Las tareas forman parte de la obra de rehabilitación de la ruta provincial 39. Según se informó desde el organismo vial, actualmente se avanza en la ejecución de la subbase mediante la incorporación de cal y la construcción de una base reciclada con cemento en el tramo que conecta la ruta con el ingreso al histórico predio.

Desde Vialidad señalaron que estas mejoras permitirán facilitar la circulación de vecinos, turistas y visitantes que concurren habitualmente al Palacio San José, un sitio de gran valor cultural e histórico para Entre Ríos.

Asimismo, se recomendó a los conductores transitar con extrema precaución por el sector intervenido, debido a la presencia de operarios y maquinaria trabajando sobre la calzada.

Las obras se enmarcan en un plan integral destinado a sostener y mejorar la infraestructura vial que conecta a distintas localidades de los departamentos Colón y Uruguay.

El Palacio San José funciona actualmente como museo y es Monumento Histórico Nacional. El edificio fue la residencia del gobernador de Entre Ríos, el general Justo José de Urquiza, y de su esposa Dolores Costa. Su arquitectura combina el estilo italianizante con rasgos del criollo argentino, derivados de la arquitectura colonial española.

Según explicó, actualmente se están desparramando los últimos aportes de material, mientras que restan aproximadamente dos kilómetros por intervenir. En ese tramo se realizarán tareas de apertura de cunetas y levantamiento del camino.

Monti señaló además que la Junta de Gobierno se encuentra realizando gestiones junto a la Dirección Provincial de Vialidad para adquirir más material calcáreo y avanzar en un convenio con la Provincia que permita cubrir el transporte, con el objetivo de completar la obra.

Se sigue avanzando”, señaló y agregó: “Si bien han tenido algunas roturas, se ha ido solucionando”, aseguró. Monti también informó que uno de los equipos clave para la obra regresará en los próximos días.

Además del avance en infraestructura vial, Monti anunció otra novedad importante para la comunidad: la llegada de un nuevo móvil policial. “El destacamento de Calderón recibió un móvil nuevo, ahora tienen una camioneta para los recorridos de rutina”, informó.

Las tareas se desarrollan en los departamentos Gualeguay, Tala, Nogoyá, Diamante y Paraná, y comprenden:

Desde el organismo recordaron la importancia de extremar los cuidados al circular por los sectores en obra:

Estos trabajos buscan mejorar las condiciones de seguridad vial y el tránsito en una de las rutas más importantes de la provincia

En el primer tramo, que se extiende desde el Arroyo Sauce Grande hasta la localidad de Las Tunas, se realizan trabajos simultáneos de pavimentación con carpeta asfáltica en accesos claves como San Antonio y el empalme con la RP 32. Además, se llevan adelante tareas de terraplenes, bases de broza y suelo calcáreo, en especial en la travesía urbana de Las Tunas, y se colocan barreras tipo New Jersey en el acceso a Viale.

Por su parte, el segundo tramo, de 67,85 kilómetros entre Las Tunas y el acceso a Villaguay, se encuentra en etapa final, con obras de demarcación, señalización vertical y seguridad vial. Allí se instalan barandas de hormigón y flexibles, además de pasarelas peatonales y refugios para pasajeros, lo que mejorará la seguridad de conductores y peatones.

Desde el pasado 14 de agosto, quedaron habilitados al tránsito 11 kilómetros de autovía entre los puentes sobre el Río Gualeguay y el acceso a Villaguay, lo que representa un paso significativo en la puesta en servicio del corredor vial.

No obstante, persisten desvíos en los accesos a Seguí (km 31,200 y 33,600), Viale (km 51,900, 52,800, 53,100 y 54,500) y en la intersección con la RP 32, por lo que se solicita a los usuarios circular con precaución, respetar las velocidades máximas y atender las indicaciones del personal de seguridad presente en las zonas de trabajo.

En el marco del proceso de desregulación y transformación del Estado, el Gobierno nacional se encuentra ultimando los detalles de un decreto que prevé una profunda reestructuración del sistema de control y gestión del transporte terrestre en todo el país. El proyecto, que sería publicado en el Boletín Oficial antes del 8 de julio —fecha en que vencen las facultades delegadas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger—, incluye la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y de otros entes con competencias similares.

Además de Vialidad, el texto contemplaría el cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Según fuentes oficiales, la medida busca “eliminar superposiciones de funciones” y concentrar tareas de fiscalización, control y planificación en menos organismos, con mayor capacidad operativa.

Una de las medidas más significativas será el traspaso de las funciones de control de tránsito en rutas nacionales a la Gendarmería Nacional. La fuerza federal pasará a encargarse de la prevención, fiscalización y constatación de infracciones, incluso en Áreas de Control Integrado y Pasos Internacionales, reemplazando en gran medida a la ANSV y a la CNRT.

