La homologación judicial de la propuesta de pago efectuada por la agroexportadora Vicentin a sus acreedores "resulta impracticable" porque contempla la venta a Viterra Argentina por 310 millones de dólares, por el 33% de las acciones que aún conserva en la firma Renova, operación inhibida por dos resoluciones judiciales del fuero penal de Rosario, según informaron fuentes del caso.

El presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, fue incluso imputado en junio del año pasado por desobediencia de esas dos órdenes judiciales al avanzar en la venta de las acciones de la empresa a su socia Viterra Argentina (ex Glencore), y debió afrontar una caución de 500.000 dólares, para quedar en libertad.

Esta semana la agroexportadora sumó presión al juez de civil y comercial del concurso, Fabián Lorenzini, quien tiene un plazo de 10 días para homologar o rechazar las conformidades presentadas por la empresa para acordar el pago de su deuda, que supera los U$S1.500 millones.

Vicentin consiguió los porcentajes de conformidad que exige la ley tanto de personas como de capital, pero hay acreedores que consideran "abusiva" la propuesta, que en algunos casos alcanza una quita del 80%.

En un comunicado de esta semana, la empresa señaló que "en un escenario de no homologación -que descartamos- y ante la ausencia de una propuesta superadora, lo que devendría es el cierre definitivo de Vicentin".

Agregó que eso "provocará los efectos conocidos: pérdida definitiva de los créditos para todos los acreedores, la pérdida de todos los puestos laborales, con la consecuente conflictividad social derivada y su posible extensión al sector agro exportador".

El comunicado de Vicentin fue en respuesta a uno difundido un día antes por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el principal acreedor individual del concurso con U$S300 millones.

El BNA manifestó que "impugnará por abusiva y contraria a los intereses de la entidad una eventual decisión judicial de avalar la propuesta de pago", y agregó que la oferta es "extremadamente desfavorable para el banco" porque "no representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda" a la entidad.

En septiembre y diciembre de 2020, los jueces penales de la ciudad de Rosario Nicolás Foppiani y Hernán Postma dictaron en dos causas por presuntas estafas y por presentación de balances falsos "la prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición respecto de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación accionaria".

En junio del año pasado, el entonces presidente del directorio de la compañía, Scarel, fue imputado por desobediencia de órdenes judiciales al avanzar en la venta de esas acciones.

Los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, señalaron que "este contrato de compra-venta fue celebrado por medio de una 'Oferta de Compra', suscrita por los representantes de Viterra Argentina SA, por medio de un documento fechado el 28 de abril de 2022, dirigido a Vicentin SAIC, denominado 'Oferta de Compra de Acciones de Renova 001/2022".

Según detalló Narvaja, Viterra realizó una oferta para quedarse con la totalidad del paquete accionario de Renova y Scarel, como presidente del directorio, dio su "acepción irrevocable de la oferta de compra".

Vicentin y Viterra compartían una sociedad en partes iguales en la planta de molienda de soja Renova, pero 24 horas antes del default la primera le vendió un 16,6%, en una operación que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consideró "simulada".

Para los fiscales, esa transacción significó un incumplimiento de las órdenes judiciales dictadas por los jueces Foppiani y Postma de no innovar sobre la composición de la masa accionaria, que aún siguen vigente, según recordó a Télam el abogado de un acreedor del concurso.

En el fallo que rechazó el avocamiento solicitado por un acreedor, el 29 de noviembre último, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se refirió al tema. El voto del ministro Daniel Erbetta señaló que "las eventuales controversias vinculadas a las medidas adoptadas con motivo de la investigación de hechos con relevancia penal deben dirimirse y agotarse en esa jurisdicción".

"La extraordinaria relevancia en el orden económico social del presente proceso concursal y las innumerables consecuencias que pueden derivarse de las decisiones que se adopten, importan -en función de lo dicho- priorizar la extrema prudencia con la cual habrá de ponderarse la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal y ajenas a la competencia del juez del concurso, cuestiones éstas, que pudieron no haber sido advertidas por los acreedores que han prestado su conformidad", sostuvo Erbetta.

