A pocas horas de conocerse el veredicto en el juicio contra su exmarido, Claudio Contardi, Julieta Prandi dialogó con el ciclo A la tarde (América TV) y compartió su experiencia tras la audiencia clave celebrada este lunes. Después de cinco años de procesos judiciales, exposiciones mediáticas y momentos críticos, la conductora detalló cómo atraviesa la espera de una sentencia que considera fundamental para su vida y la de su familia.

La entrevista con Karina Mazzocco y el resto del panel puso en foco el costado más humano y vulnerable del calvario que Julieta vivió durante varios años. El momento, lleno de expectativa e incertidumbre, dejó a la vista los efectos personales de un proceso que excede las instancias judiciales y alcanza cuestiones vinculadas a la salud emocional, la seguridad y la violencia de género.

Julieta Prandi comenzó la charla dejando en claro la dimensión del momento que atraviesa: “No hay preparación posible. Pensar que estuve cinco años esperando este momento y que pasé por todos los tribunales y entrevistas, pericias, sesiones, lo que se te ocurra para llegar a este camino y tener finalmente, como fue el día miércoles, cara a cara a los jueces y poder decirles lo que yo había vivido. Fue muy duro para mí. Fue muy duro llegar ahí y también tener que relatarlo”.

La modelo subrayó el impacto que tuvo la audiencia en la que pudo declarar ante los jueces sobre lo que vivió. Para ella, hubo una diferencia notoria entre instancias previas relacionadas con “la división de bienes, alimentos, el régimen de comunicación”, y este último tramo, donde quedó expuesto “el horror mismo”.

“Es muy duro también tener que verlo. Para mí, tener que verme en todos lados y que se reproduzcan mis palabras es muy fuerte. Lo vivo con mucha angustia, con mucha ansiedad. Necesito que llegue el miércoles, de verdad escuchar una condena ejemplificadora y que finalmente lo detengan por mi bien, por el bien de mi familia, porque cualquier cosa me puede pasar a mí y a cualquiera de los míos”, expresó.

“Ahora estoy con un botón antipánico, con custodia, pero yo no puedo vivir así los meses que queden de apelaciones, que seguramente van a existir de la otra parte”. Pese a las medidas de protección, su sensación de inseguridad no se modificó. “Yo no puedo vivir con un patrullero que me sigue al supermercado o a llevar al colegio a mis hijos. Necesito tener libertad y estar en paz”.

Al referirse al desenlace judicial, remarcó la importancia de una condena efectiva: “Lo mínimo que pueden asegurarme es, aunque sea, una prisión domiciliaria si no le dan una preventiva en prisión, pero que no pueda salir de su domicilio, porque si no la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”.

La exmodelo también narró episodios de profunda angustia vividos el viernes posterior a su declaración final: “El viernes me quebré y lloré desde la entraña. Algunos lo pudieron escuchar. Fue un llanto con grito, con dolor, con ruido. Fue una cosa espantosa, pero que me salió después de dar mis últimas palabras frente a los jueces y salir de la sala. Sabía que esa era la última vez que me iban a escuchar y no sé qué provocó en mí, pero fue como una descarga de muchos años de dolor y de angustia, de que me hayan silenciado. Entonces fue horrible y a la vez muy liberador”.

A lo largo de la entrevista, insistió con la necesidad de dar “un cierre” a esta etapa de su vida: “Lo único que necesito es terminar y cerrarlo. Necesito escuchar esa sentencia y necesito de verdad estar en paz, poder salir a la calle y no tener que estar mirando con mil ojos todo mi alrededor”.

En el intercambio con los conductores y panelistas, Prandi también abordó el costado institucional y social de su lucha. Explicó el grado de desgaste que implica el proceso judicial para una víctima: “Reparador no hay nada. A mí ya todo lo mal que me hizo todo esto no me lo repara nadie. Ni los años que viví secuestrada y presa en mi propia casa, me los va a devolver nadie. Pero sí intento, que es lo que le pedí a los jueces, que el resto de mi vida, lo que a mí me quede por vivir, poder vivirlo dignamente, en paz y no teniendo miedo, que es lo que transité todos estos años desde que conocí a esta desgracia”.

El relato incluyó el impacto familiar, en especial en sus hijos, quienes comenzaron a preguntar por detalles del caso que ella buscó preservar para evitar exponerlos: “Están bien, pero están viviendo un momento muy angustiante y muy difícil. Y con muchas preguntas, porque yo hasta acá preserve su salud mental y hay muchas cosas que ellos no sabían, como la carátula de la causa. Ya el mayor se enteró de la carátula y le provocó muchas cosas. Es muy difícil”.

La intérprete también manifestó su frustración ante las demoras y obstáculos institucionales. “Esto pone la luz sobre lo deficiente que es la justicia. Mirá si yo, siendo conocida como soy, en cinco años recién ahora tengo un juicio y no se sabe cuál va a ser la condena, lo que le espera a tu vecina de barrio”. Reiteró la importancia de visibilizar el problema con ayuda de los medios: “Ustedes están ayudando muchísimo como medios, como periodistas, en difundir y en visibilizar lo difícil y machista y retrógrado que a veces puede resultar el proceso penal para una víctima”.

Además, denunció situaciones de maltrato por parte de la policía: “Sebastián, tu amigo, decía que vos ibas a denunciar y te decían que volvieras a tu casa. Entonces me parece que estás mostrando un sistema vetusto que uno pensaba que ya había cambiado y sigue siendo tan violento como la misma violencia que vos recibías en tu casa”, le remarcó Luis Bremer en el panel. Julieta asintió: “Totalmente. Por eso creo que espero que sirva, espero que le allane un poco más el camino a las otras, a las demás, que somos muchas, y que la justicia algo cambie, que esta pena sea ejemplificadora y empiece a tener otra cabeza la justicia a la hora de juzgar una víctima de violencia de género o de abuso sexual”.

Por último, se refirió al apoyo recibido de otras mujeres y la fuerza colectiva que impulsa cambios: “Sobre todo se acercan a decirme gracias, porque la mayoría no pudo hablar, porque tienen alguna hermana o prima que la mataron, o porque es su historia y no saben cómo salir”.

Juan Luis Turano, el denunciante relató ante medios de la provincia que “los abusos sucedieron cuando tenía entre 6 y 9 años"

"Hace tiempo vengo acarreando esto y ya no aguanto más la situación. Me enteré de muchas cosas que pasaron y están pasando, y dudo que no lo haya hecho con otras personas”, dijo.

“Estos hechos ocurrieron reiteradas veces, hasta que comenzó a venir a Paraná por su trabajo, ya que iba a asumir como vocal en Tribunales. Yo rogaba que llegue el lunes, porque él viajaba y no quería que sea viernes, porque sabía que él volvía a nuestra casa”, expresó.Juan Luis, contó que a medida que “iba creciendo, me iba dando cuenta de las cosas que pasaban y lo enfrentaba”. Seguidamente, agregó: “quiero justicia, yo me presentó para que el caso no prescriba. No lo denuncie antes por miedo”.

Fuente: APF

Una nena de 12 años quedó embarazada tras ser abusada sexualmente por un amigo de su padre en la localidad mendocina de Rivadavia, donde la justicia hizo detener al hombre y lo imputó en una causa que se inició luego de que análisis médicos confirmaran el estado de la menor de edad, informaron este viernes fuentes judiciales.Los investigadores del caso, que se conoció en las últimas horas, señalaron que entre enero y febrero la niña fue víctima del ataque sexual del hombre de 60 años que pudo tomar contacto con ella por ser amigo de su padre y visitarlo en su vivienda.El embarazo fue detectado esta semana por médicos del hospital Carlos Saporiti, en la localidad de Rivadavia, adonde la niña realizó varias consultas y estudios acompañada por su madre porque sufría dolores de panza, molestias en el abdomen y aumento de peso.Tras la confirmación del embarazo, la familia y los responsables del centro de salud radicaron la denuncia ante la fiscalía de jurisdicción.Con estos elementos, la justicia le tomó declaración al padre de la niña, quien está separado de la madre, y manifestó desconocer el hecho aunque dijo que le llamó la atención el cambio de conducta de la nena, porque había dejado de quedarse a dormir en su casa cuando lo visitaba y prefería quedares en lo de una amiga.Tras la orden judicial y con datos aportados por la familia, los investigadores encontraron al acusado, un hombre de 60 años, que fue detenido ayer e imputado en la causa que investiga el fiscal Oscar Sívori.

Se desarrolló el pasado viernes en la ciudad de Gualeguay, ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de feria, la audiencia presidida por el vocal de Feria, doctor Javier Cadenas, en la causa seguida contra CAK de 55 años, acusado de abuso sexual de su hijastra, para tratar el recurso de apelación, presentado por el doctor Pablo Marchese, representante legal del imputado.En Sala estuvieron presentes dicho letrado y la fiscal de caso, doctora María Gabriela Occhi, no así el acusado, que no fue trasladado desde el penal.

La Defensa Técnica describió brevemente los hechos, y explicó refiere que no hay peligro de fuga acreditado, por lo que solicitó la prisión domiciliaria de su asistido.A su turno, la fiscal dijo que concuerda con lo resuelto por la Dra. Ríos y que dicha resolución está debidamente fundamentada, dando los argumentos de ello; explica acabadamente que la demora del presente legajo se debe a la fuga y rebeldía del imputado, el cual en su momento, no pudo ser habido ni por la justicia ni por sus abogados defensores.

Cabe recordar (como fuera informado oportunamente por 03442), CAK fue denunciado en mayo del 2013, por el abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hijastra.Esta persona se mantuvo prófuga desde diciembre de 2014, lo que llevó a que los propios defensores no tuvieron contacto y por ello, solicitaron renunciar al cargo, asegurando la fiscal además que los indicios son más que certeros y por eso, solicitó oportunamente, el pedido de prórroga de la prisión preventiva, razón por la cual la doctora Occhi solicitó que se mantenga.

El doctor Javier Cadenas, dispuso no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Defensa Técnica, confirmando la resolución dispuesta por la Jueza de Garantías de Feria de la ciudad de Concepción del Uruguay, Dra. Melisa María Ríos, resolviendo prorrogar la prisión preventiva del acusado CAK, en orden al delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente en calidad de autor”, por el término de noventa días, y/o hasta que se realice el juicio oral lo que ocurra primero.

Gonzalo Peña alcanzó la fama gracias a un comercial donde preguntaba: "¿Buscás un hotel?". Desde allí fue escalando hasta convertirse en un galán de telenovela en Televisa. Sin embargo, su carrera cayó en picada tras ser acusado de encubrir una violación, y la productora decidió suspenderlo hasta que la Justicia haga todas las averiguaciones.

La denunciante es nada más y nada menos que su exnovia, Daniela Berriel, que se animó a hablar de su calvario en las redes sociales al ver el poco interés de las autoridades. Contó que el episodio ocurrió el 14 de marzo del año pasado, cuando él le pidió que la acompañara a la casa de un amigo.

La joven relató que los dos hombres comenzaron a tocarla mientras ella intentaba dormir en uno de los cuartos de la propiedad. Aunque logró levantarse y sentarse en un sillón, el amigo de su pareja la penetró a la fuerza. El actor se quedó mirando sin emitir palabra. En un descuido, ella pudo escapar y contar el hecho en una comisaría, pero las autoridades nunca le prestaron mucha atención. Esto la llevó a romper el silencio en su cuenta de Instagram, y el escándalo llegó hasta los pasillos de Televisa.

A través de un comunicado de prensa, la empresa de entretenimiento señaló que el actor -que estaba haciendo la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?- será suspendido.

"Hemos escuchado la grave acusación que ha hecho Daniela Berriel en redes sociales, misma que, luego de una detención, han validado la Fiscalía General del Estado de Guerrero y un juez local. Ante ello, y a efecto de conocer a fondo lo sucedido, estamos suspendiendo temporalmente las grabaciones de Gonzalo en una de nuestras producciones. Nuestra solidaridad y acompañamiento para todas las mujeres", expresaron.

Por el momento, Peña prefirió callar.

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Quién es Gonzalo peña, el modelo que se hizo famoso en TV gracias a una publicidad

Gonzalo Peña tiene 31 años, es español, y se radicó en México cuando era muy chico. Su pasión por la actuación lo hizo golpear las puertas de diferentes productoras, hasta que le llegó su gran oportunidad. Fue contratado para ser el presentador de un famosísimo comercial de una empresa de hoteles y viajes y su rostro se hizo popular en varios países de América.

Fue en 2014 cuando le ofrecieron un papel en la telenovela La malquerida, y luego pasó por Antes muerta que Lichita, El hotel de los secretos, Despertar contigo, Enamorándome de Ramón, Hijas de la luna, Amar a muerte, Cita a ciegas y ¿Qué le pasa a mi familia?, de donde fue apartado tras una denuncia por encubrir un abuso sexual. Ahora su carrera se fue a pique y podría ir a prisión.

La fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Fatou Bensouda anunció este lunes que, luego de haber llevado a cabo un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha encontrado fundamentos razonables para creer que "al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno (del país caribeño) han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos".

En un comunicado, el órgano internacional enumeró las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: ": la Policía Nacional Bolivariana; ("PNB"), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional ("SEBIN"), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar ("DGCIM"), la Fuerza de Acciones Especiales ("FAES"), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ("CICPC"), la Guardia Nacional Bolivariana ("GNB"), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro ("CONAS") y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ("FANB")".

El documento también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como "colectivos", e indica que actuaron "junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento". "En relación con el presunto rol de los actores mencionados, "el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes".

La persecución política también está incluída en el reporte de la fiscal, quien indicó que "la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represeión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento".

El reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en el país caribeño, sino que su rol es de establacer "si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones". "La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021″, explica.

La fiscalía comenzó con el examen preliminar en febrero de 2018, luego de que un grupo de Estados Parte del Estatuto de Roma -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- remitieran la situación. La solicitud tiene como punto de inicio el 12 de febrero de 2014, pero la investigación lo ubicó en abril de 2017. Venezuela también es un Estado Parte de la CPI, y el órgano investigará formalmente la situación si determina que el país caribeño no puede o no quiere hacerlo por cuenta propia.

La determinación de la CPI coincide con aquellas de otros organismos internacionales como la ONU y la OEA. La misión de determinación de hechos de la primera concluyó en septiembre que "Maduro tiene responsabilidad directa en crímenes de Lesa Humanidad" cometidos desde 2014.

"La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad", dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, en un comunicado.

"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno", agregó.

La OEA, en tanto, actualizó a principios de diciembre un informe que había remitido a la CPI donde llegó a las mismas conclusiones. Y criticó duramente al organismo al considerar que no actúa con la celeridad suficiente.

"No podemos explicarnos por qué la fiscal Fatou Bensouda no toma ninguna acción", dijo a Infobae Jared Genser, autor del reporte de la OEA que, entre 2014 y 2020, confirmó 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, incluidas ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de manifestantes.

La investigación también revela 653 casos documentados de tortura, aunque destaca que "la cifra real es mucho mayor, ya que informes confiables destacan que muchas de los miles de personas detenidas han sido víctimas de torturas y malos tratos". El documento de la OEA certifica además 15.501 detenciones arbitrarias.

En el informe, la CPI hizo referencia a las críticas e indicó que "lamenta el tono y la forma del informe". Dijo a su vez que comprende la frustración que parece motivar el informe, que surge de una expresada expectativa de que la Fiscalía priorice su consideración de los presuntos crímenes en esta situación en relación con los presuntos crímenes cometidos en otras".

Sin embargo, dice, "debe permitirse también a la Fiscalía llevar adelante su trabajo en forma independiente e imparcial, sin ataques a la integridad de la Fiscal o de la Fiscalía".

De iniciar la investigación formal, la fiscalía pasaría a la siguiente etapa del proceso legal, donde recabaría nueva evidencia para luego identificar a los sujetos que serían acusados formalmente por la Corte. Luego, tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares confirman la identidad de el o los sospechosos y se aseguran de que entiendan los cargos contra ellos. En una audiencia posterior determinarán, después de escuchar a las partes, si hay evidencia suficiente para iniciar el juicio, donde podrán condenar o no a los acusados.

La sentencia máxima de la CPI es de 30 años de prisión -el órgano cuenta con una instalación propia en La Haya, donde también se ubica el tribunal- pero en circunstancias excepcionales puede dictar cadena perpetua. A la fecha, un total de 34 personas han sido procesadas por la CPI desde su concepción, aunque no todos han pasado tiempo tras las rejas. 12 criminales se encuentran prófugos, y 2 de ellos murieron antes de ser atrapados.