Desde el Gobierno se argumenta que la Gendarmería posee una estructura operativa desplegada en todo el país y cuenta con antecedentes favorables en materia de seguridad vial.

Por su parte, la Secretaría de Transporte absorberá los convenios vigentes de la ANSV y también quedará a cargo del dictado de cursos de seguridad vial, antes desarrollados por esa agencia.

La Dirección Nacional de Vialidad, con una planta de más de 5300 empleados, será desmantelada. El Ministerio de Economía asumirá la administración de las concesiones de obras e infraestructuras viales, junto con el manejo de sus recursos financieros, títulos públicos y Letras del Tesoro.

Los empleados conservarán sus cargos de manera temporal, mientras se reorganiza la estructura y se definen nuevas dependencias. También se proyecta que el Ministerio de Economía administre la red troncal de caminos nacionales y sus obras complementarias.

El decreto incluiría la creación de una nueva entidad: la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que tendrá a su cargo la fiscalización de contratos tanto en el sistema vial como en el ferroviario. Esta agencia será autoridad de aplicación en materia de concesiones, y podrá cobrar y controlar tasas, derechos y aranceles vinculados al transporte público nacional.

Finalmente, se transformará la Junta de Seguridad en el Transporte, que dejará de investigar siniestros automotores y se abocará exclusivamente a accidentes e incidentes de aviación civil. Su nueva denominación será Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Fuente:LaNación

Actualmente, se ejecutan tareas de acondicionamiento de calzada como bacheo, fresado, sellado de fisuras y ensanche, principalmente en los tramos que van de General Ramírez a General Campos, y de Gobernador Mansilla a Gobernador Echagüe. Estas intervenciones buscan garantizar una circulación más segura y ágil en un corredor vial fundamental para la provincia.

Desde Vialidad Nacional detallaron además la colocación de nuevas barandas metálicas, la construcción de dársenas de detención y refugios para pasajeros, la adecuación del acceso a Gobernador Echagüe, y el correspondiente señalamiento vertical y demarcación horizontal.

En paralelo, se continúa con las tareas de mantenimiento rutinario, que incluyen corte de pasto, desbosque hasta alambrado, mantenimiento del alumbrado público, reparación y reposición de señales y defensas, así como la actualización de la señalización horizontal.

Este ambicioso proyecto vial se enmarca en los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y tiene como objetivo optimizar las condiciones de circulación y conectividad entre las principales localidades de la región, con Gualeguay desempeñando un rol protagónico como punto de referencia logística, productiva y social.

Circular con extrema precaución en zonas con obras viales activas.

Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

Mantener las luces bajas encendidas en todo momento.

Respetar las velocidades máximas y mínimas indicadas.

Con la mirada puesta en el desarrollo regional, la mejora integral de la Ruta Nacional 12 representa una apuesta concreta al fortalecimiento de la infraestructura vial entrerriana, beneficiando a miles de usuarios y potenciando la producción y el turismo en localidades como Gualeguay.

Según un flash informativo difundido este miércoles por el organismo nacional, personal del Distrito Entre Ríos ya está trabajando activamente en las estaciones de peaje de Colonia Elía (Ruta Nacional 14) e Isla Deseada (Ruta Nacional 174), así como en el Puente Rosario – Victoria y otros sectores de la Ruta Nacional 174.

Desde el organismo informaron a El Entre Ríos que entre las tareas iniciales se incluye la instalación de señalización vertical, delineadores y el acompañamiento del tránsito con banderilleros. Actualmente, los puestos de peaje se encuentran con las barreras levantadas, mientras continúan los trabajos de reorganización y mantenimiento.

📞 Para emergencias viales, las 24 horas, los conductores pueden comunicarse a los números gratuitos 0800-222-6272 o 0800-333-0073. También está disponible el canal de WhatsApp al +54 9 11 2273-4519.

🔧 Estos trabajos se enmarcan en la decisión de Vialidad Nacional de recuperar el control operativo de rutas estratégicas para la región, buscando mejorar la seguridad vial y garantizar una mejor transitabilidad en el corto plazo.

📍 Fuente: El Entre Ríos / Comunicación Distrito 17° – Vialidad Nacional

Vialidad Nacional confirmó el fin del contrato con la empresa Caminos del Río Uruguay S.A., que operaba hasta el 9 de abril a las 0. Este cierre forma parte de la implementación de la Red Federal de Concesiones – Etapa I que desarrolla el organismo.

