argentina necesita la formación de cuadros jóvenes para que se involucren en la política y comiencen a pensar el país de cara al futuro. En este sentido, ¿qué motivación dejan para éstos aquellos dirigentes condenados por corrupción? ¿les interesa decirles a las nuevas generaciones que la única finalidad de la política es asaltar las arcas públicas? Es fundamental que estas mencionadas generaciones comprendan que la actividad política no es eso. Con tal objetivo, la Justicia y la sociedad deben dar el ejemplo y condenar estos actos delictivos.

En fin, política y corrupción nunca deben ir de la mano. Y sepan los corruptos y las agrupaciones que los apañan o apañaron, que la sociedad no olvida. O como dice una popular frase futbolera que en este caso puede servir de metáfora: esa mancha no se borra más

El Ministerio Público Fiscal cerró ayer los alegatos acusatorios del megajuicio que se le sigue a quien fuera dos veces gobernador de Entre Ríos, que actualmente se desempeña como embajador argentino en Israel y Chipre, con penas para los 13 imputados.A todos ellos, la Fiscalía les imputó los delitos de “Negociaciones incompatibles con la función pública” y “Peculado” (distraer fondos públicos para fines privados), en el marco de una Investigación Penal Preparatoria que contempló cinco grandes causas de corrupción.El fiscal Gonzalo Badano expuso ante el tribunal -conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón- los pedidos de condena a cada uno de ellos. Al exgobernador Urribarri se le reprochan cinco hechos, por los cuales se solicitó la aplicación de la pena de 12 años de cárcel, más la accesoria de “inhabilitación absoluta perpetua” para ocupar cargos públicos.Al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, 10 años de prisión; lo mismo para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. En tanto, a la contadora de las empresas Tep SRL y Next SRL -que se adjudican a Aguilera-, Corina Cargnel, la Fiscalía pidió 8 años tras las rejas. Además, como accesorio, se requirió el decomiso de los bienes de Tep y Next.Para el exministro de Turismo, el colonense Hugo Marsó, 5 años de prisión e “inhabilitación absoluta perpetua” para ocupar cargos públicos. Y al empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata, otros 5 años de cárcel.

Fuente: El Entre Ríos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para el 18 de marzo a una audiencia para tratar las situación de la independencia judicial en la Argentina donde escuchará las denuncias de fiscales provinciales que investigan las corrupción y el juego clandestino, perseguidos por el poder, las presiones sobre el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para forzar y la marcha para exigir la renuncia de los jueces de la Corte.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional autónomo, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.

Los fiscales plantearán los casos de la suspendida fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, suspendida cuando coordinaba la acusación de un grupo de fiscales en un juicio oral que se le sigue al exgobernador Sergio Urribarri y mientras motorizaba además una megacausa bautizada contratos, donde se investiga un desfalco de más de 53 millones de dólares, con falsos contratos de empleados de la Legislatura. Goyeneche estará presente en la audiencia que se realizará por Zoom.

Se quejó por haberse “construido una imagen jurídica y mediática que no es así” sobre su persona. Enseguida se lanzó a contar los inicios de su relación con Sergio Urribarri en el plano de la política, actividad a la que dijo dedicarse “toda la vida”. Remontó los comienzos al año ‘86 y ’87, cuando el ex gobernador era candidato a intendente en General Campos, departamento San Salvador.

Repasó los distintos lugares en los que estuvo dentro del Partido Justicialista, donde se abocó, en gran medida y según contó, a las cuestiones proselitistas. Aunque, “no solo me ocupaba de las campañas políticas, sino que también me hacía cargo de las movilizaciones y los actos. También me ocupaba de hacer el seguimiento de las relaciones entre los dirigentes”, dijo frente a los jueces a José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno.

“No me interesaba para nada la actividad privada”, agregó. Se sumó al bloque justicialista en el Senado a propuesta del ex senador de Gualeguay, Hernán Vittulo, mientras seguía dedicándose a tiempo completo de las “cuestiones proselitistas” de cara a las elecciones de 2011.

