El Juzgado Federal de Victoria, a cargo del juez Federico Martín, dio curso a una acción de amparo que exige al Ministerio de Economía de la Nación y a la Dirección Nacional de Vialidad la reactivación urgente de las obras de mantenimiento e infraestructura en la red vial de la provincia. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) valoró la medida.

La acción pone la lupa en la administración del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL) y del fideicomiso SIT, creado por el Decreto 976/01. Ambos mecanismos se financian con el impuesto a los combustibles líquidos, que tiene como fin específico reparar y conservar las rutas.

Según la federación, esos recursos venían siendo derivados a instrumentos financieros en lugar de aplicarse a tramos críticos para la conectividad del país.

El presidente de FADEEAC, Cristian Sanz, sostuvo que la decisión judicial coincide con los planteos de la entidad, porque ordena que lo que se paga con cada carga de combustible vuelva a los caminos, como prevé la normativa. La federación considera que la medida valida sus advertencias sobre el deterioro de la red vial.

Sanz aclaró que el problema no es solo de Entre Ríos y lo calificó de "alarmante y generalizado". Por eso dijo esperar que el fallo siente un precedente para que el mismo criterio se aplique en otras provincias y corredores.

El dirigente afirmó además que garantizar rutas seguras es una obligación prioritaria del Estado y advirtió que los caminos en mal estado provocan siniestros, dañan los vehículos y encarecen el flete y la logística.

La federación recordó que, junto con la Fundación Profesional para el Transporte, relevó entre 2021 y 2024 más de 22.700 kilómetros de rutas nacionales y provinciales. El informe técnico se entregó a autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Desde FADEEAC reclamaron que el Gobierno nacional destine la totalidad de los fondos viales a su fin original: garantizar rutas seguras y en condiciones.