Se remarcó que “desde 2014, la empresa conocía la fecha de finalización del contrato, el cual fue prorrogado varias veces debido a problemas financieros y legales, incluyendo un amparo judicial”. A pesar de una adecuación tarifaria del 200% entre 2024 y 2025, la empresa no logró sanear sus cuentas, acumulando un incumplimiento de $60 mil millones.

Se hizo saber que “se han labrado actas de incumplimiento de contrato que a la fecha suman $60 mil millones, entre las resueltas y las que se encuentran en proceso”. El organismo se encargó “de regularizar la situación y realizar controles exhaustivos sobre la concesión ya que la misma presenta un estado de deterioro que es de público conocimiento”.

“Esta cifra no está cerrada ya que al finalizar el contrato y realizar la toma de posesión, se realiza la evaluación final constatando los incumplimientos al día que podrán dar lugar a nuevas multas”, se informó.

En relación a los vínculos laborales se recordó que “son de exclusiva responsabilidad de la empresa”.

Con la toma de posesión de los caminos, se levantarán las barreras de peaje en varias estaciones, garantizando la libre circulación en las rutas nacionales 12, 14 y 174. Según se anunció, Vialidad Nacional implementará “mejoras en la infraestructura, incluyendo el corte de pastos, bacheo y señalización”.

Se ofrecerán servicios de emergencia a través de líneas gratuitas y un botón de emergencia en la web, mientras se espera la llegada de nuevas concesionarias. Se aconseja a los usuarios verificar el estado de las rutas antes de viajar.

Se pusieron a disposición, como vías de contacto, el portal argentina.gob.ar/rutasnacionales; el teléfono del Centro de Atención al Usuario, de lunes a viernes de 9 a 17, llamando al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, vía correo electrónico a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar, o a través de redes sociales del organismo.

Fuente: Página Política

A través del Decreto 28/25, el Gobierno Nacional abrió el llamado a licitación para el corredor denominado Ruta del Mercosur, que abarca la Ruta 12, la Ruta 14 y el Puente Rosario-Victoria, entre otros tramos relevantes. Este proceso tiene un plazo estimado de un año hasta que se definan los nuevos adjudicatarios. Mientras tanto, desde hoy, Vialidad Nacional asume la administración de la ruta, lo que implica que estará a cargo tanto del mantenimiento vial como de la atención de emergencias. Esta tarea abarcará mejoras en la infraestructura y servicios para los automovilistas, sin la posibilidad de financiarlo mediante el cobro de peajes, según lo anticipado.

Dos propuestas frente a los despidos masivos

El lunes se convocó a una audiencia de conciliación entre representantes gremiales, Vialidad Nacional y la Secretaría de Transporte. No obstante, los delegados de los dos organismos estatales no asistieron, dejando en evidencia la falta de compromiso frente al futuro de los cientos de trabajadores afectados.

La respuesta no se hizo esperar. Un grupo de trabajadores de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA) llevaron a cabo inmediatamente un piquete en el peaje de Zárate, provincia de Buenos Aires, en reclamo por el inminente despido de una quinientas personas cuando finalice la concesión en la denominada “Ruta del Mercosur”. De ocho carriles, solo había dos disponibles para transitar. El Gobierno respondió enviando un contingente de Gendarmería Nacional para disipar la protesta. Ante la consulta de los medios, indicaron: “La empresa Caminos del Río Uruguay está en quiebra y el Gobierno de Javier Milei a decidido volver a concesionar. Pero, en el medio, nadie se va hacer cargo del mantenimiento de estas la rutas y tampoco del cobro de los peajes”

Desde el sector sindical, se expusieron dos alternativas para mitigar los despidos: “Prorrogar el contrato de concesión a Crusa hasta la toma de posesión de quien resulte adjudicatario de la licitación” o “el traspaso de los trabajadores a Corredores Viales por el tiempo que dure el proceso licitatorio para luego ser incorporados a la nueva concesionaria”. También manifestaron: “Es inadmisible que pretendan dejar este corredor fundamental para el comercio internacional de la Argentina en manos de quienes fueron los artífices y responsables de la desidia y el abandono de las rutas de nuestro país y refugio de varios personajes sospechados de estar ligados a maniobras de corrupción de la obra pública. Los trabajadores pueden y deben estar en los pliegos de concesión”.

Vialidad suma obligaciones, pero también recorta personal

Mientras asume la gestión de nuevos corredores viales, Vialidad Nacional se prepara para aplicar un ajuste interno que implicará una reducción de su planta de personal, que pasará de 5.400 a 3.800 empleados. Además de los despidos, el plan de recorte incluye la suspensión de todas las obras en ejecución, sin importar su grado de avance. La argumentación oficial gira en torno a la falta de recursos presupuestarios, lo cual compromete la continuidad de los trabajos y, por ende, afecta directamente la seguridad vial y el desarrollo de infraestructura en el país. Esta medida repercute tanto en los empleados de la entidad como en las contratistas, que ven paralizados sus convenios sin una fecha cierta de reactivación.

