La marcha por el Caso Cecilia Cardona volvió a poner en el centro de la escena el reclamo de justicia y, sobre todo, la voz de su familia. En un clima de profunda conmoción, fueron sus seres queridos quienes tomaron la palabra para expresar el dolor, pero también la firme convicción de que la muerte no fue accidental.

“Venimos a pedir justicia por mi hermana, que murió de la peor manera y un ser humano no merece morir. Sabemos que está en libertad y venimos a reclamar que pague lo que tenga que pagar”, expresó una de sus hermanas ante los presentes.

En ese mismo sentido, cuestionó de manera directa la versión inicial de los hechos: “Sabemos que no fue un accidente como dicen. Nosotros sabemos que fue un transfemicidio, pero muy cruel. Lo que hizo esa persona con mi hermana es de terror”.

El reclamo no solo estuvo dirigido a la calificación judicial del caso, sino también a la situación del acusado. “Pedimos justicia, que así como salió, que vuelva a entrar, que cumpla la condena que tenga que cumplir”, sostuvo, en alusión a la libertad del presunto responsable.

La movilización reunió a un importante número de personas, muchas de ellas allegadas a Cecilia. “La mayoría de la gente de la marcha son amistades de Cecilia, que la quieren mucho y la conocen. Mucha gente habló, la conocen de años. Mi hermana siempre vivió acá”, remarcó, subrayando el fuerte arraigo de la víctima en la comunidad.

También hubo palabras de agradecimiento hacia quienes acompañaron el reclamo. “Le doy gracias a toda la comunidad de Entre Ríos. Nosotros viajamos hoy y venimos a pedir justicia. Sé que van a mover los papeles para que esta persona vuelva a estar detenida y cumpla su condena”, señaló.

En medio de versiones y trascendidos, la familia también buscó desmentir información que consideran errónea. “Las barbaridades y mentiras que dicen no son ciertas”, afirmaron, al tiempo que remarcaron que Cecilia mantenía un vínculo cercano con su entorno, alternando estadías en Buenos Aires con su vida en la ciudad. “Iba a Buenos Aires y se quedaba dos o tres días, a quedarse con mamá, pero vivió toda la vida acá. Acá tiene muchas amistades”, explicaron.

Uno de los momentos más desgarradores de la jornada fue el testimonio de la madre de Cecilia, quien, atravesada por el dolor, expresó entre lágrimas: “La mató como un perro… como un perro la dejó tirada… que pague lo que tenga que pagar… vamos a poner todo de nuestra parte para que esa persona no salga nunca”.

La movilización se desarrolló en un contexto de creciente acompañamiento social y con un pedido claro: que la investigación avance bajo la figura de transfemicidio y que el caso no quede impune.

Avance en la querella

Como dato relevante en el plano judicial, este viernes el Dr. Ronconi asumió la representación de la querella. Según se informó, el letrado podrá tomar vista del expediente entre el lunes y martes próximos, lo que marcará un nuevo paso en la causa.

Esta tarde, la ciudad de Gualeguay será escenario de una movilización para exigir justicia por Cecilia Cardona, una mujer trans de 47 años que fue asesinada el pasado 1° de mayo en la intersección de las rutas Nacional 11 y Provincial 12. La convocatoria, impulsada por la familia de la víctima y la organización Diversidad Gualeguay, busca visibilizar un crimen que ha sido caratulado por la fiscalía como homicidio agravado por dolo eventual, técnicamente definido como un transfemicidio.

Según los datos que constan en la investigación, y de acuerdo a lo que difundieron las organizaciones, el hecho ocurrió pasada la medianoche del 1º de mayo cuando un chofer de camión de 53 años detuvo su marcha en la banquina para mantener un intercambio sexual con Cecilia. Tras el acto, y ante el intento del conductor de retirarse sin abonar por el servicio, Cecilia intentó impedir la partida del vehículo. En ese momento, el camionero arrancó y la pasó por encima, provocándole la muerte de forma instantánea para luego darse a la fuga, siendo detenido horas más tarde en la localidad de Galarza.

Desde las organizaciones de diversidad han sido enfáticos en repudiar cualquier versión que intente estigmatizar a la víctima. "Descartamos cualquier versión que pretenda instalar que Cecilia intentó robarle al camionero. Ejercía trabajo sexual ante la nula posibilidad de cualquier otro trabajo para personas trans en esta ciudad", señalaron desde Diversidad Gualeguay.

Los familiares de Cecilia, quienes viajaron desde Buenos Aires para seguir de cerca el proceso judicial, emitieron un comunicado exigiendo que el imputado permanezca en prisión. "A Cecilia la mató el chofer. Pedimos a la jueza Alejandra Gómez que tenga consideración de la alevosía con la que un camión pasó por encima a nuestra hermana", expresaron con profundo dolor. A partir de esta semana, el Dr. Javier Ronconi asumirá la representación de la familia como querellante particular para solicitar nuevas medidas probatorias.

La marcha de esta tarde comenzará a las 15 horas en la esquina de Primero de Mayo de la Plaza Constitución. El recorrido previsto rodeará la plaza principal, pasando frente a los Tribunales y la Comisaría local, donde los hermanos y la madre de Cecilia leerán un documento público. La movilización cuenta con una amplia adhesión de sectores de la sociedad civil, incluyendo a la Multisectorial de Mujeres, la APDH Gualeguay, y sindicatos como ATE y CTA. Asimismo, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), representada por su secretaria general nacional Georgina Orellano y la referente provincial Norma Torres, se sumó al pedido de justicia denunciando la "violencia institucional hacia lxs trabajadorxs sexuales".

A través de un comunicado, señalaron que en un primer momento el episodio fue presentado como un “accidente”, pero advirtieron que la Unidad Fiscal de Gualeguay, a cargo de la fiscal Mariángeles Schell, mantiene abierta la investigación bajo distintas hipótesis, entre ellas la de un homicidio agravado por la identidad de género de la víctima, lo que podría encuadrarse como travesticidio.

“Cecilia murió trabajando. Murió en el asfalto, un primero de mayo, el Día Internacional de las y los trabajadores. Murió expuesta a la violencia y a la precariedad que enfrentan tantas compañeras trans que no tienen otra opción laboral que la calle”, expresaron desde el espacio.

En ese sentido, remarcaron: “No vamos a naturalizar esta muerte como un simple accidente” y exigieron que “la investigación se lleve adelante con perspectiva de género y diversidad”. Además, pidieron que, en caso de comprobarse un móvil de odio por identidad de género, la causa sea caratulada y juzgada como travesticidio.

El comunicado también incluyó un reclamo más amplio: “Exigimos justicia por Cecilia y políticas públicas reales. Cecilia no era un número. Era una mujer trans que luchaba por vivir con dignidad en una sociedad que le dio la espalda”. Y concluyeron con una consigna contundente: “Ni una compañera trans más muerta en el camino. Ni una compañera más sin derechos. Ni una compañera más sin vida”.

La investigación judicial: se descarta el accidente y se fortalece la hipótesis de transfemicidio

En paralelo, la investigación judicial avanza en las últimas horas. Lo que inicialmente fue abordado por los primeros informantes como un siniestro vial comenzó a ser analizado bajo la hipótesis de un crimen con agravantes por la identidad de género de la víctima.

La causa quedó a cargo de la fiscal Schell, quien ordenó una serie de medidas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del hecho. De acuerdo a la información recabada por El Debate Pregón, está descartada la posibilidad de que se haya tratado de un mero accidente.

El episodio ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando personal policial intervino ante la presencia de una persona sin vida sobre la cinta asfáltica. En ese momento, las primeras versiones indicaban que un camión de gran porte había atropellado a la víctima y que su conductor habría continuado la marcha sin advertir lo sucedido.

Sin embargo, con el avance de la investigación surgieron elementos que modificaron esa hipótesis. Cecilia habría mantenido un encuentro previo con el conductor del camión y luego se produjo una discusión vinculada al pago de un servicio sexual. En ese contexto, el camionero habría intentado retirarse del lugar y la víctima habría intentado impedir su partida.

Según las primeras reconstrucciones, la mujer se habría tomado del vehículo y fue arrastrada antes de ser atropellada.

El conductor fue localizado horas más tarde en cercanías de General Galarza y permanece detenido a disposición de la Justicia, mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas.

El dato cobra relevancia al compararlo con semanas anteriores. Hace dos semanas, el propio subjefe había señalado que se contabilizaron nueve denuncias y tres detenidos, en su mayoría por amenazas y lesiones leves, lo que evidencia un incremento sostenido en los hechos. 

Por su parte, la Jefa departamental “Gabriela Bruna” había advertido días atrás sobre esta situación al señalar que “si bien es un gran número las denuncias que hemos recepcionado, no ha sido con personas lesionadas o con uso de armas de fuego, ni situaciones que impliquen la aprehensión de estas personas”. En ese sentido, explicó que se continúa trabajando con medidas de restricción y recorridas preventivas, aunque reconoció que “ha aumentado el número de denuncias en las últimas semanas”.

La problemática de la violencia de género en Gualeguay muestra una tendencia en aumento en las últimas semanas, de acuerdo a los datos brindados por autoridades policiales. La tendencia en el mes de Marzo está marcada, pero la reacción ante los hechos ha sido tomada con cierta liviandad, ya que no hubo “casos de gravedad”.  

El subjefe de Policía informó que en los últimos siete días se registraron 14 denuncias, lo que derivó en la detención de siete personas, principalmente por violación de medidas de restricción y agresiones, tanto físicas como psicológicas. 

El dato cobra relevancia al compararlo con semanas anteriores. Hace dos semanas, el propio subjefe había señalado que se contabilizaron nueve denuncias y tres detenidos, en su mayoría por amenazas y lesiones leves, lo que evidencia un incremento sostenido en los hechos.Otro dato que expone la gravedad del escenario es que, durante la última semana, las detenciones por violencia de género superaron a las vinculadas a otros delitos, como por ejemplo; delitos contra la propiedad. 

El panorama refleja una problemática en crecimiento en la ciudad, que exige no sólo la intervención policial, sino también un abordaje desde distintos sectores para prevenir y contener estas situaciones. Preguntarse la razón de este aumento y como se están llevando adelante los casos, con las personas implicadas.

También se proyectó  un video repasando los diez años de la organización y un mural que se pintó en forma colectiva. Durante la movilización que se llevó a cabo este domingo se realizó una intervención performática que denuncia la pérdida de derechos durante la gestión actual. a nivel nacional

Compartimos el documento que se leyó al concluir la concentración: 

Cada 8 de marzo volvemos a las calles para recordar que nuestros derechos no fueron regalos ni concesiones: fueron conquistas arrancadas con organización, lucha y movilización colectiva.

La historia del movimiento de mujeres y diversidades está marcada por la resistencia frente a las desigualdades, la violencia y la exclusión. Desde las trabajadoras que levantaron las primeras huelgas hasta les millones que hoy llenamos plazas y calles en todo el país, el feminismo ha demostrado que cuando nos organizamos somos una fuerza capaz de transformar la realidad.

En la Argentina de Milei asistimos con preocupación a un escenario de retroceso integral en materia de políticas públicas y garantización de derechos. La reforma laboral propuesta por el gobierno, representa un profundo golpe para la clase trabajadora, en gral, y al carecer de una perspectiva de género y de cuidado, afecta con más contundencia a las mujeres y diversidades en particular.

Además, los Programas fundamentales para la prevención y el abordaje de las violencias están siendo desfinanciados o desarticulados, mientras crecen discursos que buscan deslegitimar las luchas feministas y negar las desigualdades que seguimos enfrentando.

Esta situación no es abstracta ni discursiva: tiene consecuencias concretas en la vida de miles de mujeres y diversidades. El reciente asesinato de Vanesa en nuestra ciudad es una de ellas.

En un país donde los femicidios siguen ocurriendo, donde todos los tipos de violencia de género continúan siendo una realidad cotidiana, donde las mujeres siguen ganando menos por el mismo trabajo y sostienen la mayor parte de las tareas de cuidado, el debilitamiento de las políticas de género significa dejar a muchas personas aún más expuestas y desprotegidas. Negar la desigualdad no la elimina. Desmantelar políticas públicas no borra la violencia: la profundiza.

Este tiempo nos convoca a no mirar para otro lado, a involucrarnos, a organizarnos y a alzar la voz. Porque cuando nos encontramos, cuando tejemos redes y cuando actuamos colectivamente, demostramos que ningún intento de retroceso puede apagar una lucha que ya es parte de nuestra historia.

Tenemos que dejar atrás el tiempo de sorpresa y reflexión sobre la dirección que tomó nuestro país para que la lucha activa y estridente que siempre nos caracterizó llegue a cada rincón de cada barrio de nuestra nación.

Por esto, en este 8 de marzo levantamos nuestras voces más fuerte que nunca:

-Exigimos la emergencia en violencia de género en nuestra ciudad. Marchamos en contra de las reformas laborales esclavistas.

-Demandamos un salario digno porque en época de crisis somos les más perjudicados.

-Exigimos el buen funcionamiento de la Ley Micaela y de la Ley Brisa. No permitiremos su derogación. Exigimos la celeridad en la puesta en funcionamiento del programa Acompañar

Gritamos con el alma y por cada una de ellas decimos, presentes, ahora y siempre.

Fabiana Vanina Paz; Patricia Manzo; Vanesa Villalba; María Luisa Gonzalez,; Micaela Presentado; Maria Edith Morales; Micaela García; Emilce Sombo; Daiana Mendieta; Vanesa López..

Por un año JUNTAS Y ORGANIZADAS CONTRA LA CRUELDAD, NO PASARÁN.

Multisecotirla de Mujeres y Diversidades Gualeguay

Una nutrida columna de vecinos y vecinas se movilizó este miércoles por la tarde en Gualeguay para reclamar Justicia por el femicidio de Vanesa López. La marcha partió desde la Plaza San Martín y fue encabezada por la madre, la hermana y demás familiares de Vanesa, acompañados por allegados, organizaciones feministas, agrupaciones sociales y vecinos autoconvocados. Desde el inicio, el pedido de Justicia estuvo atravesado por un fuerte señalamiento hacia la actuación policial en las horas previas al crimen. “Señora, señor, no sea indiferente, matan a las mujeres en la cara de la gente”, fue una de las consignas que se escuchó a lo largo del recorrido.  También resonaron los históricos reclamos de “Ni una menos, vivas nos queremos” y el grito sostenido de “Vanesa López, presente, ahora y siempre”.

La movilización transitó por calle San Antonio hasta llegar a Plaza Constitución, donde la columna se concentró frente a la Jefatura Departamental de Policía. Allí, en un clima de profundo dolor e impotencia, pero sin que se registraran incidentes ni situaciones de violencia, se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones convocantes.  Predominó el recogimiento, el abrazo colectivo y el reclamo firme ante lo que los manifestantes consideran una falla grave del Estado en su deber de prevención y protección. Las escenas y las imágenes remiten inevitablemente a otros episodios dolorosos que marcaron a la sociedad gualeya. El reclamo central de la jornada fue claro: que se investigue lo ocurrido, que se determinen responsabilidades y que se implementen medidas concretas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.  Para la familia de Vanesa, apenas Justicia que repare —aunque sea en mínima parte— el daño incalculable provocado. Para el resto de las mujeres, niñas y diversidades, la esperanza de vivir en una sociedad libre de violencias.

A continuación, el documento completo: 

JUSTICIA POR VANESA LOPEZ Y TODAS LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

A la comunidad de Gualeguay,A las autoridades municipales, provinciales y nacionales: Desde la Multisectorial de Mujeres y Diversidades, Diversidad Gguay, APDH, familias de víctimas, manifestamos nuestra profunda preocupación e indignación ante los gravísimos hechos ocurridos recientemente en nuestra ciudad.

En los últimos días, Vanesa López fue víctima de femicidio luego de haber realizado reiterados llamados al 911 y a la policía solicitando auxilio frente a una situación de violencia. Dichos llamados no obtuvieron respuesta efectiva. Vecinos lograron que un patrullero que circulaba en la zona se acercara al domicilio; sin embargo, los agentes intervinientes recomendaron a la víctima que realizara la denuncia al día siguiente. Ese día nunca llegó: el agresor ingresó a su vivienda y la asesinó. Esta secuencia de hechos deja en evidencia la responsabilidad del Estado: desde la falta de acción efectiva de la policía hasta el desamparo que, en medio del dolor, vive hoy su familia.

Apenas unos días después del femicidio de Vane, una adolescente fue interceptada en la vía pública por un individuo armado con una navaja, quien la trasladó a un terreno baldío donde fue abusada sexualmente.

Estos hechos no son aislados: son la consecuencia directa de la desprotección, la falta de respuesta institucional y el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y atender la violencia de género.

Durante el reciente fin de semana largo, una parte considerable del personal policial fue destinada a tareas vinculadas al predio del corso —evento central de nuestra ciudad— dejando desatendidas otras áreas fundamentales de prevención y respuesta ante emergencias. Consideramos que esta decisión implica también responsabilidad política por parte del Ejecutivo Municipal y de los funcionarios competentes, responsabilidad de la cúpula policial, responsabilidad del Ministro de seguridad provincial ajeno a la cotidianidad y a los sucesos acaecidos en el territorio.

Asimismo, denunciamos el desmantelamiento explícito de las políticas de género a nivel nacional, provincial y municipal, reflejado en la reducción de programas, recursos y dispositivos de acompañamiento. Esta situación agrava la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes.

Por todo lo expuesto, EXIGIMOS:

-La declaración inmediata de la Emergencia en Violencia de Género en el ámbito municipal.

-La asignación urgente de presupuesto específico y suficiente para fortalecer dispositivos de prevención, garantizar atención interdisciplinaria a víctimas, implementar redes de contención comunitaria y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de emergencias.

-La revisión de los protocolos de actuación policial ante denuncias y llamados al 911 vinculados a violencia de género.

-La capacitación obligatoria y permanente en perspectiva de género, Ley Micaela, para fuerzas de seguridad y funcionarios públicos.

-Eficiencia en la distribución de recursos humanos y operativos policiales, priorizando la seguridad y protección de la población.

LOS ERRORES Y AJUSTES CUESTAN VIDAS!