A partir de esa elección- narró Aguilera- hubo una decisión de integrar a Entre Ríos a la escena nacional. Lo hizo, básicamente, en el deporte con ascensos de equipos de fútbol y básquet a los principales torneos y las plazas del automovilismo, enumeró. Lo mismo en materia de turismo. Se jactó de que en el 2013 Urribarri haya sido uno de los actores  que creó el programa Fútbol para Todos, como así también que haya sido un paranaense, Miguel Galuccio, el presidente de YPF.

Todos esos ejemplos le sirvieron al imputado para dar cuenta de su versión sobre los acontecimientos: “Ese fue el sueño entrerriano, legitimar políticamente un proyecto con cuatro o cinco políticas de Estado. Y la gente lo recepcionó muy bien, porque ganamos ampliamente esa elección. No se hizo de espadas”, remarcó. Fue después de esa elección, la de 2013, en que se inició una segunda etapa de “inserción en la mesa nacional”, cosa que se logró, según Aguilera. Eso requirió de una estructura que consistió, por ejemplo, en la contracción de un inmueble en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego repasó que fue secretario coordinador del PJ hasta las elecciones intermedias de 2017 y luego fue propuesto como secretario de bloque de senadores justicialistas. “Nunca fui funcionario del gobierno provincial, excepción de un año y medio. Siempre fui parte del otro poder del Estado, el Legislativo. Esa es mi historia. Lamentablemente, Fiscalía ni siquiera levantó el teléfono para preguntar si cumplía algún papel ahí (en el PJ). Seguramente el relato jurídico y mediático no se lo permitía. Hubiese sido de gran aporte y conocer los hechos como verdaderamente fueron y no quedara tan evidente y soslayado el rol que yo tuve durante 20 años”, cerró. Luego llegó el momento de las preguntas del abogado defensor Marcos Rodríguez Allende.

“Jamás hice una gestión”

Aguilera descartó que Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Senna – a quien conoce desde hace años – sean sus prestanombres. “Atenta contra mi inteligencia”, ironizó, en referencia a la hipótesis de la Fiscalía que le adjudica a ambos ser las caras visibles de las imprentas Next y Tep que le adjudica a Aguilera.

“Jamás hice una gestión para generar una orden de publicidad, mover un expediente o gestionar un pago”, dijo como respuesta sobre integrantes del Ministerio de Cultura y Comunicación conducido en su momento por Pedro Báez, quien también está imputado. Con el ex funcionario lo une-según adujo- una larga trayectoria política.

Consultado sobre “el retorno” que le adjudica Fiscalía y un perito en torno a la del parador en Mar del Plata, otra de las causas que lo tiene imputado, Aguilera dio su versión sobre acuerdos con Gerardo Caruso, cuya firma instaló en la ciudad balnearia: “Muy sencillo y muy cortito y contundente. Cuando se inauguró el parador Caruso me aparta, preocupado, y me dice si yo podía hacer algo por él porque se le estaba yendo de las manos la montada del parador por el receso de la administración (en Entre Ríos para cobrar los servicios). Grueso error. Eso que yo pensaba que me iba a devolver rápido se terminó dilatando en el tiempo. Le tuve que decir que me devuelva pagándome a los proveedores que yo había contratado del partido”. Y agregó: “Yo tenía destinado esos fondos para la campaña en la vía pública en el marco de la inserción nacional, entonces los problemas que empezó a tener él me empezaron a pasar a mí. Pero sí, yo lo auxilié en ese momento”.

-Esa devolución de Caruso cómo se implementó, preguntó Rodríguez Allende.

-Yo le presté en efectivo y él me devolvió en efectivo pagando los carteles que yo había contratado para la campaña.

Reflexiones

Para el final, y cuando su abogado había dado por finalizada la exposición, Aguilera solicitó unos minutos para dejar “algunas reflexiones”. Allí volvió a insistir con la idea del “relato jurídico y mediático” que lo perjudicó. Y añadió: “A lo largo de este juicio, los hechos que se me imputan no tienen sentido” y lamentó que tanto él como su familia y espacio política hayan sido “sistemáticamente machacado por un relato que nada tiene que ver con la realidad”.

Dijo que “no es casual que este proceso haya comenzado con una nota periodística. Un medio de comunicación y dos o tres seguidores que no son de alcance masivo, pero que operan en microclima político y judicial intentando influir, condicionar y muchas veces intimidar con verdades relativas y mentiras impiadosas, muchas veces en connivencia con el Ministerio Público” y citó la causa en que información que transcendió en la prensa fue de una computadora de la Procuración. No dejó pasar la situación de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, ausente en la sala por estar suspendida en el cargo en el marco de un proceso de investigación en su contra. A modo de respuesta a las declaraciones de la fiscal que apuntó a la política cuando le abrieron la pesquisa, Aguilera dijo estar allí por la denuncia de los mismos que la denunciaron a ella. Es decir Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

Lamentó las veces que apareció en los medios pegado a información o causas como los Panamá Papers que no tenían otro fin-según dijo- que “ir engordando el relato todos estos años” sobre su persona.

Sobre el final- y con Urribarri ya en la pantalla y preparado para prestar declaración vía tele conferencia desde Israél, Aguilera volvió a decir ser víctima de una persecución. “Me parece impórtante destacar el dolor y la angustia que ha generado esta situación. Se ha llevado gente, Hugo Céspedes no pudo demostrar su verdad y en estos momentos, este proceso se está llevando a mi suegro. Ayer nos informan los médicos de que es cuestión de horas, realmente estaba obsesionado con este juicio. Yo quería más nada en el mundo que nos pueda escuchar, a Luciana (su pareja), que le había mostrado mucho de como se venía preparando para venir acá. Lamentablemente no la pudo escuchar”, narró.

Tras su declaración se pasó a un cuarto intermedio para darle lugar a Urribarri.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad este jueves el recurso de queja presentado por Sergio Urribarri en la causa que investiga el presunto desvío de fondos del exgobernador de Entre Ríos en la campaña presidencial en 2015.

El rechazo fue formal, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. Y en el mismo se entendió que la defensa del actual embajador de Argentina en Israel no agotó las etapas procesales previstas en la normativa vigente a modo de condición necesaria para llevar su caso ante la Corte.

La causa se abrió por el presunto desvío de unos US$ 7,5 millones. Unos 47 millones de pesos en objeción fueron repartidos en plena campaña para las elecciones 2015, una candidatura que resultó trunca, ya que se bajó antes.

El camino del recurso de Urribarri es extenso y, ante sucesivos reveses en diferentes instancias, trepó hasta el máximo tribunal nacional.

Sigue este jueves el megajuicio por supuestos casos de corrupción cometidos durante las dos gestiones de gobierno que encabezó Sergio Urribarri , con la declaración de cinco testigos, Además del exgobernador y actual embajador argentino en Israel, están implicados dos exministros, exfuncionarios y empresarios. Está será la jornada número 15 del megajuicio al exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri.

En esta jornada declaran tres personas vinculadas a empresas de publicidad de Buenos Aires, una empleada del Ministerio Público Fiscal que realizó un informe sobre líneas de telefonía de los implicados y Alicia Benítez, titular de la Dirección Provincial de Vialidad y excoordinadora de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur.

Los bonaerenses Santiago Alfiz, titular de "El tiempo Beta"; Vicente Lo Giudice titular de "Blimps Works Argentino"; y Ana Paula Olaverría, titular de "X la Plata Publicidad", aportarán datos sobre el Parador de Mar del Plata, uno de los tres legajos que componen la causa denominada "Sueño Entrerriano".

Juicio a Sergio Urribarri y otros: DÍA 15 Causas acumuladas Legajo OGA 4385, Expediente 6399 y Legajo OGA 11808

Este jueves también está citada Victoria González Brunet, del Ministerio Público Fiscal sobre su intervención en un informe sobre líneas de telefonía.

Declara la titular de Vialidad

Se espera además, la declaración de Alicia Benítez, titular de la Dirección Provincial de Vialidad y excoordinadora de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur.

Las causas

Las tres grandes causas que se ventilan en el megajuicio se basan en los expedientes N° 11.808, caratulado "Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública"; N° 4.385, caratulado "Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública"; y N° 6.399, caratulado "Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública".

En concreto, se trata, primero, de la "causa de la vaca": el direccionamiento de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento "cartelizado" en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios "prestanombres", en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.

Con esas maniobras, se manejaron pautas de publicidad por 21.500.000, cifra que dolarizada, da la suma de 3.250.000 dólares.

La segunda causa relaciona a Urribarri, Báez y el empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho antes de que su empresa, Global Means, tuviera existencia real. Buffa era "una persona del entorno" de Báez, según Fiscalía, y por eso se "direccionó" el 1° de julio de 2011 una orden de publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares.

Luego, suceden las tres causas agrupadas en el expediente del "Sueño Entrerriano".

El primer caso es el de la solicitada contra los fondos buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía, en el marco del "Sueño Entrerriano". La solicitada se publicó en 18 medios gráficos nacionales, resume Entre Ríos Ahora.

El cuarto caso, dentro del subíndice "Sueño Entrerriano", alude a la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000. "En la misma línea de procurar instalar su imagen a nivel nacional con dineros públicos, vamos a demostrar que Urribarri y Baez sustrajeron de la partida presupuestaria para la Cumbre 28.400.000. Lo gastado equivale a 3.221.000 dólares. La contratación fue con "el supuesto objetivo" de difundir políticas públicas. Tres de los cuatro videos no aludieron a la Cumbre sino a la imagen de Urribarri. La filmación de los videos estuvo a cargo de la firma El Buey Solo SRL.

El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de 2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de $14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.

Oficialmente, la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador en las playas de Mar del Plata fue para promocionar turísticamente a la Provincia, pero en los hechos, dijo Goyeneche, se trató de una acción más tendiente a instalar a nivel nacional la figura de Urribarri como candidato a Presidente de la Nación.

Hizo su alegato de apertura el representante del exministro Hugo Marsó. Uno de los defensores de Urribarri fue hisopado y aislado.

En ese marco, se dio a conocer que el abogado Raúl Barrandeguy, defensor de Sergio Urribarri, fue hisopado este lunes por síntomas compatibles con Covid-19 y permanece aislado, ante lo cual el tribunal dispuso que Barrandeguy y sus contactos estrechos continúen participando del debate de modo remoto.

Estaba previsto que Barrandeguy realizara el alegato de apertura en primer término este martes, al igual que representantes de otros imputados. Solo lo hizo el abogado Emilio Fouces, defensor del exministro Hugo Marsó y de Gerardo Caruso, el empresario que instaló el parador playero en Mar del Plata que, según la fiscalía, tenía como objetivo promocionar la precandidatura presidencia de Sergio Urribarri.

El debate se realiza en el marco de la causa por los Legajos OGA nros 11.808, 4.385 y expediente 6.399, "Urribarri, Sergio Daniel, otras y otros", quienes son juzgados por peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación a la Administración Pública".

Los 15 imputados en las causas son Sergio Daniel Urribarri; Pedro Ángel Báez; Gustavo Javier Tórtul; Hugo Félix Céspedes; Juan Pablo Aguilera; Corina Elizabeth Cargnel; Hugo José María Marsó; Gerardo Daniel Caruso; Hugo Montañana; Gustavo Tamay; Luciana Almada; Emiliano Giacopuzzi; Alejandro Almada; Maximiliano Sena y Germán Esteban Buffa.

El embajador argentino en Israel y exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, cuestionó el juicio que se inició ayers en su contra y en contra de exfuncionarios y familiares, por presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones publicitarias y acciones de promoción efectuadas durante su gestión en la provincia.

Dijo que este proceso es parte de "un mecanismo de persecución" por el cual responsabilizó al macrismo.

"La jornada que presenciamos hoy en el juicio demuestra la evidente arbitrariedad y falta de objetividad que venimos sosteniendo desde hace tiempo", expresó Sergio Urribarri tras la primera jornada del juicio.

"En esta causa se ha instalado a través de algunos medios que son delitos distintos actos de gobierno absolutamente normales que no merecieron ninguna objeción por parte de los organismos de control existentes. Además, no se han tenido en cuenta ninguno de los planteos de las defensas y hasta se ha fijado fecha del juicio oral y público en medio de un proceso electoral", indicó Urribarri.