Lo cierto es que las rutas hoy bajo la órbita de Vialidad Nacional presentan serias deficiencias. Hace pocos meses, el Ministro de Transporte de Santa Fe —provincia con buena relación con el Gobierno Nacional— advirtió: “La lógica del gobierno nacional en cuanto a paralizar la obra pública no puede aplicarse de manera tajante en la infraestructura vial, porque si las rutas no son mantenidas comienzan un deterioro progresivo que hacen crecer la peligrosidad, aumentan la inseguridad vial, hacen más cara su reparación y terminan multiplicando la cantidad de accidentes”.Resta ver qué destino le espera a la comunidad gualeya en su tránsito cotidiano por estos caminos sin conducción clara.

El juez federal Sebastián Casanello procesó a once personas y a dos empresas constructoras en una causa que investiga sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos en la que están involucrados exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Un dato central de este expediente es que fueron procesadas dos sociedades anónimas (y no solo sus representantes). Son Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. Se trata de una de las primeras investigaciones que aplican la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, en un caso de sobornos.

Casanello ya había procesado a los principales imputados, pero el 7 de septiembre pasado, la Sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión y le ordenó al juez “evaluar nuevamente” los pedidos de medidas de prueba de las defensas. El juez relató en su fallo que dispuso nuevas medidas (incluidos peritajes, informes técnicos y declaraciones de testigos), afirmó que esos elementos “echaron luz sobre los interrogantes planteados”, volvió a procesar a los acusados alcanzados por su fallo anterior y sumó a nuevos procesados.

La causa se inició el 18 de diciembre de 2017 por una denuncia del entonces Administrador General de la DNV, Javier Iguacel, contra funcionarios del organismo que debían supervisar la ejecución de obras viales en Córdoba y Buenos Aires. Los hechos bajo investigación sucedieron en 2017 y 2018.

En esta causa fueron determinantes los testimonios de dos agentes estatales: una auditora que inspeccionó las obras y advirtió que se estaban pagando trabajos no hechos (pese a que, según pruebas reunidas en el expediente, intentaron engañarla escondiéndole datos y borrando de urgencia información para que ella no la viera) y un supervisor de obra de Vialidad a quien –de acuerdo con su relato- su jefe quiso convencer de que se sumara a la maniobra, pero él se negó.

El jefe en cuestión es Guillermo Crisci, que aparece vinculado a los tres hechos que se investigan en esta causa. Los dos primeros son por presuntos pagos indebidos a empresas a cargo de obras en la Ruta Nacional N° 19, en Córdoba, en el tramo II: “Cañada Jeanmarie-Arroyito” y en la misma ruta, en el tramo siguiente: “Arroyito-Río Primero”. El tercer hecho es un supuesto pedido de sobornos a otros contratistas a cambio de facilitarles el desarrollo de los trabajos de construcción que estaban haciendo en la obra vial ejecutada en el tramo Pergamino-Fontezuela de la Ruta Nacional N° 8.

Las presuntas maniobras vinculadas a las obras en la Ruta 9 consistían fundamentalmente en hacer terraplenes más bajos que lo que declaraban. El Estado, entonces, pagaba de más y las empresas retribuían con “retornos” a los funcionarios. ¿Cómo lo hacían? Contratando a otras empresas que eran de prestanombres de los funcionarios en cuestión –una de ellas, la mujer de Crisci-, según la hipótesis que sostuvo Casanello en su fallo, firmado el 13 de diciembre pasado.

“Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata. Vos confiá en mí. Te vas a llenar de plata”, le habría dicho Crisci al supervisor de obra que debía fraguar el documento que consignaba la altura del terraplén. Crisci, que lo había designado en el puesto, disconforme porque su empleado no quería sumarse, le habría dicho –según declaró el testigo-: “Así como te puse, te saco”.

La lista de los procesados incluye a los exfuncionarios Crisci (excoordinador ejecutivo de la Dirección de Obras de Casa Central de la DNV), Fernando Mardiza (supervisor) y Ernesto Leal (topógrafo, que a diferencia de los otros dos exfuncionarios, no fue procesado por cohecho sino solo por fraude y falsificación de documento). También incluye a tres directivos de las empresas constructoras (Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández), a las dos personas jurídicas, a trabajadores de menor rango dentro de las empresas y a quienes actuaron como presuntas “personas interpuestas” de los funcionarios en el cobro de las dádivas, incluidas las esposas de Mardiza y Crisci.

Tras las presentaciones de las defensas contra los procesamientos, el caso regresó a la Cámara Federal para una nueva revisión. En su fallo del año pasado, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que no existía “mérito suficiente” como para procesar o sobreseer a los imputados.

Uno de los principales argumentos de defensa de las empresas es que la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas se sancionó después de iniciada la causa y que, por ende, no puede aplicarse a este caso. Según el juez, si bien es cierto que la maniobra delictiva empezó antes, no se habían agotado los hechos cuando entró en vigencia la ley porque durante 2018 se siguieron pagando presuntos retornos a los funcionarios públicos.

Casanello procesó a Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y a Luis Losi S.A. por el delito de cohecho activo y ordenó trabarles un embargo de $632.381.436,96.

El juez hizo alusión en su fallo a las particulares características de los casos de corrupción y cómo deben investigarse. “Las investigaciones de delitos de corrupción demandan la tarea de hilar una sucesión de circunstancias fácticas (previas, contemporáneas y sucesivas al hecho delictivo) que inicialmente, vistas en forma individual, pueden parecer inconexas e incluso lícitas. No obstante, sometidas a un abordaje sistémico que contemple detenida y exhaustivamente las distintas aristas del caso, permiten develar un trasfondo de intereses espurios alineados a partir de la coordinación de aportes fragmentados, atendiendo a las privilegiadas posiciones que ocupan los actores involucrados, tanto dentro de la administración pública como desde el sector privado”, afirmó el juez.

Según Casanello, “detener el examen en esa mera superficialidad asegura el fracaso de toda investigación sobre este tipo de criminalidad compleja” y “lo mismo cabe decir en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas y sus sistemas de compliance, donde el análisis no puede reducirse a la sola existencia de procedimientos y rituales”.

El juez destacó además que ”la mecánica de los hechos de corrupción” investigados en esta causa tiene muchas semejanzas con las otras investigaciones de criminalidad compleja que “tuvieron como principales actores a altos funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (designados a lo largo de diferentes gestiones)”. Esto, a su juicio, revela “posibles problemas estructurales y fallas en la prevención” de los delitos en la órbita de Vialidad. Por eso, el juez ordenó hacerle llegar este fallo a la Subsecretaría de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción.

Fuente: La Nación

Bacheo, sellado, relleno y ensancheLas tareas de recuperación y de intervenciones obligatorias incluyen trabajos de bacheo, sellado de fisuras, relleno de huellas, excavación y ensanche de la calzada, pavimentación con bases asfálticas y carpetas de rodamiento de distintos espesores, y ejecución de terraplén de banquinas.

Precisaron, además, que están iniciándose las tareas de reclamado con material granular y cemento portland en los 7,58 kilómetros de la Sección S1 (entre las localidades de General Galarza y Arroyo Clé).

Asimismo, se lleva adelante la colocación de barandas metálicas nuevas y recolocaciones de barandas metálicas existentes, readecuación de alcantarillas, construcción de dársenas de detención y refugios para pasajeros, construcción de dársenas de ingreso al Parque Industrial de Nogoyá, readecuaciones de los accesos a las localidades de Gobernador Mansilla, Gobernador Echagüe y Gobernador Sola, señalamiento vertical y demarcación horizontal.

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Para el mantenmientoEn tanto, las tareas de mantenimiento de rutina comprenden limpieza zona de camino y conservación de préstamos y cunetas, mantenimiento y reparación de obras de arte y limpieza de accesos y desagües de alcantarillas, perfilado y reacondicionamiento de banquinas y taludes.

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Realizan, también, bacheo de calzada con mezcla asfáltica y sellado de fisuras, corte de pastos y malezas hasta 15 metros de borde de pavimento, desbosque y destronque hasta alambrado, mantenimiento de sistemas de alumbrado, reparación y reposición de señales verticales y de barandas de defensa, y la reposición y mantenimiento de señalamiento horizontal.

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“Estas mejoras no solo optimizarán tanto las condiciones de seguridad vial y la transitabilidad como el mantenimiento, fortaleciendo la conectividad entre las localidades de la región. Además, estas labores tendrán un impacto positivo en la economía local, al favorecer el desarrollo de actividades turísticas, educativas y culturales en todo el entorno”, concluyeron.Fuente: EER - Comunicación Distrito 17° Vialidad Nacional.

"El estado lamentable de nuestras rutas y caminos es una de las principales preocupaciones de los entrerrianos. Con sentido común, compromiso y coherencia, estamos planteando revertir esta situación que lleva décadas, en un contexto difícil y con una austeridad como nunca antes se vio", remarcó el gobernador. Detalló, en ese sentido, que los ingresos actuales del Estado provincial sólo se comparan con el momento de la pandemia y que son una cuarta parte de lo que ingresaba el mismo mes del pasado año.