No se trata de discursos, se trata de acciones de responsabilidad estatal.

Cada llamado no atendido, cada denuncia minimizada, cada recurso recortado tiene consecuencias reales y trágicas.

La violencia de género es una emergencia social. Exigimos decisiones políticas acordes a la gravedad de los hechos.

Porque vivas nos queremos.Porque el Estado es responsable cuando no previene no protege y ni siquiera se compromete en la revisión de sus prácticas ante una tragedia.Exigimos, una vez más, la implementación real y concreta de la Ley Micaela.

Ni una menos!!!

JUSTICIA para VANESA y sus hijxs.Justicia para todas las víctimas de violencia de género.

Este miércoles 18 de febrero, a las 18.30 horas, se realizará una marcha en la Plaza San Martín para pedir justicia por Vanesa. La convocatoria, difundida a través de redes sociales y cadenas de mensajería, llama a la comunidad a acompañar a la familia en el reclamo de verdad y esclarecimiento del hecho.

Bajo la consigna “Pedido de justicia por Vanesa”, el flyer de la convocatoria expresa: “Nos movilizamos para exigir verdad y justicia. Porque no fue un hecho aislado. Porque nos faltan. Porque necesitamos que nos crean”.

La movilización está impulsada por familiares y allegados. En la imagen difundida figura como contacto Patricia Camaño, hermana de Vanesa, quien invitó a vecinos y vecinas a participar de la concentración. La consigna que cierra la convocatoria resume el espíritu de la jornada: “Marchamos juntas. Por Vanesa. Por todas.”

Se espera que durante la actividad se realice un pedido público de avances en la causa y que se reitere el reclamo de justicia, en una manifestación que busca visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres y acompañar el dolor de la familia. La concentración será abierta a toda la comunidad.

La intervención pública fue convocada por la Multisectorial de Mujeres de Gualeguay y se llevó a cabo con carteles, fotografías de Vanesa y folletos que exigían el esclarecimiento del caso y cuestionaban la falta de respuestas institucionales ante denuncias previas de amenazas y hostigamientos.

“Ella había denunciado amenazas y hostigamientos, pero no fue escuchada. ¡Esta muerte se podría haber evitado!”, expresaron desde la organización durante la movilización.

Según la investigación judicial, Vanesa fue asesinada en su vivienda ubicada en el barrio Matadero Viejo, por un hombre que, de acuerdo a las actuaciones preliminares, ingresó a la casa y la atacó con un objeto contundente.

El principal sospechoso, Ernesto Fabián Caamaño, permanece bajo custodia. Fuentes policiales indicaron que el acusado habría intentado quitarse la vida tras el hecho.

El reclamo de familiares y organizaciones feministas se centró no solo en el pedido de justicia por Vanesa, sino también en la percepción de falta de atención a las advertencias previas. “Necesitamos que nos crean”, planteaba una de las pancartas, reflejando el malestar por lo que consideran falencias en los mecanismos de protección.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió rechazar el pedido de Néstor Pavón para no enfrentar un nuevo juicio oral y público en la causa vinculada al femicidio de Micaela García, y designó a los jueces que integrarán el tribunal que llevará adelante el debate.

Según se informó oficialmente en la mañana de este viernes, el máximo órgano judicial provincial dispuso que el tribunal esté conformado por el doctor Santiago Nicolás Brugo como presidente, y los doctores Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali como vocales.

Con esta resolución, queda despejado el camino procesal para la realización del nuevo juicio, aunque todavía resta que se establezca la fecha de inicio.

Un caso atravesado por decisiones judiciales controvertidas

El nombre de Néstor Pavón quedó asociado desde el inicio a la investigación por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay. Pavón era propietario del lavadero donde trabajaba Sebastián Wagner, quien fue condenado a prisión perpetua como autor material del crimen.

En el primer juicio, Pavón fue absuelto por el beneficio de la duda en el femicidio y condenado respecto de la acusación de encubrimiento agravado. Sin embargo, esa absolución fue posteriormente cuestionada en instancias superiores, lo que derivó en la anulación del fallo y la orden de realizar un nuevo debate. La discusión judicial en torno a Pavón giró, desde el comienzo, sobre el rol que pudo haber tenido antes y después del hecho: si existió colaboración, conocimiento previo o maniobras para entorpecer la investigación que en realidad encubrían su situación y no solamente la de Sebastián Wagner. . Esos puntos serán nuevamente materia de análisis en el próximo juicio que buscará determinar su participación en el femicidio como autor material.

Un proceso con fuerte impacto institucional

El caso de Micaela García no sólo conmovió a Gualeguay y a Entre Ríos, sino que tuvo repercusión nacional y derivó en modificaciones legislativas y debates públicos sobre violencia de género, responsabilidad institucional y funcionamiento del sistema judicial. En ese contexto, cada instancia del proceso judicial ha sido seguida con atención tanto por la familia como por amplios sectores sociales que reclaman justicia plena. Entre esas repercusiones se encuentra la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se han adherido a la Ley todas las provincias del territorio nacional y numerosos municipios, entre ellos, Gualeguay. 

La resolución del Superior Tribunal implica que la causa contra Pavón volverá a debatirse en un tribunal oral con un juicio por jurados, donde se revisarán pruebas, testimonios y actuaciones previas. La fijación de la fecha marcará el próximo paso en un expediente que, a casi nueve años del crimen, continúa escribiendo capítulos en los estrados judiciales.

Vanesa sabía cocer mates.  Tenía un oficio, una forma de ganarse la vida que con vaivenes le permitió hacerse cargo de lo que otros no quisieron.

 Porque es justo recordar en este momento que la sociedad le suele enseñar a algunos hombres que pueden elegir si hacerse cargo o no de sus hijos.

Ellos pueden elegir pero las mujeres no. Y en el caso de que elijan son vistas como locas, por no decir otra palabra. Los hombres se permiten elegir, y en muchos casos eligen desaparecer.

 Vanesa no sólo se hacía cargo de los suyos. Por las tardes, cuando se juntaban a charlar bajo un sauce con las vecinas, solía cuidar también a los otros chicos del barrio. “Si tenías que hacer un mandado, podías ir tranquila porque con ella les gustaba estar”.

 ¿Por qué le gustaba a los gurises estar con Vanesa? Porque ella jugaba y se disfrazaba como una más. “Vivía para los gurises”, cuentan. Hace un par de días, con esos calores tan bravos, armaron un grupo grande y se pusieron a jugar a las escondidas hasta altas horas de la noche.

 Con Vanesa los gurises estaban a salvo, bien cuidados. Era buena amiga, buena vecina, alguien en quien confiar. “No tenía problemas con nadie, y si vos necesitabas una mano ella te la iba a dar”.

 “Ella se dedicaba a sus hijos, tenerlos bien, que no les faltara nada”, cuentan las vecinas. Y esa forma de ser tan madraza era la que atraía a los demás: “se acercaban al cordón cuneta a escucharla y a jugar con ella. Las cuidaba a las criaturas como si fueran propias, hacía sentir a todos como en su casa”. 

 Vanesa aprendió a manejarse así en la vida. Ahora sus sueños, sus proyectos y lo más importante de todo, su vida, se ha interumpido.

 La forma más extrema de la violencia machista, el femicidio se cobró a la mamá de los chicos del barrio. Mientras sigamos enseñando a los hombres que pueden elegir disponer de los cuerpos de las mujeres como si fueran una cosa más, esto seguirá sucediendo.

 Cuando fue el femicidio de Micaela juramos cambiar la sociedad para que no vuelva a pasar. Hicimos una Ley que casi nadie conoce y mucho menos cumple. Estamos muy lejos todavía de poder prometer que esto no va a volver a pasar. Más lejos todavía porque ahora no es rentable para los funcionarios levantar esas banderas. Ya no está de moda, ya no garpa. Si no entienden el problema, si no tienen un buen diagnóstico, todas las soluciones que propongan van a fracasar.

 ¿Hasta cuándo van a seguir matando una mujer por día en nuestro país? No lo podemos responder.

 Ahora también nos falta Vanesa. Nadie se asomó al sauce en las tardes que pasaron. ¿Quién jugará con los gurises cuando se arrimen a la calle? ¿A quién le contarán sus logros los cinco retoños que quedaron sin madre?

 Son todas cosas que no podemos responder. Hasta que esas injusticias no nos duelan como propias, hasta que cada Vanesa sea nuestra madre, nuestra hermana y nuestra hija, no lograremos vivir en una sociedad más justa e igualitaria.

La adhesión fue sancionada por la Legislatura entrerriana y publicada este jueves en el Boletín Oficial, mediante una ley que modifica distintos artículos del Régimen de Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por Razones de Género (Ley Provincial Nº 10.956), alineándolo con las disposiciones de la Ley Nacional Nº 27.736, que a su vez modifica la Ley Nº 26.485.

Con esta actualización, la provincia reconoce expresamente la violencia digital o telemática como una modalidad de violencia de género, incorporando situaciones como la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso en redes sociales, la intimidación digital, el hostigamiento virtual y otras prácticas que se ejercen a través de tecnologías de la información y la comunicación.

Cambios clave en la legislación provincial

Entre las principales modificaciones, la norma amplía el alcance de la ley provincial para que resulte aplicable a los supuestos de violencia digital, mediática y en el espacio público, además de las modalidades ya reconocidas. También incorpora el resguardo diligente y expeditivo de la evidencia digital, una cuestión central en este tipo de casos, donde mensajes, capturas de pantalla y registros informáticos resultan fundamentales para la investigación judicial.

Asimismo, se refuerzan las medidas de protección que pueden ordenar los jueces y juezas. A partir de ahora, se podrá disponer que el presunto agresor cese toda forma de intimidación o perturbación tanto en el ámbito analógico como en el digital, y también suspender de manera provisoria el derecho de comunicación a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier otro canal digital.

Competencia judicial y remoción de contenidos

La ley incorpora un nuevo artículo —el 40 bis— que regula específicamente la actuación judicial ante casos de violencia de género digital. Allí se establece la competencia de los juzgados según la existencia o no de vínculo entre las partes y se prevé la intervención de los Juzgados de Paz en aquellas jurisdicciones donde no existan otros fueros.

Entre las medidas más relevantes, se habilita a la Justicia a ordenar la supresión de contenidos digitales que constituyan violencia de género, obligando a plataformas, redes sociales y páginas web a remover material específico, debidamente identificado por su URL. Además, se contempla el aseguramiento y preservación de datos informáticos por un plazo inicial de 90 días, prorrogable, para garantizar la investigación de fondo y evitar la pérdida de pruebas.

En casos puntuales y mediante resolución fundada, también se podrá requerir a las empresas tecnológicas la revelación de datos de abonados, tráfico y contenidos, conforme a los mecanismos de cooperación previstos en la normativa nacional e internacional vigente.

Prevención, campañas y programa provincial

La norma no se limita al aspecto sancionatorio, sino que pone un fuerte acento en la prevención y la concientización. En ese sentido, obliga al Poder Ejecutivo a promover campañas anuales destinadas a toda la ciudadanía para prevenir la violencia digital hacia mujeres, cuerpos feminizados y personas LGBTIQ+, fomentando un uso responsable de las tecnologías y una cultura digital basada en el respeto.

Además, se crea el Programa Provincial de Prevención, Sensibilización y Concientización sobre Violencia de Género Digital, que estará a cargo de la Dirección de Mujeres de la Provincia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano. El programa tendrá entre sus objetivos prevenir este tipo de violencia, informar sobre los mecanismos de denuncia, promover una ciudadanía digital inclusiva y coordinar acciones con municipios, el sistema educativo, organizaciones sociales y el Poder Judicial.

Entre sus atribuciones se destacan la elaboración de protocolos, el desarrollo de campañas de difusión, la generación de estadísticas oficiales y la articulación con fuerzas de seguridad y el Ministerio Público Fiscal.

Adhesión municipal y recursos

La ley autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para su implementación e invita a los municipios y comunas de Entre Ríos a adherir a la norma, con el objetivo de garantizar una aplicación integral en todo el territorio provincial.

Con esta sanción, Entre Ríos se suma al conjunto de provincias que avanzan en el reconocimiento de la violencia digital como una problemática específica y creciente, dando un paso significativo en la protección de los derechos de mujeres y diversidades en los entornos digitales.

La denuncia de Romina Gaetani por violencia de género, sumada al reciente allanamiento judicial a la vivienda de su expareja Luis Cavanagh en un country de la provincia de Buenos Aires, volvió a situar a la actriz y su entorno en el centro del debate público sobre la exposición mediática y los tiempos emocionales en casos de este tipo.

Desde sus redes sociales, Gaetani dejó en claro la complejidad de hacer público su testimonio. “Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, escribió la actriz, poniendo en primer plano la dimensión colectiva de su denuncia.

Aunque marcó el valor de la visibilización, la protagonista remarcó la carga emocional de la difusión. “Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias”, señaló Gaetani en el mismo mensaje, subrayando el impacto que la cobertura periodística generó tanto en su vida personal como en su círculo más cercano.

La actriz también estableció límites claros sobre su disponibilidad para dialogar con la prensa en este momento de la investigación judicial. “Espero sepan comprender, aun no puedo hablar. En estos casos el tiempo es necesario”, afirmó Gaetani desde su cuenta, resaltando la necesidad de resguardo y el respeto por los procesos individuales en circunstancias de alta exposición mediática.

El entorno de la intérprete comunicó que ella se mantuvo contenida por su núcleo íntimo y priorizó atravesar este proceso en calma, sin buscar exposición adicional. Las declaraciones públicas de Gaetani buscaron, según sus propias palabras, “seguir exponiendo lo que significa la violencia de género” y reforzar la importancia del respeto y el acompañamiento responsable en casos de esta naturaleza.

Cabe recordar que Romina Gaetani denunció a su pareja, Luis Ramón Cavanagh, a fines de 2025, luego de un incidente registrado en el Tortugas Country Club, en Pilar. Tras ser trasladada de urgencia al Hospital Central de Pilar, la intérprete fue dada de alta pero no brindó declaraciones, mientras la causa quedó en manos de la Justicia y se mantiene la reserva absoluta de su entorno.

En el parte policial, difundido por Ángel de Brito en LAM (América TV), se indica que los médicos constataron golpes visibles en los brazos y la zona de la cadera de Gaetani, lo que obligó al personal sanitario a notificar a las autoridades e iniciar el protocolo legal, según explicó el propio De Brito en el programa. De acuerdo con la información transmitida al aire, ante este tipo de lesiones el personal de guardia debe proceder a la denuncia inmediata y dar intervención judicial.

La secuencia se activó durante la noche cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación violenta en el interior del country. Al arribar, los policías entrevistaron al personal de seguridad, quienes señalaron que la actriz se encontraba sumamente alterada y habría sido atacada por su pareja, identificada en el parte como Luis Cavanagh, de 59 años y empresario, según el documento oficial citado por LAM. En el mismo documento, se consigna que Gaetani, aun bajo el impacto emocional, informó que su pareja manifestaba conductas agresivas motivadas por celos.

A raíz de la denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción de Género dispuso el traslado de funcionarios de Fiscalía al hospital para tomarle declaración a Gaetani y dar inicio a las actuaciones. Hasta el momento, solo trascendieron los datos contenidos en el parte policial y no existen pronunciamientos públicos de la actriz ni de sus allegados.

De Brito precisó durante la emisión que intentó contactar a Gaetani, sin obtener respuesta, e informó que la actriz fue dada de alta al mediodía del día siguiente al episodio, aunque persiste el hermetismo sobre su estado y ninguna persona de su entorno ha hecho comentarios al respecto hasta que ella misma escribió ese descargo en sus redes sociales.

El informe también señala que en la provincia de La Pampa no se registraron femicidios en lo que va del año 2025.

El documento apunta que estos hechos no pueden considerarse aislados. En un contexto de crisis socioeconómica, con políticas de ajuste y debilitamiento de programas estatales de protección, las violencias estructurales se agravan, según los autores. 

Se menciona además el caso de Ana Clara Luna, de 31 años, quien fue quemada en la vía pública por su ex pareja en San Martín, provincia de Buenos Aires. En situación de calle y vulnerabilidad extrema, Ana Clara tenía antecedentes de violencia con esa persona. 

El informe censura también discursos negacionistas respecto de las violencias de género, así como acciones que, según sus autores, promueven la criminalización de mujeres.

Desde el Observatorio reiteran que los femicidios no son meros casos aislados de violencia individual: son expresión extrema de desigualdades arraigadas, y producto de un Estado que, según el informe, abandona políticas de cuidado y protección. 

La organización hace una denuncia política y social: exige la reactivación y fortalecimiento de mecanismos de prevención, acompañamiento a las víctimas y sanciones efectivas.

En 2024, y luego de estar semanas internada, María Valenzuela tenía en sus planes regresar al teatro con La Noche de la Basura, junto a Rodolfo Ranni, pero sin dar muchos detalles, en marzo del presente año, se conoció que la actriz había decidido bajarse del proyecto. Meses después de aquella decisión de dejar la obra, se conoció que inició acciones legales contra Ranni. Su regreso a las tablas, luego de muchas vicisitudes personales, se dio recién ahora, en Viudas e Hijas, junto a María Fernanda Callejón, Nora Cárpena, Sofía Gala Castiglione y Gonzalo Urtizberea.

A partir de la difusión en los medios de la denuncia, Valenzuela decidió hacer oír su voz y aclarar lo vivido, eligiendo dirigirse a Daniel Ambrosino, de América TV. Su testimonio fue reproducido en el programa A la tarde, donde definió al actor como “misógino” y relató situaciones de violencia verbal y abuso de poder. “El Tano es un misógino. Practicó violencia verbal, no solo conmigo, sino con el apuntador, con el productor ejecutivo y abusó de poder. Golpeaba con el libro en la mesa. Yo vivía a los sobresaltos en cada ensayo y me di cuenta que me iba a enfermar. De hecho, me enfermé. Estuve internada, en tres años, dos veces“, comenzó diciendo en el audio que envió.

Y siguió: “Y hoy todo lo que estoy viviendo es por culpa de este tipo. No facturé nunca más, porque cuando me bajé de la obra me quedé sin trabajo. Ya estaban todos los elencos armados y tuve que empezar a pedir dinero para poder vivir. Y hoy tengo deudas y trabajo para pagar mis deudas. Es una mala persona. A mí me gritó una vez y le paré el carro y después no se metió más, pero sus actitudes para con los demás y para el proyecto eran horribles”.

Sobre la marcha del caso, explicó que todo se encuentra en manos de una abogada perteneciente a la Sociedad Argentina de Actores: “Está en legales esto, estoy con una abogada de la Sociedad Argentina de Actores, hubo una primera cita de conciliación y ellos dos no se presentaron, tanto él como el productor no se presentaron. Si no van a la cita tiene que pagar una pena y creo que después ya le mandan la demanda o lo que sea por AFIP, para ubicarlos porque no tienen las direcciones”.

Esta experiencia no solo le impidió retornar con el proyecto pactado, sino que provocó secuelas económicas y anímicas. Si bien manifestó que en su caso logró detener ciertas agresiones dirigidas hacia su persona, observó situaciones de maltrato hacia otros integrantes del equipo, entre ellos el apuntador y miembros de la producción.

En los últimos días, Valenzuela solicitó respeto y acompañamiento frente a la exposición mediática que tomó la causa, y aseguró que no volvería a hablar del conflicto. “En este momento estoy frágil y necesito que me cuiden, así que no voy a hablar más del tema”, cerró el tema con la voz cargada de emoción y haciendo un pedido claro para las personas que la rodean.

La primera vez que habló de lo que estaba atravesando fue en diálogo con Catalina Dlugi en La OnceDiez y la actriz dijo: “Eso está en la justicia y no es momento para hablar. En este momento, siendo un tema tan delicado y yo estando frágil, prefiero que eso lo maneje la abogada. Hubo una primera instancia y no se presentaron y ahora van a pedir una segunda. Veremos adónde llegamos y cómo termina esto. Pero la verdad, la verdad más verdadera es que me destrozó. Me hizo mucho daño, mucho daño porque yo al Tano lo quería y lo conozco de toda la vida, y me hizo mucho daño. Es más, me enfermé”.

Es un día clave para Julieta Prandi. A partir de las 11 de la mañana de este miércoles 13 de agosto, se conocerá el veredicto en el juicio por abuso sexual que le inició a su exmarido, Claudio Contardi. La resolución, que estará a cargo de Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, se comunicará después de las 11:00. El proceso incluyó la revisión de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana evaluará si el empresario es hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados.

Minutos pasadas las 10 de la mañana, Prandi partió de su domicilio con destino a los tribunales y allí habló con el móvil de América que la aguardaba. “Espero que los jueces den una sentencia ejemplificadora y por supuesto darme la paz de que, en el mientras tanto, él esté detenido”.

Consultada por el notero Rafael Jury, la conductora se mostró confiada en que Contardi será condenado “por unos cuantos años, 20 o más. Es lo que siento y lo sabe todo el mundo”, expresó. En el asiento del conductor, la aguardaba su actual pareja, Emanuel Ortega, sostén afectivo, físico y emocional de todo este proceso. "Es de fierro, increíble, mi sostén y mi amor. Es el amor de mi vida, y me tiene que llevar ya mismo porque no llegamos", afirmó, antes de entrar al vehículo.

Pero antes de acelerar con destino a Campana, el músico también tenía algo para decir: “Gracias por apoyarla a ella, porque de verdad están animando a miles de mujeres, que necesitan que este día cambien para bien las cosas. Es la oportunidad que tiene la justicia de nuestro país para dar vuelta la página y escribir una nueva, hay muchas personas víctimas de violencia, no solo de género, que estás esperando sentirse más protegidas y amparadas", analizó Ortega. “Tengo un campeón, tengo el mejor”, sumó Prandi para, ahora sí, enfilar con rumbo a su cita con la Justicia.

En la previa, Julieta habló con Arriba Argentinos (El Trece) para detallar una vez más su calvario junto a Contardi. “Me fui el 14 de febrero de 2015 y estuve sin trabajo por casi un año y medio, sin ayuda de alimentos, esta persona estaba en mi casa, tardé mucho en levantar la cabeza”, enumeró. Tuvieron que pasar cinco años para que pudiera aceptar una propuesta laboral. “En 2020, salió una obra de teatro en Carlos Paz, me contrataron en la 100 y ahí empecé a tener un panorama más amplio”.

También se refirió a la pena que podría recibir Contardi, que contempla un mínimo de 20 años “porque representan los años que perdí con él, que me robó”, explicó, y le sumó los cinco de la espera del juicio. En el mismo sentido, aseguró que le daría ”tranquilidad que mientras se espera la sentencia y las apelaciones, va a estar detenido de manera preventiva. Si no es detenido, me espera una agonía eterna".

Como vino haciendo a lo largo de todo este proceso, la conductora destacó su status de figura pública y la mediatización de su caso para alentar a otras mujeres que atraviesen una situación similar. “Necesitamos una pena que aliente a otras víctimas. Es una pesadilla transitar tantos años de pericias, entrevistas, denuncias, mientras que la otra parte no pasa por absolutamente nada. Si no quiere, no lo hace”, analizó.

Y siguió “Estoy presa en mi casa con el botón antipánico y con custodia. No tendría que estar en estas condiciones. Espero que hoy no solo sea una condena que nos sirva a todas, para las que todavía no pudieron salir, las que se quedaron en el camino, como también para las que se puedan alentar. Es eso lo que quiero: justicia, paz y tranquilidad, porque de ese tribunal me tengo que ir con una condena como corresponde”.

Entre escándalos, cruces y momentos de tensión, Julieta Prandi atravesó el primer día de su juicio contra su exmarido, Claudio Contardi, en la causa por abuso sexual con acceso carnal, agravado por daño en la salud mental de la víctima. En ese marco, quien salió a hablar fue Mariano Peluffo, amigo y compañero de trabajo de la actriz, quien la acompaña en su programa de radio.

Al terminar de declarar, el locutor se presentó ante las cámaras y relató el clima que había este miércoles en el juicio. “Había un ambiente muy tenso, ella había pedido que su ex no estuviera, pero hay una cuestión legal. Entonces los separaba un biombo para que no tuvieran contacto. Yo conté lo que viví al lado de Juli”, comenzó diciendo Peluffo en Todo Noticias.

Inmediatamente, Mariano relató una de las situaciones de violencia que presenció años atrás entre Contardi y Prandi: “Ella me fue contando en capas, como de una cebolla, lo que iba recordando de lo que había vivido. Ella toma la decisión de irse de casa en 2019, después de hechos traumáticos. Algunos los vivimos, en 2019 vivimos un evento, llegó de un auto, pálida, sus papás estaban acá conmigo, pero ella tuvo que volverse apenas terminamos el trabajo. Estaba angustiada, y a los días se fue de la casa”.

En ese marco, el presentador también se refirió al mecanismo de control que Contardi ejercía sobre la actriz: "El único trabajo que ella tenia era el de la radio, nuestro programa. El abogado defensor me preguntó dónde vi violencia económica, pero en 5 años, un padre que no pasa un peso...Todas las bombas estallaban de 14 a 17, siempre en el horario de trabajo de Juli. Quería dinamitarle su único ingreso. El punto de vista emocional es tremendo. Es muy difícil juntar el coraje para irse. Los hijos declararon en pericias no querer verlo (al padre) nunca más".

Peluffo resaltó cómo comenzó su amistad con la actriz y cómo esta se fortaleció una vez que Prandi abandonó su casa: "Ella fue asilada de su familia en la relación. Mi vínculo diario con Juli empieza cuando ella se fue de la casa. Ella vivía nerviosa, mirando el teléfono. Yo no conocí al marido, lo vi dos veces nada más. Es una forma de control, la posibilidad de mandarle la ubicación, también es una herramienta de control".

En ese sentido, el locutor reflexionó sobre este tipo de casos y buscó enviar un mensaje de concientización: "Ojalá esto termine bien, hay muchas personas que pasan por esto. Nadie está exento de caer en manos de alguien que te manipule, que pueda psicopatear, que te termine enroscando en una telaraña, más allá de que la estadística dice que pasa más en hombres con mujeres como víctimas, también pasa a la inversa".

Por último, el presentador comentó cómo veía a su amiga y las próximas instancias que atravesará el proceso: “A Julieta la veo súper entera y con ganas de que esto se resuelva y se haga Justicia. Vendrán muchas instancias de apelación, pero ya que la causa sea elevada a juicio es un gran paso. Después vendrá la causa de los chicos. Cuando Juli me dijo que esto iba a ser elevado a juicio, le dije todo lo que me acordaba y que podía contarlo. Yo soy papá de tres hijas mujeres, no quisiera por asomo que alguna pasara esto. Hay que estar cuando te toca estar”.

La causa comenzó tras la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar en 2021. Contardi fue acusado por Prandi de someterla mientras convivían en un barrio privado de esa localidad bonaerense, “entre el 28 de julio del año 2015, fecha posterior al nacimiento del hijo mayor de ambos y el mes de marzo del año 2018, fecha en que se mudan a la localidad de Martínez”, según consta en el expediente. La pareja se separó finalmente en 2019.

La cantidad de abusos, así como las fechas exactas de los hechos, no pudo ser determinada por Prandi, un punto que la defensa de Contardi atacó y que el juez Marino no consideró relevante: la falta de precisión es propia del trauma del abuso sexual.

Ayelén Acosta, Directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguay, dialogó con El Debate Pregón sobre los alcances de este programa que ya tiene postulantes locales y busca sumar empresas comprometidas con la causa. 

EDP: ¿Cómo surge este programa que la provincia está comunicando ahora, pero que ustedes ya vienen trabajando hace tiempo?

Por un lado, agradezco esta propuesta por parte del gobierno porque teníamos una herramienta muy importante que era el Programa Acompañar para este tipo de situaciones de mujeres en situaciones de violencia de género, el cual estuvo muy parado y está parado. No tenemos esa herramienta para que la mujer salga con una autonomía y un empoderamiento a nivel económico que siempre está invalidado por la violencia de género, y que pueda tener una herramienta para progresar, para generar, para emprender. En este programa que se llama ‘Mujeres sin Barreras’ lo importante es poder acompañar a estas mujeres que han salido de los hogares de protección o de los dispositivos para el abordaje de violencia de género como el que tenemos en Gualeguay.

EDP: ¿Cómo funciona el programa en la práctica?

Desde el ministerio nos pidieron que desde los hogares hagamos un relevamiento de las mujeres mayores de 25 años para la cuestión laboral. Quiénes estaban interesadas. A las que estaban interesadas se las llamó desde el propio ministerio, que realiza este programa, y se les preguntaba qué es lo que a ellas les gustaría hacer, qué oficio tienen o si hay algo que les gusta o de qué les gustaría trabajar.

Entonces eso les enmarcó un perfil. Les arman un LinkedIn o un currículum, y les cuentan que la idea es buscar empresas y que sea un empleo en blanco. Empresas que encuentren su perfil interesante y ellas quedarían postuladas para, si así lo desean, en su momento las llamarían y entrarían a alguna empresa. También al empresario o a la PYME o a donde entren a trabajar, se les aporta un porcentaje del salario de esta mujer. Así que es una herramienta. EDP: Serían, por ponerle un título, beneficios para empresarios que tomen mujeres que hayan vivido situaciones de violencia.

Claro, por eso lanzan el programa para que las empresas lo vean y que se vea este programa masivamente. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a compartir y hablar de esto, para que estas empresas se abran, y sepan que tienen esta posibilidad. Se invita a las empresas de Gualeguay que quieran formar parte que se comuniquen con la Dirección de Derechos Humanos. Así como en el Promover que se hace para personas con discapacidad, a través la oficina de empleo. Este programa es específicamente para mujeres que han sufrido violencia de género y que han pasado por dispositivos u hogares de protección y mayores de 25 años.

EDP: Hay participación de Gualeguay

De Gualeguay mandamos el perfil de cinco mujeres. De las demás que nosotros tuvimos desde el año pasado muchas se han ido y han tenido otros destinos. De las últimas quedaron cinco, porque las otras eran menores de 25 o tenían otros beneficios que no eran compatibles. Con un par no pudimos comunicarnos.Las empresas interesadas en participar del programa pueden comunicarse con la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguay para recibir más información sobre los perfiles disponibles y los beneficios del programa.

“Es ineludible incluir en la respuesta a Carmen Argibay, con quien tuvimos el placer de compartir encuentros, capacitaciones y congresos, ya que produjo un impacto significativo en la justicia argentina en términos de promoción de derechos humanos, abogando por la incorporación de la perspectiva de género en el sistema judicial para garantizar que las decisiones judiciales tuvieran en cuenta las realidades enfrentadas por las mujeres. Su discurso se refleja fielmente en sus fallos que se alzan como doctrina judicial de género con significativo impacto en el sistema judicial en términos de promoción de los derechos humanos. Fue líder y promotora de políticas públicas orientadas a visibilizar los derechos de las mujeres. Como así, una firme defensora de los derechos humanos e impulsora del acceso a justicia para víctimas, especialmente aquellas afectadas por casos relacionados con violencia estructural y sistemática. Mentora y fundadora de la Oficina de la Mujer en la CSJN.  

Por todo ello, no es casual que el año pasado, con motivo de cumplirse el 10° aniversario de su fallecimiento, la Corte estimó un deber recordar su destacada personalidad como  “una mujer de profundas e inclaudicables convicciones democráticas que honró a la magistratura argentina” y ejerció “con ejemplar dignidad” el cargo de ministra del Máximo Tribunal durante más de nueve años.

El Poder Judicial de Entre Ríos no resultó ajeno a la inspiración de Argibay, creando el Centro Judicial de Género que lleva su nombre y que cuenta con dos oficinas: la Oficina de la Mujer, que tiene a su cargo la unidad de registros y estadísticas, la unidad de capacitación y difusión y la unidad de investigación y transversalización, y la Oficina de Violencia Doméstica, para la recepción, toma de denuncias, escucha activa, orientación y prevención de las violencias.

Entre Ríos, puede exhibirse como una de las provincias cuyo Poder Judicial se encuentra preparado para el abordaje de las violencias hacia la mujer.  A diferencia de otras provincias, la nuestra cuenta con el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV), aprobado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos mediante Acuerdo General del 4 de agosto de 2015, que funciona en el ámbito de la Oficina de Violencia de Género del Centro Judicial de Género. Este organismo el 25 de noviembre último, con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y con el propósito de contribuir a la visibilización del fenómeno, presentó un informe basado en los resultados obtenidos, correspondientes al período 01-01-24 al 15-11-24,  dando cuenta que hubo un total de 11.088 nuevos expedientes que se tramitaron en la justicia de Entre Ríos. Del informe se desprende que de ellos el 29.78 % corresponden a violencia familiar (Ley 10668; el 51.18 % a Violencia de Género -contra la mujer y colectivo LGBTQ++- y el 19.04 % a delitos vinculados a dichos tipos de procesos (Expedientes Penales). Sobre un total de 11.945 víctimas registradas en los procesos iniciados durante el periodo informado, 10.732 son de género femenino (mujeres y niñas). Las mujeres representan el 89.85 % sobre el total de víctimas de violencia que se han registrado en ese período.

Ya que se nos pregunta por la Ley Micaela de Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ley 27.499), advertimos desde aquí, que debemos estar atentos debido a que la misma está  siendo objeto de embates por parte de la actual gestión, que pareciera pivotear entre derogarla o llevar su alcance a su mínima expresión, sin advertir que aun así, desde 1996, con la aprobación de la ya citada Convención Belém do Pará (Ley 24.632) Argentina está obligada (art. 8.c), como Estado parte a fomentar  'la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer'. Igualmente, la CEDAW también nos recomienda como medida preventiva que la Argentina ofrezca capacitación, educación y formación obligatorias, periódicas y efectivas a los miembros del Poder Judicial, abogados y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos el personal médico forense, los legisladores y los profesionales de la salud, personal educativo, social y de bienestar, a fin de equiparlos para prevenir y combatir debidamente la violencia por razón de género contra la mujer.

Las situaciones expuestas, nos colocan ante un horizonte poco claro en términos de derechos humanos, tal garantizar uno tan básico para las mujeres: vivir una vida libre de violencias. Como ya lo tenemos dicho: que la libertad avance no puede implicar, de modo alguno, que los derechos humanos retrocedan, porque es de su esencia la progresividad y la no regresividad”.

El disparador de su texto son dos preguntas: De ahí en más continua su respuesta: ¿Qué opina de la posible eliminación de la figura de femicidio del Código Penal? ¿Lo ve posible en términos reales? Respondiendo a la primera parte de la pregunta, en efecto, ya es de conocimiento público el interés de la administración actual de derogar la figura del femicidio. Con posterioridad al discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde dedicó parte de su tiempo a criticar la “ideología woke”, vinculándola con feminismo, inmigración, ambientalismo e ideología de género, se expidió en la red social X el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y cito su textual: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra. Como dijo el Presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra. Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto”.  

Se refiere, en concreto, a la pretendida derogación del inciso 11 del art. 80 del código Penal, incorporado por ley 26791 en el año 2012 y que prevé el femicidio como figura agravada del homicidio al que matare: “A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, conminando el accionar con pena de reclusión perpetua o prisión perpetua. De este modo, aunque sin mencionarlo expresamente como sucedió en otros países, se introdujo la figura del femicidio. Con esta disposición se sanciona de manera adecuada esta violencia específica, dando cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres. Aunque resulte una verdad de perogrullo, vale la aclaración ante tantas imprecisiones,  no toda muerte de una mujer en manos de un hombre será femicidio. Sólo lo será si mediare violencia de género. 

Esta ley, que ya cumplió más de una década, mereció la aprobación en ambas cámaras del Congreso con un porcentaje pocas veces visto en los anales legislativos de un 99,5%. Desde entonces, a nadie se le ha ocurrido la idea de quitarla del catálogo represivo. Empero, reciente e inauditamente, se sostiene que resulta “un privilegio hacia la mujer”. Si se nos permite la digresión, es un absurdo considerar tal aserto, ya que resultaría estimar que se trataría de un beneficio o gracia otorgada “post mortem” a una mujer que ya es cadáver por el accionar de un hombre. 

No obstante que a nivel gubernamental se intente vanamente minimizar, las cifras de femicidio en Argentina son claras y alarmantes. A este respecto, el 11 de noviembre de 2024, el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que coordina La Casa del Encuentro, puso en conocimiento que en el país desde el 1° de enero al 31 de octubre de 2024, se cometieron 217 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 5 trans-travesticidios y 18 femicidios vinculados de varones adultos y niños. De este total de 243 víctimas, el 63% fueron asesinadas en sus hogares y el 54% lo fueron en mano de sus parejas o ex parejas. Un dato que impacta además del resto, es que 276 hijas e hijos quedaron sin madre y que, el 52 % de los mismos, son menores de edad. Esta estadística debiera provenir de registros oficiales pero, ante su ausencia, el espacio es cubierto por la citada Asociación Civil. Entre Ríos, marca una excepción, como mencionaremos más adelante ya que cuenta con el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV), y actualizado, lo que es un dato importante dado que no podemos decir lo mismo del    Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se encuentra actualizado, ya que su última estadística dada a conocer data de 2023. 

Si con los argumentos esgrimidos en pos de la pretensa derogación del agravante (femicidio) se pretende cimentar la propuesta, no solo queda en evidencia un presunto desconocimiento de la temática, sino, y lo que es más grave aún, una supuesta ignorancia supina que no es otra cosa que desconocer lo que se debe saber o se puede saber, máxime teniendo en cuenta cargos y representatividades sean estos a resultas de elección popular o por designación gubernamental. 

Hablamos de presunto desconocimiento y de supuesta ignorancia pero, en nuestra opinión, y sin lugar a dudas, la posición planteada se alza como una majestuosa y flagrante irreverencia hacia los derechos humanos, sumado a ello un despliegue de ignorancia presuntuosa, asumiendo poseer conocimiento de lo que se desconoce en la temática que nos ocupa (y que no les preocupa, en absoluto, conocer). No podemos estar desprevenidos de que lo expuesto, es parte de algo más profundo y que encuentra pábulo en la propia ideología conservadora porque, para esta, resulta inaceptable el reconocimiento de derechos humanos en pos de una igualdad real y no formal. Esta reacción conservadora queda patentizada en lo que han dado en llamar “ideología de género”. Lo que conduce a una discusión estéril alejándonos del verdadero nudo de la cuestión: los grupos vulnerables o en estado de vulnerabilidad, que verían avasallados los derechos que tanta lucha insumiera en pos de su reconocimiento. 

Ello así,  por cuanto el Ministro de Justicia y todos los funcionarios que se encuentran encolumnados en igual sentido, aluden solamente a una cara de la moneda: la igualdad formal o igualdad ante la ley prohijada por el art. 16 de la Constitución nacional de 1853, haciendo gala de una visión más cercana a la del pensamiento liberal clásico, de cariz individualista, descontextualizada de cada individuo, que no contempla el grupo en el que se encuentra sometido a ciertos tratos o prácticas sociales como consecuencia de ser de ese grupo, dejando de lado la otra cara: la igualdad material, de hecho o real que busca corregir las desigualdades sociales y terminar con las situaciones de discriminación. 

Dicho lo cual,  manifestamos nuestra adhesión al criterio sostenido por el jurista y académico Roberto Saba, quien propone una visión estructural de la igualdad concibiendo relevante la situación de la persona individualmente considerada como integrante de un grupo sistemáticamente excluido. Esta perspectiva, se encuentra receptada por nuestra Carta Magna, al introducir con la reforma de 1994, el art. 75 inciso 23. Este inciso reformula el tradicional principio de igualdad –liberal–, incorporando como complemento una mirada estructural y establece además un dispositivo constitucional totalmente novedoso como la creación de las medidas de acción positiva, también denominadas acciones afirmativas o medidas de discriminación inversa respecto de determinados grupos vulnerables socialmente. 

Sin hesitar, nuestra constitución, a diferencia de otras, no es neutra y toma partido en cuanto a igualdad real de oportunidades y de trato respecta. La disposición citada prevé a cargo del Congreso de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular, en lo que aquí respecta de las mujeres (trata también niñez, personas adultas mayores y con discapacidad. 

A esta altura, deviene en cita obligada el bloque convencional de derechos humanos conforme art. 75 inc. 22), que la Reforma de 1994 incorporó a la Constitución Nacional, otorgándoles jerarquía constitucional. Del que mencionaremos,  por su correspondencia con el tema en tratamiento, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, en cuanto su art. 4, inciso 1, dispone lo siguiente: "La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.

 Consecuente con lo expuesto y, ante una realidad que nos pone de frente que, en nuestro país cada 27 hs. una mujer muere a consecuencia de la violencia sexista,  a la hora de reflexionar sobre el progreso y logros para eliminar la violencia de género, nos encontramos hoy por hoy, en un punto ciego.  Por un lado, ONU mujeres informa, en su página oficial, que el 60 por ciento de todos los homicidios de mujeres (51.000) son cometidos por una pareja o alguien más de la familia. Cada día, 140 mujeres y niñas mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia, lo que significa que una mujer o niña muere cada diez minutos. “La violencia contra las mujeres y niñas puede evitarse. Necesitamos leyes sólidas, mejor recopilación de datos, mayor responsabilidad gubernamental, una cultura de tolerancia cero y más financiamiento para las organizaciones por los derechos de las mujeres y los organismos institucionales. A medida que nos acercamos al 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 2025, es hora de que el liderazgo mundial se una y actúe con urgencia, renueve sus compromisos y canalice los recursos necesarios para poner fin a esta crisis de una vez por todas”, conforme destaca la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. Por otro lado, pareciera que nuestro país ignora esta realidad, de lo contrario no se explica cómo Argentina -Estado miembro originario de la ONU- el 14 de noviembre de 2024, fue el único país que votó en contra de una Resolución de la Asamblea General en pos de asumir el compromiso sobre intensificar la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. A nuestro entender, un retroceso lamentable y palmaria violación a lo que nos obligamos con la antes citada Convención de Naciones Unidas (CEDAW)  lo que sin duda alguna, es darle la espalda al bloque convencional de derechos Humanos, conforme reforma constitucional de 1994 y a la supralegalidad en el orden interno (arts. 31 y 75, incs. 22 y 24, de la CN), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belém do Pará”, aprobada por nuestro país en 1996 por Ley 24.632, la que dispone que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia como así, el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a que se respete su vida.

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar, sin pretensión de agotar el tema, a la Ley 26.485/09 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (y sus reformas), que supera una primera etapa en lo que a evolución legislativa respecta, ya que con anterioridad se ponía foco en la violencia doméstica sin distinción de género. Ya que antes de esta ley, la violencia constituía una manifestación del ejercicio del poder masculino sobre los demás miembros del grupo, en un espacio reducido y como era de práctica, secreto de la intimidad de la familia, arropando los malos tratos como una cuestión privada del ámbito familiar. Esta segunda etapa, que toma inicio con la Ley de Protección Integral citada, implicó un avance importante en la lucha contra el fenómeno de la violencia sexista, instalando sin subterfugios una problemática tal proteger de la violencia a la mujer por razón de su género. Otro avance lo encontramos en la conceptualización de los distintos tipos de violencias, como son la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y sus modalidades: violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en los espacios públicos, pública-política y digital o telemática. Ley Nacional a la que Entre Ríos adhiriera inicialmente en el año 2011 con la sanción de la Ley 10.058 y en el 2022, con el dictado del  “Nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia de Género”, conforme Ley 10.956. Una tercera etapa de este proceso legislativo lo fue la incorporación de los delitos de género en el Código Penal, tal es el caso del que aquí nos ocupa: el femicidio. 

No obstante la existencia del plexo normativo citado, al que sumamos la “Ley de Reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género” (Ley 27.452), más conocida como “Ley Brisa”, hoy día no observamos la implementación de políticas públicas contra la violencia de género, como tampoco campañas en pos de su prevención, sanción y erradicación, ni de ayuda y protección a sus víctimas.

Colofón de todo lo expuesto, y de cara a la pregunta inicial en cuanto a la posibilidad de eliminar en términos reales la figura del femicidio del código penal,  entendemos que tal pretensión no sería factible, porque no resistiría el control de convencionalidad facultad/deberque todas las autoridades y órganos de un Estado Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, tal el caso de nuestro país, está obligado a ejercer ex officio, conforme ya lo tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Almonacid Arellano y otros contra Chile, del 26 de septiembre de 2006.  

Hospital San Roque, donde fue internada la víctima.

El cuerpo de otra mujer como “escudo humano” salvó su vida. Una joven de 26 años que sobrevivió en la ciudad de La Calera a seis puñaladas potencialmente mortales denunció a su exnovio, quien ahora irá a juicio por un brutal intento de femicidio.

La jueza María Celeste Orta Córdoba, del juzgado de control en Violencia de Género y Familiar Nº 1, rechazó la oposición a juicio de la defensa y envió a debate a Luis Alberto “Veco” Chávez (41). Está imputado por presuntas amenazas calificadas, lesiones leves calificadas, privación ilegítima de la libertad calificada y homicidio calificado en grado de tentativa (intento de femicidio) en contra de su entonces novia (26).

Ambos se conocieron por medio de unos amigos y entablaron una relación amorosa que duró unos dos años. “Al principio fue todo relindo, pero después él se iba poniendo como loco, porque consumíamos los dos. A él (la droga) le cambiaba las reacciones, le hacía mal y se ponía agresivo”, contó la víctima.

El cuerpo de otra mujer como “escudo humano” salvó su vida. Una joven de 26 años que sobrevivió en la ciudad de La Calera a seis puñaladas potencialmente mortales denunció a su exnovio, quien ahora irá a juicio por un brutal intento de femicidio.

La jueza María Celeste Orta Córdoba, del juzgado de control en Violencia de Género y Familiar Nº 1, rechazó la oposición a juicio de la defensa y envió a debate a Luis Alberto “Veco” Chávez (41). Está imputado por presuntas amenazas calificadas, lesiones leves calificadas, privación ilegítima de la libertad calificada y homicidio calificado en grado de tentativa (intento de femicidio) en contra de su entonces novia (26).

Ambos se conocieron por medio de unos amigos y entablaron una relación amorosa que duró unos dos años. “Al principio fue todo relindo, pero después él se iba poniendo como loco, porque consumíamos los dos. A él (la droga) le cambiaba las reacciones, le hacía mal y se ponía agresivo”, contó la víctima.

La situación se volvió violenta cuando comenzó a golpearla, celarla e intimidarla, según relató la mujer. Lo denunció y la Justicia dispuso una restricción de comunicación y acercamiento (con botón antipánico). Al quedar sin efecto, retomaron la relación.

Sin embargo, el vínculo habría llegado hasta la desigualdad de poder, en la que habría primado el control y el dominio de Chávez sobre su pareja. “Quería salir y él no quería que saliera con mis amigas. No quería que me juntara con mis amigas ni mi familia; me seguía a todos lados. Siempre me amenazó y me decía que si no estaba con él, le podía pasar algo a mi familia. Que no lo dejara solo a él, porque iba a ser de él nomás”, relató.

El cuerpo de otra mujer como “escudo humano” salvó su vida. Una joven de 26 años que sobrevivió en la ciudad de La Calera a seis puñaladas potencialmente mortales denunció a su exnovio, quien ahora irá a juicio por un brutal intento de femicidio.

La jueza María Celeste Orta Córdoba, del juzgado de control en Violencia de Género y Familiar Nº 1, rechazó la oposición a juicio de la defensa y envió a debate a Luis Alberto “Veco” Chávez (41). Está imputado por presuntas amenazas calificadas, lesiones leves calificadas, privación ilegítima de la libertad calificada y homicidio calificado en grado de tentativa (intento de femicidio) en contra de su entonces novia (26).

Ambos se conocieron por medio de unos amigos y entablaron una relación amorosa que duró unos dos años. “Al principio fue todo relindo, pero después él se iba poniendo como loco, porque consumíamos los dos. A él (la droga) le cambiaba las reacciones, le hacía mal y se ponía agresivo”, contó la víctima.

La situación se volvió violenta cuando comenzó a golpearla, celarla e intimidarla, según relató la mujer. Lo denunció y la Justicia dispuso una restricción de comunicación y acercamiento (con botón antipánico). Al quedar sin efecto, retomaron la relación.

Sin embargo, el vínculo habría llegado hasta la desigualdad de poder, en la que habría primado el control y el dominio de Chávez sobre su pareja. “Quería salir y él no quería que saliera con mis amigas. No quería que me juntara con mis amigas ni mi familia; me seguía a todos lados. Siempre me amenazó y me decía que si no estaba con él, le podía pasar algo a mi familia. Que no lo dejara solo a él, porque iba a ser de él nomás”, relató.

La situación comenzó a tornarse insostenible, a pesar de idas y vueltas en el vínculo de pareja. El 18 de junio de 2023, a última hora, ambos se encontraban en la casa del suegro (padre de Chávez) cuando el imputado le habría dicho a su novia: “Como no pasé el Día del Padre con mis hijas, no me importa nada. Si me dejás, mato a tu hija”.

La joven se refugió en la casa de su madre y, luego, en la de unos amigos. Varias horas después, cerca de las 4.30 del día siguiente, Chávez llegó con un amigo, a bordo de su Volkswagen Voyage, según el relato de la víctima.

Con la aparente intención de amedrentarla, aceleró el vehículo simulando querer atropellarla, pero lo frenó a poca distancia. Bajó del auto, la tomó de los pelos y la obligó a subir. En el interior, la habría atacado a golpes en la cabeza, la boca y la mandíbula.

En pleno viaje, Chávez le habría dicho a su amigo: “La voy a matar y la voy a cagar violando, ¿te prendés?”. Pero a la altura del boliche La Fábrica (La Calera), por la ruta E-64, el rodado se quedó sin combustible. La joven aprovechó para escapar del vehículo y solicitó auxilio a unos policías que casualmente pasaban por el lugar.

La mujer terminó hospitalizada con lesiones leves en el rostro y en la boca. Luego, retomaron el vínculo.

Cinco meses después, Chávez intentó asesinarla, según la investigación. La mañana del 24 de noviembre pasado, ambos se encontraban en la casa de unos amigos, tras una noche de consumo de estupefacientes, cuando comenzaron a discutir por dinero.

Chávez le habría propuesto que salieran a robar, porque ya no tenían dinero, pero la joven se negó porque no quería terminar en la cárcel. El hombre la tomó de los pelos y la mujer alcanzó a defenderse rasguñándole la cara.

La joven se dirigió a la casa de una conocida. Ingresó al patio delantero. Chávez la siguió y logró entrar. La mujer les pidió ayuda a la conocida y a otra mujer que se encontraban allí para que avisaran a la Policía porque “Veco” le quería pegar y asesinarla.

Una de las vecinas le pidió a Chávez que se tranquilizara y la joven se colocó detrás de la otra conocida e insistió en que llamaran al 911, porque el hombre tenía una cuchilla y quería matarla. “Es mentira, mirá cómo me dejó la cara”, había retrucado Chávez, exhibiendo los rasguños.

La joven les relató que ya la había golpeado y que le había arrancado un diente. Mientras la víctima hablaba con las vecinas, Chávez regresó, subió las escaleras y le exigió a su pareja que le entregara la mochila que ella llevaba.

La joven se negó, y Chávez enfureció. Una de las vecinas se interpuso entre el hombre y la joven para protegerla. Pero el sospechoso se abalanzó sobre ellas y apuñaló a su novia seis veces: en el tórax, la zona lumbar y el brazo izquierdo.

Fracasó gracias a que una de las conocidas la cubrió con su cuerpo, empujando a Chávez con su hombro. El hombre rápidamente huyó del lugar. Antes de desvanecerse, la joven alcanzó a decirle a una de las conocidas que su agresor era “Alberto Chávez”. La mujer fue internada y sobrevivió.

El defensor oficial del imputado pidió el cambio de calificación: de intento de femicidio a robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa. Señaló que el hombre no había tenido ánimo homicida y que, en realidad, su intención se había limitado a robar la mochila mediante el uso de un cuchillo.

También destacó que las lesiones habían sido leves, sin riesgo de muerte y que estaban enmarcadas dentro de la violencia propia de un robo.

Para la jueza, por el contrario, el objetivo fue asesinar a la joven y no robarle. Recalcó que la propia víctima había descripto que Chávez le había arrancado un diente y que la apuñaló.

“Resulta cuanto menos llamativo que si el propósito real del acusado era en verdad despojarla de sus pertenencias en lugar de extinguir su vida, desplegara un ataque tan excesivo, dado que resultaba innecesario apuñalarla y, menos aún, hacerlo de manera reiterada, como lo llevó a cabo”, recalcó.

La magistrada remarcó que Chávez no aprovechó que la joven estaba herida para consumar el robo, sino que nunca se llevó la mochila, el presunto objetivo alegado. Las lesiones, para Orta Córdoba, fueron coherentes y compatibles con un ataque contra la vida” y no con un robo.

Reforzó su análisis al señalar que fue la negativa de la víctima de querer participar de un robo lo que molestó a Chávez. “Fue la falta de acatamiento y de obediencia de la víctima a la voluntad del acusado lo que provocó el origen de su proceder delictivo. Lo expuesto evidencia la presencia en el vínculo de una marcada desigualdad de poder, de la cual se valió el acusado ante el impedimento de poder someterla a sus designios, lo que demuestra la asimetría en la vinculación”, afirmó.

La jueza resaltó que Chávez ya había mencionado su idea de asesinar a su novia cuando quiso atropellarla y luego violarla y matarla, en oposición al planteo defensivo de que el hombre no tenía un ánimo criminal.

Y enfatizó que el uso de un cuchillo para herir a la víctima hacía posible calificar una acción como asesina, porque las zonas de los puntazos eran idóneas para provocarle la muerte y no simplemente una acción violenta para robarle.

“La conducta del acusado fue la de terminar con la vida de aquella, lo que no logró por circunstancias ajenas a su voluntad (asistencia de la vecina)”, concluyó la magistrada y lo envió a juicio. La nueva defensa quedó a cargo de Juan Cruz Soria Cangiano. Fuente: Lavoz