El ministro de la Corte santafesina Rafael Gutiérrez, también recordó en su voto la existencia de las medidas cautelares dictadas por dos jueces que inhiben a Vicentin de desprenderse de sus acciones en Renova para afrontar la salida del concurso.

"Dichas medidas cautelares deben ser consideradas por el juez del concurso, a los fines de ser respetadas y armonizadas con la decisión que eventualmente se tome en caso de arribarse a un acuerdo en este proceso", señaló Gutiérrez.

A través de un comunicado, la firma precisó que la reactivación de la planta se realiza a través de "un contrato de fazón a largo plazo", firmado con la Unión Agrícola de Avellaneda.

"Luego de tres años de inactividad hemos reactivado nuestra planta de alimento balanceado del Parque Industrial de Avellaneda, a través de un contrato de fazón a largo plazo, celebrado con la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA)", indicó la empresa.

El texto añade que el contrato "permitirá proveer hasta 700Tn/mes de alimentos embolsados y 3000Tn/mes a granel", lo cual fue interpretado como "un paso sustancial más hacia la normalización de la actividad de la empresa y del Nodo Norte en especial, donde se desempeñan cerca de 200 trabajadores en forma directa".

"El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, que devolvió el expediente del Concurso Preventivo de la sociedad a su juez natural, ha contribuido a restablecer el ambiente de tranquilidad que se generó desde que la compañía presentara las conformidades suficientes para alcanzar un acuerdo en el marco del citado Concurso", añade el comunicado.

Luego, la empresa reiteró su "plena confianza en las decisiones judiciales y en la pronta finalización del proceso de reestructuración de la empresa, que permitirá garantizar la continuidad de las operaciones productivas, de los puestos de trabajo y también permitirá cumplir con la voluntad de los acreedores, que de manera mayoritaria han aceptado la propuesta concursal".

Fuente: Télam 

La Justicia Civil y Comercial de Santa Fe le otorgó este jueves una nueva prórroga a la agroexportadora Vicentin, hasta el 30 de junio próximo, para reunir las mayorías que requieren la salida del concurso de acreedores.

En forma paralela a la prórroga, el juez de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, también avanzó en la preparación del camino de salvataje establecido en la ley, en caso de que Vicentin no obtenga las mayorías necesarias para salir del concurso preventivo de acreedores.

De esta forma, el magistrado hizo lugar al pedido de la empresa realizado a mediados de este mes, en el que solicitó un nuevo plazo para acordar con sus acreedores, denominado período de exclusividad.

La prórroga se produjo un día después de que Molinos Agro, la firma del Grupo Pérez Companc, anunciara que deja de participar del grupo de "inversores estratégicos" que buscan quedarse con Vicentin, conformado también por Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

La medida dispuesta por el juez Lorenzini contó con el aval de la Sindicatura del concurso, la intervención, de algunos miembros del Comité de Acreedores -entre ellos dos bancos extranjeros- y el rechazo del Banco Nación.

La resolución señala que debido el inminente vencimiento del período de exclusividad, previsto para hoy 31 de marzo, «debo anticipar que otorgaremos la extensión solicitada hasta el día 30/6/2022, inspirada en los principios de razonabilidad, eficiencia, tutela de los derechos de los acreedores, ubicuidad de la información y protección de los más vulnerables".

El juez agregó que "sin perjuicio de ello, paralelamente se aprobará un cronograma tendiente a regular el Período de Concurrencia (salvataje o cramdown), sujeto a las fechas que se establecerán en el momento procesal pertinente".

La resolución precisa que Vicentin avanzó en la búsqueda de conformidades de sus acreedores para obtener las mayorías que requiere la Ley de Quiebras y Concursos, aunque aún no las consiguió.

"Hasta el día de la fecha se acompañaron 680 conformidades a este expediente", dice, para detallar que "dicho universo total de acreedores está compuesto por 425 acreedores granarios, 198 acreedores por bienes y servicios, 2 acreedores financieros, 54 accionistas y 1 sociedad".

Eso implica el "equivalente a un capital de $ 13.537.632.225 y representativo del 39,65% de conformidades nominales necesarias y el 13,857% de conformidades necesarias del capital verificado".