Subrayó que la solución a estos problemas, "probablemente sea mucho más costosa y compleja que si se hubieran hecho las cosas bien en su momento". Enumeró luego las acciones realizadas para resolver esta problemática, haciendo especial hincapié en el ordenamiento de lo existente, la priorización y la planificación a futuro. Finalmente, enfatizó que "es prioridad del gobierno de la provincia dejar atrás el estigma de tener probablemente una de las redes viales en peor estado de la Argentina".

Para la efectivización de este plan se trabajó en la recuperación de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), con la puesta en valor del recurso humano y de 50 máquinas que estaban en desuso. Se sancionó, a su vez, una ley de Emergencia Vial, lo cual permitió realizar la compra de materiales para comenzar una primera etapa de bacheo autogestionado.

En esa primera etapa se avanzó en trabajos de conservación en más de 16.000 kilómetros de caminos rurales y se reactivaron obras en cinco rutas provinciales, planteando en esta segunda etapa la reactivación de otras siete, sumando así 12 las obras reactivadas respecto a las 17 que se habían neutralizado al inicio de la gestión.

También se gestionó ante el gobierno nacional el reinicio de las obras en las rutas nacionales, siendo la primera provincia en firmar un convenio con Nación en esta materia. Asimismo, se tomó la decisión política de destinar el 50 por ciento del impuesto inmobiliario rural para un plan de conservación de caminos rurales.

Las licitaciones para el plan de bacheo se realizarán en grupos, en cuatro etapas, a fin de agilizar las tramitaciones y concluir con las mismas a fin de este año. En total, se intervendrán 30.000 kilómetros, 2.100 en rutas provinciales asfaltadas, 1.600 en rutas nacionales, y 25.000 en caminos rurales.

En el marco de la liquidación del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural 2024, signada en el Decreto 1134/24 MHF, cuyo vencimiento del primer anticipo y pago anual está previsto para el próximo 23 y 24 de mayo, desde la Administradora Tributaria señalaron el establecimiento de adecuaciones en los avalúos, y topes de incremento en el impuesto por debajo de los guarismos inflacionarios (289%).Desde el área de impuestos recordaron que el 90% de las partidas fueron liquidadas con un tope de hasta 155% de incremento y solo el 10% restante con hasta un 190%, siendo este último grupo, el correspondiente a los inmuebles de mayor valuación.

MÁS RECURSOS PARA LOS CAMINOS PRODUCTIVOS

Por su parte, el director ejecutivo de la Administradora Tributaria (ATER), Jesús Korell, destacó que "desde el comienzo de esta gestión se trabaja en conjunto con las entidades rurales y las instituciones que representan al sector, para compartir el esfuerzo de ajustarnos a la realidad y consolidar equilibrios con seriedad y responsabilidad"."La determinación del Impuesto Inmobiliario Rural se encuadra en esa búsqueda de consensos, porque contempla tanto la situación del productor agropecuario como la necesidad de que el Estado cuente con recursos para hacer frente a sus obligaciones, principalmente en un escenario macroeconómico tan difícil como el que estamos atravesando", argumentó.

"Por eso es de gran importancia la decisión adoptada por el gobernador Rogelio Frigerio, con respaldo de la legislatura entrerriana, en cuanto a destinar el 50% de lo recaudado a través del Impuesto Inmobiliario Rural al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, una señal muy clara de que hoy los recursos llegan donde tienen que llegar y que hay un compromiso de esta gestión con el trabajo y la producción", sostuvo el director.

COMPROMISO

"Hablamos permanentemente con referentes de FARER y con otras instituciones del sector. Este es un gobierno que escucha, que vino a poner de pie a la provincia trabajando en equipo, haciendo lo que tenemos que hacer y corrigiendo errores cuando fuera necesario; lo que significa que vamos a escuchar los planteos que pueda haber porque obramos con transparencia y con las prioridades claras", remarcó.

LIQUIDACIONES Y TOPES

Así mismo, el administrador señaló que ante las diferentes inquietudes volcadas desde entidades rurales cuyos miembros y titulares de inmuebles habrían recibido boletas con importes superiores a los determinados en la normativa: "No se han registrado casos de inconsistencias entre la aplicación de la normativa y los montos liquidados en las boletas".Finalmente, para una correcta interpretación de la aplicación de los topes mencionados, desde el área de impuestos de la ATER explicaron que los contribuyentes deberán identificar en el cuadro "Conformación del Impuesto" de la boleta 2024, el ítem "Básico" menos el ítem "Ajuste por tope" y comparar con iguales conceptos de la boleta del 2023. El monto resultante no puede superar los topes referidos, dependiendo del tramo de cada inmueble.

Para más información, los contribuyentes interesados pueden descargar las boletas desde www.ater.gob.ar, y ante el Servicio de Asistencia al Ciudadano mediante el correo electrónico consultas@ater.gob.ar donde se recepcionarán todas las consultas o reclamos particulares.

El gobierno nacional designó al arquitecto Guillermo Marcone al frente del distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional y reemplazará a Daniel Koch. En las últimas elecciones locales, Guillermo Marcone fue precandidato a intendente de la ciudad de Concordia, postulado desde la propuesta del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo).

Posteriormente, de la mano de Rogelio Frigerio, fue el tercero en la lista de los candidatos a diputados nacionales por el frente Juntos por Entre Ríos.

En la actualidad venía desempeñándose como nexo entre el municipio de Concordia y el gobierno de Entre Ríos, hasta que el pasado viernes le llegó el ofrecimiento para hacerse cargo de la zonal Entre Ríos de Vialidad Nacional, lo cual aceptó y este martes llegó la formalidad del nombramiento, según precisaron a Diario Río Uruguay desde el entorno del ahora funcionario nacional.

Se recomienda transitar con precaución debido a la presencia de personal y equipos en la calzada y banquinas.

RUTA NACIONAL N° 12

- Corte de pasto manual (con motoguadañas) y mecánico (con tractor y pasteras), entre Ceibas (km. 160) y Galarza (km. 274).

- Perfilado de banquinas entre Sauce Montrull (km. 454) y Cerrito (km. 498).

- Pintura de puentes y alcantarillas desde Ceibas (km. 160) hasta Gualeguay (km. 225).

RUTA NACIONAL N° 18

- Corte de pasto manual (con motoguadañas) y mecánico (con tractor y pasteras), entre Colonia Avellaneda (km. 14,55) y Raíces (km. 200).

RUTA NACIONAL N° 127

- Corte de pasto manual (con motoguadañas) y mecánico (con tractor y pasteras), entre El Pingo (km. 64) y Federal (km. 120).

RUTA NACIONAL N° 130

- Corte de pasto manual (con motoguadañas) y mecánico (con tractor y pasteras), entre entre Villa Elisa (km. 22) y Villaguay (km. 80).

Ruta Nacional Nº 12: TRANSITABLE (Se extiende desde el Complejo Zárate – Brazo Largo hasta el límite con Corrientes).

Trabajos de bacheo en el marco de la obra MALLA 513C, la cual se extiende desde el Acceso a Galarza hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 131 y la Ruta Provincial Nº 32.

Personal de Conservación del 17 Distrito realiza tareas de corte de pasto manual y mecánico en el tramo comprendido entre Ceibas y Gualeguay.

Ruta Nacional Nº 14: TRANSITABLE (Se extiende desde Ceibas hasta el límite con Corrientes).

Ruta Nacional Nº 18: TRANSITABLE (Se extiende desde Paraná hasta el empalme con la Ruta Nacional Nº 14).

En el marco de la obra “TRANSFORMACIÓN EN AUTOVÍA”, se realizan trabajos en el Tramo 1, el cual se extiende desde la intersección de la Ruta Nacional Nº 12 hasta Las Tunas.

Ruta Nacional Nº 127: TRANSITABLE (Se extiende desde el empalme con la Ruta Nacional Nº 12 hasta el límite con Corrientes).

Ruta Nacional Nº 130: TRANSITABLE (Se extiende desde el empalme con la Ruta Nacional Nº 14 hasta Villaguay).

Personal de Conservación del 17 Distrito realiza tareas de corte de pasto manual y mecánico.

Ruta Nacional Nº 131: TRANSITABLE (Se extiende desde el empalme con la Ruta Provincial Nº 11 hasta el empalme con Ruta Nacional Nº 12).

Ruta Nacional Nº 135: TRANSITABLE (Se extiende desde el empalme con la Ruta Nacional Nº 14 hasta el Puente Internacional Gervasio Artigas).

Ruta Nacional Nº 136: TRANSITABLE (Se extiende desde el empalme con la Ruta Provincial Nº 20 hasta el Puente Internacional General San Martín).

Ruta Nacional Nº 174: TRANSITABLE (Se extiende desde Victoria hasta Rosario).

Ruta Nacional Nº A015: TRANSITABLE (Se extiende desde el empalme con la Ruta Nacional Nº 14 hasta el Acceso a Salto Grande).

De los 159 mil millones que están destinados a proyectos de inversión, $ 59.126.763.000,00 dependen de aportes del Gobierno Nacional.La mayor parte de la inversión prevista –precisa un informe del diario Redes de Noticias- estaba destinada a la Dirección Provincial de Vialidad. Un total de $ 28.346.544.000,00 (casi la mitad de los recursos previstos para la Vialidad), dependía de Aportes del Gobierno Nacional.El segundo mayor recorte lo sufrirá la Unidad Ejecutora Provincial, encargada de la realización de la mayoría de las obras de infraestructura y mantenimiento, que tiene en riesgo la llegada de $ 15.882.020.000,00, un 35% de sus recursos previstos.La Dirección de Obras Sanitarias esperaba contar con $ 5.421.000.000,00 de aportes del Gobierno Nacional, un 72% del total presupuestado.La Secretaría Ministerial de Planeamiento, Infraestructura y Servicios contaba con $ 5.158.686.000,00 de aportes del Gobierno Nacional, de los $ 6.224.686.000 totales presupuestados (un 82%).En la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones sólo $ 2.762.513.000 dependen del aporte nacional sobre un total de $ 19.694.513.000.

El vocero de la empresa Caminos del Río Uruguay, Mariano Bradanini, reconoció que la concesión - respecto de la cual el titular de Vialidad Nacional en la provincia, Daniel “Ruso” Koch, manifestó en cuanto micrófono se le interpusiera que terminaba en junio- tiene una fecha estimativa a noviembre de este año y que no está descartado “una renegociación”.

Bradanini responsabilizó a Vialidad de no atender las demandas de la empresa y haberña dejado por completo desfasada en la relación costo / beneficio. Habló de negociaciones pendientes con el organismo nacional donde se debía tratar la prolongación del contrato de concesión y el aumento de tarifas, este último que no habría sido aplicado tal como lo estipula “el contrato original”.

“De las últimas 30 reuniones, solo se hicieron 5 y las otras 25 fueron canceladas el mismo día del encuentro por Vialidad Nacional”, señaló el vocero de la empresa. Y agregó: "no es por un capricho de la empresa que la ruta llegó a estar como está”.

Bradanini argumentó que la falta de mantenimiento de la ruta 14 y el llamado a “Concurso Preventivo” se debe a que, “desde noviembre de 2019 hasta ahora, hubo un aumento de los costos de mantenimiento de la empresa y de gastos del 600%, mientras que solo tuvimos un 40% de aumento en la tarifa de los peajes”.

Además, indicó que las sucesivas y millonarias multas sólo estarían cerrando cada vez más el cuello de botella financiero al expresar que “las multas forman parte de esta falta de comunicación y quitan la posibilidad directa de poder hacer obras sobre la ruta, porque no hay manera de que el cálculo cierre”.

Por su parte, el Jefe de Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, aseguró en declaraciones radiales a LT11 que la empresa se presentó a Concurso Preventivo pese a que su concesión estaba próxima a finalizar.

Y dijo además que “Esto no hace más que preocuparnos, porque venía prestando un servicio deficitario a nuestro entender y si ahora le sumamos esto, no sabemos cuál va a ser la salida de este tema porque para adelante se ve poca luz”.

Lo cierto es que la empresa no explicó cuáles son los onerosos costos que afronta -pese a seguir cobrando el peaje en quizás la ruta más transitada del país- que no le permiten siquiera pintar la cinta asfáltica, esto ya sin pensar en obras mayores como la reparación de ahuellamientos y fisuras, intervenir puentes, banquinas y alcantarillado, iluminación y cartelería para la señalización.

Y mientras Bradanini dice que no todo está dicho respecto al futuro de la concesión, el funcionario Koch ha repetido, por cuanto medio lo ha requerido, que el contrato terminaba en junio, y que -tras concluir el mismo- hay tres alternativas: “Corredores (empresa del Estado), una nueva licitación o que pase al Distrito 17 de Vialidad, para hacer la conservación”.

En el marco de un encuentro interinstitucional del que participaron representantes de la Secretaría de la Producción, de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), delegación Paraná, para intercambiar conocimientos sobre la conservación de suelos, la titular del ente vial, Alicia Benítez, expresó: ”Ha sido un encuentro muy positivo donde tratamos los puntos más importantes de estos proyectos que encabeza el INTA y acompañamos porque trata de mejorar la conservación de caminos de la provincia y de estudios específicos para optimizar la productividad y favorecer a la conservación de recursos naturales”.

Al respecto, el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Lucio Amavet, sostuvo: “El encuentro sirvió para avanzar en proyectos que venimos trabajando entre el INTA y Vialidad Provincial. El mismo apunta a desarrollar política pública para la conservación de los suelos, por tal motivo, el INTA lleva adelante una investigación en la cuenca La Ensenada, la cual tiene alrededor de 70.000 hectáreas. En ese marco, se busca generar información del escurrimiento del agua en cada uno de los campos y como eso deriva a los caminos rurales".