En forma paralela a la prórroga, el juez avanzó en la preparación del camino de salvataje establecido en la ley, en caso de que Vicentin no obtenga las mayorías para salir del concurso preventivo de acreedores.

Señala la resolución que "el plazo adicional que solicitó la sociedad concursada, no deberá incidir negativamente en un esquema de concurrencia o cramdown exitoso cuya finalización, en cualquier escenario, no debería prolongarse más allá del mes de abril de 2023".

Con ese propósito, el juzgado estableció una serie de "pautas ordenatorias" del proceso de salvataje, como la confección de una base de datos de acceso libre a los interesados en quedarse con la compañía; un registro oferentes; requisitos para la inscripción y la designación de un tasador de los activos de Vicentin.

Opinión del Diputado Provincial Carlos del Frade sobre Vicentin

«El 31 de marzo de 2022 vencía el plazo del proceso preventivo de acreedores de Vicentín, presentado en febrero de 2020 en el juzgado civil y comercial número dos de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, a cargo del doctor Fabián Lorenzini», recordó el legislador y agrego: «Desde aquel inicio del expediente, en forma paralela a la conformación de media docena de causas penales, tanto en el país como en el extranjero, comenzó a difundirse la idea de tres interesados en el grupo: Molinos Agro, ACA y Viterra, por entonces Glencore, histórico socio extranjero del consorcio nacido en Avellaneda, también departamento General Obligado, en 1929?.

Carlos del Frade, además dejo su contundente apreciación con respecto al tema: «Un día antes del cierre del concurso, tanto la empresa Molinos Agro como Vicentin expresan que la primera se retira de la triple alianza en el colmo del cinismo jugando con la angustia de miles de familias que dependen de la suerte de la continuidad del ecosistema de 33 empresas que tiene Vicentin. Vicentin y la triple alianza parecen jugar en su campo de juego predilecto: el de la impunidad. Mientras tanto, miles de familias no hacen más que sumar angustias. No tardará en llegar el momento en que en el pico máximo de desidia y deprecio, el directorio de Vicentin pida que la deuda la pague el estado. Por eso es imprescindible que los gobiernos, provincial y nacional, tomen medidas contra esta manipulación obscena de las necesidades de la gente de parte del grupo Vicentin y sus socios estratégicos».

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy la recusación planteada por el expresidente Mauricio Macri contra la jueza de ese tribunal, Ana María Figueroa, con el objetivo de correrla de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos del Banco Nación la cerealera Vicentín durante el Gobierno de Cambiemos.

La jueza fue confirmada en el expediente por sus pares de la sala primera del máximo tribunal penal del país, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes señalaron que la defensa de Macri "no ha logrado demostrar la existencia de elementos objetivos suficientes" que demuestren "la parcialidad invocada", según surge del fallo al que accedió Télam.

Macri pretendía apartar a la jueza Figueroa bajo el argumento de que es una de las magistradas que declaró en calidad de testigo en el marco de la causa que se investigan supuestas presiones de la Mesa Judicial de Cambiemos sobre jueces y fiscales.

Los jueces que rechazaron el planteo entendieron que en el hecho de haber relatado ante la justicia episodios que le tocó vivir en el marco de sus funciones no hay ningún elemento que permita presumir una supuesta falta de imparcialidad.

En este expediente, la Unidad de Información Financiera (UIF) realizó una presentación para que se investigue si Macri, el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, el extitular del Banco Nación Javier González Fraga y a los dueños de Vicentín incurrieron en maniobras de lavado de activos.

La investigación se originó a partir de una denuncia basada en un informe de las actuales autoridades del Banco Nación que dio cuenta del supuesto otorgamiento irregular de créditos a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos.

En el informe presentado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, se advirtió que la deuda acumulada violó normativa de esa entidad en relación a los préstamos a grandes empresas.

En esta causa se investiga una supuesta maniobra delictiva a través de la cual funcionarios del Banco de la Nación Argentina incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, según surge del expediente judicial.

Se los acusa de haber otorgado "irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentín SA y Algodonera Avellaneda SA -al menos durante el año 2019-, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba".

La investigación -delegada en el fiscal Gerardo Pollicita- también abarca la presunta participación criminal de los empresarios de esas compañías, quienes del otro lado y en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones.